- CONSTRUCCIÓN/ El Gobierno prepara una norma para permitir la revisión de precios de los contratos. Fijará un umbral de entrada.
J. Díaz. Madrid
Tras meses reclamando medidas para paliar el impacto del alza de las materias primas en la obra pública, el sector constructor por fin ha recibido respuesta del Gobierno. El Ejecutivo ya ha redactado el borrador de un decreto ley para compensar a los contratistas por una escalada de precios sin precedentes e intentar evitar así que continúen los retrasos en la ejecución de obras públicas, las paralizaciones e incluso cancelaciones puntuales de contratos, sin olvidar el creciente número de licitaciones desiertas. La norma que prepara el Gobierno establece una compensación de hasta el 20% del precio de adjudicación de la obra, al tiempo que fija un umbral del 8% para determinar qué obras se pueden acoger a esta revisión extraordinaria de precios. Esto es, los contratistas deberán acreditar que el alza de los materiales excedió en ese porcentaje el importe certificado del contrato en 2021 (quedan excluidas las subidas de precios anteriores, a pesar de que los materiales repuntaron con fuerza desde abril de 2020). Para eso, se tomarán como referencia los precios de los materiales siderúrgicos, bituminosos, así como del aluminio y el cobre.
Queda fuera la revisión de los precios de la energía, a pesar de su más que notable impacto sobre la industria.
El sector analiza ahora un documento cuya redacción considera todavía “poco clara” y que “está generando dudas”, al tiempo que se encuentra a la espera de conocer los índices que se tomarán como referencia para acometer la revisión de precios, que aún no se han publicado. Pero ya existe un primer punto de fricción o discrepancia: la existencia de un umbral para acceder a las compensaciones. “Con el límite del 8% se quedarán muchas obras fuera y algunas muy tocadas”, advierten fuentes del sector, que se preguntan “por qué tiene que haber un mínimo de entrada cuando ya se te ha descontado la energía”.
Será el contratista principal el que pueda acceder a este mecanismo excepcional de reequilibrio de los contratos y el que deberá repercutir al subcontratista la parte que corresponda a la porción de la obra subcontratada, ya que éste no tendrá acción directa frente a la Administración.
La respuesta del Gobierno llega cuando la crisis de las materias primas ha dejado desiertas al menos 500 licitaciones públicas en toda España en menos de tres meses (entre noviembre de 2020 y el 20 de enero pasado), según un informe publicado a finales del mes pasado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Proyectos en el dique seco por importe de 230 millones de euros. Se trata de un número insólito de obras sin licitantes en el mapa de la obra pública en España, donde el problema tradicionalmente ha sido el contrario: la fuerte competencia propiciaba la aparición de las llamadas bajas temerarias. Y se ha producido, además, en plena llegada de los fondos europeos, vitales para la recuperación de la economía española tras el paso devastador del Covid.
Ante el retraso en la respuesta del Gobierno, algunos organismos públicos, como Adif, ya están introduciendo cláusulas de revisión de precios en los nuevos pliegos, mientras que algunas comunidades autónomas se han visto obligadas a relanzar licitaciones con los precios revisados al alza tras haber quedado desiertas las anteriores.
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