• ARRANCA LA TRAMITACIÓN/ El Gobierno entrega al Parlamento el proyecto presupuestario de 2023 con un gasto social récord, sin incluir aún la prórroga de las medidas anticrisis, confiando en una recaudación histórica amenazada por la desaceleración del PIB.

“Este es un Presupuesto que da estabilidad y seguridad en un contexto internacional de incertidumbre. Las Cuentas Públicas son el principal antídoto contra las tensiones económicas que genera la guerra [en Ucrania], y contra la desigualdad y la pobreza, que son el caldo de cultivo del populismo”, defendió ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al iniciar formalmente la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 entregando el Libro Amarillo que lo contiene a la presidenta del Congreso de los Diputados, Mertixell Batet. Con su tercer proyecto presupuestario, el Gobierno de coalición aspira a agotar la legislatura, paliar la crisis inflacionista agravada por la invasión rusa sobre Ucrania y encarar las elecciones autonómicas y locales de mayo o las generales de final de año. Con este triple objetivo, el Ejecutivo plantea un alza récord del gasto social fiada, sin embargo, a una histórica previsión de ingresos que se verá amenazada por la desaceleración económica.

Después de todo, las Cuentas Públicas presentadas se sustentan en un nuevo cuadro de previsiones macroeconómicas que parece haber caducado en apenas 24 horas. Mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, rebajaba el martes su estimación de avance del PIB en 2023 del 2,7% al 2,1%, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) alertaban poco después de que el crecimiento se limitará al 1,4% o el 1,5%. BBVA Research, por su parte, advertía ayer de que el país se encamina a dos trimestres de consecutivos de caída de la actividad, lo que supondría entrar en recesión técnica.

Ante este escenario, y partiendo de un techo de gasto inédito de 198.221 millones de euros (un 1,1% más que en 2022), el Presupuesto dispara el gasto social un 11% hasta los 266.719 millones, consumiendo seis de cada 10 euros de las cuentas. El objetivo de fondo, aseguró Montero, es “avanzar en justicia fiscal y eficiencia económica, proteger a la clase media y trabajadora, los colectivos más vulnerables y el tejido productivo, para ayudarles a transitar un momento de dificultad provocado por la guerra, especialmente por la inflación y la subida de precios”. En esta línea, las Cuentas incorporan la revalorización de las pensiones con el IPC medio anual de noviembre, estimado en el 8,5%, que fija por ley última reforma para 10 millones de pensionistas; una subida similar para 1,2 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital; el incremento del Iprem a 600 euros; la subida salarial del 8% al 9,5% a tres años para los 2,7 millones de funcionarios; la ampliación del cheque de crianza por hijos de 0 a 3 años y de las prestación por desempleo a partir del sexto mes; el aumento del bono social térmico para 1,2 millones de hogares; la ayuda de 250 euros al alquiler para 66.000 jóvenes; o la extensión para todo el ejercicio de la gratuidad de trenes de media distancia, Cercanías y Rodalíes .

Más allá, Montero puso el foco en que las inversiones reales se incrementan un 33%, hasta los 11.867 millones, y en que los 25.156 millones de fondos europeos ligados al Plan de Recuperación serán un dinamizador de la economía. En paralelo, se incrementa un 6,7% la dotación en Sanidad (a 7.049 millones); un 6,6% la de Educación (5.354 millones); y un 5,4% la de Vivienda (3.295).

Semejante factura de gasto, en todo caso, no tiene aún en cuenta el coste que tendría prorrogar el paquete de medidas contra la guerra que el Gobierno ha impulsado hasta final de año (incluyendo la bonificación de carburantes o las rebajas fiscales a la energía) y que ya asume que tendrá que mantener al menos durante parte de 2023. Teniendo en cuenta que, de momento, el Estado ha gastado ya 15.000 millones y movilizado 35.000 para costear estos planes, el gasto podría acabar disparándose todavía más.

Del lado contrario de la balanza, Hacienda ha dibujado para 2023 unos ingresos públicos récord de 289.233 millones (un 6,9% más) que se sustentan fundamentalmente en la previsión de incrementar un 7,7% la recaudación tributaria, hasta los 262.781 millones. En concreto, espera ingresar un 7,7% más por IRPF y Sociedades, un 5,9% más de IVA, y un 8,2% más en Impuestos Especiales. Estas cifras, sin embargo, parten de una base artificialmente baja, puesto que la sobrerrecaudación que deja la inflación en 2022 será previsiblemente mayor a la estimada (lo que reducirá el porcentaje de subida en 2023) y no descuentan las rebajas fiscales sobre gas y luz que previsiblemente haya que prorrogar.

Hay que tener en cuenta que las cuentas ya incorporan las subidas fiscales a grupos empresariales, inversores, firmas energéticas y financieras, con lo que los ingresos extra para los planes anticrisis se fían al nuevo impuesto a las grandes fortunas que aspira a recaudar 3.000 millones en dos años pero que arrojará menos una vez deducido el pago de Patrimonio.

Las rebajas fiscales sí están incorporadas, aunque la premura con la que se diseñó el recorte a rentas de hasta 21.000 euros para aplacar la ola autonómica de rebajas tributarias ha hecho que su impacto en beneficios fiscales no aparezca en el Libro Amarillo.

A partir de ahí, es de prever que la desaceleración de la actividad económica, del empleo y de la propia inflación (que será del 5,6%, frente al 8,7% de 2022, según el Banco de España) aminoren con fuerza el actual ritmo e ingresos públicos, reduciendo la recaudación proyectada y ahogando el margen presupuestario para hacer frente a gasto adicional.