La patronal andaluza de la construcción Fadeco calcula que el incremento de costes que está soportando el sector por la subida de los materiales se sitúa en una horquilla entre 567 y 693 millones de euros. Y advierte que, de no producirse un acuerdo entre Gobierno central y Junta de Andalucía sobre la revisión de precios que pagan las administraciones a las constructoras se pondrán en riesgo 100.000 empleos y muchas empresas estarán abocadas a la ruina. La situación ya ha provocado, de hecho, que obras por valor de 140 millones de euros hayan quedado desiertas, afirma la patronal. Es decir, se han licitado pero no se han terminado adjudicando por falta de concurrencia, al calcular las empresas que no pueden cubrir los costes.
La situación es la siguiente. El pasado 1 de marzo el Gobierno central lanzó un decreto que los constructores consideran muy limitado, porque deja fuera las obras de 2021, cuando ya había inflación de precios, y solo revisa cuatro materiales, betún, aluminio, cobre y hierro. La Junta de Andalucía, por su lado, publicó otro el 12 de abril que cubría todos los materiales, las obras certificadas el año pasado y las de menos de cuatro meses de duración (que no entraban en el decreto estatal), además de eliminar penalizaciones por retrasos producidos por la inflación de precios. A principios del verano el Gobierno planteó objeciones a la Consejería de Fomento y convocó una Comisión Bilateral para llegar a un acuerdo. En caso de que no lo hubiera, habría recurso al tribunal Constitucional. La misma situación se planteó con el decreto de regularización de viviendas y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), conflictos ambos que se resolvieron con rapidez sin necesidad de llegar al tribunal de garantías.
La patronal andaluza de la construcción Fadeco calcula que el incremento de costes que está soportando el sector por la subida de los materiales se sitúa en una horquilla entre 567 y 693 millones de euros. Y advierte que, de no producirse un acuerdo entre Gobierno central y Junta de Andalucía sobre la revisión de precios que pagan las administraciones a las constructoras se pondrán en riesgo 100.000 empleos y muchas empresas estarán abocadas a la ruina. La situación ya ha provocado, de hecho, que obras por valor de 140 millones de euros hayan quedado desiertas, afirma la patronal. Es decir, se han licitado pero no se han terminado adjudicando por falta de concurrencia, al calcular las empresas que no pueden cubrir los costes.
La situación es la siguiente. El pasado 1 de marzo el Gobierno central lanzó un decreto que los constructores consideran muy limitado, porque deja fuera las obras de 2021, cuando ya había inflación de precios, y solo revisa cuatro materiales, betún, aluminio, cobre y hierro. La Junta de Andalucía, por su lado, publicó otro el 12 de abril que cubría todos los materiales, las obras certificadas el año pasado y las de menos de cuatro meses de duración (que no entraban en el decreto estatal), además de eliminar penalizaciones por retrasos producidos por la inflación de precios. A principios del verano el Gobierno planteó objeciones a la Consejería de Fomento y convocó una Comisión Bilateral para llegar a un acuerdo. En caso de que no lo hubiera, habría recurso al tribunal Constitucional. La misma situación se planteó con el decreto de regularización de viviendas y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), conflictos ambos que se resolvieron con rapidez sin necesidad de llegar al tribunal de garantías.
En septiembre comenzó a funcionar esa reunión bilateral, y a mediados de octubre no solo no hay visos de acuerdo sino que más bien parece lejano. Según informa Fadeco, el pasado 30 de septiembre el Gobierno propuso al Ejecutivo andaluz derogar el decreto regional con el argumento de que invadía competencias estatales.
Aunque el decreto andaluz está vigente, la propia consejera de Fomento, Mari Fran Carazo, admite que la situación actual “genera incertidumbre tanto en el sector de la construcción como en las entidades locales que se pueden adherir a él” (la norma andaluza contempla la adhesión de Ayuntamientos y diputaciones). Y es que las constructoras, ante el conflicto jurídico planteado, no se atreven a ir a los concursos sin tener la certeza de los cobros y los municipios tampoco lo hacen por no tener seguridad sobre los pagos.
Fadeco y también la otra patronal andaluza, Ceacop, reclaman un acuerdo rápido para parar una sangría que ha llevado a que los materiales se eleven un 20% desde principios de 2021 y la energía más de un 40%. Según Ceacop, el crecimiento de los precios ha sido el mismo en el último año y medio que en el acumulado de las dos últimas décadas.
Según las organizaciones la política gubernamental está poniendo en riesgo los fondos Next Generation, justo ahora que deben comenzar a financiarse los proyectos ligados al Plan de Recuperación. Estos proyectos tienen unos plazos tasados por lo que, afirman, de seguir la situación actual no podrían ejecutarse.
Las dos asociaciones están moviéndose para revertir la situación actual. Este un centenar de empresas asociadas a Fadeco han mantenido un encuentro con la consejera de Fomento y el próximo miércoles los asociados de Ceacop también se reunirán con la cúpula de la Consejería para resolver dudas antes de presentar sus expedientes para la revisión de los contratos. Fadeco pide, además, una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para expresarle sus preocupaciones.
La construcción ve una salida en un tercer decreto que supere a los dos anteriores, algo que apoya la Junta de Andalucía.
- Diario de Sevilla
