• Las instituciones adaptan las adjudicaciones a los nuevos precios de las materias primas para que los proyectos no se queden colgados

Que las constructoras hayan dejado desierta la licitación de las obras de demolición, urbanización y edificación de 122 viviendas de VPO en Santa Adela por 12,3 millones de euros, reabre el debate de los proyectos que se quedan sin empresa que los ejecute porque no ven negocio. Los constructores aseguran que el Ayuntamiento de Granada no encuentra quien le ejecute las obras porque pagan poco y tarde y porque, además, los proyectos presentan «defectos» que tienen que asumir los propios empresarios.

En este caso en concreto, desde la Asociación de Constructores y Promotores de Granada indican que el Consistorio granadino no ha actualizado las bases de precios con las que licita, a pesar del inmenso incremento de los precios experimentado en 2021 y 2022 y que llega para quedarse. Estos empresarios aseguran que ahora no siguen los precios en aumento porque la subida está estabilizada y que la media de incremento del coste de los materiales se sitúa en el 25%.

Con la subida récord del IPC y el incremento de costes de los materiales, los presupuestos de las obras iniciadas en 2022 se quedaron totalmente desfasadas. Desde la patronal de la construcción reclamaron a las administraciones públicas una revisión de los precios que les permitiese continuar las obras con niveles de rentabilidad. Las empresas habían trabajado ya a pérdidas el año anterior y se necesitaban reajustes de licitación porque la situación era «límite».

Y llegó este rescate que nunca ha tenido grandes efectos, según analizan los propios constructores, pero que sí ha sido positivo para el sector. El Gobierno puso en marcha un decreto, al que se sumó la Junta con sus obras y al que también se adherió la Diputación de Granada, para repasar sus obras ya adjudicadas y actualizarle los precios.

Como consecuencia del incremento de los costes, más de 19 millones de euros se han quedado en el aire por obras que han quedado desiertas durante todo 2022, según los cálculos de los constructores. En la provincia de Granada, son 27 proyectos los que se han quedado sin empresa para llevarlos a cabo, aunque algunos han encontrado promotor en una segunda licitación.

Las obras que se han quedado colgadas, a lo largo de 2022, son de distintas administraciones. Entre las instituciones que buscaban empresa para sus obras están ayuntamientos como el de Motril, Alhendín, Chauchina, Alhama o Huéneja. La más cuantiosa de 13,2 millones de euros es del Ministerio de Transportes, la construcción del tramo de la autovía GR-43 entre Atarfe y Granada, y el resto no superan el millón de euros, salvo la sustitución de las ventanas de Diputación, que tampoco encontró constructora.

Desde la Consejería de Fomento de la Junta indican que ya han revisado el precio de cinco actuaciones, obras ordinarias y alguna de emergencia. Aseguran que en sus licitaciones «desde el primer momento», se sacan con los precios actualizados. «La prueba es que no se quedan las obras desiertas y que se suelen superar los diez licitadores», aseguran. Fuentes de Fomento señalan que en los pliegos se ha puesto la fórmula de revisión de precios que se aplica a cada contrato. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad expresan que no se ha dado ninguna obra con esa casuística, con necesidad de revisarse en Granada.

La Diputación de Granada no dudó en adherirse al decreto de revisión de precios de obras y de hecho ha recibido, hasta la fecha, 63 solicitudes, que en su mayoría están condicionadas a la publicación de los índices trimestrales de la subida de los precios de los materiales y mano de obra, que aún no está. Se han denegado siete u ocho por no cumplir los requisitos y una ya ha recibido el aumento de dinero con respecto al precio de partida. Se trata de un ensanche de un puente de Castilléjar a la que se le ha subido más de un 7%, en total ha recibido el constructor 17.387 euros más de lo apalabrado inicialmente.

La diputada de Contratación, Ana María Ruiz, explica que de 142 obras que licitó durante 2022 la Diputación, 17 de ellas se quedaron desiertas. «Se han vuelto a sacar a concurso ocho de estas obras, que en este momento están en distintas fases, varias con contrato ya firmado». La Diputada expresa que se sigue trabajando sobre las otras licitaciones desiertas para volver a sacarlas especialmente cuando las que se quedan colgadas son en municipios más pequeños o con peores accesos, «lo que hace que las empresas no las consideren rentables aunque son obras necesarias en términos sociales para el municipio y por lo que tenemos la obligación de no abandonarlas», manifiesta la responsable de Contratación en la Diputación.

En el Ayuntamiento de Granada no se quedan obras desiertas, «las adjudicamos como podemos». Así lo manifiesta el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, que matiza que las de mucha cuantía son más complicadas, pero que las van sacando.

Fernández Madrid aclara que con la obra de Santa Adela se ha producido una excepción porque es un proyecto a tres años vista «por lo que los constructores pensaron que les iba a afectar la inflacción y que dentro del pliego no iba una revisión de precios afectada por la inflacción y que no tenía dentro del pliego la revisión de precios. »La obra era de más de 12 millones de euros y eso era muy grande, estaba abocada a un modificado porque han subido los precios. Además en diciembre se juntaron muchas licitaciones nacionales. Ahora se ha producido un acuerdo de la junta de gobierno local para la revisión de precios y modificar el pliego de Santa Adela«, apunta Fernández Madrid.

El responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital manifiesta qeu ahora se van a revisar tres o cuatro obras pequeñas como una en concreto que es el parque del Zaidín, junto a la circunvalación, que salió por 900.000 euros y ahora han subido los precios hasta un 30%. «Hay que revisar los precios de cara a una nueva licitación y también las subidas que se puedan producir durante el transcurso de los trabajos. Por eso el Ayuntamiento de Granada va a incluir una cláusula administrativa de revisión de precios», asegura el edil.

A juicio de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, la administración mira para otro lado y ralentizan, licitan a la baja y se pierde un año en volver a sacar la licitación. «Las administraciones necesitan actualizar los precios si desean adjudicar esas obras», apunta el gerente de la ACP, Francisco Martínez Cañavate

La revisión de precios ha tenido un efecto positivo, según esta asociación y eso ha permitido que no se abandoden de manera generalizada las obras y una seguridad jurídica para los promotores que ponen el acento también en los sobrecostes que suponen los proyectos que no se ajustan del todo a la realidad.

• Fuente: Ideal