• Numerosas licitaciones públicas se están quedando desiertas porque los precios son un 30% inferiores al coste real de la obra
• Los contratistas piden una extensión de la normativa o un nuevo decreto «porque la inflación sigue siendo excepcional»
• El Gobierno acuerda con la Junta de Andalucía que no recurrirá su decreto de revisión

Desde este jueves no está en vigor el decreto que el Gobierno central aprobó el 1 de marzo de 2022 para revisar durante un año contratos de obras públicas afectadas por la inflación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido no prorrogar esas medidas, ante lo cual la consejera andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, ha anunciado que la Junta de Andalucía pedirá formalmente a la Administración central que reconsidere su decisión.

«Es un riesgo innecesario que no podemos correr, menos en un momento como el que estamos viviendo, en el que se están impulsando obras tanto de infraestructuras como de viviendas», ha remarcado Marifrán Carazo, que ha incidido en las consecuencias que acarrearía no extender la duración del decreto. Por ello, Carazo ha declarado este jueves que la Junta pedirá «la extensión del decreto excepcional de revisión de precios para ayudar a nuestras empresas porque las circunstancias siguen siendo complejas y adversas, con un aumento de la inflación como el que tenemos en estos momentos y con una guerra que dura un año».

Marifrán Carazo ha insistido en que el Gobierno andaluz apoya sin fisuras a un sector del que depende en buena medida la economía no sólo de Andalucía sino del conjunto del país. «El sector sabe que contará siempre con nuestro respaldo, como ya hicimos al aprobar un decreto andaluz para la revisión de precios que se elaboró contando con sus aportaciones y que, a pesar de las discrepancias con el Gobierno central, ha aliviado las cuentas de muchas empresas», ha remarcado.

La Federación Andaluza de Contratistas (Fadeco) pide una prórroga del decreto de revisión de precios o bien un nuevo decreto que incluya además el sobrecoste energético, que no se contempló en la normativa nacional porque entonces existía una ayuda de 20 céntimos por litro de carburante. «Ya no existe la ayuda de los 20 céntimos y sigue habiendo una inflación excepcional, lo que explica que muchos contratos de obras públicas se estén quedando desiertos. En España los contratos que se han quedado sin adjudicar alcanzan los 980 millones de euros», apuntan fuentes de la patronal.

Señalan que los contratos de obras públicas están saliendo a licitación con un presupuesto un 30% inferior al coste real, ello sin contar el sobrecoste energético. En julio pasado, los contratistas calculaban que la desviación de precios por incremento de materiales, combustible y energía de obras licitadas en Andalucía por las administraciones central, autonómica y local en 2021 y el primer semestre de 2022 se situaba entre 567 y 693 millones de euros.

• Fuente: ABC