Cuatro años y medio después de la obligada mudanza, las obras -cuyo coste rondaría unos 23 millones de euros– aún no se han iniciado. Eso sí, en 2022 le fue adjudicada la redacción del proyecto de estos trabajos a los estudios de arquitectura Cor Asociados y Otxotorena. Y, el pasado mes de agosto de 2023, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga le concedidó la licencia de obras a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 

Desde entonces, la AEAT ya cuenta con la autorización para emprender el refuerzo de la estructura y la reforma de este edificio situado en el número 2 de la malagueña Avenida de Andalucía, en rabiosa vecindad con la Alameda Principal. El inmueble cuenta con una superficie construida de unos 22.800 metros cuadrados y su quincena de plantas se reparten en tres plantas bajo rasante, una planta semisótano y otras once sobre rasante.  

Críticas del PP

Ayer, uno de los cinco diputados nacionales por Málaga del PP, Cristóbal Garre, criticó el retraso acumulado en el inicio de las obras y lo atribuyó “al abandono” por parte del Gobierno central. “Es un despropósito, un reflejo más del abandono inversor que sufre la provincia por parte de Pedro Sánchez”, apuntó el diputado.

Garre recordó que “en 2017 se detectaron las primeras deficiencias en la estructura del edificio y, ya en el primer trimestre de 2018, los informes técnicos advertían de la necesidad de acometer una importante reforma valorada en 23 millones de euros”.

Asimismo, el diputado popular puso los focos sobre “los más de 13 millones de euros que se han pagado en concepto de alquiler por las cuatro sedes provisionales donde los trabajadores de Hacienda están llevando a cabo sus funciones”. 

“Son trece millones que salen de los bolsillos de todos los contribuyentes y si se hubieran hecho las cosas bien y en un tiempo prudencial, se podrían haber destinado a las obras del edificio; desde el PP calculamos que el coste final de esta reforma será mucho mayor, superando los 40 millones de euros si se le suma el coste del alquiler durante un mínimo de siete años, los diferentes estudios que se han realizado y el presupuesto final de las obras”, enfatizó Cristóbal Garre.