- Adolfo Molina insiste en que la obra es “técnicamente viable, medioambientalmente autorizada y socialmente imprescindible”, por lo que espera que “rectifiquen”
La Junta recurrirá a partir del próximo mes de mayo al informe emitido el pasado 15 de abril por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en el que informó de que no va a conceder el permiso necesario para ejecutar las obras de conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera. Después de que el organismo regulador que pertenece al Gobierno central no diese el visto bueno a la ejecución que ya había adjudicado la Junta de Andalucía por 9,3 millones de euros, tanto la Diputación de Córdoba como la administración autonómica han denunciado que la decisión es de carácter “político”.
“Nos preguntamos por qué juega el Gobierno de España con algo tan serio como el agua. Es una decisión política y profundamente equivocada. Por eso vamos a exigir explicaciones y a pedir que se rectifique, porque el norte de Córdoba no puede depender de obras que hace años hicieron que muchos municipios se quedara sin agua cuando fallaron los generadores”, ha reivindicado el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, quien ha mostrado su “incredulidad e indignación” ante una decisión “injustificable desde el punto de vista técnico, incomprensible desde el sentido común e inadmisible desde el plano político”.
El delegado ha explicado que el proyecto presentado por la Junta cuenta con todos los permisos medioambientales otorgados por la administración competente, y está declarado de interés autonómico, con financiación asegurada a través del canon del agua. “Es técnicamente viable, medioambientalmente autorizado y socialmente imprescindible. No hay justificación posible para este bloqueo. Esto no es una decisión técnica, es una decisión política”, ha subrayado sobre un proyecto que, como ha recordado, “no es nuevo” y que “ha sido identificado por todas las administraciones como la solución definitiva”.
“Queríamos aprovechar esa instalación provisional que hizo el Gobierno de España para construir esa solución definitiva que incluya una torre de captación como hay en el resto de pantanos con dos tomas de agua en cotas diferentes, además del tendido eléctrico”, ha destacado Molina sobre algunas de las mejoras que incluye la intervención de la que, según la Junta, se pidieron los permisos a la confederación para iniciarla el 26 de junio de 2023. La infraestructura es “imprescindible” para garantizar el abastecimiento de agua de las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato, es decir, afecta a más de 80.000 vecinos del norte de Córdoba.
Pese a ello, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) expuso en su informe los motivos del rechazo, que comprendían aspectos como que las obras proyectadas duplican instalaciones ya existentes, que la actuación de emergencia consiguió completar y cerrar el circuito hídrico que ya satisface el aprovechamiento de aguas desde el embalse de La Colada o el “sobredimensionamiento” que contempla un caudal de 600 litros por segundo, que se considera injustificado.
El impacto ambiental de la obra es otro de los puntales sobre los que basa su rechazo. Así, indica que “la ejecución de nuevas actuaciones sobre el dominio público hidráulico y sus zonas de protección (servidumbre y policía) supone una presión innecesaria que podría afectar negativamente al estado ecológico de la masa de agua y al ecosistema asociado”. A todas estas razones expone la “ineficiencia económica“. En este sentido, asegura que “la ejecución de estas infraestructuras supondría un coste adicional de más de ocho millones de euros, siendo obras prescindibles al duplicar sistemas ya operativos”.
La Junta, sin embargo, defiende la viabilidad de las obras. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a recurrir el informe, a demostrar que es viable medioambientalmente y que ha superado todos los filtros y vamos a exigir explicaciones y vamos a defender esta infraestructura con los alcaldes, con los vecinos y con toda la sociedad civil”, ha concluido el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, quien ha reivindicado que “el agua no puede ser un arma política, es un derecho y Córdoba lo tiene”. A la espera de que “rectifiquen” tras recurrir, de momento, la Junta no aclara si podrían llevar el caso a la justicia.
La Junta defiende su “coordinación constante”
El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha defendido la “coordinación constante” que ha mantenido la Junta con la CHG y la CHGq (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) durante todo el proceso. “Hemos compartido documentación, resuelto dudas, tenido reuniones y trabajado conjuntamente. Por eso, la negativa ahora es aún más incomprensible”, ha insistido, quien ha mostrado diferentes pruebas para confirmar “que siempre ha habido contactos entre ambas instituciones” y diversas confirmaciones de técnicos de la CHG vía correo electrónico.
“Nos sorprenden las declaraciones del presidente de la CHG sobre que deberíamos de haber pedido un informe expreso a ellos para las obras, pero queda patente esa petición en el propio informe entregado en noviembre de 2022 en un anexo”, ha anunciado Acosta, quien ha recriminado la actitud de la Confederación a lo largo de los últimos años, ya sea “porque no alegó nada cuando tuvo oportunidad de hacerlo” y porque “tras las lluvias (de 2023) que llenaron los pantanos, se lavaron las manos, pero las sequías volverán”.
- El Día de Córdoba
