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• EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS NO CONTEMPLA MÁS PERIODO DE CARENCIA/ Empresas y autónomos se acogen parcialmente a las renegociaciones de los préstamos, cuyo plazo vence a mediados de mayo.

Salvador Arancibia. Madrid

Dentro de algo más de una semana, cuando se llegue a la mitad del recién estrenado mes de mayo, se cumple el plazo para que empresas y autónomos que se acogieron a los créditos avalados por el ICO pidan a los bancos que les amplíen los plazos de carencia y de amortización de estos préstamos. No parece que se esté utilizando mucho esta posibilidad. Después de esa fecha entrará en funcionamiento el código de buenas prácticas, en el que se contempla que no haya más carencias pero sí más plazo. Se habla de ampliarlo hasta 12 años.

Hace un año, durante los meses de abril y mayo, empresas y autónomos negociaron con los bancos operaciones de crédito por un importe superior a los 100.000 millones de euros con aval del ICO que, como características esenciales, tenían una carencia de un año para empezar a ser amortizados (solo pagaron intereses durante ese periodo) y un plazo de concesión de hasta cinco ejercicios. A finales del año pasado estos plazos se ampliaron a dos de carencia y ocho de amortización, dado que la recuperación de la actividad se había retrasado.

La renegociación de estas condiciones se inició tímidamente en los primeros meses de este año. Las operaciones que vencían entonces eran muy escasas y se supone que es ahora, desde el pasado mes de abril y a lo largo de la primera mitad de mayo, fecha en la que vence el segundo plazo dado, cuando los deudores deben dirigirse a los bancos diciendo que quieren modificar estos parámetros. Los bancos no pueden negarse a hacerlo.

Pero, ¿están acudiendo empresas y autónomos a las oficinas bancarias a decirlo? Depende de las entidades. Alguna de ellas señala que la situación es muy manejable y que no está habiendo muchas peticiones; en otra de las grandes, y muy activa en la negociación de este tipo de préstamos, se cifra en un 20% lo renegociado hasta ahora y se piensa que en lo que queda de tiempo no se producirá una avalancha de peticiones. Una tercera entidad eleva hasta cerca del 50% el porcentaje de renegociaciones que ha tenido hasta ahora. Otra entidad que forma parte del grupo de los cuatro grandes bancos nacionales no ha contestado al requerimiento de información.

Distintas estrategias

¿Por qué esas diferencias tan notables? En primer lugar, puede deberse al distinto esfuerzo que en su momento hicieron los grandes bancos por proporcionar este tipo de financiación a empresas y autónomos para que solventaran, al menos temporalmente, los problemas de liquidez derivados de la paralización de la actividad económica durante la parte más dura del confinamiento. En segundo término, uno de estos bancos señala: “Como no fuimos agresivos en dar ICO a todos, nuestros deudores podrían estar en mejores condiciones”. Una razón adicional es que empresas y autónomos pidieron por encima de lo que pudieran necesitar y aún mantienen liquidez suficiente como para no tener que acudir a una renegociación.

Para los bancos, las renegociaciones, además de ser obligatorias, suponen un problema adicional, ya que están obligados a pasar estos créditos a vigilancia especial (no han incumplido sus obligaciones, pero parece evidente que están en una situación peor que los que no lo han pedido) y, por lo tanto, incrementar las provisiones para hacer frente a posibles futuros impagos. Las estadísticas del Banco de España no recogen todavía este fenómeno (el informe de estabilidad financiera hecho público la semana pasada se refiere a datos de cierre de 2020), pero debería empezar a verse en los próximos meses.

A partir del 15 de mayo las posibles renegociaciones de este tipo de operaciones se circunscribirán a lo que se establezca en el código de buenas prácticas que se está elaborando, como se hizo hace meses para enmarcar las renegociaciones de créditos hipotecarios, a partir del cual los bancos podrán decidir si renegocian o no bajo unos parámetros generales y comunes con el objetivo de ir deslindando entre quienes pueden, aun con esfuerzos, hacer frente a sus obligaciones financieras y quienes podrían no tener posibilidades de sobrevivir.

El código

No se sabe apenas nada de la elaboración del código de buenas prácticas, pero parece que en su redacción se elimina la posibilidad de que se amplíe el actual periodo de carencia, que puede ser de dos años que finalizarán en la primavera de 2022, mientras que sí se acepta ampliar hasta los 12 años el plazo de amortización, actualmente establecido en un máximo de ocho años.

En poco tiempo se despejarán las dudas. Estas negociaciones abiertas entre bancos y deudores forman parte del plan definido por el Gobierno de 11.000 millones de euros, de los que 7.000 millones serán ayudas directas y 3.000 millones se apartan para posibles impagos.