Almería: De la Fuente asegura que la revisión de precios en la obra pública «garantiza» el AVE
- El subdelegado asegura que la fórmula de ajuste de precios en un periodo de inflación permitirá al Gobierno ejecutar las obras de fondos europeos
El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, calificó ayer de «extraordinaria noticia» que, a su juicio, «dotará de estabilidad a las obras públicas que hay en marcha en la provincia» la aprobación, este martes en Consejo de Ministros, de un Real Decreto-ley con medidas de carácter extraordinario que permitirá la revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales.
«Esta medida traslada un mensaje de tranquilidad [a las empresas] porque hay una norma que garantiza esas revisiones extraordinarias y automáticas, a petición suya, no solo para los contratistas, sino también para las subcontratas. Es una magnífica noticia porque garantiza estabilidad en el desarrollo de las obras y es una garantía más del compromiso del Gobierno de que el AVE estará en el 2026 y el AVE [Almería-Murcia] estará, por encima de todo, en el 2026», señalaba el representante del Gobierno estatal, De la Fuente, en declaraciones a los medios en la mañana de ayer.
EL subdelegado aseguró en su alocución que la norma beneficiará no solo a las empresas que ejecutan las obras del tramo AVE Almería-Murcia, «sino también a aquellas actuaciones de gran alcance en carreteras, como el caso del enlace entre la A7 y la A92, en Viator», recientemente licitadas por el Ejecutivo.
Tras el descenso registrado en 2020, los precios de las materias primas registraron un fuerte incremento en el ejercicio 2021, provocado en gran medida –deslizaron fuentes del Ejecutivo– «por la vigorosa recuperación económica experimentada a nivel global» tras la pandemia de la covid-19 «y el subsiguiente aumento de la demanda». Este proceso ha ocasionado incrementos de costes que eran imprevisibles en el momento de la licitación de unos contratos que ahora muestran dificultades en su ejecución y cuyos operadores se ven severamente afectados. Este aumento de costes, además, excede del que puede ser incluido en los riesgos que el contratista ha de asumir en todo contrato público.
En una reciente entrevista con la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, con este periódico, la responsable de la obra pública en España aseguraba que algunas materias primas –es el caso de los metales o de los áridos– habían incrementado su valor en el mercado en hasta un 40% en el último año, algo que ha tenido un impacto muy importante en los contratos de infraestructuras en ejecución, generalmente obligados a unos marcos de valoración de precios muy estrictos para evitar los sobrecostes posteriores a la contratación.
«El impacto económico de estas medidas es claramente positivo para el sector y conllevará una disminución del número de resoluciones de contratos, una menor litigiosidad y un mayor porcentaje de ejecución presupuestaria, contribuyendo todo ello a afianzar la recuperación económica en un momento especialmente importante en el que se está ejecutando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», relatan fuentes estatales a este diario.
De acuerdo con la norma aprobada por el Gobierno este martes, de manera excepcional, en los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector público estatal y que se encuentren en ejecución coincidiendo con la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, con independencia del régimen jurídico que por razón temporal o de la materia se aplique al contrato, se reconocerá al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios.
Ello será así siempre que el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021.
De esta manera, se considerará que existe ese impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando a los importes del contrato certificados en el ejercicio 2021, exceda del 5% del importe. La cuantía de la revisión excepcional no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato. La revisión afecta a obras en las que los contratos no contemplaron sistemas de revisión de precios o en aquellos en los que no era posible la revisión sin haberse ejecutado al menos el 20% del total o dos años de obra.