- La construcción es el sector más afectado debido a la subida de los costes de materiales por encima de un 30%
En este contexto, las empresas andaluzas son de las que más se han visto afectadas. Según un estudio de Informa, Andalucía es la segunda comunidad con mayor número de disoluciones, solo por detrás de Madrid. A un mes de finalizar el 2022 se han contabilizado 648 concursos y 3.689 disoluciones en Andalucía, lo que supone un 42% y un 12% más respecto al mismo periodo de 2021.
Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio son los dos sectores que un mayor número de procesos de ambos tipos acumulan en lo que llevamos de año en la comunidad andaluza, con 118 y 128 concursos y 1.064 y 748 disoluciones cada uno. Por provincias, Málaga y Sevilla concentran la mayor parte, con 124 y 189 concursos y 1.123 y 906 disoluciones respectivamente.
Solo en el mes de noviembre 95 empresas andaluzas han entrado en concurso de acreedores, las más importantes Abengoa Energía S.A. y Abengoa Agua S.A., con una facturación de más de 200 millones de euros (242 y 229 millones respectivamente). Además, otras 360 sociedades se han disuelto. De ellas, la que más ventas suma es Avícola Garrido García S. L, con 6,6 millones de euros.
«Somos pesimistas de cara al 2023 porque el sector está con fiebre», advierte Ana Estella Pérez, gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP). Desde este organismo recuerdan que la subida extraordinaria de los precios de materiales de construcción, por encima de un 30%, comenzó en el segundo semestre de 2020. Y que, aunque esa subida «parece que se está moderando, no vamos a volver a los precios prepandemia», avisa Pérez. Para amortiguar la subida de costes, se buscaron herramientas que permitieran ejecutar los proyectos ya planificados. La Junta aprobó el decreto autonómico 4/2022, de 12 de abril para revisar los precios de los materiales y amortiguar ese sobrecoste de los proyectos topado a un 20%. Pero el Gobierno de España ha amenazado con un recurso de inconstitucionalidad.
- La Razón
