Como contrapartida, la cantidad se sumará a los 221 millones de deuda viva (bancaria) que el Consistorio ya tenía. La mayor parte de esta, corresponde a los préstamos concertados con el ICO, a través del plan de pago a proveedores y de fondos de ordenación (para el pago de sentencias y refinanciación de préstamos), que han permitido además la reestructuración de la deuda transformándola en una con un bajo tipo de interés. El resultado de las operaciones de concertación y refinanciación son 192 millones de deuda a largo plazo (2040) cuyo principal habría que empezar a pagar a 1 de enero de 2024. Y que supondrían elevar notablemente los alrededor de 6 millones de euros de amortización de préstamos que se incluyen en el presupuesto anual del Consistorio, hasta ahora por créditos bilaterales (“de corporaciones anteriores”, apunta la delegada). Para poder afrontar el inicio del pago del préstamo ICO, se intentará adelantar el abono de estos préstamos privados que vencen a más tardar en 2026; “ya estamos buscando soluciones”, señala Solanes.

Ese es uno de los grandes cambios a conseguir por el Ayuntamiento de Algeciras y por el resto de las entidades locales, históricamente infrafinanciadas e inmersas en una nueva crisis, la de la pandemia. Las condiciones de pago que se consigan marcarán los presupuestos y por tanto la gestión municipal de los años venideros.

La delegada de Hacienda destaca también otros cambios ya alcanzados en torno a la deuda, más allá de su cuantía: “Está organizada y estructurada, sabemos exactamente cuánto es y dónde está. Pusimos en marcha un plan de disposición de fondos y ahora tenemos un remanente de tesorería y ahorro neto positivos”, mientras el remanente llegó a estar en 135 millones en negativo, recuerda. Y la deuda de 2010 (último año de mandato socialista) actualizada a día de hoy hubiera alcanzado los 262 millones de euros, remacha.

En paralelo se buscan fórmulas para avanzar en otros de los déficits municipales: la recaudación, como denuncia periódicamente la oposición. Esta ha ido aumentando en los últimos años casi sin subidas de impuestos y tasas, bajo la teoría de que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”. A cambio, señala Solanes, se han mejorado los padrones recaudatorios o se ha regularizado la situación del Puerto de Algeciras o la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Pero todavía queda trabajo para afinar la contabilidad municipal, que en la liquidación de 2020 además de un remanente de tesorería positivo de 117 millones de euros incluían 92 millones de saldos de dudoso cobro, que dejaban 18,3 de remanente para gastos generales; “estamos depurando esos saldos”, asegura la concejal.

En el lado de los gastos, la mitad del presupuesto se lo llevan las nóminas (a pesar de la reducción de personal vivida a lo largo de los años) y el 27% gasto corriente. Abrir cada día el Ayuntamiento de Algeciras cuesta 90 millones de euros. Desde ahí hasta los 114 millones que son el total del presupuesto hay que incluir los gastos financieros, las transferencias corrientes y las inversiones, para las que quedan este año 10,3 millones de euros (cuatro de ellos de fondos europeos). Y durante años, la ejecución de estas inversiones ha sido muy baja, con obras que van pasando de un presupuesto a otro.

“A veces no se ejecuta algo, pero ese dinero se acaba destinando a otra necesidad”, reconoce la concejal de Hacienda, que también señala que todo aquello que se ahorra va destinado al pago de la deuda. Solanes apunta que el Ayuntamiento está volcado en esta materia en la búsqueda de subvenciones, que se han convertido en un medio para ejecutar mejoras necesarias en la ciudad sin desequilibrar el presupuesto. “Y si nos las dan, será porque algo estamos haciendo bien”, señala. Se han conseguido para renovar la iluminación de la ciudad, mejorar el servicio de autobús, establecer medidas de control del tráfico o peatonalización. Este lunes se firma el convenio con la Junta de Andalucía para la ejecución del proyecto de regeneración de la playa de La Concha y se ha conseguido financiación estatal del Plan de Recuperación y Resiliencia para ejecutar mejoras en los dos mercados de la ciudad.

Mientras tanto sigue en ejecución la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) del barrio de La Caridad, uno de los grandes proyectos del mandato y una de las quejas del equipo de gobierno. “De los más de cinco millones de euros que ya hemos pagado y justificado, solo se ha comprometido el ingreso de 700.000 euros de subvención”.

Otra de las quejas es la falta de ingresos estatales extraordinarios por los gastos de la pandemia. “La Diputación si nos ha hecho transferencias, pero del Gobierno no ha llegado nada”, critica Solanes.

“Hay mucho trabajo que no se ve en la gestión económica del Ayuntamiento”, asegura la delegada. “Tenemos una contabilidad clara, controlada por el Ministerio de Hacienda, y sin despilfarro. Hemos conseguido equilibrar la economía municipal sin subir los impuestos”. Y con la austeridad por bandera, como repite el alcalde, José Ignacio Landaluce, “se está ahorrando en muchas cosas mientras que las nóminas y el pago a proveedores están asegurados”.