La Junta de Andalucía pretende sacar a licitación en 2024 la primera fase de la Ciudad de la Justicia de Algeciras, aunque duda de que pueda finalizarlo antes de que acabe la legislatura autonómica a mediados de 2026.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado que este tipo de equipamientos son “los de mayor dimensión que se pueden hacer en materia de justicia”, aunque sí quiere se inicie lo antes posible el proceso de la instalación para garantizar su continuidad.

Concretamente, en una entrevista a Europa Press, Nieto ha explicado que un edificio de unos 13.000 metros cuadrados como el algecireño requiere tiempo por la complejidad que entraña, de ahí la demora sobre la previsión inicial, que situaba el inicio de las obras en 2024.

“Lo que no haya puesto en marcha en los primeros dos años luego no se puede ejecutar”, advierte sobre el ritmo de trabajo de una legislatura, para reafimarse en la idea de que “no todo va a estar terminado” porque “construir un edificio dura lo que dura: hay que hacer muchas cosas antes, el proyecto, el anteproyecto, garantizar la financiación”.

Pretende avanzar todo el trabajo posible de manera que el estado del proyecto “sea irreversible, que ya no haya marcha atrás y que el que venga detrás de ti, pues se lo encuentre ya en condiciones óptimas para poder ejecutarlo”. “Ésa es, desde mi punto de vista, la referencia de una buena gestión”, destaca.

La fórmula pretendida para la adjudicación de la obra es la de concesión de obra pública, “una fórmula poco empleada en España y compleja de gestionar, pero es muy útil para poder conseguir que equipamientos de ese volumen, con recursos presupuestarios escasos, puedan llevarse a cabo”.

La de Algeciras no es la única ciudad de la justicia proyecta por la Junta que se encuentra en marcha. En un radio cercano, Jerez y Marbella están situaciones semejantes, a las que se suman otras ciudades de Andalucía como Sevilla o Jaén.

El proyecto

El proyecto, presentado en enero de 2023 por el consejero de Justicia, está valorado en 23 millones de euros que permitirán edificar un recinto de aproximadamente 13.000 metros cuadrados en un plazo de 28 meses.

Las dependencias acogerán tanto la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, ubicada en ese mismo emplazamiento, como otros órganos judiciales que se encuentran repartidos por la zona centro de la ciudad y el Palacio de Marzales (Penal), que adolece de graves problemas de conservación. Para ello, se demolerán todas las construcciones actuales y se levantará un nuevo edificio con casi cinco veces más superficie que el actual (de apenas 3.000 metros cuadrados).

La idea es que durante la ejecución de las obras se establezcan fases para que los órganos actuales puedan permanecer en su actual emplazamiento hasta que sean habilitados nuevos espacios de trabajo provisionales para que, tras su desalojo, pueda ser demolido el edificio existente, ejecutar el resto de las obras y concluir la construcción.

La actual sede data de 1950 y alojaba la Intendencia del antiguo Fuerte de Santiago, de la que apenas se conserva la fachada original, con apenas algunos elementos puntuales que carecen de valor. Por ello se plantea su demolición completa por su escasa capacidad y para aprovechar al máximo la superficie de la parcela, de 4.000 metros cuadrados.

El futuro Palacio de Justicia permitirá agrupar órganos que se encuentran dispersos por la ciudad. “Permitirá pasar de cinco sedes judiciales a dos. Una vez que termine el proyecto de este nuevo edificio, se acometerá una reforma de la sede de Plaza de la Constitución. Y ambas están ubicadas a apenas siete minutos de distancia. También estarán conectadas digitalmente para compartir información y expedientes como si fueran un único inmueble”, abundó entonces Nieto.

• Fuente: Europasur