• El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía muestra su compromiso respecto a la Ciudad de la Justicia, más cerca ahora gracias a pasos adelante «irreversibles»
• Así sería la Ciudad de la Justicia de Cádiz: tres torres de ocho plantas y una plaza pública

Esta semana se ha conocido el nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, una moderna infraestructura de tres torres de ocho plantas con 32.000 metros de superficie. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, apunta algunas de las claves de un proyecto que la ciudad lleva décadas esperando.

-¿Es este el proyecto definitivo de la Ciudad de la Justicia de Cádiz?

-A mí me gustaría que fuese así. De todas formas, esta es una propuesta de un grupo de empresas, una UTE, y tiene que contrastarse tanto desde el punto presupuestario como desde el técnico sobre su uso como sede judicial. El aspecto y los datos que hemos podido analizar son positivos, creo que es un proyecto muy ambicioso, con una imagen muy potente y rotunda. Además está bien diseñado y bien ordenado para prestar el servicio de Justicia que queremos. Es un proyecto que, dentro de esa ambición, va en un estándar de calidad superior al que inicialmente estaba previsto y evidentemente eso también tenemos que analizarlo. Pero el hecho de que sea en tres volúmenes permite una calidad de utilización mayor, mucha más llegada de luz natural y menos necesidad de luz artificial y, por tanto, menos consumo energético. Cuenta con una ordenación de espacio mucho más eficiente que la que se planteaba en estudios anteriores. Nosotros queremos que Cádiz tenga la mejor sede judicial posible y diría que si pasa por esos controles que se tienen que hacer ahora, es este proyecto sobre el que vamos a pivotar y a impulsar la Ciudad de la Justicia. Hemos querido ser transparentes, nosotros hemos recibido y registrado una propuesta de una UTE y lo primero que hemos querido es darla a conocer a la sociedad gaditana y andaluza en un ejercicio de transparencia que siempre hemos defendido. No tiene sentido que esto se ocultara y se privara de información. Y ahora vamos a seguir dándola de cada uno de los pasos que se van a ir dando. Este proyecto encaja en nuestro programa de necesidades, encaja en nuestro modelo de Ciudad de la Justicia que queremos y ahora tenemos que ver y analizar los números que nos presentan estas empresas, ver si son los adecuados t¡y si finalmente van a ser esas cifras las que van a definir el proyecto. Lo mismo que hemos hecho con la Ciudad de la Justicia de Jaén, que ya está en fase de licitar en los próximos meses y es lo que nos gustaría que pasara también con la de Cádiz.

-¿Qué plazos maneja la Consejería?

-Los que fija la ley. Nosotros no nos inventamos los plazos, vienen marcados por la legislación vigente. En este momento hemos recibido la propuesta que hacen estas empresas que, tengo que decir, he leído cosas que respeto pero que sólo responden a la ignorancia sobre cómo funciona un proceso de este tipo por parte de quien las realiza. Las empresas tienen abierta la posibilidad de presentar una iniciativa para un proyecto de este tipo. Tienen que hacerlo a través de un estudio de viabilidad, tal y como establece la ley de contratos del sector público, la administración recibe esa información y tiene que analizarla desde dos ámbitos. Uno, el presupuestario, que le corresponde a la oficina de evaluación financiera y otra desde el uso, que le corresponde a la secretaría general de infraestructuras judiciales. Esos estudios se van a realizar y si desde los dos ámbitos se cumplen los parámetros que establece la ley de contratos del sector público, daremos por recibido el proyecto y se publicará en el BOJA para dar exposición pública y que cualquier persona y entidad pueda hacer alegaciones al proyecto. Una vez cumplido el plazo de exposición pública y analizadas y contestadas las alegaciones, lo que se hace es un pliego de licitación del proyecto, que se apoya en el estudio de viabilidad que hemos recibido, en el que se modifican aquellos parámetros que entendamos necesarios. Por ejemplo, si la cantidad que establece el estudio de viabilidad de 6,5 millones de euros por el canon es la cantidad correcta o se tiene que afinar. A lo mejor entendemos que esa cantidad es excesivamente alta y se tiene que rebajar. O a lo mejor entendemos que la división o la ordenación de espacios que realiza el edificio no es la correcta y estimamos que en la torre dos debe ir la jurisdicción penal en lugar de ir en la torre uno. Pues eso es lo que se ordena y se recoge en el pliego de licitación, que es al que podrá concurrir cualquier empresa que haga su oferta para la puesta en marcha de este proyecto que, insisto, es muy ambicioso y complejo. La prueba es que llevamos veintitantos años esperando que sea una realidad en la ciudad de Cádiz.

-¿Se empezará la construcción antes de que acabe el mandato en la Junta?

-Nuestro objetivo es que cada paso sea irreversible, que no podamos volver a la casilla de salida como ha ocurrido tantas veces con este proyecto. Se presentó un primer análisis en el año 1998, otro ya con algunas datos, aunque bastante precarios, en el 2003 y a ese proyecto se le han ido sucediendo una serie de propuestas en las que se cambiaba el solar, la ubicación, las dimensiones y todo eso ha llevado a que haya bastante poca credibilidad con cualquier cosa que se diga en torno a la Ciudad de la Justicia porque ha habido mucho incumplimiento. Yo lo que he intentado hacer es implicarme al mil por cien en este proyecto. Lo primero que hicimos fue comprobar que había un mal enfoque del proyecto cuando llegamos a la Consejería en julio de 2022. Que la Ciudad de Cádiz no se podía conformar con la mitad de la edificabilidad, con la mitad de la superficie que necesitamos. Llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz y en noviembre de 2022 se aprobó una corrección del Plan General de Ordenación Urbana para doblar la edificabilidad de ese solar. Y por eso ahora tenemos el doble de espacio que existía cuando llegamos a la Consejería y el proyecto sobre el que estamos trabajando es el doble de grande, el doble de costoso y el doble de complejo que el de antes. Pero es que es lo que Cádiz se merece, no podemos hacer una Ciudad de la Justicia que nazca pequeña, reducida e insuficiente para lo que un partido judicial tan importante como el de Cádiz necesita. Por eso estamos dando pasos ciertos y seguros. Todo lo que hemos dicho se ha cumplido, pese a que hay quien hace oídos sordos y mantiene su interpretación contraria a cualquier cosa que se propone, y nosotros vamos a seguir trabajando para que en esta legislatura ese proyecto sea absolutamente irreversible y esté en condiciones de prestar servicio en el menor tiempo que se pueda. Una obra de un edificio como este, que estará en torno a los 18.000 metros, de un complejo judicial como va a ser la Ciudad de la Justicia que con el resto de los edificios superará los 32.000 metros, no se hace de hoy para mañana y además tiene que cumplir una serie de controles legales para evitar que se produzcan situaciones legales como las que se han producido en Andalucía, que no se cumplía la ley y al final no se sabía quién se llevaba el dinero. Aquí cumplimos la ley, cumplimos los controles, garantizamos que se usan de manera correcta los recursos y hacemos que el gobierno de la Junta tenga credibilidad. Si decimos que Cádiz va a tener Ciudad de la Justicia y que va a tener la mejor Ciudad de la Justicia posible, ese es un compromiso para nosotros irrenunciable.

-¿Conocen ya el presupuesto?

-Conocemos la estimación que ha hecho la empresa. Me gustaría aclarar que el canon no es un alquiler aunque hay quien lo confunde. El canon es una cantidad que se abona anualmente y que cubre tres conceptos: el coste de construcción del edificio, el coste de la financiación que adelantan durante la obra y nosotros lo vamos pagando a lo largo del tiempo, y en tercer lugar, los servicios, que incluyen la limpieza, el mantenimiento, mejora de archivos o gestión energética. Y queremos que sea una sede moderna, con las mejores condiciones y la mejor imagen, pero que a la vez esté limpia, sea segura y esté bien atendida, los requisitos que cualquier ciudadano busca en la administración pública. Entonces la cantidad que se aporta por la empresa es para nosotros una cantidad estimada, porque tenemos que hacer ahora los estudios económicos del proyecto, y esos 6,5 millones anuales serán 6 o 5,8, lo que sea. Lo que sí les puedo decir es que esos 6,5 es la cantidad máxima. Luego, aparte de lo que fijemos en el pliego desde la administración, hay un proceso de concurrencia, que las empresas concurren y alguna te dice que te lo puede hacer por un canon de 6,5 y otra te dice que puede hacerlo por 5,8. Ahí el mercado tiene que funcionar y eso será lo que tendrá que determinar el coste total del proyecto. Eso no es que yo lo diga por escurrir el bulto o por no querer responder, es que es imposible saberlo. Cualquiera que se lea la ley de contratos del sector público, entenderá lo que estamos diciendo. El que analice, contraste y pregunte a cualquier territorio o administración que haya sacado adelante una concesión de obra pública sabrá que esto funciona así y son pasos que se tienen que ir dando. Que son complejos, difíciles y muy exigentes para la administración, pero entendemos que Cádiz necesita su Ciudad de la Justicia y no podemos seguir perdiendo tiempo para dársela y darle la mejor posible.

-¿Por qué se opta por la vía de la concesión público-privada?

-En un momento económico como el que vivimos, que no es de hoy, es algo que venimos ya soportando mucho tiempo, esperar a tener el coste total de un gran equipamiento como el que estamos planteando en Cádiz es abocarte tú mismo al fracaso, que es lo que ha venido ocurriendo todo este tiempo. Es como si yo ahora le dijera a cualquier ciudadano que hasta que no tenga el cien por cien del coste, no se puede comprar una casa, no puede pedir una hipoteca. Me dirían que estoy loco. ¿Quién se puede comprar una casa sin una hipoteca? Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Tenemos un sistema y un tipo de contrato que nos permite la ley en el que podemos contratar la obra, la hipoteca y el servicio de mantenimiento todo junto. No se puede decir que pagábamos un millón de euros y ahora se van a pagar 6,5 porque es que no tiene nada que ver. Primero, en un alquiler nunca voy a tener la propiedad de lo que tengo alquilado. Aquí, una vez que yo acabe a los 27 años, paso de 6,5 ó 6 o 5,8, lo que acabe siendo el canon, a pagar cero. Porque ya he pagado la obra y la hipoteca. Y a partir de ese momento, contrato los servicios con la misma empresa o con otra, porque habrá que seguir limpiando el edificio, manteniéndolo, y eso sí habrá que seguir pagándolo. Primer error, no entender que es diferente un alquiler a un canon. Segundo error, una cosa es que digan cuánto cuesta la construcción de un edificio y otra es que tengas que meter además la financiación de ese mismo edificio y los servicios, no son cantidades comparables. No se pueden decir medias verdades, que acaban siendo las peores mentiras, cuando se comparan datos que no son equiparables. Nosotros lo hacemos a través de la concesión de obra pública primero porque tenemos empresas que creen en el proyecto, en Madrid se ha intentado hacer dos veces la Ciudad de la Justicia a través de la colaboración público-privada y ha quedado desierto porque ninguna empresa se ha interesado por el proyecto. Aquí, sin que lo hayamos sacado a la licitación, simplemente haciendo difusión de una intención y nuestro proyecto, ya ha habido empresas que lo han asumido, que se han gastado un dinero importante en definirlo, que han puesto un proyecto arquitectónico sobre la mesa de altísimo nivel y que han financiado ellos y que nos permite seguir una pista que es muy útil para nosotros y que desde luego acelera muchísimo los plazos. Para estar en el mismo punto que nos pone la presentación de este estudio de viabilidad, probablemente tardaríamos más de un año. Y ese tiempo lo hemos ganado. Creo que para todos tiene que ser un motivo de alegría que las empresas crean en la Junta de Andalucía y en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y arriesguen su dinero en presentar un proyecto.

-Esta infraestructura dobla la capacidad de las ya existentes. ¿Hay intención de dotarla también de mayores medios humanos?

-Pasamos de 13.000 metros a 32.000, estamos hablando de bastante más del doble. El objetivo es que podamos dar cabida a las necesidades que hoy tiene el partido judicial de Cádiz y las que tenga mañana y pasado mañana y que no tengamos que estar en un problema de dispersión de sede judiciales como ahora nunca más. Por eso se hace un esfuerzo importante de incremento. La dotación de personal en Justicia es un proceso complejo porque quien decide el número de órganos judiciales es el Ministerio de Justicia en exclusiva. La comunidad autónoma lo que hace es pedir, proponer que se creen una serie de órganos judiciales. Hemos hecho una propuesta para pedir 50 nuevos juzgados, pero habitualmente lo que recibimos son 12 cada año para toda Andalucía. A mí me gustaría que Cádiz tuviese más, pero depende del Ministerio. Si nos dota de más órganos y los ubica en el partido judicial de Cádiz, sí puedo decir que no va a haber problemas en muchísimos años, creo que nunca, para tener espacio disponible para ellos.

-Desde la Audiencia Provincial han dicho en más de una ocasión que no quieren trasladarse a la Ciudad de la Justicia. ¿Existe opción de que permanezcan en su ubicación actual? ¿Qué beneficios les reportaría el traslado?

-La dispersión de órganos judiciales siempre es un problema. Lo que nos hace es tener que dividir recursos y desorientar al ciudadano, que al final no sabe dónde tiene que ir, perjudica a los profesionales que tienen que estar yendo de una sede a otra para celebrar sus juicios o llevar sus documentos y eso es muy negativo. Lo ideal es que todos los órganos judiciales estén en el mismo sitio, en las mejores condiciones posibles y con garantías absolutas de uso. Esto se hace desde el diálogo, no desde la imposición, y vamos a mantenerlo siempre abierto con la Audiencia, con su presidente (Manuel Estrella), los magistrados y nuestro objetivo es que se encuentre una solución de consenso, que seguro que va a ser una realidad. El problema es que ellos también se sienten engañados desde hace tiempo por unos y por otros que les han prometido muchas cosas y que luego no se cumplían. Y ahora lo que quieren, al igual que la ciudadanía de Cádiz y los medios de comunicación, es meter el dedo en la llaga y ver si esta vez se va en serio. Y yo les voy a ir garantizando, con mucha paciencia y con mucha tranquilidad, que vamos en serio, que esto va en la dirección correcta y que para todos es muy positivo que todos los órganos judiciales se unifiquen en la Ciudad de la Justicia.

-¿Qué otras actuaciones se contemplan en la provincia?

-Cádiz es una de las provincias históricamente más abandonadas, porque la Ciudad de la Justicia de Cádiz es uno más de los incumplimientos. La situación del partido judicial de Algeciras es límite, algo que estamos abordando porque ya tenemos el proyecto desarrollado y a principios del año que viene vamos a licitar la construcción de la Ciudad de la Justicia de Algeciras, que es también muy ambicioso con más de 12.000 metros cuadrados, más del doble de la superficie de las sedes judiciales que tiene ahora Algeciras. En colaboración con la Diputación vamos a llevar a cabo la construcción del nuevo juzgado de Puerto Real, vamos a poner en marcha el nuevo juzgado en San Roque en colaboración con el Ayuntamiento, vamos a buscar definitivamente la solución para los juzgados de El Puerto, vamos a trabajar para ampliar el de San Fernando a través de un alquiler para que tenga las condiciones adecuadas. También estamos colaborando con el Ayuntamiento de La Línea, que nos ha cedido el antiguo hospital municipal para que ahí tenga la sede el nuevo complejo judicial. Todos los partidos de Cádiz van a tener alguna actuación, en algunos casos mejoraremos la eficiencia energética, eliminaremos barreras arquitectónicas, los dotaremos de equipamiento en la lucha contra la violencia de género y en otros casos vamos al máximo en la construcción de una nueva sede porque, insisto, la provincia de Cádiz era una provincia abandonada desde el punto de vista de la Justicia y tenemos que corregirlo en el menor tiempo posible.

-¿Cómo puede contribuir la Justicia a la lucha contra el narcotráfico?

-Puede contribuir de una manera decisiva, consiguiendo condenar a aquellos que infringen la ley, que arriesgan la seguridad de todos, que trafican con sustancias que dañan a quienes las consumen. Estamos viendo, desgraciadamente, a personas sufrir por su dependencia de la droga y hay gente que se lucra de esa dependencia. Tenemos que intentar que eso no ocurra. Para ello hace falta que actúen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ojalá que con mejores condiciones que las que tienen en este momento, con mejores dotaciones y más garantías. Y que una vez que actúen, cuando pongan a disposición de la Justicia a aquellas personas que trafican con droga, que la Justicia esté en disposición de, en el menor tiempo posible, poner sanciones ejemplares que hagan que otros se lo piensen antes de dedicarse a esa actividad. Confío y deseo que dentro de muy poco dotemos al sistema de Justicia de toda la provincia de Cádiz de las mejores garantías posibles para luchar de una forma activa contra el narcotráfico.

-¿Debe asumir la Audiencia Nacional las causas de narcotráfico para aliviar la presión de algunos juzgados como el de Barbate?

-Es absolutamente evidente que la Audiencia Nacional tiene una serie de competencias muy claras y muy nítidas que tienen que ver con los delitos que se cometen en España y en otros países, y los de narcotráfico están relacionados con el norte de África y con otros países. Y creo que en un porcentaje muy alto, la Audiencia Nacional tiene que ocuparse de esos asuntos. La Audiencia Nacional estaba sobrecargada por los delitos de terrorismo desgraciadamente durante toda la etapa de ETA y afortunadamente esos asuntos se han reducido de una manera importantísima y ahora tiene que dar un paso muy importante para ocuparse de situaciones que no es justo que le traslademos a juzgados como el de Barbate que no tienen los medios que tiene la Audiencia Nacional para combatir y luchar contra este tipo de delitos. Por eso creo que tiene que haber un papel mucho más claro. Nosotros hemos solicitado, y el Ministerio lo ha acordado, tener una experiencia piloto con un tribunal de instancia en el Campo de Gibraltar y Barbate que permita hacer más eficientes nuestros juzgados, pero necesitamos que además de eso haya una mayor implicación y coordinación con la Audiencia Nacional.

-¿Qué papel está jugando la digitalización en la Justicia?

-La Justicia del siglo XXI ya no es de papel, que se concreta en legajos. La Justicia hoy es la del dato, que se tramita a través de soportes digitales y afortunadamente este paso la hace mucho más democrática, accesible y cercana. En estos momentos estamos desarrollando una serie de medidas, un plan estratégico en el que una parte es la mejora de las sedes física con el plan de infraestructuras judiciales, y otra parte es la mejora de los soportes virtuales en los que tiene que funcionar la Justicia del siglo XXI. Esa es la estrategia de Justicia digital que estamos impulsando, que va permitir tener el expediente judicial electrónico, que es un expediente que ya no tiene soporte en papel, sino que es digital, que va a tener una carpeta judicial a la que van a poder acceder los profesional sin tener que salir de su despacho y desplazarse a los juzgados. También van a poder acceder los ciudadanos, lo que les va a permitir estar mucho más implicados en sus asuntos y en cómo se desarrollan. Vamos a intentar hacer más ágil el trabajo de jueces, fiscales, funcionarios de Justicia o letrados, que ahora muchas veces trabajan en unas condiciones bastante precarias, cargando con unos expedientes muy voluminosos, llenos de polvo. Esa no es la Justicia que queremos para Andalucía a estas alturas.

-Ha abogado por que las empresas hagan uso de la mediación para no saturar los juzgados. ¿Qué garantías ofrece?

-Hemos visto esta misma semana en unas jornadas que ha organizado el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio que la mediación tiene que ser una herramienta alternativa para la resolución de conflictos, que descongestione los juzgados, que permita que un porcentaje muy elevado de asuntos se tramiten y que suponga un ahorro importante de costes para las personas, las empresas y también para la administración. También se da un ahorro enorme de plazos, porque pasamos de resolver asuntos en dos o tres años a hacerlo en dos o tres meses. Eso es vital que lo podamos tener a disposición de los andaluces y lo que requiere es determinación, estudio, compromiso de la administración, las instituciones y la propia sociedad. Lo que vamos a intentar es que sea una realidad. Todas las comunidades autónomas que tienen un mal sistema de mediación, tienen altísimas tasas de litigiosidad. Las que tienen un buen sistema de mediación, han bajado su tasa de litigiosidad y eso es lo que queremos, que Andalucía esté a la cabeza de la mediación y que esté con cifras muy bajas de litigiosidad. Ese es nuestro reto, no lo vamos a conseguir de hoy para mañana, pero nuestra línea estratégica está apoyada en ese proyecto que tiene que acabar por colocar a Andalucía en una mejor situación.

-¿Se está politizando la Justicia?

-Tengo la absoluta certeza de que se está manoseando la Justicia, ya no es un problema de que se politice. Se hace desde el populismo más interesado, no le duelen prendas a ningún miembro del Gobierno en politizar y hacer manifestaciones que perjudican claramente la imagen de la Justicia, poniéndola en el foco para transmitir la sensación de que la Justicia en España es parcial. Cuando oigo a miembros del Gobierno hablar de lawfare, se me cae la cara de vergüenza. Cuando oigo en la tribuna del Congreso señalar con nombres y apellidos a determinados jueces a los que se descalifica e insulta y que desde ningún ámbito se les defienda, se me cae igualmente la cara de vergüenza. Creo que estamos llegando a un punto que la democracia española se está denigrando y está perdiendo mucha calidad y que una de las grandes pérdidas es la división de poderes y el ataque constante y permanente a la Justicia, que no se puede tolerar y que desde luego yo quiero denunciar.

-¿Qué opina de la Ley de Amnistía?

-La Ley de Amnistía es una parte de esa relativización, de ese manoseo de la Justicia. Oye, necesito siete votos para seguir siendo presidente y me da igual pisotear una doctrina absolutamente sólida en relación a la inconstitucional de la amnistía que el propio PSOE defendía antes de las elecciones del 23 de julio. No importa poner en la picota a los jueces y a los fiscales, utilizar al Fiscal General del Estado y superar todos los límites posibles de lo que debe ser la separación de poderes y el respeto a la base democrática del funcionamiento de un país como España. Y ante esa situación, creo que los españoles tenemos que levantar la voz y decir basta, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de aquí, empezar a fijar otros estándares de calidad democrática distintos a los que nos está dando este Gobierno.

-¿Cree entonces que se está atacando la separación de poderes?

-Hay un hecho que lo ejemplifica, tener un ministro que es de Justicia, Relaciones con las Cortes y Presidencia, es decir, los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Esa es una imagen absolutamente evidente de cómo pisotea la división de poderes este Gobierno. Unifica en una persona lo que de facto quiere unificar, que es hacerse con el poder judicial, me hago con el poder legislativo y todo lo someto al interés del ejecutivo o directamente al interés de la figura del presidente. Eso, a día de hoy, es un hecho denunciado por muchas personas, muchas autoridades académicas y judiciales y que cada día es más evidente para cualquiera en este país.

-¿Qué debe suceder para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial?

– Debe suceder que haya un mínimo de garantías por parte del Gobierno de España de que no se va a continuar en esa estrategia de manoseo de la Justicia. Lo que pide el Gobierno es que el PP se someta a lo que quiere el Gobierno, que es nombrar a quien le da la gana. Estamos hablando de un Gobierno que ha nombrado Fiscal General del Estado a la que era ministra de Justicia, que ha nombrado consejero del Tribunal Constitucional al que ha sido ministro de Justicia, también a quien ha sido asesora del presidente del Gobierno en las Cortes. Que ha nombrado después Fiscal General del Estado a la mano derecha de la que antes fue ministra de Justicia. Es decir, hay antecedentes que nos obligan a estar muy pendientes de que lo que ya ha hecho el Gobierno de España con otras instituciones, no lo haga con el Consejo General del Poder Judicial, que es colonizarlo y ponerlo al servicio del interés del presidente. Eso tenemos que evitarlo absolutamente. Tenemos que defender la independencia de la Justicia y defender la idea de que los jueces tienen que elegir a su gobierno, igual que los universitarios eligen a sus rectores. Las universidades dependen de las comunidades autónomas, ¿se imaginan que el presidente de la Junta dijera que ahora va a ser el gobierno andaluz el que elija a los rectores para que sea democrático y lo vamos a someter a la votación en el Parlamento de Andalucía? Habría una crisis sin precedentes. Eso, en algo todavía más sensible que la Universidad que es la Justicia, es lo que está diciendo el presidente del Gobierno y el PSOE y pretende que los demás lo acatemos. Nosotros lo que hemos dicho es que si se garantiza la independencia judicial, habrá acuerdo. Si se pretende colonizar y someter al CGPJ al interés del presidente del Gobierno, vamos a evitar que eso ocurra. Y eso es lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo.

-¿Qué le parece el modelo de financiación singular que ha propuesto el Gobierno para Cataluña? ¿Lo considera un agravio para Andalucía?

-Lo considero la mayor amenaza que tenemos en este momento para el futuro de Andalucía, que afortunadamente es bueno, el mayor ataque después del que se perpetró en el año 2009 con el anterior acuerdo de financiación. Hay que decirle a todos los andaluces que el anterior acuerdo se firmó entre el PSOE de Zapatero y Esquerra Republicana, los mismos que están negociando este. El primer ataque nos ha costado a los andaluces 22.500 millones de euros, una salvajada. Imagínense cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas Ciudades de la Justicia, cuántas carreteras o cuántos puentes se pueden hacer con ese dinero. El segundo que se está negociando ahora, ¿cuánto nos va a costar? Nos tenemos que rebelar, no podemos permitir los andaluces que esto nos vuelva a ocurrir porque ya lo hemos vivido y ya sabemos el atraso que nos ha generado. Yo no quiero volver a la época en la que los andaluces tenían que emigrar a Cataluña porque el dinero se iba allí y se quitaba de aquí. Lo que tenemos que aspirar es a que a Andalucía se le dé lo justo, lo que corresponde, no queremos más de lo que nos corresponde, pero ni un euro menos. Y a partir de ahí, a cada uno lo suyo. Pero evidentemente, cuando en la declaración de la renta se dice que los que tienen más tienen que ayudar a los que tienen menos, no puede ser que las comunidades que tienen más no quieran ayudar a las que tienen menos. Eso no se puede aceptar y desde luego el PP no lo va a aceptar y Juanma Moreno y el gobierno andaluz no lo van a permitir. Y en esa línea vamos a luchar lo que haga falta.

• Fuente: La Voz de Cádiz