El Ayuntamiento de Granada va a recurrir la reclamación de 12,3 millones de euros que le hace la Consejería de Fomento por el Metro por considerarla “improcedente”. Una reclamación que está enviando a todos los municipios andaluces con este transporte y que está generando también una ola de reclamaciones de ayuntamientos de todos los signos políticos. Así lo ha ordenado a su asesoría jurídica el equipo de Gobierno que dirige Marifrán Carazo (PP) según expediente aprobado en la Junta de Gobierno Local del 14 de febrero, que da el visto bueno a la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la Consejera de Fomento de 27 de diciembre de 2024, que aprueba la liquidación de deuda del Ayuntamiento de Granada derivada del convenio para la construcción y puesta en servicio de la Línea Metropolitana del Metro de Granada.

Según el expediente, consultado por este periódico, el pasado 3 de febrero de 2025 se recibió en la Asesoría Jurídica Municipal oficio la Coordinadora de Economía fechado el 31 de enero de 2025 por el que se traslada la Orden de la Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la granadina Rocío Díaz, que aprueba la liquidación de deuda, en periodo voluntario del Ayuntamiento de Granada, derivada del Convenio de Colaboración suscrito con fecha 12 de julio de 2006 entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada para la construcción y puesta en servicio de la Línea Metropolitana del Metro de Granada.

A esa orden de diciembre se acompañaba carta de pago con el importe de la liquidación, que asciende a la cantidad de 12.313.297, 23 euros, lo correspondiente a ocho anualidades, confiriendo plazo de ingreso en periodo voluntario al Ayuntamiento de esa cantidad.

Desde la coordinación general de Economía se remitió junto a dicho oficio dos actas de la comisión mixta de seguimiento del convenio en sesiones del 27 de enero de 2021 y 27 de febrero de 2024, notificadas por la Junta al Ayuntamiento.

La Secretaría General ha acreditado que recibió a través de Registro el 30 de diciembre de 2024 la citada orden de liquidación de deuda yla carta de pago, además de las actas, que recibió unos días antes, el 26 de diciembre.

Para conocer los antecedentes se emitió informe del Director General de Urbanismo el 10 de febrero de 2005 al conocer las “incidencias” del convenio por haber seguido la tramitación y ejecución de los convenios en destinos en los que sirvió con anterioridad al que se cita ya que ocupaba la dirección de obras del área. Un informe que no se reproduce en el expediente. Y asesoría jurídica se ha mostrado conforme con los razonamientos jurídicos que en él se efectúan sobre la “improcedencia de las cantidades reclamadas”.

Esa orden de la consejería agota la vía administrativa y ofrece contra ella recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, el requerimiento a que se refiere la ley. Por tanto, se estima procedente, en un informe que es preceptivo pero no vinculante, la interposición de recurso Contencioso-administrativo contra la citada Orden, sin realizar el requerimiento de anulación, atendido el carácter potestativo con que este se contempla, en estos casos. Dicho recurso tendrá que interponerse en el plazo de dos meses computado desde la notificación de la orden.

“Atendido el importe de la reclamación y el carácter ejecutivo de la misma no debiera descartarse instar también la medida cautelar de suspensión previo informe al respecto que evidencie los perjuicios que su ejecución puede suponer a los intereses tutelados por el Excmo. Ayuntamiento de Granada”, recoge el expediente. Por tanto, se impugnará tanto la orden que aprueba la liquidación de deuda emitida por la Consejería de Fomento como la liquidación que aprueba por la misma de los 12,3 millones. También se faculta a la asesoría jurídica como representante del Ayuntamiento para solicitar en el proceso judicial las medidas cautelares que resulten procedentes.

Una cantidad que no ha pagado ningún ayuntamiento

Preguntado el Ayuntamiento por este periódico sobre este recurso y la liquidación recibida de la Junta, el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ha explicado que se trata de liquidaciones que está enviando Fomento a todos los ayuntamientos porque no había pagado ninguno y ahora llega porque prescribía en base a los convenios firmados. Granada se agarrará a lo que considera “incumplimientos del convenio” para “intentar no pagar”, igual que han justificado otros municipios andaluces que también han recibido la liquidación, como por ejemplo en Sevilla. Así, el recurso plasmará “las diferencias de criterio que tienen ambas administraciones sobre el desarrollo de dicho convenio”.

Fomento hace estas liquidaciones cumpliendo el convenio firmado en 2006 con Granada en concepto de inversión y explotación de la línea del Metropolitano y los porcentajes que debía pagar cada administración. Pero esos incumplimientos de convenio y modificaciones del propio proyecto que relata Saavedra son los que esperan que sirvan para no pagar, por eso el recurso, “para defender los intereses de Granada” y no tener que hacer el abono, por lo que también se pedirá la anulación del mismo. Recuerda Saavedra que en época de Pepe Torres Granada ya pagó el Ayuntamiento 9 millones.

Uno de los ejemplos más destacados es la reclamación de la Junta de 172,6 millones de euros a los cuatro municipios beneficiados por el Metro de Sevilla (Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache). Este dinero se exige a cuenta de la deuda por la explotación de la línea 1 del Metro de Sevilla durante los 15 años que lleva en funcionamiento, es decir, desde 2009 a 2023, ambos incluidos. Se trata de la financiación acordada en concepto de subvención al precio del billete para compensar la diferencia entre la tarifa real (técnica) y la tarifa más reducida que se cobra al usuario. El gobierno local de la capital ya aprobó en enero interponer un recurso contencioso administrativo contra la reclamación, que en su caso asciende a 133 millones de euros.

En el caso de Málaga, donde el Metro tan solo circula por el término municipal de la capital costasoleña, la reclamación que le hace la Junta al Consistorio de Paco de la Torre asciende a cerca de 64 millones de euros. Ya en el Pleno del pasado mes de enero el Ayuntamiento malagueño solicitó la anulación de esa deuda. El acuerdo entre ambas instituciones se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento de Málaga se comprometió por convenio al pago de un 25% de los gastos de explotación y de inversión en las líneas 1 y 2. Ahora, la Junta de Andalucía le pide que se haga cargo de estos pagos, mediante un documento firmado por la consejera de Fomento, Rocío Díaz. En total, la deuda reclamada asciende a 63.787.348,17 euros, de los que 7.791.524,62 euros son en concepto de explotación y 55.995.823,55 euros, en concepto de de inversión de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga.

Las obras del enlace (bypass) del AVE en Almodóvar del Río (Córdoba), para reducir el tiempo de viaje de Sevilla a Málaga y Granada en 20 minutos, pasarán con toda seguridad a la historia ferroviaria de nuestro país por el mayúsculo retraso que acumulan. Se adjudicaron a finales de 2019 a la UTE PAVASAL-SOGEOSA con un plazo de ejecución de 20 meses, pero las obras no comenzaron hasta julio de 2020, con lo que este verano habrá sumado cinco años, un periodo excesivo teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de este proyecto: 1,7 kilómetros de longitud.

El final de las obras se promete definitivamente para “el segundo semestre de 2025”, según ha asegurado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a preguntas de este periódico. Adif recalca que “actualmente, las obras de infraestructura del bypass están prácticamente finalizadas”. El problema es que el estreno del tramo se demorará algo más allá porque aún faltarían las pruebas de seguridad ferroviaria.

Esta reforma enlazará las líneas de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga mediante un ramal directo, evitando el recorrido adicional hasta Córdoba. Cuando este enlace esté operativo, el viaje de Sevilla con Málaga y Granada pasará a realizarse en 1h 35 minutos y 1h 45 minutos, respectivamente.

Las obras cuentan con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020.

Las causas de la demora

Adif explica los retrasos en los “diversos avatares administrativos” que ha tenido que sortear esta obra de plataforma, vía y electrificación que se inició en julio de 2020. En este punto cita “la aprobación de un proyecto modificado para mejorar los sistemas de drenaje” (2023).

La expropiación de suelo rural para este proyecto (144.936 m²) también ha sido superior a la prevista inicialmente, lo que ha supuesto un incremento de 7.080 m² respecto a la previsión de partida.

El presupuesto de ejecución es muy superior al de licitación y ronda ya los 31 millones, la mitad para la inversión en la vía y electrificación, y la otra mitad para las actuaciones de control de mando y señalización.

En febrero de 2023 se modificó el contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de este ramal para sumar otros 500.782 euros que elevaron el importe de esta consultoría a 1,5 millones (con impuestos) y subió el plazo hasta un total de 53 meses. En la justificación se dice que es una modificación derivada de circunstancias que no se pueden prever. Esta actuación se adjudicó a la UTE BYPASS ALMODÓVAR

Inversión y trazado

La construcción de la plataforma del enlace supone una inversión superior a los 14 millones de euros, a los que hay que sumar otros 14 millones destinados a las instalaciones de control de tráfico, señalización y telecomunicaciones. La inversión total asciende a 28 millones.

La ejecución de este ramal ha precisado la modificación del trazado de la línea de ancho ibérico Alcázar de San Juan-Cádiz en una longitud aproximada de 1 km, mediante a una estructura tipo pérgola. Este punto se ha cumplido: el 10 de mayo de 2023 se puso en servicio la rectificación de vía convencional de 1 km en Alcázar de San Juan-Cádiz, necesaria para el ramal de conexión en entronque con LAV Madrid-Sevilla.

El bypass discurre aproximadamente entre el punto kilométrico 364 de la LAV Madrid-Sevilla y el kilómetro 5 de la LAV Córdoba-Málaga, que aprovecha los escapes ya instalados que existen en ambas líneas (en Almodóvar y en La Marota en la provincia de Córdoba). Tiene radio mínimo de 500 m y 28,8 milésimas de pendiente máxima.

La vía del ramal está premontada sobre balasto, a la espera del suministro y montaje de los desvíos que conectarán el bypass con las LAV Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga. Así mismo, los postes de catenaria están ejecutados. Además, se ha llevado a cabo una primera fase del montaje de vía, en la que han quedado ya tendidos todos sus elementos, que posteriormente se batearán y nivelarán.

Las obras de las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones necesarias están en marcha desde abril de 2024.

Una vez vayan avanzando estas obras de control de mando y señalización se irán concluyendo en paralelo las obras pendientes de conexión del bypass con líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga y la instalación de la electrificación. Todo este conjunto de obras se espera que estén concluidas a lo largo del segundo semestre de 2025.

Finalizadas las obras, la puesta en servicio de esta infraestructura deberá ser autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada ha celebrado la futura aprobación del decreto de la Junta de Andalucía por el que se permitirá a los municipios desarrollar viviendas VPO en suelos dotacionales privados. Una medida que puede suponer más de 1.000 nuevas viviendas en una ciudad en la que el terreno para la construcción está ya muy limitado. Esta medida, según han asegurado, ayudará a bajar precios, a que jóvenes puedan acceder a inmuebles y a hacer crecer el censo de la capital.

Este cambio permitirá que espacios que estaban esperando proyectos se puedan reactivar con el nuevo uso para viviendas, una demanda muy solicitada por la capital, que tiene ya casi todo su suelo agotado, y cuyas limitaciones orográficas impiden su expansión. Además, los promotores han recordado que estos suelos son “privados”, por lo que sus dueños pueden darles el uso que estimen oportuno a los mismos. El decreto les abre una posibilidad más.

El gerente de la ACP, Francisco Martínez-Cañavate, ha mostrado su satisfacción por poder dar uso de suelo privado para vivienda protegida, de forma que se ayudará a hacer frente a la creciente demanda de vivienda asequible que hay en la capital nazarí. Unas viviendas que serán a precios más competitivos, un problema que ahora afecta a ciudades como Granada debido al elevado incremento de costes sostenido desde hace ya varios años.

“Se va a abrir una ventana de oportunidad para hacer más vivienda en una ciudad en la que falta vivienda, debido a que tenemos un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) muy antiguo, de 2001, que lo impide. Pero es que incluso con el proyecto del nuevo PGOU que ya se prepara en el Ayuntamiento, Granada está muy escasa de espacio para vivienda, y el hecho de que se posibilite el poder construir donde antes no se podía hacer, en suelos dotacionales que recuerdo son privados, para la ciudad es una excelente noticia”, ha valorado.

Cañavate ha recordado que la vivienda es la principal preocupación de los españoles según el CIS, ha considerado que, frente al endurecimiento de las condiciones en el acceso y las dificultades de los jóvenes para encontrar inmuebles, este decreto es una muy buena noticia que permitirá solucionar en Andalucía una problemática que es generalizada a nivel nacional.

Los dos únicos requisitos que la Junta va a poner a la hora de desarrollar este decreto son que ese suelo dotacional sea de cualquier tipo salvo de uso educativo o sanitario; y que esas nuevas viviendas que se construyan sean en régimen de alquiler. El plan incluye también que los solares o edificios con uso turístico o de oficinas puedan destinarse de manera inmediata a la construcción de VPO.

Como informó Granada Hoy este domingo, la ciudad ya tiene parcelas identificadas, todas de suelo deportivo, con ese uso dotacional privado que se podrán adaptar a ese decreto para hacer VPO en ellas. Serían tres: una parcela conocida como T1, situada dirección Jaén hasta llegar a las cocheras del Metro, y que con el decreto podría solicitar licencia para 690 viviendas; la parcela de la zona Norte donde se proyectó la ciudad deportiva del Granada 92, que podría acoger 370 viviendas; y una explanada junto al edificio Fórum, en la calle La Malahá, que podría albergar 120 viviendas protegidas. Y todo, y aquí está el objetivo del decreto, de forma ágil urbanisticamente hablando.

Para Cañavate, esas posibles 1.000 viviendas nuevas ayudarán a mejorar la situación inmobiliaria que sufre la ciudad, con precios de viviendas cada vez más altos y con poco terreno para desarrollar nuevos inmuebles. “Más vivienda, y además VPO, supone que bajen los precios, lo que redunda en mejorar el acceso a vivienda de los jóvenes, y al final en incrementar el censo de la ciudad, algo muy necesario para Granada”, ha estimado.

“La mejor dotación posible a día de hoy es vivienda pública”

Preguntado sobre la negativa y el rechazo de las asociaciones de vecinos de Parque Lagos y de Parque Tico Medina a la construcción de las viviendas VPO en el solar de la zona Fórum, pidiendo que en ellas se hagan equipamientos deportivos tal y como se contempla en el PGOU, Cañavate ha comentado que será el dueño de estos terrenos el que decida qué hacer con ellos, y que el decreto de la Junta “no obliga a construir vivienda”, sino que “da una nueva posibilidad” a esas parcelas.

“Son terrenos que son dotacionales, que se destinan a servicios o usos para todo el municipio, y parece que la administración se ha dado cuenta de que la mejor dotación, tal y como están las cosas actualmente, es poder hacer vivienda pública en ellos, para dar cabida a tanta gente que necesita un inmueble y que no puede acceder a ellos por los elevados precios. Pero si el dueño encuentra otro uso a ese terreno que considere rentable y que no sean viviendas, lo puede hacer. Cada propietario de suelo tendrá que valorar que hacer, porque para eso son suelos privados. Y cada uno puede decidir qué hacer con ellos”, ha matizado.

La parcela en la que se podrían hacer 120 viviendas en la zona Fórum no ha estado libre de polémica e incluso investigación judicial por su uso. Se trata de una parcela privada ubicada en el Plan Parcial S1, entre la Urbanización Parque Lagos, el Parque Tico Medina y el edificio Fórum de Negocios, en la calle La Malahá. En 2004 el Ayuntamiento la sacó a la venta y la compró la sociedad Comarex Desarrollos por 3,2 millones para hacer una instalación deportiva en 12 meses, como se recogía en el PGOU. Pero revendió el solar un año después a García Arrabal en una operación también dudosa que no autorizó previamente el Ayuntamiento.

El promotor cambió los planes y hasta llegó a firmar convenio con la UGR para construir una residencia para estudiantes universitarios de 160 habitaciones y no un equipamiento deportivo, lo que generó la denuncia ante la Fiscalía del mismo empresario que denunció el caso Nazarí. Finalmente, decayó la operación, la parcela pasó a formar parte de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) y se puso a la venta a través de Aliseda Inmobiliaria, quien confirma que, en diciembre de 2024, fue vendida, según consta en el Catastro, a la sociedad limitada Savija 2000. Mientras, el solar sigue vacío en una zona de expansión ahora más revalorizada aún con la futura Ciudad de la Justicia.

“Se debe buscar un acuerdo para revertir esta situación y rescatar la parcela deportiva para el barrio y para el Distrito Zaidín. Un distrito muy necesitado de espacios para actividades deportivas. Esta era una de sus últimas oportunidades de contar con un gran espacio deportivo”, han asegurado las asociaciones de vecinos, quienes también han demandado que se construya el proyecto del Teatro de Granada en el solar contiguo al cubo de Caixabank, que será destinado a la creación de la Ciudad de la Justicia de Granada.

Las obras de la piscina cubierta de Fuentenueva, en el campus del mismo nombre de la Universidad de Granada, afrontan la fase en la que se da forma al edificio que albergará los vestuarios. También se está colocando la estructura metálica y fabricando los forjados en el taller de este añadido al edificio principal, según informa la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que realiza la reforma de esta infraestructura deportiva a través de la Agencia de Obra Pública.

Desde la Consejería se recuerda que se trata de una piscina de dimensiones olímpicas, con una longitud de 50 metros, que se encuentra cerrada al público desde hace más de una década y en deficiente estado de conservación. La reforma es fruto del acuerdo al que llegaron la Universidad y la Junta tras la revisión del convenio de compensación al que tenía derecho la UGR por las obras del metro en el campus de Fuentenueva.

En un principio se pactó la construcción de un aparcamiento en la zona, infraestructura que la anterior rectora, Pilar Aranda, pidió cambiar por la reforma de la piscina cubierta, un elemento de uso no sólo para la comunidad universitaria.

“En estos momentos se está trabajando en la estructura del edificio que albergará los vestuarios. Se han eliminado las gradas para generar un espacio nuevo multiusos que, relacionado con la planta baja a través de una escalera y ascensor, podrá servir de galería de observación o mirador sobre la piscina, así como zona de gimnasio o sala de calentamiento“, detallan desde la Consejería.

“Precisamente, la Agencia de Obra Pública está colocando en estas últimas semanas la estructura metálica y fabricando los forjados en el taller de este añadido del edificio principal. La maquinaria necesaria se encuentra ubicada en el vaso de la piscina, por lo que en estos momentos no se avanza en esta zona”, apuntan las mismas fuentes.

Lo siguiente

Sobre el próximo paso en el vaso de la piscina éste “será la colocación de las costillas de madera que permitirán la cubrición temporal de la piscina, con un elemento que garantice unos altos niveles de eficiencia energética en invierno y posibilite la mayor apertura de la piscina en verano”.

Se tiene previsto para la cubrición, una estructura permanente de madera laminada encolada, con una cubrición de arquitectura textil desmontable y la dotación de nuevas instalaciones de climatización y depuración, más eficientes, así como un elevador móvil de piscina, nuevos acabados de la playa y dotación de duchas y complementos.

La actuación en la piscina se completará con la reurbanización del entorno, que facilitará la accesibilidad al complejo. Se colocarán nuevos pavimentos de hormigón, vallados, cerrajerías, mobiliario y jardinería.

La obra de la piscina tiene un presupuesto de licitación de 4,6 millones y un plazo de ejecución de trece meses, por lo que se planteó que podría estar operativa para el curso 2025/2026. Las obras comenzaron el pasado verano.

• “Verá la luz” el acuerdo que impulsará el acondicionamiento de la parcela y la cimentación del edificio que albergará la infraestructura científica” en Escúzar

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha encabezado este miércoles su primera sesión de 2025 al frente del consejo rector del consorcio encargado de impulsar el acelerador de partículas Ifmif-Dones, subrayando que este año será “clave” para la edificación de la infraestructura que lo acogerá.

Después de que en 2024 la presidencia rotatoria recayera en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gómez Villamandos ha afirmado que 2025 marcará un punto “clave” en el desarrollo del proyecto. Según ha indicado la Junta en un comunicado, este año “verá la luz el acuerdo marco de diseño y obra que impulsará, entre otros, los contratos para el acondicionamiento de la parcela y la cimentación del edificio que albergará la infraestructura científica” en Escúzar, dentro del área metropolitana de Granada.

“Dicho acuerdo marco deberá pasar aún por Consejo de Ministros para su aprobación y tiene asignado un presupuesto global estimado de unos 300 millones de euros, que serán aportados al 50 por ciento por ambas administraciones comprometidas en el desarrollo del Ifmif-Dones”, han detallado desde la Junta.

El titular andaluz de Universidad ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la puesta en marcha de esta instalación, a la que Andalucía estima aportar hasta el año 2027 una cuantía de 107 millones de euros, procedentes tanto de fondos propios de la Administración andaluza como del marco de financiación Feder Andalucía 2021-2027.

Esa cuantía se verá, además, incrementada hasta los 211 millones de euros hasta el año 2033, importe que también “deberá ser consignado por el Ministerio de Ciencia en el mismo periodo”, ha detallado la Junta este miércoles.

En conjunto, España contempla en ese horizonte de 2033 una dotación global para el acelerador de partículas de 422,50 millones, consignada al 50 por ciento por ambas administraciones. De ese total, 376,72 millones se destinarán a inversiones y 45,79 millones a gastos corrientes o personal.

Gómez Villamandos también ha incidido en que desde la Junta de Andalucía se está analizando que los recursos previstos por la comunidad a través de la financiación comunitaria se puedan canalizar a través del mecanismo STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa), dirigido a apoyar las inversiones en tecnologías críticas con el objetivo de reforzar la soberanía y la competitividad a largo plazo de la industria en la Unión Europea.

“Este instrumento busca potenciar la investigación, el desarrollo y la implementación de tecnologías esenciales para la competitividad y soberanía tecnológica de Europa”, ha explicado para añadir que “esta infraestructura reúne todas las condiciones para ello”.

El consejo rector es el órgano de gobierno y administración del consorcio y le corresponde fijar las directrices y criterios generales de actuación, aprobar los programas de inversión y financiación de la entidad y el plan anual de actuaciones y proyectos, entre otras competencias. También da el visto bueno al anteproyecto de los presupuestos y las cuentas anuales.

En la reunión de trabajo celebrada este miércoles se ha dado luz verde, entre otros puntos, al plan de actuaciones y objetivos de 2025.

El acelerador de partículas, cuya construcción se proyecta en el municipio granadino de Escúzar, tiene como principal misión “probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en las futuras plantas de energía de fusión nuclear”.

Esta instalación constituye una oportunidad para convertir a la comunidad en un referente nacional e internacional del conocimiento y de la investigación, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda de fuentes de energías limpias e ilimitadas.

Asimismo, el despliegue de las sinergias y la transferencia de conocimiento que conllevará permitirá capacitar al tejido empresarial de Granada  y de Andalucía para “aplicar nuevos desarrollos tecnológicos en otras áreas como la física básica, la medicina, la astrofísica o, incluso, la industria”.

Esta instalación científica tendrá un efecto multiplicador tanto para el desarrollo económico de la provincia granadina y de la región como para para su ecosistema empresarial y tecnológico.

La Universidad de Granada hizo un estudio sobre el impacto socioeconómico asociado a su implementación en el que se establecía que Andalucía verá aumentada la producción de bienes y servicios en más de 4.000 millones de euros y la generación de empleos, tanto directos como indirectos e inducidos, en más de mil al año durante todas las fases de la iniciativa y el valor añadido bruto aumentará en 1.800 millones.

Las obras de renovación de los pasos de peatones en el Paseo de la China en la playa de San Cristóbal de Almuñécar ya han comenzado. Esta actuación, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística y financiada por los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en esta importante zona turística.

Las obras contemplan la eliminación de siete pasos de peatones elevados que no cumplían con la normativa vigente, sustituidos por pasos a nivel con rebajes de aceras, reductores de velocidad y pavimento antideslizante y baldosas táctiles para personas con discapacidad visual. Se mantendrán las pendientes actuales para garantizar el correcto drenaje de la calzada.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido hoy el acto de primera piedra de la futura escuela infantil que atenderá a la población de Pueblos de Moclín y que se ubicará en Tiena, una infraestructura que “viene a reconocer el derecho a la educación infantil pública de los hijos de familias de esta zona, contribuyendo con ello a la igualdad de oportunidades respecto a núcleos más poblados, garantizando el acceso a los servicios públicos en pequeños municipios y, al mismo tiempo, avanzando en la conciliación familiar, con especial atención al perfil femenino, y a la lucha contra la despoblación”.

Durante el acto, Fernández, que ha estado acompañado del subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, ha explicado que “esta infraestructura será una realidad gracias a una subvención de 300.000 euros procedentes del Plan de Recuperación”, y que servirá para financiar el 50% de la construcción, cuya inversión asciende a 564.500 euros, “un respaldo económico importante con el que afrontar la construcción, por primera vez en la zona, de una escuela infantil que dará servicio a siete núcleos de población, Moclín, Tiena, Puerto Lope, Olivares, Tózar, Limones y Gumiel”.

“Estamos ante un hito histórico que mejorará la calidad de vida de las familias de estos municipios, ya que sus 41 plazas de 0-3 ofrecerá a las familias la posibilidad de dejar a los pequeños en una escuela cerca a sus hogares, evitando los desplazamientos a los que diariamente se ven obligados hasta Pinos Puente e Íllora”, ha insistido el delegado del Gobierno, que ha hecho hincapié en que “éste es un ejemplo más de cómo el Plan de Recuperación está transformando cada rincón de nuestra tierra, respondiendo a lo que demanda la ciudadanía a las políticas públicas útiles”.

Lucha conta la despoblación

De hecho, Fernández ha aprovechado para felicitar al alcalde de Moclín, Marco Antonio Pérez, por su “visión personal de la importancia de la política municipal, de la necesidad de responder con cercanía a sus vecinos y de entender las necesidades de cada barrio, de cada calle, de cada familia”, pues “ha sabido aprovechar el Plan de Recuperación para ampliar los servicios públicos de su entorno, donde en los últimos 10 años, ha sido testigo de la despoblación”. “La despoblación no se frena con discursos, sino con hechos, con infraestructuras y servicios públicos, como la futura escuela infantil”, ha puntualizado.

En esta línea, ha indicado que Pueblos de Moclín “tiene que servir como guía de cómo gestionar de forma ágil las múltiples líneas de ayudas contempladas en el Plan de Recuperación y testimonio de todo lo que se podría haber hecho y de todos los avances y beneficios de los que se habrían podido beneficiar los andaluces con los 123 millones de euros destinados por el Gobierno a la Junta de Andalucía para la creación de 12.000 plazas públicas y gratuitas de escuelas infantiles, de los cuales devolvió 112 millones”.

Con la llegada de la autovía a la Costa, la Nacional 323 se convirtió en una carretera secundaria muy demandada por los amantes de la naturaleza que prefieren hacer uso de ella cuando no se tiene prisa, se va de paso a alguno de los pueblos cercanos, o simplemente se quiere hacer un alto en el camino y disfrutar del trazado del río Guadalfeo. La administración andaluza se propuso hace un tiempo recuperar el cauce del río con una gran senda fluvial de algo más de 44 kilómetros para dotar a esta zona de la provincia de un nuevo reclamo turístico ligado con el deporte y la naturaleza; sin embargo, el ritmo y planificación previstos se están viendo muy condicionados por la evolución de la ejecución de las Conducciones de Rules y las obras del espigón en Playa Granada.

Los trabajos avanzan, aunque no al ritmo esperado. Los vecinos que aprovechan para dar un paseo por la zona ubicada entre la presa de Rules y el Azud de Vélez de Benaudalla ya han podido comprobar y utilizar alguno de los puentes de metal que hay dispuestos a lo largo del camino. Las máquinas trabajan a destajo para seguir abriendo camino a lo largo de la senda y despejando otras zonas de matorral. El principal problema que se han encontrado es que una parte de las obras del tramo 9 de las canalizaciones de Rules discurren por el mismo lugar por el que va la senda, lo que ha retrasado algunos trabajos.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha visitado el proyecto que se va a acometer en el camino de El Colorao junto con el teniente de alcalde de Agricultura, Antonio Escámez, y el concejal encargado del área municipal de Parques y Jardines, Daniel Ortega. Esta obra se realiza gracias a la financiación del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2024 por el cual se va a proceder a la mejora del firme y la pavimentación de este tramo rural. La pendiente del camino y la falta de cuneta en alguno de los tramos provoca que cuando llueve se forman socavones, surgiendo la necesidad continua de labores de mantenimiento para reponer el firme a unas condiciones óptimas para el tránsito de vehículos.

El camino de El Colorao se trata de uno de los tramos históricos de motril, pegando a la zona norte del municipio, y cuyo estado hacía necesario actuar ya que se trata de un camino que da acceso a un gran número de explotaciones agrarias de subtropicales y viviendas. El principal problema reside en las aguas de lluvia, por lo que la primera actuación será la canalización todas las aguas mediante la creación de cunetas y cruces de caminos para, a continuación, mejorar la base y expandir una capa asfáltica que dejará el camino en perfecto estado de uso para la vida de vecinos y trabajadores.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha expresado como “tenemos muy claro que Motril es eminentemente agrícola y el Ayuntamiento tiene que velar por seguir mejorando las infraestructuras agrícolas”, dentro de un proyecto del PFEA por el cual “se van a asfaltar hasta 4 caminos rurales en los próximos meses que cuentan, no solo con una inversión muy importante, sino con una gran superficie sobre la que se va a actuar que beneficiará tanto el acceso a explotaciones como a invernaderos y viviendas”, dentro de un compromiso en el que “este equipo de Gobierno tiene claro que hay que mimar a nuestros agricultores por su gran labor por la ciudad”.

“Somos conscientes de la gran importancia que radica en las inversiones que se realizan gracias a los fondos del PFEA donde, en el actual ejercicio, una parte va para proyectos en Motril y sus anejos, pero una porción muy importante está dedicada a la mejora y acondicionamiento de estos caminos rurales ya que es muy importante seguir apostando y beneficiando a nuestra agricultura y que mejor forma de hacerlo que facilitarles el acceso a sus fincas para que así puedan desarrollar sus funciones en las mejores condiciones posibles, lo que refleja el compromiso del Ayuntamiento de Motril y de áreas como Agricultura o Parques y Jardines con este tipo de mejoras con los vecinos” ha aseverado la primera edil motrileña.

Por otro lado, el teniente de alcalde de Agricultura, Antonio Escámez, ha destacado la importancia de acometer un arreglo en este tramo ya que “el compromiso del Ayuntamiento era que el camino de El Colorao necesitaba asfaltarse porque los vecinos nos habían expresado sus problemas de acceso, especialmente cuando llovía, por lo que era de imperiosa necesidad actuar”, por lo que hay que “agradecer a todos los implicados en que esta tarea se esté realizando y en las próximas semanas podamos tener un camino cuyo acceso sea el que todos los agricultores y vecinos de la zona se merecen”, demostrando una vez más como “este equipo de Gobierno cumple con sus vecinos y con los compromisos que adquiere y que mejor forma que hacerlo que gracias a la financiación del PFEA, que llega a todos los puntos de Motril, de nuestros caminos rurales y los anejos”.

Con la actuación en el camino de El Colorao continúa la labor de desarrollo de los proyectos del PFEA diseñados para el 2024 con un presupuesto total de 1.461.432,74 euros para acometer mejoras en diversos caminos rurales y espacios, tanto de Motril como de sus anejos de cara a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.

El Ayuntamiento de Armilla ha remitido una carta a la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, en la que solicita al gobierno autonómico a que abra el carril ciclopeatonal que une la zona del PTS y el entorno del Centro Comercial Nevada. De esta forma, según el consistorio metropolitano, se podría garantizar la seguridad de peatones y ciclistas que cruzan de un lado a otro de ambas zonas poniendo en riesgo su integridad física, mientras se resuelve la situación jurídica del vial, cuyas obras llevan en suspenso más de medio año.

Además, el Consistorio ha solicitado que esta apertura se haga “garantizando las condiciones de seguridad vial necesarias”, para lo que la administración local ha asegurado que está dispuesto a colaborar con la empresa constructora responsable, “con el fin de implementar las medidas de seguridad pertinentes y evitar cualquier riesgo para los usuarios”.