Ceacop apremia a la Junta a utilizar el FLA para pagar lo que debe a sus proveedores
Ceacop
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) apremia a la Junta de Andalucía a que destine la inyección económica del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a pagar la deuda que mantiene con las empresas de obra pública y cumplir así los compromisos de pago firmados con sus proveedores.
En una nota, el presidente de la patronal de obra pública, Enrique Figueroa, subraya que “ya no caben más plazos, la situación es límite”, toda vez que “en estos años han desaparecido 25.000 empresas y se ha destruido más empleo del que en estos momentos hay”.
¿A qué espera la Junta para pagar a las empresas lo que les debe? Porque las obras están finalizadas, con aprobación técnica y hasta en servicio, pero no pagadas”, se ha preguntado Figueroa.
Los constructores apuntan que “el primer paso que debe dar el Gobierno autonómico es reconocer esta deuda”.
Figueroa señala que “la Administración andaluza debe hacer un reconocimiento expreso de su deuda para consignarlo en el presupuesto, es una condición necesaria para atender las facturas reclamadas, si no es así, a ojos de la Junta esta deuda no existe”.
“Ya nos pasó con el plan de pagos a proveedores del Gobierno central; una oportunidad perdida para toda la obra pública, que la Junta dejó escapar por no reconocer sus deudas. Ahora no podemos dejar que vuelva a pasar porque, al igual que antes, está en peligro la supervivencia de muchos trabajadores y empresas andaluzas”, asevera.
El presidente de Ceacop añade que “el Ejecutivo autonómico está jugando con la seguridad jurídica y la credibilidad de la región. En el primer trimestre de 2013 entra en vigor la directiva europea en materia de morosidad que penaliza a las autonomías que excedan el plazo de 30 días para el pago a sus proveedores y hoy por hoy la Junta lo sobrepasa con creces, y entonces qué pasará”.
Agrega que la obra pública “es de los sectores más castigados por la caída de las inversiones públicas y las restricciones presupuestarias, y está a la cabeza en lo que a destrucción de empleo se refiere”, tras lo que apunta que en los últimos cuatro años, la inversión en infraestructuras se ha recortado un 77 por ciento.