Competencia pone en el punto de mira los contratos “a dedo” de obra pública de Tragsa y su plan para rebañar más

• La CNMC pide reforzar la motivación de los encargos a la compañía para garantizar la competencia y evitar el uso sistemático de encargos en casos de urgencia o ante el fracaso de licitaciones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere que haya un mayor control sobre los contratos que las administraciones adjudican de forma directa y sin acudir a procesos de licitación abiertos a otros competidores a las compañías públicas Tragsa y Tragsatec, que componen el Grupo Tragsa. Además, tampoco es partidaria de que las empresas puedan hacerse con más contratos de obra pública de forma directa.

Competencia, en su análisis del proyecto de Real decreto que desarrolla el régimen jurídico del grupo, asegura que aunque estos encargos pueden estar justificados por motivos de interés general, como agilidad o flexibilidad, “su uso inadecuado puede afectar a la competencia (reducción del mercado, fortalecimiento de la posición de operadores) y reducir la eficiencia en la gestión de fondos públicos”. Por ello, “al formular encargos es necesario reforzar el deber de motivación de los poderes públicos, que han de valorar el impacto de su actuación y elegir la forma de aprovisionamiento más beneficiosa desde la óptica del interés general”, añade.

Como informó LA RAZÓN en su edición del pasado 25 de noviembre, uno de los objetivos de Tragsa, que tiene reconocida la condición de medio propio, por lo que es contratada de forma directa por entidades públicas para realizar trabajos que se consideran urgentes o para los que no se quiere recurrir a un procedimiento de contratación competitivo al uso; es que se considere incurso en urgencia todo contrato que quede desierto o del que se haya incoado un procedimiento de resolución por casos no imputables a la administración. Este movimiento permitiría adjudicar a Tragsa más contratos de forma directa. Sobre este punto, la CNMC apuna a la necesidad de “evitar el uso sistemático de encargos en casos de urgencia o ante el fracaso de licitaciones”. En lugar de ello, propone “explorar alternativas como nuevos procesos de contratación con ajustes en su diseño o tramitación acelerada”.

Competencia también sugiere ajustarse a la literalidad de la ley de contratos en cuanto a las finalidades y funciones recogidas en el objeto social del Grupo Tragsa y respecto de los encargos vinculados a situaciones de emergencia. También pide ajustar los precios a los valores de mercado para evitar cualquier ventaja económica que pueda considerarse ayuda pública; una mayor transparencia, publicando rápidamente la formalización de los encargos y documentos relacionados, como memorias justificativas; y limitar la contratación con terceros a casos excepcionales, debidamente justificados y publicados.

Tribunal de Cuentas

Sobre estos últimos puntos, en el informe sobre la fiscalización de la actividad de Tragsa de los años 2021 y 2022 del Tribunal de Cuentas ya se destaca algunas deficiencias. Así, el organismo llama la atención sobre que Tragsa, originariamente creada para la consecución de los objetivos de reforma y desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza, “ha visto extendida su actividad a ámbitos distintos de los mencionados que exceden el contenido de su objeto social”.

El documento también asegura que en la ejecución de los encargos de emergencia ha observado “debilidades y/o deficiencias como la ausencia de actas de recepción, de formalización de los excesos y/o modificados y de relaciones valoradas o facturas”. Asimismo, ha encontrado “ampliaciones no justificadas en una necesidad de actuar de manera inmediata”. “Tragsa asume encargos por supuestos de urgencia y emergencia, sin dejar constancia en los expedientes de las circunstancias que fundamentan la urgencia o emergencia”, resume.

También asegura que no se observa control alguno sobre contrataciones a terceros.

Denuncias

El uso de medios propios por parte de las administraciones, práctica de la que Tragsa es punta de lanza, está en el punto de mira de la CNC desde hace tiempo. La organización ha denunciado en los últimos meses el, a su juicio, injustificado incremento del uso de este recurso en los últimos años. La CNC ha asegurado que, según el informe “La publicidad de los encargos a medios propios”, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda; de 2021 a 2022, el uso de medios propios por parte de las administraciones para ejecutar contratos públicos creció un 77%. El importe, además, se incrementó casi un 350%, hasta los 2.631 millones de euros.

Para la patronal, el abuso de estos medios supone una anomalía para la competencia empresarial. Por ello, la CEOE ha promovido una gestión directa ante la Comisión Europea para denunciar la, a su juicio, “mala praxis y abuso de los encargos a medios propios” por las administraciones públicas españolas.