Diario de Sevilla

• Asica y Ceacop afirman que sigue primando el criterio económico sobre el de la calidad.
• Se quejan de un exceso de requisitos sociales y medioambientales que no tienen relación alguna con los proyectos

Se supone que la relación entre la Administración y sus proveedores cambió el 9 de marzo, cuando entró en vigor la nueva ley de contratos públicos, nacida con dos años de retraso de tres directivas de la UE. En esencia, la filosofía europea, asumida por España, es la de cambiar una práctica que estaba generando muchos problemas: la contratación de obras y servicios primando el precio por encima de la calidad de la oferta. La normativa española, calificada por el propio sector como “una buena ley” y que salió adelante por consenso en el Congreso, introdujo un punto de esperanza entre muchos empresarios.

LA SEMANA PREVIA AL 9 DE MARZO SE LICITARON 229 PROYECTOS, ALGO ANORMAL, AL NO HABER PLIEGOS ADAPTADOS A LA LEY

Pues bien, después más de siete meses de vida, constructores e ingenieros denuncian muchas deficiencias en la aplicación de la ley y algunos incumplimientos. La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) criticaron, sobre todo, que la práctica habitual de las administraciones siga siendo la contratación por precio. “Optan por subastas encubiertas”, señala Ana Chocano, presidenta de Ceacop, y eso “obliga a las empresas a grandes bajas (descuentos) si quieren ser elegidas”. Las dos asociaciones piden establecer un mínimo por debajo del cual sea imposible ofertar

A eso se le suma, denuncian, que aprovechen un resquicio legal para exigir requisitos medioambientales o sociales que “no tienen que ver con el objeto del proyecto” y que implican un coste adicional para las empresas, un problema que se suma a la necesidad de presentar la oferta más barata. Ponen ejemplos: se exigen planes de igualdad que las propias ofertantes no tienen; se pide que el 40% de los técnicos de una obra sean mujeres y también el 40% de las horas de trabajo (“¿Cómo medimos eso? Son exigencias absurdas e irrealizables); un ayuntamiento pidió que cinco contratados de su municipio fueran menores de 25 años. Resulta que no había perfiles en el pueblo de esa edad adecuados para la obra y la empresa tuvo que hacerlo constatar con notario en el Servicio Andaluz de Empleo para luego no tener problemas. La Agencia de Puertos de Andalucía exigió en una ocasión que una jefe de obra fuera mujer. “Si una empresa no tiene ese perfil, tiene que buscarlo fuera, con el coste adicional que eso supone”, afirma Ignacio Sánchez de Mora, presidente de Asica. En medio ambiente, da puntos en muchas ocasiones adquirir un coche eléctrico, aunque no tenga que ver con el contrato en sí.

EL 90% DE LAS ADMINISTRACIONES TODAVÍA NO HACE LA TRAMITACIÓN DE FORMA DIGITAL, A PESAR DE QUE ASÍ LO EXIGE LA LEY

Ello se produce en un contexto en el que sigue primando el criterio economicista, pese a que la ley va en sentido contrario. Además, el 90% de los contratantes “no publica su planificación anual”, algo que exige la ley para permitir a las empresas disponer de una visión global de cómo está el mercado. También una abrumadora mayoría incumple la exigencia de la tramitación digital, especialmente los ayuntamientos, que alegan que “no tienen los medios a los que obliga la ley”. Tanto Ceacop como Asica se quejan de que, cuando es al revés, las empresas se ven obligadas a adaptarse. En lo que se refiere a los trabajos intelectuales -como las redacciones de proyecto- Asica sigue detectando la competencia desleal de las agencias públicas, que “deben someterse íntegramente a la ley de contratos del sector público” y dejar de subcontratar el 100% de los trabajos a terceros.

Lo cierto es que estas deficiencias vienen del propio nacimiento de la ley, tal y como recuerda Chocano. La previsión fue tan escasa que, ante la ausencia de pliegos adaptados a la nueva ley, entre el 1 y el 8 de marzo, la semana previa a su aplicación, se licitaron nada menos que 229 contratos, cuando la media es de entre 25 y 40. Ese “colapso” provocó que las empresas tuvieran limitada su capacidad de respuesta, pues se venían obligadas a elegir a que ofertas podían presentarse.

Asica y Ceacop se ofrecen a colaborar con las administraciones para solucionar estas deficiencias: “la ley necesita aún más tiempo para que todos aprendamos, y si este camino lo emprendemos conjuntamente será más productivo”, se señala desde las dos organizaciones