Una chinita en el zapato en toda regla. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, tiene ‘secuestrada’ la obra que quiere ejecutar la Junta de Andalucía para realizar una conexión definitiva, estable, fiable y más económica energéticamente entre la presa de La Colada y la de Sierra Boyera, de El Viso a Belmez. La CHG tiene hasta 18 meses para dar la autorización para que la Diputación, asistida por la Junta, pueda iniciar la obra.

Es una demanda que lleva meses en el alero para evitar que los municipios del Guadiato y Los Pedroches puedan verse de nuevo en una situación de desabastecimiento de agua potable directa en sus grifos como sucedió durante 13 meses. La obra está incluso adjudicada a Jicar por más de 9 millones de euros. Sin embargo, la CHG y alcaldes socialistas, como ahora en El Viso, han llegado a asegurar o a plantear alegaciones para que no se ejecuta esta conexión que antes veían prioritaria y ahora consideran que no es necesaria. Justo cuando el Gobierno andaluz se ha decidido a cerrar esta herida.

Es el penúltimo agravio en el camino. El Gobierno de España no autoriza aún el enlace del parque empresarial de La Rinconada (anexa a la Base Logística del Ejército) y del complejo militar con la autovía A-4 y se da la circunstancia de que ambos están planificados urbanísticamente como un conjunto. Además, Transportes vinculó el visto bueno al proyecto de urbanización del parque empresarial para la instalación de negocios a darle luz verde a la conexión con la citada autovía.

El enlace con la A-4 empezó su tramitación hace 14 meses. Este polígono, que será promovido por Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía y propietarios privados, tendrá 110 hectáreas. De esa enorme superficie, 581.420 metros cuadrados los ocuparán los negocios que se implanten en él. Los promotores tendrán que invertir 56,5 millones para habilitarlo. El Gobierno sigue frenando su impulso.

Otro proyecto bloqueado. El Ministerio de Cultura se comprometió a iniciar la obra de rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba, el segundo más importante de España en esta materia, en 2024. Sin embargo, la ejecución de esta importante reforma, en el mes de febrero de este 2025, sigue siquiera sin licitación para abordar el camino que debe duplicar las zonas de exposición museística.

El retraso es significativo. De hecho, el proyecto para esta actuación ya se dilató durante dos años. El estudio de Arquitectura que se ocupa del mismo entregó su boceto, con una avance incluido en 2023, hace meses. Además, la Junta intenta conocer sin éxito desde verano los detalles del proyecto que se topa con la falta de presupuesto para su ejecución. La cartera de Urtasun llegó a comprometerse con la Junta a una reunión en enero en Córdoba para desbloquear el proyecto, pero tampoco se ha producido.

La N-432 se ha cobrado la vida de dos personas, una en Villaharta y otra en Luque, en las dos primeras semanas de 2025. Acumula otros nueve muertos más en 2021, 2022 y 2023 para sumar 11 fallecidos en sólo tres años. Además, la carretera, una de las más negras de la provincia de Córdoba, acumula 155 heridos y más de un centenar de accidentes en estos tres años.

Pese a los cortes de carretera y las protestas de las plataformas civiles, el Gobierno de España sigue sin dar un solo paso explícito para impulsar su conversión en autovía. El anteproyecto del tramo Badajoz-Espiel lleva más de dos años paralizado y sin dar respuesta a las alegaciones de Diputación y ayuntamientos. El tramo Espiel-Córdoba, según la subdelegada, tiene una partida de 1,6 millones para impulsar de nuevo el anteproyecto, pero de momento sigue sin licitarse tras más de un década sin novedades. Del tramo Córdoba-Pinos Puente, el Ejecutivo ni habla de él.

Pedro Sánchez ha prometido más de dos millones de metros cuadrados para ejecutar viviendas a precios asequibles en toda España. El Gobierno municipal de Córdoba solo tiene previsto ejecutar medio millón de metros cuadrados de VPO en los suelos de Poniente. Más allá de esta comparativa que deja en evidencia que el plan nacional tiene menos enjundia de la que se propaga, el Gobierno tiene paralizado también otro proyecto de viviendas sociales en Córdoba.

El Ejecutivo central sigue sin dar impulso a la urbanización de los terrenos de la antigua prisión de Fátima en la capital. Estos suelos llevan 25 años sin uso, desde que salió el último preso a la cárcel de Alcolea en 2000. En febrero de 2024, la subdelegada en Córdoba llegó a asegurar que las obras comenzarían ese mes. Un año después no hay nada de nada. De hecho, aquella adjudicación de obra para urbanizar se anuló para iniciar otro concurso. Éste no se ha puesto aún ni en licitación, a pesar de que el Gobierno, en una respuesta en el Senado, se comprometió incluso a tener la obra acabada en doce meses, es decir, en septiembre de 2025. Parece imposible a estas alturas.

Más allá de una reunión entre responsables de segundo nivel de Transportes de Madrid y de Fomento en Andalucía y las promesas del primero de mover ficha definitivamente ante las reiteradas peticiones del Gobierno andaluz para su desbloqueo, el Gobierno central no ha hecho nada aún. Y eso que hasta la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, pidió personalmente en verano al ministro Óscar Puente que desbloqueara este proyecto por su importancia para el desarrollo de la capital.

La segunda fase de la Variante Oeste es una vía de apenas 2,5 kilómetros que es fundamental para la logística en Córdoba. Supone enlazar la autovía A-4 con la carretera de Palma del Río, lo que supone darle salida por carretera a los contenedores que lleguen a la central de Mercancías de El Higuerón, pero también dar soporte a grandes empresas como Cunext o Hitachi, entre otros. Además de mejorar la comunicación con el aeropuerto de la ciudad. El Gobierno, tras aquella cita con la Junta, se comprometió a impulsar un nuevo convenio en el que ambas instituciones se hiciesen cargo de financiar esta vía que acabara siendo de titularidad autonómica. La Junta realizará los enlaces, pero el Gobierno sigue sin sellar el convenio para licitar esta obra.

El Norte de Córdoba es el gran olvidado del Gobierno de España. El fracaso de la conexión de Sierra de Boyera con Puente Nuevo o finalizar el enlace con La Colada sólo es un ejemplo. El agua tiene otro problema añadido. El Guadiato y Los Pedroches sobreviven sin la potencia eléctrica suficiente para que grandes empresas y grandes proyectos, interesados en asentarse allí, puedan apostar por invertir.

El motivo es que Red Eléctrica, la responsable de la Administración central, se niega a acometer las infraestructuras que le demandan los ayuntamientos, la Diputación y la Junta. La primera pasa por una repotenciación de la línea actual, para mejorar las opciones actuales. Sin embargo, la solución definitiva es la construcción de una nueva línea de alta capacidad. Los planes de Red Eléctrica lo descartaron en el plan de nuevas redes hasta 2025. El Gobierno se comprometió a estudiarlo para el plan que se abrió este año hasta 2027. De momento, lo ha metido de nuevo en un cajón.

La capital, con gran desarrollo de su capacidad ferroviaria en alta velocidad, necesita importantes mejoras a nivel de conexiones de Cercanías (o Proximidad) y de las infraestructuras para su uso. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue frenando su desarrollo.

El ejemplo más evidente es la persistente negativa a acometer una parada del tren Proximidad, que circula entre Palma del Río y Villa del Río, en el Centro de Ferias de Córdoba, a pesar de que la vía linda con el mismo. No parece una gran inversión y sí una gran mejora para los eventos que se celebren allí. Además, Adif también anuló recientemente el proyecto para la parada de Fátima. A la vez reactivó el nuevo boceto de la parada, pero tampoco se ha culminado. A todo ello, se une la lentitud histórica, ahora está en redacción, del proyecto para salvar la vía del tren con un paso elevado en Villarrubia.