Un llamativo olvido ha obligado a paralizar y reiniciar la licitación de la redacción del proyecto del futuro parking subterráneo diseñado en el subsuelo de las antiguas Bodegas Víbora de Lucena. Una incidencia que, al menos, supondrá un retraso de aproximadamente un año en la construcción de una infraestructura pública demandada, por la crónica escasez de estacionamientos de vehículos, desde hace años.

Antes de impulsar el procedimiento administrativo público, el Ayuntamiento de Lucena encargó un anteproyecto al estudio Roldán Arquitectos con la finalidad de comprobar y acreditar la viabilidad de la intervención debajo de un edificio del siglo XIX, ubicado en la avenida del Parque.

En el expediente posterior, el Ayuntamiento obvió este “documento preparatorio” y las comunicaciones técnicas de la licitación incurrían en nulidad puesto que “los potenciales” concurrentes quedaban privados de una información básica. Al término del plazo, únicamente había presentado propuesta la misma empresa que redactó el diseño previo encargado por el Ayuntamiento.

Durante la última sesión plenaria, José Pedro Moreno Víbora, concejal del equipo de gobierno responsable de la Empresa Pública Aparcamientos de Lucena, admitía el “error” que abocaba a un “desistimiento” del procedimiento validado en junio por el Consistorio. El edil socialista mantiene que “no vamos a cambiar nada”, con la salvedad de que el compromiso de gasto plurianual se retrasa, de forma concatenada, un año. En el mismo sentido, abundaba en que “lo último que se pagan son las certificaciones de las obras ya ejecutadas”.

Por lo tanto, con la modificación forzosa -apoyada, con los votos a favor, de todos los grupos-, las partidas presupuestarias atañen a los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Al principio, el equipo de gobierno pretendía culminar las obras en 2023, un objetivo que se antoja ciertamente inviable.

La nueva planificación, relativa al coste únicamente del proyecto técnico, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, distribuye en cuatro ejercicios un desembolso de 360.000 euros. El presupuesto global ascenderá a unos tres millones y este equipamiento, con 200 plazas, configurará una infraestructura de tres plantas.

El Partido Popular le ha reprochado al consejero delegado de EPEL que haya obviado informar al órgano de administración de la cancelación y la reanudación de los diferentes trámites y de sus causas directas.

Igualmente, el edil del PP, Aurelio Fernández, también ha incidido en que, ahora, “no aparece reflejado” la finalidad de cada partida, una carencia que impide que “lo podamos comparar”. Por último, también advierten sobre un aumento económico de 20.000 euros.