El plan de 11.000 millones incluye más de 6.000 en ayudas directas
Expansión
- decreto-ley/ “Más de la mitad” serán ayudas directas, lo que supera lo que se había barajado y juega en contra de la cuantía que se destinará al fondo para pymes y a la reestructuración de créditos.
El plan de ayudas de 11.000 millones que el Gobierno va a aprobar mañana incluirá más de 6.000 millones en ayudas directas. Fuentes gubernamentales trasladan que “más de la mitad” del paquete serán ayudas directas. Este montante supera los menos de 2.000 millones y los 5.000 millones que se habían barajado y se sitúa cerca de los 8.000 que exige Podemos, pero juega en contra de la cuantía que se destinará a las otras dos patas del plan: un fondo para pymes y una reestructuración de los préstamos avalados por el ICO, lo que algunas fuentes empresariales y jurídicas lamentan.
El plan, que aprobará el Consejo de Ministros el viernes en una reunión extraordinaria, pivotará sobre tres ejes o fondos: ayudas directas, reestructuraciones de deuda vinculada a créditos del ICO en colaboración con la banca, y un soporte a la solvencia de empresas medianas y pequeñas, con potenciales recapitalizaciones, al estilo del fondo de 10.000 millones de euros de rescate de la SEPI puesto en marcha para compañías grandes y estratégicas.
El Gobierno diseñó que las ayudas directas las otorgarían la comunidades autónomas, ya que consideraba que son las mejor situadas para ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que toman de restricción de actividad. Esta fórmula ha provocado el rechazo de Podemos y de algunos sectores del PSOE y desde el Gobierno se apunta a que fue la causa del retraso en la aprobación del plan, previsto para el pasado martes. Preguntada por si el papel de las comunidades se mantenía, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, aseguró el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se está trabajando en “el modelo de gobernanza que mantenemos con el conjunto de Administraciones”.
Esa misma mañana, Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, señalaba: “Nos gustaría que una parte fundamental de ayudas directas puedan estar claramente relacionados con nuestra capacidad de gestión”.
La intención es que las ayudas directas podrían compensar una parte de los costes fijos de las empresas como alquileres o suministros y a reducir deuda. En este sentido, Montero ha señalado a la reducción de deuda y al pago a proveedores, un mecanismo que se debe definir técnicamente. La ministra de Hacienda apuntó a complejidades técnicas y a consultas.
El Gobierno ya transfirió a las regiones 16.000 millones de euros con el fondo Covid-19 y les ha destinado 8.000 millones del fondo europeo React-UE, del que las comunidades han decidido destinar 2.000 millones a ayudas para empresas y autónomos.
El núcleo duro económico del Gobierno cerró filas el martes y negó que el retraso en la aprobación del plan obedeciera a las presiones de Podemos, que planteaba una catarata de exigencias, entre ellas, que las ayudas directas fueran al menos de 8.000 millones. Montero y Calviño aseguraron que la dilación obedecía a “cuestiones técnicas”, “muy complejas, que no se resuelven en un tuit o en una nota”, y que no se trata de “una subasta”.
Este músculo se siguió mostrando ayer, cuando se supo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con las vicepresidentas Carmen Calvo y Calviño, y con Montero, tras el Consejo de Ministros para cerrar los detalles del plan, aunque fuentes gubernamentales aseguran que las cifras están cerradas.
Sin embargo, las cifras se están moviendo en los últimos días y desde el Gobierno se plantean asumir otras de las exigencias de Podemos: que las ayudas se otorguen a empresas que acrediten una caída de la facturación del 30%-40% o incluso que se exijan compromisos de mantenimiento de empleo, requisito que el fondo de la SEPI no prevé.
El fondo para pymes que se proyecta articular a partir de Cofides es una fórmula que a José Carlos Cuevas, socio de EY Abogados, le parece muy acertada y lamenta que la cuantía que se le vaya a destinar se reduzca en favor de las ayudas directas, que considera menos beneficiosas para la supervivencia de las empresas en el medio y largo plazo. Cuevas espera que sea más ágil que el de la SEPI y que no se destine a empresas que sean muertos vivientes anteriores a la pandemia, como ha ocurrido en algunos casos.
El socio de EY considera que el otro eje, la reestructuración de los créditos avalados por el ICO, que no quitas, es una necesidad que no se puede orillar y que sitúa también por encima de las ayudas directas.
El Consejo extraordinario se celebrará mañana con el fin de aprobar in extremis la prórroga de la moratoria concursal, que vence el 14 de marzo, y que Economía confirma que se ampliará hasta 31 de diciembre. Los expertos consultados critican que se vuelva a llevar el problema hacia adelante en una moratoria que durará casi dos años y no se aprueben medidas concursales como las que tiene listas Justicia y la propia Calviño anunció en noviembre