Las principales compañías del sector de infraestructuras y concesiones en España han coincidido en la urgencia de modificar el marco regulatorio para afrontar las crecientes necesidades de inversión, especialmente en ámbitos como el agua, el transporte o la transición energética. El diagnóstico compartido en el III Foro Infraestructuras organizado por elEconomista.es apunta a un entorno normativo que no responde ni a la escala de los desafíos ni a la capacidad del sector privado para participar en su resolución.

El volumen de proyectos previstos, que supera los 150.000 millones de euros en infraestructuras planificadas y otros 130.000 millones en modernización y adecuación normativa, exige un modelo capaz de movilizar recursos con eficacia. “El mayor problema de este país es el agua”, destacó José A. Madrazo, director de España y Portugal de FCC Construcción. Junto a las necesidades de depuración y suministro, se suman retos ligados a la defensa de riberas, la política climática o la reutilización industrial.

Desde el ámbito jurídico y financiero se destacó el desfase entre los retos técnicos y el marco normativo vigente. Irene Fernández, socia de Público y Sectores Regulados en Gómez Acebo & Pombo, señaló que el actual diseño legal impide una adecuada asignación de riesgos y limita el reequilibrio financiero de los contratos: “Se ha perdido el concepto de riesgo económico; hoy el concesionario lo asume casi en su totalidad”.

Uno de los puntos de mayor consenso fue la necesidad de revisar la Ley de Desindexación, en vigor desde 2015. Varios intervinientes apuntaron que esta norma ha rigidizado los contratos y paralizado proyectos. La fórmula polinómica establecida, con una tasa de descuento uniforme, no refleja las especificidades de cada concesión. Tampoco la jurisprudencia ha favorecido al sector: “Los jueces no han tenido sensibilidad hacia el negocio concesional”, alegó Antonio Pérez de Arenaza, de Acciona.

En paralelo, se defendió la recuperación del modelo concesional como vía para ejecutar proyectos sin depender en exclusiva del presupuesto público. Pablo Abril-Martorell, director de Desarrollo de Negocio de Sacyr Concesiones, señaló que “las palancas que ofrecemos permiten alargar los recursos presupuestarios durante 25 o 30 años”, lo que aportaría previsión y estabilidad al sistema.

Desde Ferrovial, Julio Llorente insistió en que “no todo hay que concesionarlo, pero algunos activos, como el agua, tienen un retorno inmediato que lo hace viable”. Laura Cózar, socia de Accuracy, reclamó una mayor flexibilidad en los mecanismos de gestión y pago, y abogó por prevenir los litigios incorporando la figura de la mediación en la estructura de los contratos.

Más allá de las reformas legales, las empresas reclamaron una mayor profesionalización en la fase de diseño de los contratos y una planificación que incluya al sector privado desde el principio. La práctica internacional de los market sounding, que permiten testar la viabilidad de los proyectos antes de su licitación, fue propuesta como modelo a replicar. “Hay que perder el miedo a que el sector privado opine sobre los proyectos antes de lanzarlos”, subrayó Pérez de Arenaza.

El marco actual, aseguran, no solo ha dificultado la ejecución de fondos europeos, sino que amenaza con agravar los cuellos de botella en la licitación pública. Las cifras de contratación están en niveles de hace dos décadas. “O cambiamos las reglas del juego o va a impactar en todo: plazos, tiempos y cumplimiento de proyectos”, advirtió Madrazo. El fin de los fondos Next Generation obliga a acelerar ese cambio. “Es el momento de pensar en el modelo de colaboración público-privada que queremos”, remarcó Llorente.

Desde el sector insisten en que no faltan herramientas ni capacidades, pero sí un marco claro y flexible que permita activar inversiones sin bloquearse en conflictos legales o inseguridad jurídica. La demanda es unánime: actualizar las reglas para afrontar un ciclo de inversión imprescindible.

FCC pide estabilidad y agilidad

José Antonio Madrazo, director general de Concesiones de FCC, subrayó la necesidad de marcos regulatorios estables y una mayor agilidad administrativa para ejecutar con éxito las inversiones en infraestructuras. En su intervención, advirtió de que los ciclos políticos y la judicialización creciente pueden frenar proyectos esenciales y desincentivar la participación privada.

Madrazo defendió el modelo concesional como “la única vía para atender las necesidades de inversión sin comprometer la estabilidad presupuestaria”. Apuntó que la colaboración público-privada permite acelerar la puesta en marcha de infraestructuras y garantizar su mantenimiento a largo plazo. También alertó de que los fondos europeos no pueden ser la única palanca y que “hay que prepararse para un escenario sin ayudas extraordinarias”.

El directivo reclamó mayor realismo en los pliegos de licitación, tanto en los plazos como en las tarifas, y puso como ejemplo la insuficiencia de muchas concesiones para cubrir costes energéticos y de personal. También señaló que el retraso en pagos por parte de las administraciones impacta negativamente en la financiación de los proyectos.

Además, abogó por un nuevo marco de diálogo con las administraciones que permita tratar los proyectos “como lo que son: activos de país”. En ese sentido, instó a revisar los mecanismos de resolución de controversias, incorporar mejoras técnicas sin penalizaciones y facilitar los cambios normativos cuando haya consenso entre las partes. “Necesitamos pasar de la sospecha a la confianza”, remató.

El riesgo político lastra la inversión

Irene Fernández, socia de Público y Sectores Regulados de Gómez-Acebo & Pombo, alertó durante su intervención en el foro sobre la necesidad urgente de reducir el riesgo político y reforzar la seguridad jurídica si se quiere atraer inversión privada al desarrollo de infraestructuras. “No podemos pretender que el inversor soporte todos los riesgos sin certidumbre institucional”, advirtió.

A su juicio, el contexto normativo actual presenta un exceso de complejidad y fragmentación, especialmente en el ámbito medioambiental, donde coexisten marcos autonómicos y estatales que dificultan la planificación. Esta falta de homogeneidad, unida a los constantes cambios regulatorios, disuade a muchos operadores.

Fernández insistió en que las asociaciones público-privadas deben diseñarse con mayor equilibrio. “No pueden plantearse como una relación entre una parte fuerte y una parte débil, sino como una colaboración entre iguales”, explicó. En este sentido, reclamó una mejor estructuración de los riesgos y una revisión de los modelos de licitación y contratación.

También apuntó que la inseguridad sobre los pagos por disponibilidad o la revisión de tarifas en determinados contratos está haciendo que algunos fondos internacionales se replanteen su estrategia en España. “No hay apetito inversor cuando el marco cambia a mitad de partido”, resumió.

Finalmente, defendió que los proyectos deben tener una visión de largo plazo y una mayor profesionalización desde el sector público. “Si los contratos se redactan mal o se plantean con urgencias políticas, el resultado será frágil”, concluyó.

Ferrovial aboga por innovar en la gestión

Julio Llorente, CEO de Gestión de Agua de Ferrovial, subrayó la importancia de las concesiones en infraestructuras clave como el agua, destacando que no todos los activos deben ser concesionales, pero aquellos relacionados con el agua generan valor y permiten adelantar su uso. Afirmó que un adecuado reparto de riesgos es esencial para evitar fracasos, ya que el riesgo desequilibrado podría comprometer el éxito del proyecto.

En cuanto a los fondos del Plan de Recuperación, Llorente afirmó que la llegada a su fin abrirá “una buena oportunidad para volver al modelo concesional” y que, estando este momento tan cerca, “sería muy positivo empezar ya a seleccionar los proyectos a concesionar y empezar a trabajar en su preparación”. “Es importante que todos creamos en el modelo (concesional) y no solo recurramos a él cuando no queda más remedio”, señaló el directivo.

Así, resaltó que la eficiencia energética, clave en este tipo de proyectos, permite una recuperación rápida de la inversión. También enfatizó la necesidad de colaboración público-privada y la adaptación de la legislación para garantizar el éxito de los proyectos.

Flexibilidad para atraer capital privado

Laura Cózar, socia de Accuracy, destacó la importancia de una política integrada del agua, que aborde tanto el suministro como la depuración, y que ponga al ciudadano en el centro. Enfatizó que la colaboración público-privada es crucial para resolver los retos del sector, y abogó por un marco regulatorio adecuado que movilice el capital privado para atender las crecientes necesidades.

Además, señaló que la evolución del modelo concesional, con una flexibilidad en los mecanismos de pago, podría mejorar la viabilidad de los proyectos. Criticó la lentitud en la ejecución de algunos proyectos y la falta de voluntad para implementar reformas que faciliten el desarrollo de infraestructuras, especialmente en tiempos de crisis. Cózar también advirtió sobre la necesidad de adaptar las herramientas y mecanismos a la realidad española, mencionando que otros países, como Arabia Saudí o Chile, ya han implementado modelos más flexibles y abiertos.

Acciona apuesta firmemente por las concesiones

Antonio Pérez de Arenaza, director de Gestión de Activos de Transporte y Social del negocio de Concesiones de Acciona, abordó los beneficios del modelo concesional, destacando que, si se aplica correctamente, puede generar valor significativo para el país. Subrayó que la clave del éxito radica en un adecuado reparto de riesgos y en evitar la desconfianza en las concesiones, explicando que este modelo no implica necesariamente privatizar las infraestructuras.

Pérez destacó también la importancia de la eficiencia energética en proyectos concesionales, como el agua, donde un buen diseño puede acelerar el retorno de la inversión. Defendió que el modelo concesional debe verse no como una última opción, sino como una estrategia para adelantar infraestructuras clave, usando la experiencia de Acciona en proyectos internacionales como ejemplo. Concluyó enfatizando la necesidad de perder el miedo a este modelo para mejorar la ejecución de proyectos.

Sacyr pone en valor la planificación colaborativa

Pablo Abril Martorell, director de Desarrollo de Negocio de Sacyr Concesiones, destacó la importancia de la planificación colaborativa en el desarrollo de infraestructuras, particularmente en el contexto de las asociaciones público-privadas. Resaltó que la administración debe administrar y decidir cómo asignar los recursos a largo plazo, y que las palancas que ofrecen las concesionarias permiten alargar los recursos presupuestarios, especialmente en tiempos de crisis.

También subrayó que este enfoque de planificación a largo plazo permite gestionar mejor los períodos de inestabilidad económica. Abril Martorell destacó la relevancia de utilizar mecanismos que posibiliten un desarrollo más eficiente de los proyectos, adaptados a las realidades de cada momento económico y político.

En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de flexibilizar los procesos para asegurar que los proyectos se puedan ejecutar correctamente, ajustándose a las condiciones cambiantes. Aseguró que esta metodología puede optimizar tanto el impacto de las infraestructuras como la utilización de los recursos públicos.