- El órgano fiscalizador denuncia en un informe diversas irregularidades en la forma de proceder de la compañía, que tiene reconocida la condición de medio propio
El Grupo Tragsa, de capital íntegramente público, es uno de los principales beneficiarios de las obras que las administraciones adjudican de forma discrecional. La compañía tiene reconocida la condición de medio propio, por lo que es contratada de forma directa por entidades públicas para realizar trabajos que se consideran urgentes o para los que no se quiere recurrir a un procedimiento de contratación competitivo al uso. Para comprobar si estas adjudicaciones son una opción más eficiente que la contratación pública, así como más sostenible y eficaz, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la actividad de Tragsa de los años 2021 y 2022. Y aunque concluye que los encargos, con carácter general, se ajustan a las disposiciones generales en la materia, también detecta deficiencias e irregularidades en los expedientes analizados.
El órgano fiscalizador destaca en primer lugar que Tragsa, originariamente creada para la consecución de los objetivos de reforma y desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza, “ha visto extendida su actividad a ámbitos distintos de los mencionados que exceden el contenido de su objeto social”. De hecho, en el 34% de los expedientes, “existe ausencia de correlación entre el contenido de los encargos y la cualificación del personal asignado a la ejecución”, según consigna.
- La Razón
