• El presidente de Seopan cree que se ha minado injustamente la imagen de los seis líderes de la construcción y urge una reforma en la contratación ante los desafíos que afronta España

Las seis compañías que dominan la obra civil acaban de ser multadas por la CNMC con más de 200 millones por prácticas contra la competencia entre 1992 y 2017. ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA preparan su defensa ante la Audiencia Nacional. Y Julián Núñez, presidente de Seopan, asociación a la que pertenecen, confía en que la resolución no lastrará la confianza del sector público y será anulada en los tribunales. Es más, opina que Administración y capital privado deben colaborar más estrechamente ante los retos económicos y ambientales que ya están aquí.

•  ¿Qué interpretación hace de la resolución de la CNMC?

Si se lee con objetividad, podemos ver que la CNMC afirma expresamente que la práctica investigada no se ha calificado de cártel por no tratarse de una colusión de las habitualmente sancionadas. La multa no tiene sentido: no se ha producido ningún acuerdo sobre fijación de precios o reparto del mercado de las licitaciones. La CNMC se contradice con una sanción cuyo importe es muy desproporcionado.

Competencia ha investigado durante años y asegura que se han infringido las normas de competencia.

Estamos convencidos de que no se ha actuado contra la normativa. La CNMC abrió el expediente por una práctica a la que se puso fin en 2017, que consistía en completar las carencias de los proyectos aprobados por la Administración en aspectos como estudios topográficos, geotécnicos o de otra naturaleza similar, necesarios para la ejecución de los contratos. En todo momento las empresas tenían la convicción, y la siguen teniendo hoy, de que esta práctica de reducción de costes ha sido lícita, normal y eficiente, redundando en beneficio de las Administraciones públicas.

El fallo indica que los informes compartidos formaban parte de las ofertas técnicas que son puntuadas en los concursos. Eso empobrece la diversidad de propuestas recibidas por los licitadores.

Esta es una apreciación subjetiva que no se sustenta en ninguna prueba practicada en el procedimiento. La ausencia de estudios en la documentación facilitada por las Administraciones, necesarios para la ejecución de un contrato, obligaba a las constructoras a completarlos por su cuenta. Compartían el coste, pero cada una los utilizaba independientemente y de la forma que consideraban oportuno. Debe quedar muy claro que en ningún momento se acordó presentar una proposición única ni se vulneró el secreto de las ofertas. Las empresas eran absolutamente independientes a la hora de presentar sus propuestas, sin que se viera afectada la variedad y calidad de las ofertas técnicas.

Si había reuniones semanales para tratar aspectos técnicos de nuevos contratos, es fácil suponer que se iba más lejos. La CNMC habla de intercambios de información comercial sensible, como la referente a la formación de UTE.

La afirmación de que las seis se reu­nían con periodicidad semanal, dando a entender que había una especie de estrategia planificada, carece de todo fundamento y no se ha acreditado. La CNMC se guía por meras sospechas, opiniones o presentimientos, pero sin aportar elemento probatorio alguno. Si la opinión pública presiente que hay más, como me dice, es porque lo conoce a través de lo que lee en la prensa y oye en radio y televisión. La información se ha visto condicionada a partir de la nota de prensa publicada por la CNMC. Lejos de comunicar que no se trata de la existencia de un cártel, ni de acuerdos sobre fijación de precios o reparto del mercado, que es lo que señala la resolución, se dio a entender lo contrario. Respecto a las UTE, se trata de una figura legítima que se emplea en todo el mundo y que está expresamente reconocida y regulada por nuestras leyes. Obviamente, las empresas que deciden presentarse en UTE intercambian la información necesaria para la formalización de la oferta conjunta.

• Usted se queja de falta de rigor en el proceso. ¿En qué se basa?

Es necesario que exista un organismo como la CNMC, que garantice, preserve y promueva el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos. Ello va en beneficio de los consumidores y usuarios. Pero es imprescindible, dadas las amplísimas facultades de investigación y sanción que tiene, garantizar su independencia, profesionalidad y rigor en la observancia de los derechos fundamentales que deben presidir todo procedimiento sancionador. La resolución califica arbitrariamente, como contraria a la competencia, la práctica investigada aún sin estar tipificada. Tampoco se ha probado que haya supuesto un perjuicio efectivo a la competencia, pues se basa en meras sospechas u opiniones. La desorbitada sanción impuesta, por último, no guarda ninguna proporción con la gravedad de la infracción supuestamente cometida. Por ello, denunciamos falta de rigor, algo que de forma reiterada ponen de manifiesto los tribunales en sentencias que anulan las sanciones impuestas por la CNMC por falta de prueba o por fundamentarse e imputar conductas no contempladas en la Ley de Competencia. La evidencia de ello la proporcionan las memorias anuales de la CNMC publicadas desde 2014: las empresas sancionadas, de todos los sectores, interpusieron 690 recursos ante la Audiencia Nacional, y en 500 de ellos fueron anuladas las resoluciones sancionadoras impuestas, estimando total o parcialmente las pretensiones de las empresas.

• ¿Seopan observa las prevenciones que reclama la CNMC para cumplir con la normativa de Competencia? ¿Confía en que sus empresas juegan limpio?

Totalmente. Las principales firmas españolas de infraestructuras son las mayores beneficiarias de un mercado limpio y transparente. Solo así se explica que hayan podido alcanzar el liderazgo en países muy exigentes en este sentido, como son EE UU, Canadá, Australia o los países nórdicos. Con el fin de mejorar la transparencia en la contratación pública, realizamos un informe en 2017, con el apoyo de EY, que analizaba las mejores prácticas internacionales y realizaba recomendaciones a los poderes públicos. Lo remitimos a los 350 diputados del Congreso en dos ocasiones, y tuvimos reuniones con el presidente de la Comisión de Hacienda y con el de la Comisión para la Calidad Democrática. Seguimos a la espera de respuesta.

• ¿Queda deteriorada la relación del sector con la Administración?

El daño reputacional es importante y difícilmente resarcible. Sembrar la duda sobre la honorabilidad de unas empresas que dan trabajo a más de 242.000 personas, sobre la base de una resolución que no es firme y que deberá ser revisada por los tribunales, es una grave irresponsabilidad. Pero estamos convencidos de que esta resolución, mientras los Tribunales no digan lo contrario, no va a minar las relaciones de las constructoras con el sector público y menos en una situación como la que atraviesa el país: la ejecución de las infraestructuras a través de los fondos europeos es objetivo prioritario.

• ¿Esta crisis económica está sirviendo para revisar y modernizar los procesos de licitación?

Tenemos un modelo de contratación de obra pública agotado, donde la variable que decide la adjudicación es puramente económica. Creo que los desafíos que enfrentamos a medio plazo merecen otra visión. Hoy nos centramos en los cuatro años que dura de media la ejecución de un proyecto, pero el objetivo de esa infraestructura es el servicio que prestará durante su vida útil. Eso no se tiene en consideración en la adjudicación, cuando es algo establecido por directiva. También suele faltar la planificación del retorno económico y social de las inversiones.

• ¿Este agotamiento del modelo en qué se traduce?

Mi opinión es que será muy difícil cumplir los objetivos comprometidos como país. Hacienda reconoce que hay distintos órganos de contratación de la Administración General del Estado que en 2021 tuvieron ejecuciones escasamente por encima del 30%. Esto confirma que el modelo está agotado, además de la tendencia del sector público a judicializar la actividad en lugar de recurrir a la gestión de los proyectos.

• ¿Cómo se adapta la construcción a un contexto tan complicado?

La obra civil es un sector cuasi regulado por cuanto la demanda de actividad la fijan las Administraciones públicas. El sector no puede más que adaptarse a las circunstancias de cada momento. A mediados de 2020 comenzó a percibirse la escalada de precios en las materias primas y no es hasta ahora cuando la inflación en los productos siderúrgicos comienza a apuntar hacia una cierta ralentización. Durante este año vamos a seguir teniendo precios muy superiores a los que había en enero de 2020. La pregunta, desde mi punto de vista, es cómo deben adaptarse las Administraciones públicas para intentar sostener la actividad y que esta coyuntura no suponga una ralentización de los proyectos.

• ¿Se están tomando medidas efectivas en este sentido?

Citaría la aprobación del Real Decreto 3/2022. No va a permitir la recuperación plena de los sobrecostes que se están produciendo en las obras, pero garantiza la continuidad de gran parte de la actividad. También ha sido clave la ratificación de esta medida por parte de las comunidades autónomas. Vemos como una oportunidad el plan de recuperación, pero no es un programa de obra civil. De los 51.000 millones comprometidos en los Presupuestos de 2021 y 2022, solo el 10% son subvenciones que van a crear infraestructuras de obra civil. Eso sí, la tramitación está siendo ágil: a mes de mayo se habían licitado unos 3.700 millones de los 5.200 millones previstos.

• ¿Hay margen, por tanto, para agotar el Next Generation?

Es fundamental que se aplique una prórroga porque la aprobación del reglamento y de los hitos del plan de recuperación se produjo en verano de 2021 y los acontecimientos han alterado enormemente los plazos previstos para la ejecución en lo que se refiere, por ejemplo, a los contratos de obra civil. La inflación en los materiales, el estrangulamiento de las cadenas de suministro y el precio de la energía, que afecta a la industria electrointensiva que trabaja para nuestro sector, merecen como mínimo un año de prórroga en la fecha de presentación de los proyectos, que tiene límite en el 31 de diciembre de 2023, y para la implementación de las reformas y ejecución de las subvenciones consignadas a la obra civil, fijado en el 31 de agosto de 2026. Otra razón para la prórroga es que habrá una mayor dotación de subvenciones, con unos 8.000 millones de euros extras.

• La transición ecológica es la otra gran palanca de desarrollo y es ahí donde el sector privado ofrece inversión para alcanzar los objetivos.

La sostenibilidad y la adaptación de las infraestructuras a los múltiples desafíos que tiene el país ofrece oportunidades. La Agenda 2030, el Fit for 55, el plan REPower EU… hemos estimado que España ha de invertir no menos de 240.000 millones para alcanzar los objetivos climáticos. Las infraestructuras no son un fin en sí mismas, pero sí una palanca esencial. Las Administraciones tienen la tendencia de pensar mucho más en los objetivos que en los pasos intermedios necesarios para alcanzarlos. La movilidad sostenible, segura, conectada y eléctrica, por ejemplo, requiere actuar ya sobre las infraestructuras si queremos dar servicio a cinco millones de vehículos eléctricos en 2030.

• Ya pasamos por una dura crisis y España no activó la palanca de la colaboración público-privada, que es uno de sus caballos de batalla..

La crisis financiera de 2008 supuso incrementar nuestro endeudamiento público del 40% del PIB en 2010 al 100% en 2014. Fueron 600.000 millones extras de deuda pública. La pandemia incrementará la deuda en unos 300.000 millones y ahora ya no somos, como en 2010, uno de los países europeos con menor ratio de deuda pública. Estamos por encima del 100% y la solución no será otra que el ajuste fiscal en nuestras cuentas públicas a partir de 2024. Ante este escenario no me cabe duda de que la financiación privada de infraestructuras será una herramienta clave a recuperar por los compromisos de inversión que tiene España.

• Fuente: Cinco Días