La sequía y la desertización se han convertido en una de las amenazas principales para la economía española. Con el 75% del territorio nacional en riesgo de desertización y un alto índice de estrés hídrico del 0,32, las inversiones públicas en materias de agua y medio ambiente han resultado insuficientes para cumplir con las directivas europeas. España se coloca en la actualidad entre las mayores economías en Europa que menos han invertido en la protección del medio ambiente entre los años 2011 y 2019, según datos de Eurostat, con tan solo 24 euros por habitante frente al promedio europeo de 40 euros por habitante.

La falta de inversiones públicas en gestión del agua supone no solo un grave riesgo económico para el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo, la agricultura y la ganadería, sino que también es un tema por el que España ha sido sancionado en varias ocasiones por la Comisión Europea.

Desde Bruselas sigue creciendo cada año lo que se ha convertido en la mayor multa de la historia de Europa a España por no depurar las aguas residuales urbanas en aglomeraciones de más de 15.000 habitantes.

La primera multa, de 12 millones de euros, cayó en 2018 cuando el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España a pagar multas semestrales por el incumplimiento de la directiva europea sobre depuración de aguas residuales en áreas urbanas. Hasta el año pasado, la multa seguía creciendo con más de 10 millones de euros por cada semestre sin cumplir cuando, en septiembre de 2022, Bruselas decidió bajar la multa semestral a menos de un tercio de la original, unos 3,1 millones por semestre, tras la puesta en marcha de las instalaciones de Gijón-Este e Isla Cristina y tras el registro de mejoras significativas en más de la mitad de las aglomeraciones incluidas en la sentencia del 2018.

Multa

Hasta la rebaja de la multa en septiembre del año pasado, el Gobierno ya había abonado un total de 71 millones de euros a Bruselas por el incumplimiento de las directivas europeas en esta materia. Desde la Moncloa reconocieron el año pasado que el cumplimiento completo no llegaría hasta, al menos, el año 2025, lo que elevaría la cantidad total a un mínimo de 80 millones de euros.

Para cumplir con los requisitos de Bruselas, el III Ciclo de Planificación hidrológica 2022-2027 calcula que haría falta un mínimo de 23.825 millones de euros de inversión pública en materia de agua y medioambiente para cerrar los expedientes de sanciones abiertos por la Comisión Europea en depuración y tratamiento de residuos, según las estimaciones de Seopan y Tecniberia.

El déficit de inversiones en agua y medioambiente a nivel nacional se hace más visible, sobre todo, en la depuración de aguas residuales, materia en la que faltaría aproximadamente 6.400 millones de euros en inversión, y también en la gestión de residuos urbanos, un área en el que se necesita un mínimo de 6.500 millones de euros en inversiones entre 2022 y 2027.

Sin embargo, en lo que se refiere a la sequía y la desertización del territorio nacional, el plan estima que haría falta invertir más de 4.850 millones de euros, de los que 3.262 millones sería para el regadío y 1.590 millones para el abastecimiento. España se encuentra entre los países europeos con mayor índice de estrés hídrico en la actualidad, de un 0,32, con más de tres cuartos del territorio en riesgo de desertización. Algunas áreas como Murcia, Valencia e Islas Canarias sobrepasan ya el 90%.

Según datos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), el cambio climático afectará a los recursos hídricos de forma drástica con una reducción de entre el 28% y el 40% para el año 2050.

La Península Ibérica es uno de los lugares en Europa que más sufrirá la desertización y la sequía extrema, según la WWF. La inversión pública en depuración y abastecimiento de agua sigue siendo un 54% y 58% inferiores a los datos registrados en 2010 y están lejos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Agenda 2030

Como materias que están estrechamente relacionadas con el bienestar de los ciudadanos y la salud, la Agenda 2030 recoge en los puntos 6, 11 y 15 los objetivos que cada país debe cumplir en materia de agua limpia y saneamiento, depuración y ecosistemas sostenibles. Sin embargo, a pesar de los pequeños progresos en la gestión de los recursos hídricos durante los últimos años, España sigue afrontando una crisis de agua sin precedentes que amenaza a gran parte de los sectores clave de la economía nacional y a los precios de la alimentación.

Según ha advertido el propio Gobierno en su plan Estrategia España 2050, “27 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua” dentro de los próximos 27 años si no se adopta medidas contundentes de forma urgente. El plan subraya, además, que se registrará un empeoramiento significativo de la calidad de las masas de agua, provocado por los procesos de salinización (relacionados con la subida del nivel del mar) y la concentración de productos contaminantes.

Según Seopan, si se sigue el actual ritmo de inversiones, las actuaciones propuestas en el tercer ciclo hidrológico 2022-2027 no estarían ejecutadas hasta el año 2045, 18 años más tarde de lo previsto y sobrepasando en 15 años el cumplimiento de los ODS.

En un informe publicado en 2022, Seopan consideró que impulsar el modelo concesional para poder acometer las inversiones prioritarias en materia de agua será fundamental. El sistema de colaboración público-privada (PPP) ha funcionado con éxito en otros países y desde la organización han asegurado que el modelo podría tener éxito en España, pero que la Ley de Desindexación “impide la atracción de financiación privada”.