• La estatal Aena adjudica al grupo el primer contrato desde que anunció el cambio de sede
• Se coloca en posiciones ventajosas en licitaciones de Adif y suma más proyectos con AAPP locales

Ferrovial afronta este jueves una junta de accionistas decisiva para su futuro. La asamblea votará la propuesta del consejo de administración de mudar su sede social desde España a Países Bajos con el objetivo posterior de comenzar a cotizar en el Euronext de Ámsterdam.

Someterá al escrutinio de sus propietarios una medida que, anunciada el pasado 28 de febrero, generó una polvareda sin precedentes por el ataque frontal y en bloque que emprendió el Gobierno de Pedro Sánchez contra la compañía que preside Rafael del Pino, a quien se le ha cuestionado su patriotismo y se le ha acusado de enriquecerse y crear el gigante que es hoy Ferrovial con fondos públicos para infraestructuras. “Tenemos ejemplos de empresarios comprometidos. Desde luego, no es el caso de Del Pino” o “la patria no es sólo hacer patrimonio, es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar cuando tu país te necesita”, son algunas de las frases que dirigió Sánchez.

Unidas Podemos llegó a plantear que se excluyera a la compañía de los concursos públicos

Una ofensiva que ha puesto en cuarentena la futura actividad de la empresa en el mercado español, con interrogantes sobre su capacidad para seguir sumando contratos con las Administraciones Públicas de España y, muy especialmente, con aquellas entidades estatales vinculadas al Ejecutivo. Los socios de Gobierno de Sánchez, Unidas Podemos, han llegado a plantear públicamente que se aparte a Ferrovial de los concursos públicos, extremo que chocaría con la legislación vigente y alentaría la inseguridad jurídica.

La compañía ha logrado elevarse como mejor oferta en varios concursos participando en UTEs

Aunque todavía resulta precipitado sacar conclusiones objetivas, por el momento, la firma ha podido aumentar su cartera de obras en el mercado español en las últimas semanas con varias contrataciones por parte de las distintas Administraciones, incluidas las del Estado. Son contratos menores y cuyos procedimientos de licitación, en la mayoría de los casos, ya estaban, no obstante, en fases avanzadas antes del anuncio del traslado de sede. De igual modo, la compañía ha logrado elevarse como mejor oferta en varios concursos participando en UTEs (uniones temporales de empresas), principalmente con Adif, el mayor contratista estatal. El tiempo dictará si los augurios de quienes sitúan a Ferrovial como empresa non grata para el Gobierno se consuman.

A finales de marzo, apenas un mes después de que Ferrovial sorprendiera al mercado con la decisión del consejo de administración de mudarse a Países Bajo, Aena, empresa controlada por el Estado a través de Enaire, dependiente a su vez del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agendad Urbana, formalizó con Ferrovial Construcción la adjudicación del contrato para la adecuación de los aparcamientos periféricos del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. El importe del proyecto asciende, de acuerdo con la oferta de la firma, a 6,13 millones de euros -el presupuesto base de licitación alcanzaba los 7,069 millones-. La compañía se impuso a otras seis ofertas. La elección de Ferrovial Construcción, dentro del procedimiento, se realizó a comienzos de marzo, con posterioridad, por tanto, al anuncio de cambio de sede y en plena embestida del Gobierno contra la empresa.

Ferrovial contrató con el Estado 323 millones de euros en 2022. Un volumen acotado en su cartera global de construcción, que sumaba al cierre del último ejercicio más de 14.700 millones. España representa aproximadamente el 15%, con un importe de alrededor de 2.200 millones -tanto obra pública como privada-. El grupo que dirigen Del Pino e Ignacio Madridejos, como consejero delegado, tiene en España uno de sus mercados más relevantes, aunque ya a distancia del peso que han adquirido Estados Unidos o Polonia.

Contratos públicos y privados

En las últimas semanas Ferrovial se ha colocado también en posiciones ventajosas para sumar nuevos contratos con Administraciones estatales. Así ha ocurrido con dos proyectos de Adif, de cuantías relevantes. En concreto, el grupo forma parte del consorcio -con Comsa y FCC- que ha presentado la mejor propuesta -en la suma de las ofertas técnicas y económica- para la construcción del soterramiento de la línea R-2 de Rodalies de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac por un importe de 621 millones de euros. No obstante, la alianza de Acciona, OHLA, Sacyr y Rubau, que entró en baja temeraria, ha recurrido el concurso.

En paralelo, Ferrovial ha obtenido la mejor calificación en un contrato de Adif de 68 millones para ejecutar las obras del viaducto sobre el Río Ebro y la plataforma de conexión con la línea de alta velocidad de Castejón-Pamplona, si bien aún falta conocer las ofertas económicas.

En el ámbito local, el Canal de Isabel II ha adjudicado a Ferrovial recientemente una planta solar flotante de 1,7 megavatios pico (MWp) en Torrelaguna, Madrid, por 2,1 millones de euros. Mientras, el Servicio Catalán de la Salud acaba de formalizar el contrato con Ferrovial y Climava para las obras de la nueva sede del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por más de 48 millones y en Andalucía el grupo ha logrado por 11 millones las obras de abastecimiento en alta en varios municipios de Almería y Sevilla, entre otros.

En la esfera privada, en marzo compró a InfraRed dos proyectos fotovoltaicos en Andalucía de 100 MWp con una inversión de 75 millones y también se ha hecho con la construcción, para Plenium, de una planta solar de 200 MWp en Badajoz.

La operación se resolverá en mayo

La junta de accionistas de Ferrovial votará este jueves la propuesta del consejo de administración del proyecto de fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial, S.A. y Ferrovial International SE, con el consecuente traslado de la sede social desde Madrid a Ámsterdam, y la admisión a negociación de las acciones de FISE en Euronext Ámsterdam, en España y en Estados Unidos. Ferrovial ha reservado 500 millones para pagar a los accionistas que rechacen la separación de acciones, lo que equivale a alrededor del 2,5% del capital. Quienes voten en contra tendrán un mes para decidir si optan o no por la separación, por lo que hasta mediados de mayo podría dilatarse el resultado final de la operación.