Los regantes de la Costa estudian con preocupación el primer borrador del convenio de financiación de las obras del desglosado 3 de las canalizaciones de Béznar-Rules, el tramo que permitirá que el agua llegue hasta la zona de Almuñécar y la comarca del Río Verde, tras comprobar como no se reflejan algunas de las cuestiones tratadas en las múltiples reuniones con Acuaes, la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España, como con el ministerio de Medio Ambiente, y el requerimiento de un aval de casi ocho millones de euros para poder llevar a cabo dichas obras.

Hace poco más de un mes celebran un acuerdo que garantizaba la financiación del 100% de las obras, descartando que esta parte de la obra sea costeada mediante fondos europeos por la demora en los plazos, y que serían los regantes los que tendrían que devolver el dinero adelantado una vez que finalizada la obra y que el agua llegase a sus cultivos, contando con un plazo de 30 años para hacer frente a la cuantía económica. Sin embargo, en el borrador remitido a la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, al que ha tenido acceso Granada Hoy, se apunta que tendrán que hacer un pago de 7.806.836 millones de euros para garantizar que harán posteriormente frente al pago. Un requisito que tendrán que realizar mediante una entidad financiera a favor de la empresa, sin embargo desde la Comunidad señalan a este periódico que lo ven complicado al no tener ninguna propiedad con la que hacer frente a dicho aval.

El presidente de los Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, señala que hace una semana recibieron el borrador y tras pasárselo al equipo técnico para estudiar los pormenores del escrito, se llevaron varias sorpresas. “Uno de los puntos que se hablaron en las reuniones fue que los regantes iban a pagar cuando se terminase la obra y ahora nos dicen que tenemos que poner un aval de casi ocho millones de euros. Esto quiere decir que la Comunidad General empezaría a pagar desde el minuto cero, antes incluso de que comenzase la obra, y saben que no tenemos bienes, con lo que pedir un aval es algo casi imposible”. En este sentido, señala que será una de las líneas rojas que enviarán de vuelta para que reconsideren este requisito y vuelva a ponerse sobre la mesa el acordado en un primer momento y que ya se anunció hace pocas fechas.

Aunque es el punto más llamativo, tampoco están de acuerdo con la propuesta de que la comisión técnica de seguimiento de la obra esté compuesto por dos vocales de la empresa que lleva a cabo la obra, otro de la Junta y otro por parte de la comunidad. “Lo lógico es que contemos todos con un vocal de representación, o que la comunidad de regantes tenga incluso dos, porque al final quienes vamos a tener que pagar la obra entera somos nosotros”.

Prados reseña que no quieren que parezca que la pelota está en el tejado de los agricultores, “nos han tirado un balón pinchado. Queremos que la obra se haga, es por lo que llevamos luchando mucho tiempo, pero no vamos a permitir que se haga una obra que no beneficie a los regantes por su alto coste. Hemos calculado que con los números que se barajan ahora mismo podría costar al agricultor entre 1.000 y 1.500 euros la hectárea”.

Algo más crítico, el vicepresidente de la Comunidad, Manuel Morales, lamenta que la sensación que tienen los regantes es de que les están tomando el pelo. “Vamos a pagar el 100% de todo, de los fondos que ponen, de los intereses del Banco, de los gastos, pero deciden ellos”. Y recalca que por dejadez de la administración no se han conseguido más fondos europeos para llevar a cabo más tramos de la obra, lo que va a suponer un desembolso mayor para los agricultores, por lo que las administraciones deberían entonar el ‘mea culpa’ y buscar más soluciones para beneficiar a todas las partes. “El problema es que esta obra tendría que estar hecha hace años y habría costado la mitad, ahora no se puede mirar atrás y hay que pensar que por fin han comenzado, pero por la lentitud que llevan también estamos perdiendo fondos europeos y lo tenemos que pagar nosotros. Es una cuestión que atañe a las dos administraciones, tanto Gobierno central como Junta de Andalucía, porque los beneficios van a repercutir aquí, y no pasamos por alto que se ha ayudado económicamente en obras de provincias limítrofes y en cambio para Rules no hay disponible”.

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo representa a 48 comunidades de regantes de la Costa Tropical, sin embargo las obras afectan a 24 comunidades cuya superficie asciende a 3.350 hectáreas.

• Fuente: Granada Hoy