C. Morán Madrid
El Gobierno ha abierto la mano para que las empresas de servicios que trabajan para la Administración también puedan revisar el precio de sus contratos para repercutir los sobrecostes relacionados con la escalada de la energía y de las materias primas. A instancias del Ministerio de Hacienda, el Grupo Socialista en el Senado ha pactado una enmienda con el resto de partidos políticos (excepto PP y Ciudadanos) para modificar la ley de Contratos del Estado.
La principal novedad es que la revisión de precios se amplía a todos los contratistas del Estado, no solo a “los de obras, armamento y equipamiento”. El Gobierno ha accedido a que la actualización de los presupuestos se puede repercutir a los contratos de menos de cinco años de duración “siempre que la suma de la participación en el presupuesto base de licitación del contrato de las materias primas, bienes intermedios y energía que se hayan de emplear supere el 20% de dicho presupuesto”, dice la enmienda.
La disposición acordada en el Senado, que debe ser ratificada por el Congreso, añade que “la revisión solo puede afectar a la fracción del precio del contrato a la que representa dicha participación”.
Para que las empresas puedan solicitar la revisión de precios el pliego debe indicar “el peso de cada materia prima, bien intermedio o suministro de energía con participación superior al 1% y su respectivo índice de revisión de precios”.
La otras gran mejora de Hacienda a través de la enmienda pactada en el Senado es que las revisión se podrá realizar a partir del primer año del contrato (antes eran dos años) . Para admitir la actualización, tiene que haberse ejecutado un 20% del trabajo.
La modificación de la ley de contratos afecta a todos los contratos que liciten ayuntamiento, autonomías y Administración central una vez entren en vigor los cambios. Quedan excluidos de la mejora los contratos vigentes.
Según la información facilitada por Hacienda a Bruselas, la contratación pública representa el 12% del PIB nacional, es decir, más de 100.000 millones de euros al año.
Beneficiados
Se trata de una medida que no afecta por igual a todas las empresas que prestan servicios públicos. En el caso de los operadores de transporte público, las Administraciones suelen contratar este tipo de servicios con concesiones a largo plazo, que no quedan afectadas por esta modificación. Si entrarían los servicios de autobús discrecionales y especiales con menos de cinco años de duración.
La modificación acordada en el Senado no tiene un carácter extraordinario como ocurrió el año pasado con la revisión de precios de la obra pública. Esta actualización de los costes de los contratos finalizó el pasado mes de marzo y no se ha renovado. Consistía en un aumento del pago de hasta el 20% del valor del contrato para aquellos trabajos donde los sobrescostes superasen el umbral del 5%.
Los reequilibrios de los contratos de servicios afectados por el Covid y posteriormente por el impacto de la guerra en Ucrania han sido un elemento constante de discusión entre las empresas y las administraciones concedentes, reticentes a reconocer este encarecimiento.
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