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• La consejera de Fomento rechaza reunirse para hablar de su construcción y del Distribuidor Norte (Bulevar-La Imora), según lamenta el alcalde

El actual gobierno municipal, de PSOE y Ciudadanos, quieren la Estación Intermodal cerca y no a las afueras, en Vaciacostales, como propuso el anterior gobierno local, del PP, y venía recogido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), anulado por el TSJA por otras razones. El actual alcalde, el socialista Julio Millán, insiste en que la estación que integre los distintos medios de transporte público se haga en la actual estación ferroviaria y además mantener parte de la actividad de la Estación de Autobuses en su actual emplazamiento, por ejemplo, un apeadero, para que el centro urbano no pierda todo el flujo de viajeros, que da vida a la zona.

La Intermodal fue uno de los asuntos expuestos por el alcalde al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, durante su visita de la semana pasada acompañado del presidente de Renfe y la presidenta de Adif, aunque quedó pendiente de una mayor concreción, para lo cual Millán había solicitado una reunión a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ya que la parte de los autobuses interurbanos es competencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, «la consejera ha rehusado una reunión con este alcalde, para hablar de la Intermodal y de los distribuidores», en particular el Distribuidor Norte, del que faltaría la segunda fase, entre ‘la rotonda de la pajarita’ y el paraje de La Imora. Así lo dijo Millán en el pleno del viernes y lo apuntó con motivo de la visita del ministro, molesto por la negativa de la consejera a reunirse y hablar con él. De ahí que solicite ayuda al Grupo Popular en el Ayuntamiento, puesto que Marifrán Carazo es de su partido.

Mientras tanto, Adif acometerá la mejora de la accesibilidad a la estación ferroviaria. En concreto, la rehabilitación del paso inferior en la salida hacia Fuerte del Rey, la reordenación de accesos de la estación hacia el casco urbano y un estudio de ruidos y vibraciones en la línea ferroviaria a su paso por el casco urbano.

El portavoz municipal del PP, Manuel Bonilla, lamentó por su parte no haber podido departir con Ábalos y preguntarle si la Intermodal irá en Vaciacostales, pues de lo contrario se dispararía el déficit de explotación del tranvía «a cinco o seis millones» anuales, mientras que si la estación se pone allí, junto a la parada del tranvía, este solo costaría un tercio menos. Déficit que tendrá que hacer frente en mayor medida la Junta, un 75%, mientras que el Ayuntamiento pagaría el 25% restante, según lo acordado.

El gobierno municipal cree que la insistencia del PP y la Junta por la Intermodal en Vaciacostales una excusa para retrasar el tranvía. Así, aunque están de acuerdo en el nuevo convenio, aún no han liquidado el anterior, tras dos años de reuniones y negociaciones. En la última ocasión, la Junta presentó un texto con algunas modificaciones y el Ayuntamiento está a la espera, y lo pidió por escrito, de que el viceconsejero de Fomento le aclare las mismas.

El Ayuntamiento insiste en no querer confrontar con la Junta por el tranvía, como ocurriera durante años, pero no termina de verlo andar y habla de «pérdida de meses». Tampoco observa «empuje» del PP jienense, que también dice no querer confrontación, culpando de que en su día no hubiera acuerdo al PSOE en la Junta.

La legislatura cruzó su ecuador en enero pasado. La consejera y el presidente andaluz garantizaron que el tranvía de Jaén estaría circulando antes de acabar esta legislatura e incluso en este año, aunque fuera en pruebas.

Costes del tranvía
La Junta viene sugiriendo al Ayuntamiento, desde octubre de 2019, la idoneidad de ubicar en Vaciacostales los autobuses interurbanos (el mayor volumen de viajeros de la Intermodal) para abaratar los costes del tranvía. En febrero del año pasado le remitió una carta con tres posibles costes en función de la ubicación de la estación y dijo «eso hay que conocerlo antes de firmar el convenio». El alcalde contestó que si era una imposición, no la iba a aceptar, y se reunió con colectivos sociales y empresariales relacionados con el transporte en la ciudad. La Junta replicó a su vez que no era una imposición.