La Opinión de Málaga

• Ceacop dice que el bajo nivel de adjudicaciones de 2015 se traducirá en menor actividad este año

La caída en la adjudicación de obra pública durante el pasado 2015, un año repleto de citas electorales, amenaza con reducir sensiblemente la actividad constructora durante el presente ejercicio y pone en riesgo la continuidad de unos 10.000 empleos en Málaga dentro de este sector, que actualmente cuenta con casi 35.000 trabajadores en la provincia. Así lo piensa al menos el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que presentó este jueves un informe donde se constata un derrumbe del 45% de la inversión por parte de las administraciones públicas en Málaga durante 2015, con sólo 195,3 millones de euros. Pese a ello, no es la peor cifra de la serie histórica, ya que supera los 112,7 millones de 2013 y los 115,7 de 2012.

El desplome estadístico obedece en esta ocasión al descenso de adjudicaciones del Gobierno: de los 231 millones invertidos en 2014 pasó a sólo 47,8 en 2015, con una caída del 79%. Por el contrario, tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos las aumentaron un 46% y un 5% respectivamente, con importes de 53,4 y 65 millones en cada caso. De cualquier forma, Ceacop dijo que todas las administraciones (las cifras se completan con las inversiones de la Universidad y la Diputación, entre otros) se siguen moviendo en niveles «mínimos».

El colectivo lamentó este nuevo descenso global de inversiones después de un 2014 preelectoral que trajo un esperanzador repunte del 216% (356,4 millones), tras años de continua caída. El presidente de Ceacop, Francisco Fernández Olmo, recordó que el nivel de adjudicaciones de un ejercicio es el que marca siempre la actividad del año siguiente, por lo que pronosticó un 2016 muy incierto en este ámbito. Además, apuntó que el presente año también registra en sus primeros meses descensos del orden del 60% respecto al mismo periodo del pasado año (en este caso de licitación de obra pública, el paso anterior a la adjudicación).

Incertidumbre política. Los empresarios achacaron el descenso de 2015 al calendario electoral y al consiguiente parón de inversiones que se produjo por las negociaciones para la confección de los nuevos equipos gobernantes. En particular, Fernández Olmo lamentó la actual incertidumbre política y el hecho de que, más de 100 días después de las elecciones generales, «aún no haya Gobierno ni se contemple un horizonte cercano de estabilidad». Ceacop dijo que los niveles de obra pública son muy importantes también en el sector para «animar la inversión privada».

Fernández Olmo, acompañado de la secretaria general de Ceacop, Ana Chocano, y del directivo Sergio Nougues, afirmó que Málaga necesita un mínimo de 500 millones anuales en obra pública adjudicada para asegurar al menos un volumen de 45.000 empleos, cifras que el sector consideraría aceptables aunque seguirían muy lejos de las anteriores a la crisis, cuando la construcción llegó a cobijar en Málaga hasta 100.000 trabajadores. A lo largo de 2015, la provincia aumentó un 13,5% la cifra de ocupados gracias, en gran parte, al aumento de las adjudicaciones durante el anterior ejercicio, aseguran en Ceacop.

«El dinero en obra pública es el mejor gastado. Por cada millón de euros de inversión se crean unos 80 puestos de trabajo», afirmó su presidente, que mostró su temor a que el empleo pueda caer otra vez tras el nuevo batacazo de las inversiones.

Por administraciones, los 47,8 millones adjudicados por el Gobierno en 2015 tuvieron como partidas principales las obras del AVE a Granada y la conexión ferroviaria Bobadilla–Algeciras mientras que los 53,4 millones de la Junta de Andalucía fueron sobre todo para el metro y la conservación de carreteras. En cuanto a los 65 millones de los ayuntamientos, Ceacop desglosó que los más inversores fueron los consistorios de Málaga (26 millones) y Marbella (18). Y respecto a la Diputación Provincial, el estudio refleja que invirtió 4,5 millones, un 71% menos que en 2014.

Por otra parte, Chocano criticó también que en 2015 las administraciones se inclinaran más por contratar sus actuaciones con empresas sin domicilio fiscal en Andalucía, de forma que las constructoras e ingenierías de la región solo podrán ejecutar el 43% del total invertido en la provincia.

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