Expansión

• Récord/ El déficit de las Administraciones Públicas se dispara del 2,8% del PIB en 2019 al 10,09% en 2020 por el enorme desembolso para mitigar el impacto de la pandemia. Sumado el cómputo de la deuda de la Sareb, el déficit alcanza el 10,97%.

La crisis del Covid-19 ha desgarrado las cuentas públicas españolas con un aumento de déficit inédito en democracia. Una brecha que costará sudor y lágrimas cerrar, aunque ayer el Gobierno diera una patada adelante al problema, dejando caer que hasta que la Comisión Europea no se ponga seria no se entrará en el debate sobre la consolidación fiscal.

El déficit, entendido como la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan las administraciones públicas, escaló del 2,8% del PIB de 2019 a un 10,09% en 2020, según los datos de ejecución presupuestaria publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. Un aumento nunca visto de 77.557 millones en un año para poder hacer frente a los gastos de la pandemia, y que todavía es mayor (10,97% del PIB) al sumar los casi 10.000 millones de deuda que el Estado ha tenido que asumir del banco malo, la Sareb, por exigencia de Eurostat.

Aunque en 2009 el déficit escaló hasta el 11,3%, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero disparó el gasto para hacer frente a la crisis financiera; en esta ocasión el aumento de déficit es superior en términos absolutos: más de 87.000 millones (contando las ayudas a la Sareb) frente a los menos de 70.000 millones de 2009.

“Los datos ponen de manifiesto la situación extraordinaria que estamos viviendo en España”, reconoció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pese a los peores datos de entrada en 2021 y la lentitud de la vacunación no dio detalles sobre si recortará las previsiones de crecimiento, y fijó como fecha de revisión a finales de abril. Como dato positivo, la ministra recalcó que pese al desfase del 10,9%, el déficit es inferior a la meta del 11,3% que el Gobierno envió a la Comisión Europea en octubre, y también es mejor del previsto por la mayoría de organismos, que llegaron a vaticinar alzas del déficit de hasta el 15%.

“Este aumento se explica más por el incremento del gasto que por la caída de ingresos”, argumentó la ministra. La inyección de gasto público fue de 576.489 millones de euros, por encima del 50% del PIB, frente a sólo 194.051 millones de euros ingresados debido a una caída en la recaudación por el impacto de la crisis en empleos, rentas y actividad.

En el caso del gasto público, aunque el grueso se dedicó al pago de las pensiones y prestaciones sociales; el aumento respecto a 2019, de 53.070 millones, se explica por las medidas para mitigar los efectos de la pandemia en empleo y rentas: casi 9 de cada 10 euros de ese incremento (el 85%) se destinaron a prestaciones por ERTE, las ayudas a los autónomos o el aumento del gasto sanitario. También influyeron en el aumento del gasto la revalorización de las pensiones y la subida del salario de los funcionarios.

Además del impacto económico del llamado escudo social, el mayor desvío de la administración se explica por un incremento sin precedentes en las transferencias a comunidades (al margen del sistema de financiación autonómica). La administración central dotó a las comunidades de 16.000 millones de euros del fondo Covid.

“La administración se ha endeudado y ha asumido este mayor déficit para que comunidades, ayuntamientos o Seguridad Social tuvieran margen presupuestario suficiente”, explicó Montero. Esto explicaría el desfase en el déficit de la administración central del 7,5% frente al 0,21% de las comunidades, el 2,65% de la Seguridad Social o el superávit del 0,26% de los ayuntamientos. “Sin esas medidas de apoyo, el déficit autonómico habría sido del 2,6%, y del 4,5% en la Seguridad Social”, completó Montero.

En cuanto a los ingresos, es la primera vez que en un momento de crisis la caída de ingresos es inferior a la caída de la riqueza del país. Los ingresos públicos cayeron en 24.487 millones, un 5%, y la recaudación de la Agencia Tributaria retrocedió un 8,8% por la sangría que ha supuesto la crisis para empleos y rentas.

Sin embargo, ambos descensos son menores al desplome del 9,9% del PIB nominal. Que el país ingrese más de lo que crece se debió principalmente al efecto de los ERTE manteniendo cotizaciones, y también a la revalorización de pensiones y salarios públicos. De hecho, la recaudación por IRPF se convirtió en la única partida con aumento en ingresos, del 1,2%. Las restricciones sociales y la caída del consumo, principalmente en hostelería y turismo, explican el descenso del 11,5% en recaudación de IVA y el parón del transporte en impuestos especiales (-12,1%).

Entre los grandes tributos, el Impuesto de Sociedades acusa el mayor descalabro, del 33,2%. La cantidad de empresas que ha sufrido una caída en sus beneficios, por no hablar de pérdidas, debido al parón de actividad durante el confinamiento y las restricciones a la actividad que todavía hoy permanecen, explican este descenso. Aunque según explicó ayer la ministra Montero, parte de la caída (10 puntos porcentuales) se deben al impacto de devoluciones fiscales por pagos fraccionados.