La patronal ofrece una subida del 4% en el salario mínimo frente al 10% de los sindicatos

M. Valverde. Madrid

Los empresarios no acudieron ayer a la reunión que el Ministerio de Trabajo y Economía Social había convocado con los agentes sociales para discutir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023, tal como anunció la víspera el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Los empresarios están molestos porque el Gobierno ha pactado una enmienda con EHBildu en la Ley de Empleo que afecta al despido.

Así es que, en este contexto, mandaron por escrito su propuesta sobre el SMI al Ministerio y a los sindicatos. Esta renta supone este año 1.000 euros al mes y, por catorce pagas, 14.000 euros al año. Afecta a unos dos millones de trabajadores.

Las patronales CEOE y Cepyme plantearon ayer a sus interlocutores que el SMI suba un 4% en 2023, de 1.000 a 1.040 euros al mes, y supeditado a que el Gobierno cumpla dos condiciones: en primer lugar, que rebaje un 20% las cotizaciones sociales por contingencias comunes de los empresarios del campo. Esto se debe a que Asaja, la patronal del sector, está muy molesta con el crecimiento de los costes laborales en el campo, y las dificultades para contratar que le ha puesto la reforma laboral. Asaja es una de las organizaciones más críticas con la gestión del presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Concursos públicos

La segunda condición que pone CEOE al Gobierno y a los sindicatos para subir un 4% el SMI es que se permita a las empresas repercutir en los concursos públicos el incremento de este coste laboral. Son muchas las empresas que licitan en el sector público que emplean mano de obra intensiva, y poco cualificada, que fundamentalmente cobra el salario mínimo interprofesional. Las compañías de servicios a la administración: limpieza, mantenimiento o seguridad. También las empresas de construcción.

Por todas estas razones, las compañías que acostumbran a trabajar mucho con las administraciones se han quejado al Gobierno, siempre que han podido, porque el incremento de los costes laborales estrecha sus beneficios. E, incluso, algunas terminan trabajando a pérdidas para captar los pedidos de las administraciones.

En su oferta al Gobierno y a los sindicatos, los empresarios recalcan que su propuesta es superior al incremento medio pactado en el convenio, que es del 3,033%, y a la subida que han tenido los funcionarios en el último año, del 3,5%. Además, CEOE y Cepyme calculan que la inflación se mantendrá el próximo año por encima del 2%. Una cuestión “que también penaliza a las empresas por el lado de los costes y se añade al impacto de las subidas de impuestos y cotizaciones sociales”.

CEOE y Cepyme respondieron así al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos. No fueron a la reunión, pero mandaron su propuesta por escrito. Las dos patronales han decidido no acudir al diálogo social con el Departamento de Yolanda Díaz hasta que no retire la enmienda que ha pactado con Bildu en la Ley de Empleo, que permite lo siguiente: la Inspección de Trabajo podrá exigir al empresario que acredite las circunstancias que le obligan a hacer un despido colectivo. Un expediente de regulación de empleo (ERE). No es restaurar la autorización administrativa previa del despido, como ocurría antes de la reforma laboral, pero es un trámite más que debe cumplir el empresario, si no hay acuerdo con los trabajadores. El informe de la Inspección no es vinculante, pero puede tener mucha influencia en la decisión del juez. Ver información en esta página.

Informe de los expertos

Los empresarios sienten que la vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha “traicionado” el acuerdo sobre la reforma laboral que el Gobierno firmó en diciembre del año pasado con los agentes sociales.

En todo caso, con su propuesta de subida del SMI, CEOE y Cepyme contestaron al informe que los expertos nombrados por Díaz han elaborado sobre la subida de esta renta en 2023. Ellos han propuesto al Gobierno que escoja entre una horquilla comprendida entre el 4,6% y el 8,2%. Entre 1.046 y 1.082 euros al mes.

Por lo tanto, la propuesta de subida de los empresarios –4%– está por debajo del planteamiento más bajo de los expertos, con un 4,6%.

Y, desde luego, entre lo que plantean los empresarios y los sindicatos CCOO y UGT hay un mundo. Las dos centrales reclamaron ayer una subida del SMI, a partir de un incremento del 8,2%, la propuesta máxima de los expertos, para intentar terminar en una subida del 10%. Es decir, 1.100 euros al mes ó 15.400 euros al año, frente a los 1.000 euros al mes, y los 14.000 euros al año, de 2022.

Los sindicatos coinciden con la vicepresidenta Díaz en que la subida del SMI en 2023 debe reflejar el importante incremento de la inflación, que en noviembre se situó en un 6,8%. El Gobierno acordó con los sindicatos celebrar una próxima reunión antes de que termine el año; una reunión en la que pidió a CEOE que esté presente. Muy probablemente, el Ejecutivo tomará una decisión al respecto en enero o febrero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Díaz solicitó “personalmente al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que se sume en los próximos días, la próxima semana, a la mesa de negociación y que cumpla con su función constitucional”, que es la de ser “soporte del diálogo social”.