Las Administraciones adulteran el destino de los cánones del agua
El Economista
El canon o los cánones del agua, ese concepto que no siempre puede leerse en las facturas, pero que aumenta el importe a pagar por el consumo de agua de cada hogar español, va teóricamente destinado al mantenimiento o renovación de la red y a la construcción o mejora de infraestructuras hidráulicas.
Sin embargo, no siempre es así y, en cualquier caso, resulta realmente difícil, por no decir imposible, conocer su destino real. A la Junta de Andalucía, por ejemplo, le han subido los colores en los últimos años, tras ser pillada en falta y ahora trata de paliar en lo posible sus retrasos u olvidos en ese tema con sucesivos anuncios sobre adjudicaciones e inversiones en mejoras y nuevas depuradoras en distintos municipios de la Comunidad.
No está fuera de plazo ya que, salvo por los que marca la política de fondos europea -al parecer el Gobierno andaluz ha devuelto 400 millones de euros de estos fondos europeos que deberían haberse destinado a la construcción de infraestructuras hidráulicas, por incumplir los plazos previstos-, no hay márgenes de tiempo establecidos para que los fondos recaudados por ese concepto se destinen a su fin.
Depuración adecuada
Así, el pasado 24 de junio la Junta anunciaba la adjudicación, por más de 3,9 millones, de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Huércal Overa, en la provincia de Almería. Esta iniciativa, publicada en la plataforma de contratación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, permitirá tratar las aguas residuales generadas por una población de más de 23.000 habitantes y devolverlas en condiciones adecuadas de calidad al medio acuático. El comunicado de la Junta no citaba a la empresa adjudicataria, pero apostillaba que “con esta actuación, financiada con cargo al Canon de Mejora de Infraestructura Hidráulica, se persigue alcanzar un nivel de depuración acorde a lo establecido en la Directiva Comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas”.
Algún resultado tuvieron las llamadas de atención del PP que, en marzo de 2015, recordaba que el Gobierno andaluz aprobó en 2010 la ejecución de 69 actuaciones hidráulicas que afectan a 144 municipios de la provincia de Granada y aún no había hecho ninguna. En concreto, la entonces candidata del PP al Parlamento andaluz por Granada, Ana Vanessa García, reprochó a la Junta de Andalucía por haber recaudado más de 39 millones de euros con el canon del agua en la provincia de Granada durante ese mandato sin haber acometido “ninguna de las depuradoras comprometidas”.
En septiembre de ese año, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio anunciaba que “invertirá 4,7 millones de euros en las obras de la depuración de aguas residuales y los colectores de Albuñol, en la provincia de Granada”. Según explicó el consejero, José Fiscal, “la principal vía de financiación para llevar a cabo estas actuaciones procederá del Canon de Mejora de las Infraestructuras establecido por la Ley de Aguas, de acuerdo con el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos”. Fiscal subrayó entonces que “esta es la primera vez que se habla del canon en esta legislatura”, y recordó que “no tiene finalidad local y que se distribuye con criterios de solidaridad en todo el territorio andaluz, dedicándose íntegramente a financiar la realización de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales”.
El caso andaluz ha saltado a los medios de comunicación. El pasado abril, el presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Francisco Fernández Olmo, denunciaba que el canon del agua ha recaudado en Andalucía 345 millones desde 2011, supuestamente para depuración, y sólo ha empleado 27 millones. “Un canon que desde 2011 pagamos todos los andaluces en el recibo del agua para financiar saneamientos que no se han hecho y que la Unión Europea puede empezar a sancionar”.
Aunque destacado y con posibles consecuencias legales y pecuniarias, el andaluz es sólo un caso más. El mapa nacional de cánones relacionados con el agua es muy diverso y variado, tanto en el número que aplica cada Comunidad Autónoma, como en su tipología. Incluso en los cánones más recientes -como el de saneamiento- existe una elevada dispersión entre CCAA. Esta diversidad no promueve la transparencia y resulta casi imposible saber si lo que se recauda por estos cánones se dedica efectivamente al objetivo hídrico.
El Govern balear, por poner otro ejemplo, recauda por el canon de saneamiento, con el compromiso de invertir en infraestructuras de saneamiento, unos 10 millones al año. Entre 2001 y 2015 se produjo un déficit de 120 millones. Y es ahora, en el plan anunciado para la adaptación a la normativa estatal y de la UE, que incluye la ejecución de distintos proyectos en los próximos años valorados por los técnicos de la Empresa Municipal d?Aigües i Clavegueram (Emaya) en 222 millones, cuando se prevé una inversión de 104,5 millones con cargo al canon de saneamiento, 13 de ellos en el actual mandato. Entre las medidas que se van a adoptar a corto plazo figura el desarrollo de mecanismos que separen en origen el agua de lluvia de la residual.