- En esta ocasión han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Alto Tribunal recurriendo la autorización del Consejo de Ministros por el que seguía encargando la construcción a la empresa pública
Las ingenierías redoblan la presión judicial al Gobierno por el encargo del puente de la SE-40 a Ineco. Las organizaciones empresariales CÍES y Ceacop han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo recurriendo la autorización del Consejo de Ministros que, con carácter constitutivo, dio carta de naturaleza al segundo encargo del Ministerio de Transportes y Movilidad para la redacción del proyecto de construcción del puente sobre el de la ronda de circunvalación a la empresa pública Ineco, según han informado en una nota de prensa.
“Este segundo encargo incorporó el diseño del puente en metodología BIM, como establece la normativa vigente. Con la reformulación del contrato, este alcanzó la cuantía de 13.120.000 euros y, al superar los 12 millones, ha requerido de una autorización del Consejo de Ministros”, han explicado.
El primer encargo, en la Audiencia Nacional
Las organizaciones empresariales ya anunciaron a mediados del pasado enero que proseguirían sus acciones de “defensa del sector”, al entender que con este encargo “se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público”.
Por lo tanto, esta decisión de llevar al Alto Tribunal el segundo encargo se suma a los recursos ya presentados a la primera encomienda del Ministerio a Ineco ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y seguidamente ante la Audiencia Nacional por no tener en cuenta las alegaciones de las ingenierías.
“Un perjuicio irreparable”
Lo que discuten las ingenierías ahora al ir al Supremo es que en esas encomiendas “no cabe una subcontratación por parte del medio propio por encima de los límites legales, lo que probaría además la ineficiencia de Ineco para realizar por sí mismo el proyecto”.
Junto a ello, las patronales han reclamado que la mayor eficiencia del medio propio para realizar el encargo frente al mercado “ha de probarse caso a caso, lo que niega el Estado”.
“Son justamente estas cuestiones las que se elevan para su conocimiento ante el Tribunal Supremo recurriendo la autorización del Consejo de Ministros por ser dicha autorización la que causa un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de los recurrentes“, han abundado.
Periplo legal
El recurso inicial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) -dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública- estimó parcialmente la demanda de las patronales y anuló la primera adjudicación directa al medio propio.
Aun así, han señalado las ingenierías, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible decidió asignar nuevamente la redacción del puente “más singular y complejo de España” a Ineco, “una empresa pública sin referencias en la materia a pesar de la contrastada solvencia de las ingenierías privadas especializadas y la solicitud directa de las empresas para que se licitase un procedimiento abierto en concurrencia competitiva”.
Ante esta situación, ambas patronales decidieron proseguir sus acciones y llevar, hace un mes, la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acerca del primer encargo ante la Audiencia Nacional, al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público.
En concreto, las ingenierías esgrimen que “no está justificada la mayor eficiencia y eficacia de la adjudicación directa frente a la licitación pública (Ineco no tiene experiencia en diseño de puentes y asignarle directamente este proyecto es más caro que una licitación)” y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios superando ampliamente este límite, sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superarlo.
Por último, “tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional de la encomienda en lugar de la licitación”. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995. Este recurso ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional, encontrándose CÍES y Ceacop a la espera de recibir el expediente para formular demanda.
Persistiendo en las alegaciones de base, y tras haber reanudado el Ministerio el proceso del segundo encargo mediante la necesaria autorización del Consejo de Ministros, las ingenierías han dado “un paso más allá” al llevar este caso ante el Supremo para recurrir el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros.
El proyecto continúa
A pesar de la presión judicial, se siguen dando pasos para realizar la obra. A principios de este mes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Ineco, licitó por 4,5 millones de euros (IVA incluido) el contrato para el cálculo de la estructura central del viaducto sobre el Guadalquivir, incluyendo el análisis en túnel de viento.
Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 6 de marzo de 2025. Tras la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas, la previsión es poder cerrar la contratación durante el segundo trimestre del año, según informó Transportes.
- El Correo de Andalucía