- A la Junta ya se le han asignado 2.773 millones y recibirá en total unos 5.000 millones, menos de los prometido
- Educación e Igualdad son la estrellas y la única gran infraestructura que se financia es el Metro de Granada
Las inversiones del mecanismo europeo para la recuperación económica (MRR) ya han comenzado a concretarse con detalle. Los primeros pasos que ha dado el programa de manera efectiva han constatado una realidad: las comunidades autónomas reciben fondos para destinarlos unas políticas sociales que ya están perfiladas hasta el más mínimo detalle por el Gobierno central (es decir, en la práctica las autonomías ejercen el papel de ‘gestorías’ de las inversiones que determina cada uno de los ministerios). El margen de decisión de las autoridades regionales es inexistente mientras que las grandes partidas para el desarrollo de políticas con más calado empresarial se reservan en exclusiva al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pese a las críticas que formuló el presidente de
la Junta, Juanma Moreno, en su última visita a Bruselas, la realidad es que la famosa ‘cogobernanza’ ni está ni se le espera.
¿Cómo se han asignado los primeras inversiones de este plan? El MRR está dotado con 70.000 millones, un importe que —según las directrices que ha marcado la UE— debe estar comprometido al 70% al final de este ejercicio y el 30% restante en 2023 (y los proyectos que se financien deben estar plenamente ejecutados en 2026). El Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que el 50% del total de estos fondos estarían bajo la gestión de las Comunidades Autónomas pero, por el momento, ese porcentaje no se ajusta a la realidad. «Si atendemos a las decisiones que se han adoptado en las conferencias sectoriales que ya han celebrado los distintos ministerios, el importe que se va a territorializar finalmente será de 23.400 millones, con lo cual el porcentaje que previsiblemente gestionarán las comunidades es actualmente inferior al 34%», según indica Ignacio Méndez, secretario general de Hacienda. Se aleja sensiblemente de las promesas del Gobierno.
Invierno por población
¿Cuánto ha recibido Andalucía? De los 23.400 millones que se van a territorializar, el Gobierno central ha hecho ya propuestas concretas de potenciales inversiones que ascienden a 16.688 millones (un 67,1%). Y sobre este importe, a la Junta se le han asignado fondos por valor de 2.773 millones de euros (el 17,7% del total), una proporción ajustada a su peso por población. «En los criterios de distribución y calendario de asignación no hay parámetros unificados y coherentes entre los distintos ministerios, lo cual está haciendo aún más complejo todo este proceso», remarca el secretario general de Hacienda.
Si se mantienen los mismos porcentajes con las partidas que aún quedan por asignar, Andalucía recibirá en total unos 4.140 millones de euros. «Y si el Gobierno amplía finalmente los porcentajes de territorialización quizá la cifra final ronde los 5.000 millones, aunque esto último no es seguro», subraya.
¿Cuáles son las áreas y consejerías que se están dotando con esta asignación de fondos? Si atendemos a las áreas que ya tienen asignadas partidas concretas, se constata que las inversiones que gestionarán las comunidades autónomas son aquellas que tienen un perfil más social. A la Junta, tal como se ha citado anteriormente, ya se le han asignado 2.773 millones (de los casi 5.000 que debería recibir). De esta cifra, el área que por el momento sale más beneficiada es Educación, al que se le asignan 538 millones de euros (una de las prioridades será el fomento de la Formación Profesional). Le sigue Igualdad, con 457 millones, que estarán orientados a residencias y programas de atención social y fomento del denominado tercer sector (organizaciones que combaten contra la exclusión). Otro de los departamentos que recibe una inyección considerable es Fomento y Vivienda, con 409 millones de euros. En este caso se podrá financiar una de las pocas grandes infraestructuras que han entrado en el programa Next Generation, como es la ampliación Sur del Metro de Granada (que recibe 111 millones) para la conexión de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias. Esto se debe a que el grado de maduración del proyecto era muy alto y las obras se podían materializar en los plazos que impone la Comisión Europea. El resto de obras públicas que se realizarán a cargo del programa serán, sobre todo, carriles bici. Y junto a ello, una parte muy relevante de los fondos que recibirá Fomento serán para la regeneración y rehabilitación de barrios y edificios.
En el ránking de fondos asignados le sigue Empleo (con 252 millones), Energía (181 millones), la Agencia Digital de Andalucía (164 millones), Justicia y Turismo (147 millones) y Salud (143 millones).
Una de las críticas que formula la Junta a a la asignación de estos fondos —y que comparten otras comunidades— es la escasa flexibilidad que se ofrece a las regiones para adaptar la inversión en cada territorio. Un ejemplo son los 123 millones de euros que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para crear 4.000 plazas públicas gratuitas de enseñanza infantil (de 0 a 3 años). El modelo andaluz de gratuidad educativa para esta población es a través de conciertos con guarderías privadas (un esquema que implementaron los gobiernos socialistas y que comparten PP y CS). El Ministerio no permite que esos fondos sirvan para que se mejoren o amplíen estos conciertos, sino que obliga a crear nuevas plazas gestionadas directamente por el sector público. «El objetivo será tratar de aprovechar estos fondos de la mano de los ayuntamientos, pero se trata de una imposición ideológica que no se adapta al modelo que funciona en Andalucía». En el caso de la inversión en áreas como la agricultura o la energía, viene minuciosamente detallado qué partidas deben recibir financiación y con qué cuantías.
Junto a ello, los gobiernos regionales están solicitando la agilización de todos los procedimientos para ejecutar estas inversiones en los plazos establecidos. «Se ha creado una plataforma digital llamada ‘Coffee’ para que todas las administraciones gestionemos en ellas de forma común los fondos y todavía no es accesible por parte de las comunidades», denuncia Ignacio Méndez
- Abc
