- El Colegio reclama reforzar el mantenimiento ferroviario con 21.400 millones, modernizar la red convencional y mejorar los sistemas de seguridad tras los accidentes de Adamuz y Urda
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha puesto sobre la mesa de los principales partidos políticos una propuesta de Estrategia Nacional de Infraestructuras para el periodo 2027-2031 que contempla una inversión de 413.000 millones de euros en la próxima década. El documento, que recoge 85 medidas, pretende orientar la política de infraestructuras del próximo Gobierno que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre y reclama una planificación estable, con financiación garantizada y criterios técnicos que permitan corregir el déficit de conservación de las redes de transporte y afrontar las nuevas necesidades del país.
La propuesta distingue entre los 285.000 millones de euros destinados a nuevas infraestructuras y actuaciones de adaptación y los 128.000 millones que deberían reservarse para conservación y mantenimiento. Una distribución que refleja la preocupación de los ingenieros por el deterioro del patrimonio público existente y por las consecuencias que puede tener la falta de inversión preventiva sobre la seguridad y la calidad de los servicios.
El planteamiento adquiere especial relevancia en el ámbito ferroviario, después de los accidentes de Adamuz y Urda y de las dudas abiertas sobre el estado de las infraestructuras y los sistemas de seguridad. El Colegio reclama destinar 21.400 millones de euros durante los próximos diez años al mantenimiento de la red ferroviaria estatal y a la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. De esa cantidad, 11.400 millones se dedicarían a la red convencional y otros 10.000 millones a la alta velocidad.
Además de las inversiones, la institución propone recuperar la seguridad y la confianza en el sistema ferroviario mediante auditorías técnicas y de calidad, una programación estable de las renovaciones y los trabajos de mantenimiento y mejoras en la gobernanza, la coordinación y los sistemas de seguridad. También considera prioritario modernizar las redes de Cercanías, completar los corredores Mediterráneo y Atlántico e impulsar el transporte ferroviario de mercancías.
El informe defiende que las inversiones no pueden depender exclusivamente de decisiones presupuestarias anuales, sino que deben responder a una estrategia a largo plazo, con prioridades, responsables, financiación y plazos definidos. Para garantizar su cumplimiento, plantea publicar un balance anual sobre el grado de ejecución de los proyectos y sus resultados.
El déficit de conservación, en el centro del debate
La conservación de las infraestructuras constituye uno de los ejes principales de la estrategia. Los ingenieros advierten de que la falta de mantenimiento puede traducirse en fallos del servicio y en un incremento de los costes futuros. Por ello, proponen establecer programas de inspección, mantenimiento preventivo y renovación adaptados a la vida útil y al nivel de utilización de cada infraestructura.
La planificación debe prestar especial atención a ferrocarriles, carreteras, presas y cauces, así como a las infraestructuras urbanas dañadas por episodios meteorológicos extremos como la DANA.
En materia de carreteras, el Colegio calcula que serán necesarios 58.300 millones de euros en diez años. De ellos, 43.700 millones se destinarían a conservación y 14.600 millones a reposición y recuperación del estado de la red. El documento también propone estudiar un sistema de pago por uso en las vías de gran capacidad, además de avanzar en su digitalización y en el despliegue de puntos de recarga ultrarrápida.
La política hidráulica es otro de los ámbitos que concentra una parte importante de las propuestas. La institución plantea ejecutar un programa de inversiones de 103.800 millones de euros entre 2026 y 2035 y triplicar de manera urgente el presupuesto anual del ministerio competente en materia de agua.
Entre las medidas figura la aprobación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que permita coordinar las actuaciones frente a sequías e inundaciones, renovar las redes de distribución y mejorar la disponibilidad de recursos. También reclama una Ley de Presas que establezca un marco específico para garantizar su seguridad y conservación.
Energía y vivienda, prioridades de la próxima década
La estrategia incorpora igualmente inversiones en puertos y aeropuertos. Para los primeros propone ejecutar los 7.000 millones de euros de inversiones previstas y para los segundos, otros 13.000 millones, con especial atención a la mejora de sus conexiones ferroviarias.
En el ámbito energético, el Colegio calcula que serán necesarios 18.100 millones para adaptar las redes eléctricas y reforzar las interconexiones internacionales, además de 4.200 millones para nuevas instalaciones de almacenamiento hidroeléctrico. El objetivo es acompañar el crecimiento de las energías renovables y la electrificación, facilitar la conexión de nuevos consumidores industriales y reforzar la seguridad del suministro.
La vivienda también ocupa un lugar destacado en el documento. Los ingenieros proponen aprobar un Plan Nacional a diez años que permita alcanzar una producción de 300.000 viviendas anuales y consolidar un parque público de alquiler asequible. Para incrementar la oferta residencial, plantean movilizar suelo público mediante fórmulas de colaboración público-privada, agilizar los procedimientos administrativos y fomentar la construcción industrializada.
El Colegio considera necesario recuperar la capacidad empresarial del sector y aumentar la disponibilidad de mano de obra especializada para responder al objetivo de producción residencial.
Reforma de la contratación pública
Las 85 medidas incluyen también cambios legislativos y administrativos. La institución reclama una Ley de Ordenación de la Calidad y Sostenibilidad de las Infraestructuras que contemple todas las fases de su ciclo de vida y una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para eliminar requisitos que considera desproporcionados, simplificar la tramitación y establecer mecanismos eficaces de resolución de controversias.
Asimismo, defiende que la calidad técnica tenga un mayor peso en la adjudicación de los contratos de ingeniería y consultoría, frente a criterios centrados exclusivamente en el precio.
El documento plantea reforzar los equipos técnicos de las administraciones públicas, mejorar las condiciones del empleo público y garantizar el relevo generacional. En este sentido, propone diferenciar las funciones de los subgrupos A1 y A2 y exigir una titulación de nivel de máster para acceder a los cuerpos y escalas de ingeniería del subgrupo A1, en consonancia con las responsabilidades que desempeñan.
El Colegio de Ingenieros de Caminos ha remitido su propuesta a los cuatro principales partidos políticos que concurren a las elecciones del 29-N. La institución, que agrupa a más de 25.000 profesionales, presenta esta estrategia como una hoja de ruta para asegurar una inversión sostenida en infraestructuras, adaptar las redes a los nuevos desafíos climáticos y tecnológicos y garantizar la conservación de las instalaciones existentes.
- Málaga Hoy
