El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha instado a los empresarios de la construcción a aprovechar la “oportunidad de negocio” que supone el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que movilizará 1.500 millones para construir o reformar sedes en el 100% de los 85 partidos judiciales de la comunidad. Nieto ha presentado el plan ante un nutrido grupo de constructores en los Encuentros CEACOP, patronal del sector en obra pública, y ha detallado que el mismo prevé más de 160 actuaciones que generarán 18.000 empleos a tiempo completo, un retorno fiscal de casi 400 millones para la Administración Pública y una aportación al PIB andaluz de más de 1.100 millones.
El eterno problema es que no hay dinero. Que hay necesidades más urgentes para incluir en Presupuestos. Que los juzgados pueden esperar. Por eso Nieto ha insistido en la búsqueda de fórmulas innovadoras de financiación para construcciones nuevas, rehabilitaciones de edificios y reformas para mejorar la accesibilidad, la digitalización, la eficiencia energética y la ordenación de espacios: por primera vez se destinarán fondos europeos a obras en edificios judiciales y se recurre a la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones, y también a la colaboración público-privada.
La Consejería ya ha suscrito nueve protocolos y convenios con entidades locales para que éstas asuman la construcción de edificios judiciales a cambio de ceder su uso a la Consejería de Justicia durante 30 años, cobrando un canon anual con el que no sólo recuperarán la inversión, sino que obtendrán un beneficio. Con esta fórmula ya están en marcha proyectos como el de Roquetas de Mar (Almería).
Iniciativa empresarial
La tercera vía es la colaboración público-privada, que Nieto ha defendido “sin complejos, desde la transparencia”. Es la prevista para desbloquear grandes proyectos que llevan décadas en el cajón como las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Jaén y Huelva mediante una fórmula poco explotada hasta ahora como la concesión de obra pública.
Un contrato de concesión de obra pública tiene por objeto la realización por la persona concesionaria de una obra a cambio del derecho a explotar la obra, o bien que dicho derecho vaya acompañado del de percibir un precio. El empresario recupera la inversión y obtiene la utilidad cobrando un derecho a los usuarios del activo, en este caso los juzgados que dependen de la Junta y se alojan en los edificios que se construyan.
En los tres casos la Junta de Andalucía ha recibido ya las propuestas de empresas (bajo la forma de UTE) con diseño, estudio de viabilidad y precio. Justicia debe ahora evaluarlos, elaborar unos pliegos y sacar la obra a licitación. Las empresas que han tomado la iniciativa y han elaborado la propuesta parten ya en ese concurso con 5 puntos concedidos. Si finalmente no ganan la licitación, el trabajo realizado se le abonará por parte de la adjudicataria.
La adjudicataria gestionará el edificio durante un periodo de 25 ó 30 años, y a cambio recibirá un canon. Podrá explotar servicios como cafetería y otros, y tendrá la obligación de mantener el inmueble. Pasado el tiempo establecido, la sede pasa a manos de la Junta.
De las tres ciudades de la Justicia a construir, Jaén es la que está más avanzada, con una propuesta realizada por Acciona-Vialterra, y un periodo de información pública ya publicado en BOJA. Se espera que las obras puedan comenzar antes de final de año.
El caso de Cádiz es particular porque además de seguir este procedimiento para un nuevo edificio recibirá también fondos europeos para rehabilitar la sede histórica.
Meta en el 2030
“El reto es que todas las obras del Plan de Infraestructuras Judiciales estén al menos iniciadas en 2030”, ha afirmado el consejero, quien ha incidido en que es una oportunidad no solo para grandes constructoras y consultoras de obra pública, sino también para medianas y pequeñas empresas.
El consejero pone como prueba del interés del sector que más de 60 empresas han concurrido a las licitaciones (tradicionales) convocadas hasta ahora. Nieto ha citado proyectos fuera de las capitales cuyas obras ya se han adjudicado como la construcción de la nueva sede de Órgiva (Granada) -a la que concurrieron 13 empresas- o la reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
En otras se están ultimando los proyectos de ejecución, con la previsión de iniciar las obras durante 2025, como los nuevos edificios judiciales de Algeciras (Cádiz), Huércal-Overa (Almería) y Villacarrillo (Jaén), la reforma de los juzgados de Montilla (Córdoba) o adecuación de los edificios B, C, D, E y F del campus de Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia de Sevilla (que se ha sacado a licitación de manera conjunta por 1.879.491 euros).
El caso de la Ciudad de la Justicia de Sevilla se está convirtiendo en un quebradero de cabeza, marcado por problemas logísticos y retrasos. La Junta adquirió edificios de Abengoa, y en Palmas Altas ahora conviven los primeros juzgados trasladados (cuatro mercantiles y trece contenciosos) con la empresa tecnológica. Se espera ahora que los primera instancia se muden el próximo verano y a continuación, de una sola vez y no de forma progresiva, todos los demás.
El presidente de CEACOP, Carlos López, ha reconocido que las infraestructuras judiciales son grandes desconocidas para el sector. Ha coincidido con el consejero en que suponen una oportunidad y ha abogado por lograr que sean empresas andaluzas quienes desarrollen los importantes proyectos previstos para que la inversión se quede en Andalucía.
- El Economista
