Aboga por que el Ayuntamiento se pronuncie antes de que lo haga el Consejo de Ministros

El proceso administrativo que conduce a la construcción de la torre del Puerto sortea otro obstáculo administrativo. Se trata del informe (preceptivo, pero no vinculante) de Puertos del Estado en el que da vía libre a la modificación de ciertos elementos del plan especial, algo necesario para poder instalar un hotel en los terrenos portuarios.

Tal y como recoge la ley de Puertos, la instalación de un inmueble para usos hoteleros en este tipos de espacio está prohibido. Sin embargo, el consejo de Ministros, excepcionalmente, puede levantar dicho veto. Es decir, como establece la norma, de darse las circunstancias, el Ejecutivo podrá dar luz verde a la instalación de un edificio con dichos fines. 

Y es aquí donde se produce un conflicto entre las partes involucradas por ver qué pasos hay que seguir a partir de ahora. El informe de Puertos del Estado considera que ha de ser el Ayuntamiento el que cambie los puntos necesarios del plan especial para el asentamiento del propio hotel. Sin embargo, desde el Consistorio defienden que primero deben recibir la aprobación preceptiva por parte del Consejo de Ministros.

Dadas estas circunstancias, en 2018, una vez que se llevó a cabo la aprobación inicial del proyecto, se incluyó una clausula adherida en la que se continuaba con el proceso pero sin la publicación definitiva, momento en el que se produciría la entrada en vigor. Según las fuentes consultadas, esta estrategia se basó en una resolución del Tribunal Superior de Canarias en el que se daba una situación similar: “Mientras que el Consejo de Ministros desbloquea o no, lleve usted hacia delante el trámite pero no publique su aprobación hasta que se levante el bloqueo”, venía a expresar el texto jurídico.

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, explica que todavía no ha recibido dicho informe pero que, cuando llegue, “lo estudiaremos”: “Vamos a seguir adelante y voy a llevar la modificación del plan especial. No obstante, voy a estudiar por si encuentro una fórmula que satisfaga a todas las partes. El hecho de no estar de acuerdo no paraliza el trámite”, asegura, al tiempo que afirma que, el Ayuntamiento, mantiene “con firmeza” la continuidad del proyecto.

Hay que recordar que, el pasado 2 de agosto, el ministerio de Cultura emitió un informe en el que apreciaba que en el proyecto existían “indicios suficientes de expoliación para el patrimonio de la ciudad de Málaga”. Entendía que “alteraría de manera irreversible el paisaje histórico y natural que caracteriza el Centro Histórico” y su relación con el mar así como su “contemplación conjunta”. Una seña que el Ministerio defiende que fue determinante para que en su día la Junta lo declarara Bien de Interés Cultura (BIC).

El departamento de la Administración central se declaró competente para intervenir, aunque esa función esté transferida a la Junta, en función de dos artículos de la ley del Patrimonio Histórico Nacional de 1985 que le permite actuar cuando haya “peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social”. También apeló a la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 que España ratificó en 2007.