Pedro Sánchez llevará al TC los decretos de Andalucía y Aragón de revisión de precios de obras públicas

• La norma andaluza complementa el decreto nacional, que no incluía todas los contratos de obras ni todos los materiales
• El Gobierno andaluz prepara ya su respuesta ante el Constitucional para defender su norma, que fue cuestionada por la Abogacía de la Junta
• Los sobrecostes dejan desiertas obras públicas en Andalucía por más de 140 millones de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos acuerdos para solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente ante el Tribunal Constitucional sendos recursos contra los decretos-ley que las comunidades autónomas de Aragón y Andalucía aprobaron en 2022 para revisar de forma excepcional los precios en los contratos de obras públicas. A principios de enero vence el plazo para que el Estado puede recurrir esos decretos autonómicos, que venían a complementar el decreto nacional de revisión de precios, pero que el Consejo de Ministros entiende que invadieron sus competencias al incluir otros materiales y contratos.

La decisión de recurrir ante el TC esos recursos se produce tras el fracaso de la comisión bilateral que se creó para intentar salvar las diferencias entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de una parte, y esos dos gobiernos regionales, de otro. Las negociaciones se iniciaron con Aragón en mayo y finalizaron en noviembre, y con Andalucía comenzaron en junio y acabaron en octubre.

El ministerio que dirige María Jesús Montero mandó propuesta de acuerdo final. Ante esta tesitura, «una vez terminadas las negociaciones, se solicitó dictamen del Consejo de Estado, que ha sido favorable en ambos casos». El Consejo de Ministros afirma que otras comunidades también regularon la revisión de precios, aunque finalmente hubo acuerdos finales con Extremadura, Galicia, Navarra e Islas Baleares, por lo que no se ha recurrido a los tribunales.

Tanto el decreto andaluz como el aragonés extienden la revisión de precios prevista en el Real Decreto Ley 3/2022 de ‘Medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística’ a otros contratos y otros supuestos no contemplados en la normativa estatal. De esta forma, estas dos regiones introducen nuevos casos para aplicar la revisión de precios no previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

El Gobierno de Pedro Sánchez recurrirá los decretos de Andalucía y Aragón para que se suspendan aquellos casos impugnados, «considerando también que no sólo se planta una lesión competencial, sino el riesgo de infringir el Derecho de la Unión Europea».

El Consejo de Ministros subraya que las normativas autonómicas a recurrir incumplen el decreto nacional de revisión de precios en los contratos de obras públicas al introducir otros materiales cuyo incremento de coste debería tenerse en cuenta a efectos de la revisión excepcional de precios de los contratos de obras públicas, algo que -dice- «es competencia del Estado».

Los artículos del Gobierno andaluz que impugnará el Gobierno central extienden la revisión de precios a contratos de servicios y suministros, cuando la normativa estatal sólo contempla aquellos contratos de servicios que son necesarios para la obra pública.

Además, otros artículos que se impugnarán son aquellos que contemplan la revisión de precios de contratos aún cuando no estuvieran en ejecución cuando entró en vigor el real decreto del Gobierno central. La Administración central tampoco está de acuerdo con que el Gobierno andaluz extienda la revisión de precios a otros materiales.

El Parlamento andaluz aprobó el decreto de revisión de precios en mayo de 2022, una reivindicación de los constructores, que advertían lo que finalmente ha sucedido, que no sólo se paralizarían obras, sino que se quedarían desiertas licitaciones porque no les salen las cuentan y no quieren trabajar a pérdidas. De hecho, en octubre ya habían quedado desiertas obras públicas en Andalucía por 140 millones de euros, ya que salían a un 22% menos del coste real, dado el incremento de los materiales, la energía y los combustibles.

Consciente del problema que traerá la falta de licitación de obras, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha sido una gran defensora del decreto andaluz, cuyo objetivo es que se aplique por parte de ayuntamientos, diputaciones, puertos… Cuando el Gobierno central anunció en plazo al Constitucional la posible presentación de un recurso contra el decreto andaluz, el Gobierno andaluz aseguró que plantearía «una batalla fuerte» al entender que los empresarios no tienen que asumir los sobrecostes por el alza de los materiales y de la energía. «Vamos a defender al sector», dejó claro Carazo, que dijo que el decreto andaluz se aprobó porque el nacional «no se ajustaba a la realidad andaluza ni a la casuística de contratos de obra pública en la región».

Carazo no tendrá a su favor la Abogacía de la Junta, que puso de manifiesto sus «dudas» sobre la constitucionalidad del Decreto-Ley 4/2022 aprobado en el Consejo de Gobierno andaluz el 12 de abril y después convalidado por el Parlamento andaluz. «Albergamos dudas relativas a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la legislación básica del Estado en la materia que nos ocupa», indicó la Abogacía de la Junta.