Precios razonables para mantener vivo al sector
José Miguel Vázquez. Director General SEPISUR XXI S.L
La situación del mercado en el último semestre del año 2020 previo a la escalada de precios era de una elevada competencia, donde la mayoría de las administraciones licitaban con unos pliegos en los que primaban los criterios objetivos sobre los subjetivos. Dentro de los primeros, se valoraban las ampliaciones de los plazos de garantía, ampliación del gasto en calidad, etc., convirtiéndose los concursos en subastas encubiertas donde todas las empresas licitábamos a los topes de los criterios objetivos y realizando unas ofertas económicas muy ajustadas debido a la elevada competencia y apoyado en criterios de temeridad basados en el art. 85 de la LCSP. Debido a la elevada competencia del sector y a lo mencionado anteriormente, para poder conseguir un concurso teníamos que realizar bajas asumiendo riesgos de descuentos sobre determinados suministros e instaladores, práctica común en las licitaciones del sector.
Por esas fechas, cuando se presentaban las licitaciones, la subida de precios estaba relativamente controlada y el impacto que podría tener en las ofertas que se adjudicaban era relativamente escaso en contratos de corta duración como en la mayoría de las licitaciones en las que participamos las pymes. Pero la escalada de precios que venimos experimentando desde 2020 en todos los materiales básicos de las obras es desmesurada.
Esta subida ha provocado en muchos casos la paralización de contratos por dos causas que van de la mano: una el desabastecimiento y otra el incremento de los precios. A modo de ejemplo, la escalada de la energía ha provocado la paralización de la industria siderúrgica, ahogada por los elevados costes energéticos. Esta situación ha tenido como consecuencia una rotura en la cadena de fabricación siendo el único material para la venta el stock almacenado, lo cual ha provocado en muchos casos verdaderas subastas en las compras de materiales siderúrgicos para poder atender a nuestros clientes con la consecuente subida de precios finales de compra (ley de oferta y demanda). A modo de ejemplo, el acero corrugado ha sufrido una subida del 40% desde diciembre de 2021 a marzo de 2022 tal y como refleja el índice ANIFER. Dependiendo del tipo de obra y del momento en que se licitó, podríamos aventurarnos a decir que las subidas de costes en las mismas se han situado en una horquilla de entre un 15% y un 20% de media. A consecuencia de esta situación del mercado se han producido retrasos en las entregas por el desabastecimiento, subida de precios y huelga del transporte. Una gran parte de los concursos públicos han quedado desiertos debido a que la administración ha sacado a licitación proyectos sin la actualización de los precios a la realidad del mercado. Todas las empresas contratistas estamos deseando conseguir concursos para poder mantener la estructura tanto de equipamientos, maquinaria como de personal necesaria para nuestro sector. No me cabe la menor duda de que el hecho de que se queden concursos desiertos se debe a que es inviable ejecutarlos a esos precios.
Los empresarios lo que pretendemos es seguir manteniendo nuestra empresa, los puestos de trabajo de las personas que la forman, seguir invirtiendo en nuevos proyectos e ir creciendo de manera ordenada y controlada. A mi parecer el sector necesita que se incorporen fórmulas de revisión de precios en los contratos de todo tipo y de cualquier duración que puedan hacer frente a estas subidas excepcionales de precios. No queremos ni enriquecernos ni empobrecernos ante subidas o bajadas de precios donde la Administración se ha amparado en el “riesgo y ventura del contratista”. Los contratistas lo que queremos es seguir trabajando a unos precios razonables para poder seguir generando riqueza. Para poder paliar en cierta medida estos efectos de la subida de precios, la Junta de Andalucía ha publicado el DL 4/2022 de 13 de abril de medidas excepcionales de precios. Este decreto mejora considerablemente el publicado por el Gobierno de la Nación RDL 6/2022 de 29 de marzo, ya que permite revisar precios de todos los materiales básicos (a excepción de la energía), obras en ejecución en 2021 y de menos de un año e incluyen los contratos de conservación de carreteras y edificios públicos. Aunque haya una mejora con este decreto, el sector sigue sin entender por qué no se revisa la energía ya que ha sido una fuente de subida de precios que los contratistas hemos sufrido y que repercute de manera muy directa en el coste de nuestras obras. Las pymes del sector trabajamos fundamentalmente para Junta, Diputaciones y Ayuntamientos por lo que es necesario que tanto Diputaciones como Ayuntamientos se adscriban al decreto autonómico.