• Las constructoras logran obras públicas por 13.648 millones
  • Adif duplica sus adjudicaciones gracias a los NextGen y CCAA y Ayuntamientos las recortan
  • El Estado contrata un 78,5% más en 2022, hasta 7.030 millones, el mayor volumen desde 2009

Las Administraciones Públicas españolas regaron en 2022 a las constructoras con obras contratadas por un volumen total de 13.647,7 millones de euros, la cifra más alta en 12 años -desde 2010, cuando se alcanzaron los 18.292,7 millones de euros-, según los datos provisionales de Seopan recogidos por este diario. El importe del pasado ejercicio representa un incremento del 16,2% con respecto a 2021, ejercicio en el que se adjudicaron 11.743,5 millones.

El impulso en la contratación estuvo además acompañado del nivel más elevado de licitación de obra pública desde 2009, con 29.615,1 millones de euros en 2022, un 33,8% más que en 2021. Este dato anticipa, a priori, un 2023 también positivo en la adjudicación de obras, aunque los procesos electorales de mayo podrían generar una ralentización.

El crecimiento de la obra pública en el último ejercicio se ha visto favorecido por las menores bajas en los contratos, con un porcentaje promedio del 12,29% en relación al presupuesto base de licitación, el nivel más bajo de la serie histórica (16,12% en 2021). Abunda así en la tendencia iniciada en 2014, cuando alcanzó el máximo en el 27,73%, y que propicia una reducción en el uso de los denominados modificados y, en consecuencia también, una menor litigiosidad con la Administración.

La clave del fuerte impulso en la contratación, en todo caso, es la aportación del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de los ministerios de Transportes y de Transición Ecológica, adjudicó 7.029,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 78,5% con respecto a los 3.938,9 millones de 2021. Es el mayor importe contratado por la Administración Central desde 2009 (9.769 millones).

El peso del Estado en el total de la obra pública contratada se elevó en 2022 hasta el 51,5%. En 2021, este porcentaje se limitaba al 33,5%. El aumento en más de 3.000 millones de proyectos adjudicados viene propiciado por el alza presupuestaria, por la menor baja media y, sobre todo, por los fondos europeos Next Generation. Como avanzó la semana pasada elEconomista.es, de los 7.603 millones de inversiones directas que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia atribuye al Ministerio de Transportes, éste había adjudicado 4.060 millones hasta finales del año pasado (entre 2021 y 2022), el 53% del total y el 70,7% de lo que había licitado (5.741 millones).

Adif se erige en el primer inversor a través de los fondos Next Generation con 3.364 millones contratados, el 56,3% del total que tiene asignado (5.974 millones). Esta condición se traslada al conjunto de la obra pública adjudicada. Así, el gestor ferroviario firmó obras por 3.890,8 millones en 2022, tras más que duplicar (+109,2%) la cifra de 2021 (1.859,7 millones). La firma pública acapara el 55,3% de la obra pública del Estado en el último curso, ocho puntos más que el 47,2% que abarcó en 2021. En relación al total de las Administraciones, Adif subió su peso al 28,5%, frente al 15,8% de un año antes.

Tras Adif, la Dirección General de Carreteras (DGC) se eleva como el segundo mayor inversor, con 717,8 millones de euros adjudicados, casi tres veces más que en 2021 (258,3 millones). El podio entre los entes contratantes de la Administración Central lo completa Aena, con 570,3 millones, el doble que en el ejercicio precedente (258,3 millones). Puertos del Estado contrató 473,3 millones, un 63,3% más; la Dirección General del Agua (DGA), 376,5 millones, un 18,2% más; la Dirección General de Costas, 356,5 millones, un 64,5% más; y las sociedades estatales de agua 311,5 millones, un 83,7% más. Las Confederaciones Hidrográficas, por el contrario, contrajeron su contratación un 30,4%, hasta 105,7 millones.

Déficit en agua

La escalada de la contratación del Gobierno contrasta con las rebajas por parte del conjunto de las Administraciones autonómicas y locales (ayuntamientos y diputaciones). En el caso de las Comunidades Autónomas, el volumen de adjudicaciones se situó en 2022 en 3.685 millones, un 16,2% menos que los 4.398,6 millones de 2021, y en el de las Administraciones Locales, se retrajo un 13,9%, al pasar de 3.406 millones a 2.933 millones. Esta reducción reflejaría la falta de diligencia hasta la fecha en el traslado de los fondos europeos a las empresas por parte de los entes regionales y locales.

En el reparto por Autonomías del conjunto de la contratación de las Administraciones, Madrid repitió en cabeza con 2.223,8 millones, un 20,9% menos. Se situó por delante de la Comunidad Valenciana, que se aupó al segundo puesto tras crecer un 134,6%, hasta 1.820,4 millones. Superó así a Cataluña, tercera con 1.582,8 millones (-4,3%), y Andalucía, cuarta con 1.343 millones (-15,8%). En la Comunidad Valenciana la obra pública de entes estatales superó los 1.080 millones, con el foco principal en Adif y el Corredor Mediterráneo, con casi 830 millones. 

En términos relativos, Cantabria acumuló la mayor subida, del 406,1%. Por detrás también aparecen con destacados ascensos Baleares (190,3%), Asturias (181,3%), Castilla-La Mancha (167,3%), la mencionada Comunidad Valenciana (134,6%) y Murcia (122,6%). Los contratos no regionalizables igualmente experimentaron un alza relevante, del 117,1%. 

En el lado opuesto, los mayores descensos en la contratación de obra pública corresponden a Navarra, con un 77,7% menos, Canarias (-40,9%) y Madrid (-20,9%). 

Para Julián Núñez, presidente de Seopan, “el crecimiento de la contratación pública en 2022 anticipa un crecimiento de la producción de obra civil en 2023, si bien siguen persistiendo unos niveles de ejecución presupuestaria de los principales órganos de contratación del Estado insuficientes“. Asimismo, “a pesar de los positivos incrementos de contratación de 2021 y 2022, seguimos teniendo unos niveles de inversión pública muy inferiores con respecto a los de 2010 en infraestructuras de transporte, de depuración y de abastecimiento de agua, con registros del -52%, -54% y -58%, respectivamente”, advierte.