• Las obras previstas generarán 18.000 empleos a tiempo completo, un retorno fiscal de casi 400 millones para la Administración Pública y una aportación al PIB andaluz de más de 1.100 millones
• El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, asegura que el reto es que todas las obras del Plan de Infraestructuras Judiciales estén al menos iniciadas en 2030
• La Junta de Andalucía admite que «es probable que no finalizará ninguna Ciudad de la Justicia en esta legislatura»

Un total de 1.500 millones. Es lo que movilizará la Consejería de Justicia con el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, diseñado para construir o reformar sedes en el 100% de los 85 partidos judiciales de Andalucía.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, lo ha presentado este miércoles ante CEACOP en Sevilla donde ha llamado a los empresarios de la construcción a aprovechar la «oportunidad de negocio» que supone este plan, ya que sostiene que las más de 160 actuaciones previstas generarán 18.000 empleos a tiempo completo, un retorno fiscal de casi 400 millones para la Administración Pública y una aportación al PIB andaluz de más de 1.100 millones.

El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que «es ya una realidad», se ha diseñado en colaboración de todos los operadores jurídicos para definir las necesidades con el objetivo de que «nadie nos pueda decir que la Justicia no funciona porque las sedes están mal». Pero también recogiendo las propuestas de las empresas sobre fórmulas innovadoras para financiarlo.

En los 27 años transcurridos desde que Andalucía recibió las competencias en Justicia, sólo se han hecho 22 sedes judiciales. Un ritmo que no permite solucionar los déficits existentes, según se destaca desde la Consejería.

Las limitaciones presupuestarias han sido tradicionalmente el principal obstáculo para acometer más actuaciones. Por ello, Nieto ha puesto en valor la búsqueda de fórmulas innovadoras de financiación que por primera vez serán explotadas para desarrollar las más de 160 actuaciones de este plan entre construcciones nuevas, rehabilitaciones de edificios y reformas para mejorar la accesibilidad, la digitalización, la eficiencia energética y la ordenación de espacios para adecuar las sedes existentes a las necesidades de la Justicia del s siglo XXI.

Entre estas fórmulas innovadoras de financiación ha destacado que por primera vez se destinarán fondos europeos a obras en edificios judiciales, así como la colaboración con ayuntamientos y diputaciones.

Así, la Consejería ya ha suscrito nueve protocolos y convenios con entidades locales para que éstas asuman la construcción de edificios municipales a cambio de ceder su uso a la Consejería de Justicia durante 30 años cobrando un canon anual con el que no solo recuperarán la inversión, sino que obtendrán un beneficio. Con esta fórmula ya están en marcha proyectos como el de Roquetas de Mar (Almería).

La tercera vía es la colaboración público-privada, en la que Nieto ha querido centrarse ante un foro de empresarios y que ha defendido «sin complejos, desde la transparencia». Así, ha detallado que es la vía que va a permitir desbloquear grandes proyectos que llevan décadas en el cajón como las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Jaén y Huelva mediante una fórmula poco explotada hasta ahora como la concesión de obra pública.

Durante el encuentro, Nieto ha citado otros proyectos fuera de las capitales cuyas obras ya se han adjudicado como la construcción de la nueva sede de Órgiva, en Granada, a la que concurrieron 13 empresas, o la reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera, en Córdoba.

En otras ha apuntado se están ultimando los proyectos de ejecución, con la previsión de iniciar las obras durante 2025, como los nuevos edificios judiciales de Algeciras (Cádiz), Huércal-Overa (Almería) y Villacarrillo (Jaén), la reforma de los juzgados de Montilla (Córdoba) o adecuación de los edificios B, C, D, E y F del campus de Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que se ha sacado a licitación de manera conjunta por 1.879.491 euros.

«El reto es que todas las obras del Plan de Infraestructuras Judiciales estén al menos iniciadas en 2030», ha afirmado el consejero, quien ha incidido en que es una oportunidad no sólo para grandes constructoras y consultoras de obra pública, sino también para medianas y pequeñas empresas.

Prueba de ello es que más de 60 empresas han concurrido a las licitaciones convocadas hasta ahora, por lo que a juicio del consejero hay interés en el sector gracias también a la estabilidad y la seguridad jurídica que ofrece Andalucía.

Para Nieto, el Plan de Infraestructuras Judiciales es un motor de impulso económico tanto por la actividad y el empleo que generará como por la contribución que supondrá para mejorar la prestación de un servicio que es «el cimiento de nuestra democracia», ya que cuanto más ágil y eficaz sea el sistema judicial mejor contribuirá al desarrollo de una Andalucía líder que atraiga proyectos e inversiones.

El presidente de CEACOP ha agradecido al consejero que haya inaugurado estos encuentros y ha puesto en valor su exposición ya que ha reconocido que las infraestructuras judiciales son grandes desconocidas para el sector. Ha coincidido con el consejero en que suponen una oportunidad y ha abogado por lograr que sean empresas andaluzas quienes desarrollen los importantes proyectos previstos para que la inversión se quede en Andalucía.

• Fuente: Abc