- Los encargos a empresas estatales arrebatan al sector privado 10.000 millones de euros en los tres últimos ejercicios
- La acción de CÍES y CEACOP se suma a los recursos ya interpuestos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- El Gobierno encarga por segunda vez a Ineco el puente de la SE-40
El encargo del puente de la SE-40 a la empresa estatal Ineco llega al Tribunal Supremo. Las organizaciones empresariales CÍES (Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España) y CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y la Obra Pública) han presentado ante el Supremo un recurso contencioso administrativo contra el segundo encargo del Ministerio de Transportes a la empresa pública Ineco para la redacción del proyecto de construcción del puente de la SE-40 sobre el río Guadalquivir. La autorización fue aprobada por el Consejo de Ministros.
Este segundo encargo incorporó el diseño del puente en metodología BIM, como establece la normativa vigente. Con la reformulación del contrato, este alcanzó la cuantía de 13.120.000 euros y, al superar los 12 millones, ha requerido de una autorización del Consejo de Ministros.
Lo que discuten las ingenierías es que en esas encomiendas no cabe una subcontratación por parte del medio propio (la empresa estatal Ineco) por encima de los límites legales, “lo que probaría además la ineficiencia de Ineco para realizar por sí mismo el proyecto”. Junto a ello, las patronales reclaman que la mayor eficiencia del medio propio (la empresa estatal Ineco) para realizar el encargo frente al mercado ha de probarse caso a caso, lo que niega el Estado. Son justamente estas cuestiones las que se elevan para su conocimiento ante el Tribunal Supremo recurriendo la autorización del Consejo de Ministros por ser dicha autorización la que causa un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de los recurrentes.
Esta decisión se suma a los recursos ya presentados a la primera encomienda del Ministerio a Ineco ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y seguidamente ante la Audiencia Nacional.
tras haber reanudado el Ministerio el proceso del segundo encargo mediante la necesaria autorización del Consejo de Ministros, las ingenierías han dado un paso más allá al llevar este caso ante el Supremo para recurrir el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros.
Competencia desleal
Las patronales denuncian el abuso por parte de la administración de los encargos a empresas estatales como Ineco (medios propios), ya que reducen sustancialmente el tamaño del mercado privado del sector de la ingeniería y la construcción. En el periodo comprendido entre 2021 y 2023, la adjudicación directa a empresas públicas se ha disparado en España superando la cuantía de 10.000 millones de euros, coincidiendo con la ejecución de los fondos europeos Next Generation, que se están canalizando en gran medida por la vía de la adjudicación directa a medios propios.
Sigue adelante en recurso ante la Audiencia Nacional
El recurso inicial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública- estimó parcialmente la demanda de las patronales y anuló la primera adjudicación directa al medio propio. Aun así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible decidió asignar nuevamente la redacción del puente más singular y complejo de España a INECO, una empresa pública sin referencias en la materia a pesar de la contrastada solvencia de las ingenierías privadas especializadas y la solicitud directa de las empresas para que se licitase un procedimiento abierto en concurrencia competitiva.
Ante esta situación, ambas patronales decidieron proseguir en sus acciones de defensa del sector y llevar, hace un mes, la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acerca del primer encargo ante la Audiencia Nacional, al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público.
En concreto, las ingenierías esgrimen que no está justificada la mayor eficiencia y eficacia de la adjudicación directa frente a la licitación pública (INECO no tiene experiencia en diseño de puentes y asignarle directamente este proyecto es más caro que una licitación) y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios superando ampliamente este límite, sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superarlo.
Por último, tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional de la encomienda en lugar de la licitación. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995. Este recurso ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional, encontrándose CÍES y CEACOP a la espera de recibir el expediente para formular demanda.
- Diario de Sevilla
