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• Constructores e ingenieros lo tachan de «tomadura de pelo» y advierten de que la decisión provocará cierres de empresas y más paro en Andalucía

Horas después de que los principales representantes del sector de la construcción y la ingeniería en la comunidad autónoma hiciesen, ayer, una durísima crítica a la gestión del Gobierno andaluz en materia de obras públicas, y en concreto, al nuevo Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista 2020), la Consejería de Fomento y Vivienda salía al paso para escudarse en los recortes de los fondos europeos Feder y en las obligaciones de cumplimiento del déficit presupuestario, y así tratar de justificar la drástica reducción de las inversiones en este capítulo, que los profesionales cifran en más de un 80% con relación al plan anterior.

Se renuncia, según el sector, a 377 obras viarias, cuya hipotética ejecución queda más allá del horizonte temporal del plan (el año 2020), entre las que figuran actuaciones calificadas en el mismo documento de «estratégicas» (ver noticia complementaria). Y tampoco que definen las obras que se salvarían, ni su financiación. De hecho, en el texto la Junta expresa que «el plan, en el contexto económico actual, queda claramente determinado por la disponibilidad presupuestaria para su financiación», un reconocimiento, que prueba, según estos sectores, que «no hay un compromiso real y firme, ni una planificación seria».
Anejo económico
En las casi 400 páginas que rellena dicho Plan, solo una se dedica al cuadro económico, sin que en el mismo se detallen las fuentes de financiación. El presupuesto de inversiones consignado para los cinco años es de 1.300,5 millones de euros, pero no se especifica cuánto saldrá de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, cuánto del Estado y cuánto de la UE.
«Nos venden humo», «es una tomadura de pelo», es «un documento difuso, lleno de inconcreciones y de escasa credibilidad». Estas fueron algunas de las expresiones que utilizó José Abraham Carrascosa, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, que fue el encargado de leer un comunicado conjunto, en el que se pide la «retirada inmediata» del Plan y que se abra una negociación para consensuar uno nuevo. Junto a él, comparecieron los presidentes del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Francisco Felipe; de Fadeco Contratistas, Francisco Carmona; y de la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), Ignacio Sánchez de Mora.
Constructores e ingenieros reclaman «una programación temporal realista y pormenorizada, que especifique las actuaciones en cada provincia, los plazos y las partidas detalladas en la planificación temporal». Afirman que el nuevo Plan, que se presenta como una revisión del anterior 20072014, «deja en papel mojado» los compromisos anteriores. La inversión en infraestructuras que la Junta prevé realizar entre este ejercicio y 2020, por importe de 1.300,5 millones, representa el 16% de la presupuestada en el plan vigente, recalcan. Y añaden que este montante se sitúa en el 0,17% del PIB estimado durante este periodo, «un porcentaje muy alejado de la inversión promedio prevista por el Estado (0,90%) y que es 25 veces menor que el 4% que la UE considera óptima, alegan.
«Están jugando con el pan de muchas familias y con la viabilidad de muchas empresas. Pedimos concreción, que le den un viso de seriedad. Si sabemos que no vamos a tener trabajo podremos planificar ordenadamente los cierres porque las empresas no queremos dejar muertos en el camino», dijo el decano de los ingenieros.
Por su parte, el presidente de Ceacop remachó: «Las perspectivas que ven las empresas es que nos estamos muriendo y que el Gobierno andaluz ha descartado a nuestro sector y no sabe cómo darnos la puntilla». Y añadió: «Que nos digan claramente cuáles son las obras y la inversión para que cierren los que tengan que cerrar o se decidan a irse al extranjero». En este punto, estos portavoces auguran nueva destrucción de empleo y estiman que ya se ha perdido el 50% del tejido empresarial.
Frente a esta enmienda a la totalidad, la consejería de Fomento y Vivienda calificó de «respetables» las críticas de las patronales, «basadas en sus legítimas aspiraciones para que se produzca un incremento de la activi-

dad del sector». Sin embargo, a continuación arroja un jarro de agua fría al afirmar que sus planteamientos son «inviables en el actual marco financiero de las administraciones públicas». El departamento dirigido por Felipe López anuncia que va a convocar una reunión la próxima semana para abordar estas alegaciones e insiste en «la coherencia y realismo» del Plan. Así, alega, por un lado, que el Feder ha reducido a la mitad los fondos de infraestructuras y transportes y, por otro, los «condicionantes de estabilidad presupuestaria, control del déficit y consolidación fiscal de las cuentas públicas exigidos por la UE y el Gobierno de España».

> VER REPERCUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS

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• «La Junta de Andalucía en absoluto aplica los criterios que preveía implantar en cuanto al acceso a la información a través de Internet», se quejan desde Ceacop

El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Francisco Felipe Fernández Olmo, ha lamenta la falta de aplicación de la transparencia por parte de la Administración en sus procesos.

En una nota, Ceacop considera que esta situación, además, «imposibilita que la relación de los organismos públicos con empresas y ciudadanos sea más rápida y ágil y frena la modernización de los procedimientos administrativos de la Administración».

En este sentido, Fernández Olmo ha matizado que «la Junta de Andalucía en absoluto aplica los criterios que preveía implantar en cuanto al acceso a la información a través de Internet». Considera que «esto es manifiesto en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde aún no es posible hacer un seguimiento al cien por cien efectivo de la ejecución presupuestaria, una cuestión primordial para evaluar el grado de desarrollo de las políticas de inversión y de infraestructuras de nuestra Comunidad».

«No solo el Gobierno autonómico adolece de esta falta de claridad en su gestión, sino que también nos topamos con la falta de transparencia en el caso de ayuntamientos, diputaciones y universidades, que cuentan con medios y recursos más limitados para poder optimizar la publicación de información de sus procesos», segun el presidente de la patronal.

Fernández Olmo demanda que «la aplicación al cien por cien de esta transparencia es una cuestión fundamental para nuestro trabajo. Sin embargo, en la práctica este proceso de implementación de la transparencia está resultando más difícil y hasta farragoso por parte de la Administración, de manera que más que agilizar nos entorpece».

El presidente de los constructores ha realizado estas declaraciones en la presentación de la jornada ‘Novedades legislativas en la contratación pública. Resolución de casos de interés’, organizada conjuntamente por Ceacop y la firma sevillana Burear Abogados y Economistas.

Esta jornada se desarrolla en el marco de la programación definida por Ceacop para la celebración del 20 aniversario de la asociación este 2016, que «pone de relieve la trayectoria de la patronal a lo largo de estas dos décadas de vida, a través de una nutrida agenda de actividades de interés para el sector de la obra pública».

José Ignacio Hernández Tirado, socio de Burear Abogados y Economistas ha presentado las reformas de calado en la Ley del Procedimiento Administrativo, como la Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas.

También ha incidido en la plasmación de los criterios de la Unión Europea en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas, que prevé la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de cargas. Ha precisado que se trata de una normativa «cuya entrada en vigor está prevista para octubre de este año en lo que se refiere al procedimiento, aunque la entrada en vigor de los registros que permitan la tramitación electrónica no estará operativa hasta 2018».

Por su parte, Francisco de Borja Rocha Martín, asociado del área de derecho administrativo de Burear Abogados y Economistas, ha expuesto “la imposibilidad de aprobación a corto plazo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la transposición de las directivas 24/14 y 23/14 del Consejo Europeo”. Esta normativa afecta a los umbrales económicos de los contratos públicos, así como a las clasificaciones y establece la obligación del registro electrónico de todos los contratos.

Además, durante la jornada se ha subrayado que la nueva ley está enfocada hacia la promoción de la innovación y a fomentar un mayor número de adjudicaciones a pymes en consonancia con los programas de financiación pública europea.

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En 2010 la Junta de Andalucía declaró de interés una serie de obras hidráulicas, entre ellas 28 actuaciones de urgencia en materia de tratamiento de aguas residuales en la provincia de Sevilla. En enero de 2016, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, señala que de los 185.574.000 euros que la Junta preveía invertir en la provincia sólo ha contratado 4.243.052,12 euros, un 2,3%. Ese dinero ha permitido el inicio de la ejecución de la depuradora de Constantina y algunos contratos de redacción de proyectos y trabajos de ingeniería.

La situación hizo que el pasado verano la Consejería de Medio Ambiente anunciase inversiones por valor de 160 millones de euros (menos de lo que había comprometido en 2010) en materia de depuración en Sevilla en los próximos cuatro años y suscribió un acuerdo con la Diputación para agilizar estas actuaciones. Entonces, corría el mes de agosto, la Junta aseguró que antes de final de año se licitarían 16 de esos proyectos; a día de hoy, no hay constancia de ello.

De esta forma, y a pesar de la gran cantidad de dinero recaudado por la Junta que, en principio, se iba a destinar a mejorar las infraestructuras hidráulicas —sólo entre mayo de 2011 y diciembre de 2015 se habían recaudado en toda Andalucía 346 millones de euros gracias a ese canon— en la provincia hay alrededor de treinta municipios con carencias de depuración y que, por consiguiente, siguen vertiendo sus aguas negras a ríos y arroyos. De ellos hay algunos en los que el sistema de depuración no es el adecuado por falta de equipamiento o averías (en Lebrija por ejemplo una de sus estaciones lleva años sin funcionar), pero hay 18 que, directamente, no tienen depuradoras.

Jaime Raynaud, diputado del PP por Sevilla en el Parlamento andaluz, señala que están sin depuradoras El Garrobo, La Campana, Cañada del Rosal, Fuentes de Andalucía, La Luisiana, Marinaleda, Alcolea del Río, Cantillana, El Madroño, Los Rosales, Tocina, Villanueva del Río y Minas, Algámitas, Los Corrales, Martín de la Jara, La Roda de Andalucía, El Saucejo y Villanueva de San Juan.

La lista, según un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, sería más amplia y llegaría a 23 municipios, incluyendo Algámitas, Peñaflor, El Ronquillo, Burguillos o la citada Constantina, cuya depuradora está ya en ejecución. El Colegio de Ingenieros apunta en su informe que en materia de depuración de agua quedan por ejecutar en la provincia hasta 86 actuaciones.

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• Carriles bici «El plan de la bicicleta fue un capricho político del momento, en la etapa oscura de la consejera Elena Cortés, que ya se ha aparcado»
• Eficiencia energética «La construcción sostenible se ha dedicado en un 64% a la renovación de ventanas, una industria que en gran parte está fuera de Andalucía»
• El presidente de la patronal pide al nuevo consejero de Fomento «que haga lo que dice, ni más ni menos»

Los empresarios pequeños y medianos que trabajan en construcción, la consultoría y la obra pública en Andalucía rechazan que la reactivación incipiente de la actividad pueda considerarse recuperación en toda regla. Según el presidente de la patronal que representa a 250 de estas empresas, Ceacop, los planes del Gobierno andaluz, como el de la bicicleta, que se lanzó como « l a palanca de cambio del modelo productivo», solo han servido «para acaparar titulares». Añade que el de la construcción sostenible o el de depuraciones también se quedan en «papel mojado» por la ausencia de rigor y de presupuesto.

—¿Vuestros asociados no aprecian todavía una mejoría sólida de la actividad?
— En el sector privado sí es cierto que se ha producido más que nada un incremento de la compraventa de viviendas como consecuencia de los bajos precios. Muchos fondos de inversión han venido detrás de lo barato. Esos datos van dentro del PIB de nuestro sector, aunque no dejan de ser transacciones comerciales. También ha habido un cierto repunte de la construcción privada en zonas puntuales como la costa. Luego está el gran motor de nuestra economía — aquí donde no tenemos una industria boyante—, que es l a obra pública y l as i nfraestructuras. Desde 2008 la caída de la inversión ha sido espectacular, de en torno a un 80%. El año pasado repuntó un 64%, pero claro, respecto a un 2013 en el que las licitaciones estaban en 900 millones, bajo mínimos, frente a los 4.000 de antes de la crisis.

—¿Qué administraciones tiran más del carro de la obra pública?
— El año pasado, de los 1.600 millones totales licitados, la Junta solo sacó 270 millones. Quien más tiró fue la administración central, con un incremento de en torno a un 70%, y los ayuntamientos. Y éstos, seguramente, porque era el f i nal de Legislatura y el alcalde que no hizo nada en cuatro años sacó algún concurso al final como reclamo electoral.

—Sin embargo, el empleo de la construcción ha crecido en Andalucía. —Durante el primer semestre de este año el empleo se ha incrementado por las obras que se licitaron en 2014 y se están ejecutando ahora. Pasamos de los 135.000 trabajadores que había a diciembre de 2014 en Andalucía a 150.000 a finales de junio. (Hay que recordar que el sector llegó a colocar a 500.00 personas). Pero en el tercer trimestre se ha estancado porque este año ha cambiado de nuevo el ciclo y la licitación de obra pública ha vuelto a caer en torno a un 60% en los ocho primeros meses. Estimamos que al final de año se quedará en la mitad de lo licitado en 2014.

—¿Qué balance hace de los planes de la Junta para revitalizar el sector? —Han sido útiles para acaparar titulares, pero de poco o nada han servido para solventar el desempleo o la destrucción de empresas. Desde 2008 ha desaparecido un 38% de ingenierías y constructoras andaluzas. Sin una planificación rigurosa ni la necesaria consignación presupuestaria, han quedado en papel mojado. Ninguno de estos planes ha triunfado como vaticinaban sus precursores.

—¿Cómo marcha el plan de la bicicleta? —Fue un capricho político del momento y nada más. De una consejería y de una opción política. El plan como tal se ideó en la etapa oscura de la anterior consejera, Elena Cortés. Lo llamaron la palanca del cambio del modelo productivo. Vendieron una inversión de más de 421 millones hasta 2020 en carriles bici, y solo se adjudicaron 8,6 millones en 2014 y este año van unos 3 millones, porque me temo que con el nuevo Gobierno se ha aparcado.

—¿ Qué impacto está teniendo el Plan de Construcción sostenible? —Este plan estaba dotado con 220 millones de euros. El 64% de estos fondos se han dedicado a la renovación de ventanas, una industria que en gran parte se aloja fuera de Andalucía, por lo que la repercusión en el empleo regional es mínima. En 2014, únicamente 26,24 millones se destinaron a la rehabilitación de viviendas. Lo mismo pasa con el de depuración y saneamiento. La Junta anunció en 2010 la construcción de 300 obras hidráulicas para cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea y en estos 5 años la inversión en estas obras está por debajo del 5% de los 1.765 millones que se anunciaron.

—¿Sigue el éxodo de profesionales andaluces? —El 45% de nuestros asociados trabaja en el extranjero. Tenemos muy buenos profesionales que aquí no pueden comerse las habichuelas. Muchos de ellos están solo manteniendo la estructura esperando tiempos mejores.

—¿Se ha reunido con el nuevo consejero de Fomento y Vivienda? —Sí. Felipe López es un hombre con una gran trayectoria, muy comprometido, serio, claro y, ante esas premisas, lo que queremos es que haga lo que dice, ni más ni menos.

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• El denostado ladrillo ha creado nueve de cada cien puestos de trabajo en Andalucía en el último año

El futuro económico andaluz sigue ligado al andamio y la hormigonera. Lo dicen los expertos —también como pronóstico para toda España— y lo reiteran las patronales y las empresas del sector. Las grúas en movimiento que empiezan a otearse en el paisaje urbano, el repunte de la compraventa de viviendas que corroboran los notarios o el aumento de la licitación de obra pública por parte de las administraciones se ven como signos optimistas de la recuperación, aunque siguen muy presentes los errores del pasado y se activan controles para evitar otra burbuja inmobiliaria.

En Andalucía nadie echa todavía las campanas al vuelo, pero hay datos que preludian una nueva fase de crecimiento de la actividad, tras el ajuste duro de los últimos años. Así, el sector vuelve a crear empleo en la región: 15.900 puestos de trabajo en el último año, lo que supone casi el 9% de los nuevos ocupados (177.800) contabilizados en la comunidad autónoma entre junio de 2014 y el mismo mes de este año, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Todavía, el empleo del ladrillo representa solo el 5,3% de los ocupados andaluces —en concreto 150.000 trabajadores de los 2.808.500—, la mitad de lo que llegó a significar en el año 2008, cuando la construcción aportaba más del 11% de la fuerza laboral en Andalucía, con 343.000 empleados. En estos siete años se ha perdido, pues, más de la mitad del empleo en el sector.

La patronal Ceacop, que agrupa a empresas medianas y pequeñas del sector de obra pública e ingeniería de la comunidad autónoma, estima que debería ser un objetivo para Andalucía elevar el número de trabajadores de la construcción hasta 225.000, un objetivo todavía distante, que supondría volver a registros  del año 2010.

Reducción del paro
El número de parados de la construcción ha bajado en 5.400 personas en los seis primeros meses de este año. La EPA del segundo trimestre reflejaba una cifra de 56.400 desempleados en el sector. Son pocos si se compara con los 166.600 de diciembre de 2008, lo que refleja la contracción del sector. Durante la crisis muchos trabajadores se han desvinculado de esta actividad buscando oportunidades en otros campos, como la agricultura, y hacen ahora el camino de vuelta al andamio. El campo es el único sector en Andalucía que se está quedando al margen de la recuperación del empleo: ha perdido 13.200 trabajadores en el primer semestre del año.

Por otro lado, el nuevo empleo en la construcción es reflejo del crecimiento del sector, que en los últimos dos trimestre consecutivos ha vuelto a aportar tasas positivas al Producto Interior Bruto (PIB) regional. Así, entre octubre y diciembre de 2014 el sector repuntó un 2,5% interanual, según datos de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. Esta fue la primera tasa positiva desde el ejercicio 2007 en una actividad que en el conjunto de 2014 ya había moderado su caída tras seis años de fuerte ajuste. La recuperación se consolida con el crecimiento del 5,9% en el primer trimestre de este año (más del doble que en el anterior), que fue similar a la media de España (5,8%).

«Se confirma así el proceso de corrección de uno de los desequilibrios puestos de manifiesto con la crisis: el sobredimensionamiento del sector», indican los analistas de la secretaría general de Economía de la Junta. Así, el peso del ladrillo en la estructura productiva de Andalucía se ha quedado en un 5,9% en 2014, el más bajo desde que se tiene información homogénea (1995), y acorde con los niveles medios en España (5,6%) y la Zona Euro (5,1%). Es menos del la mitad del 12,2% que llegó a representar.

Por otro lado, este año se ha roto la trayectoria de ajuste que la oferta venía registrando en Andalucía, con un incremento en el número de viviendas terminadas del 9,9% interanual en el primer trimestre, en un contexto de descenso nacional (-27,7%). El aumento de la oferta de viviendas se da en un entorno de subida también en la demanda de las mismas. Así, la estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad del INE señala un crecimiento de la compraventa de viviendas en Andalucía de un 7,7% interanual en el primer trimestre, consecuencia especialmente de la fuerte subida en la de segunda mano. Un aumento que se ha intensificado en los meses posteriores. Así, entre abril y mayo, última información disponible, el incremento ha sido del 13,4%.

Con esta recuperación de la demanda, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre, que publica el Ministerio de Fomento, presenta un estancamiento, tras la caída que ha venido mostrando desde finales de 2008.

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• Aseguran que la Consejería de Fomento les adeuda 25 millones desde hace ocho meses

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) presentó ayer en el Registro de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía un conjunto de reclamaciones administrativas, firmadas por las empresas responsables de los contratos de conservación de la red viaria andaluza, con las que la Administración mantiene una deuda de la que no concreta un horizonte de pago.

Según informó ayer Ceacop, la presentación de la reclamación administrativa constituye el paso previo para que las empresas puedan iniciar el procedimiento judicial por la vía correspondiente contra la Junta.

Asegura la organización empresarial que desde el mes de agosto de 2014, la Junta de Andalucía no está abonando a las constructoras las certificaciones correspondientes a la conservación de carreteras. Estos impagos suponen una deuda de 25 millones de euros, «que está causando un gran perjuicio para la supervivencia de las 45 empresas afectadas, así como para los 600 trabajadores directos que dependen de estos contratos, y que, en algunos casos, han visto congeladas sus nóminas», resaltó Ceacop en un comunicado.

A estas alturas del año las empresas se pueden encontrar con que si la Junta no abonara las certificaciones de abril, ya serían 9 los meses que se acumularían a la deuda que vienen soportando.

La patronal andaluza ya denunció esta situación en diciembre del año pasado. Entonces, se encontraban impagadas las certificaciones de los meses de junio a noviembre. Después de la denuncia pública de Ceacop, la Consejería de Fomento abonó los meses de junio y julio, dejando pendiente el resto.

«Desde entonces –subraya– la situación se ha enquistado por parte de la Junta y no se ha producido ningún avance en los calendarios de pago, por lo que se han acumulado 8 meses de deuda».

Pese a todo, Ceacop insiste en que la seguridad vial está garantizada, ya que son las empresas las que están aportando los medios y asumiendo el coste de estos servicios, «aunque algunas de ellas están al borde de la quiebra».

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La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), acaba de sacar a contratación una nueva remesa de obras de conservación y mantenimiento de carreteras autonómicas que suman hasta 21 millones de euros. Paradójicamente, el anuncio coincide con una denuncia del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) que alertó l a semana pasada de que la Consejería lleva seis meses sin abonarle los trabajos realizados por las adjudicatarias de los 35 contratos vigentes de limpieza y reparación de las vías andaluzas. La deuda, estimaron desde la patronal de constructores, ronda los 25 millones, que supera el importe de los nuevos contratos publicados ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Al respecto, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, señaló ayer que más allá de los problemas de retraso que afecta a todas las administraciones, «el compromiso de este Gobierno es hacer frente a sus obligaciones con este grupo de empresarios » . Según Vázquez, todo obedece a las dificultades presupuestarias, si bien el Ejecutivo andaluz está dando muestras «de voluntad» para evitar los retrasos en los pagos.
La Dirección General de Infraestructuras emitió el pasado 26 de noviembre dos resoluciones por las que se licitan, mediante un concurso, diversas operaciones de conservación en varios tramos de carreteras de la zona este de la provincia de Almería, zona suroeste de Córdoba, l as zonas norte y oeste del área metropolitana de Sevilla, así como otras vías que conectan la capital granadina con sus municipios más cercanos y la zona suroeste de Huelva.

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• La patronal de construcción Ceacop denuncia que Fomento lleva seis meses sin abonar las obras y el servicio está «amenazado»

La Junta de Andalucía no inaugura carreteras, pero tampoco se gasta dinero en mantenerlas. La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), lleva seis meses sin abonar las certificaciones de los 35 contratos para la conservación de la red viaria de la comunidad, según denunció ayer el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). Desde el pasado mayo, cuando Fomento les cortó el grifo, las 45 empresas afectadas por los impagos están sufragando con sus propios medios los trabajos. La bola de la deuda va creciendo mes a mes: ya ronda los 25 millones de euros.

Los impagos de la Administración autonómica han puesto al límite a las empresas. O se pone al día en los pagos, o la eliminación de baches o limpieza de obstáculos en la calzada no están garantizadas. Desde la patronal de obra pública advierten de que la prestación del servicio «se ve seriamente amenazada por la falta de pagos» y que el deterioro puede afectar a la larga a la siniestralidad. Están en juego los 10.414 kilómetros que componen la red viaria autonómica.

Las concesionarias han tenido que apretarse el cinturón, pero empieza a escasear el dinero para hacer frente a las nóminas de su personal a las puertas de la Navidad. Las tareas de conservación generan entre 500 y 600 puestos de trabajo directos, según estimó Ceacop. El 70 por ciento del contrato público se destina a costear las nóminas de los operarios de los equipos de conservación, cuyos empleos peligran si la situación se enquista.

La llegada del invierno y de las nevadas tampoco va a poner las cosas fáciles. El presidente de Ceacop, Francisco Felipe Fernández Olmo, señaló que «llegadas estas fechas, en las que las inclemencias meteorológicas son aún mayores, las consecuencias van a ser que no se puedan cumplir con determinados cometidos de estos contratos, caiga una riada, caiga una nevada, se corte una carretera… y no se pueda solventar el problema porque las empresas ni tienen dinero para la sal ni tienen dinero para el gasóil de las máquinas, incluso tienen dificultades para pagar las nóminas».

Treinta y siete empresarios trasladaron el pasado miércoles su malestar a la patronal por la morosidad de la Consejería de Fomento. Previamente, Ceacop se entrevistó con responsables de este departamento, pero no consiguieron arrancarle un calendario de pagos, como proponían. De la entrevista sólo salió el compromiso de estudiarlo. ABC intentó ayer sin éxito recabar su versión sobre estas quejas.

El bloqueo de fondos públicos ahoga a las empresas. Las más pequeñas no tienen liquidez para atender los pagos. Fernández Olmo subrayó que «la Consejería de Fomento y Vivienda hace sostenible la conservación de carreteras a costa de las empresas». Lo más grave es que ya estaban avisados. «Esta problemática ya se conocía desde que se aprobaron los presupuestos de 2014, a finales de 2013, ya que solamente tenían dotación presupuestaria hasta el mes de mayo», advirtió su presidente.

Llueve sobre mojado en el sector. Con la entrada en vigor del actual presupuesto a principios de año, la patronal lamentó que Fomento dedicara «más esfuerzos a un transporte minoritario, como lo es la bicicleta, y margine la carretera, que sí que la utilizamos el cien por cien de los andaluces».

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• La licitación en infraestructuras creció un 120% en los siete primeros meses del año, según Seopan. El sector de la construcción avisa que es un dato engañoso

Tras cuatro años de depresión, en el primer semestre de 2014 han repuntado por primera vez de forma significativa los proyectos de inversión en obra pública. Según el último informe de Seopan (la patronal de las grandes constructoras), en los siete primeros meses del año el importe licitado por las distintas administraciones públicas experimentó un crecimiento del 118,8% en Andalucía con respecto al mismo periodo del año anterior (al pasar de 654 millones de euros a más de 1.400 millones). Se trata, en cualquier caso, de un porcentaje que los empresarios consideran engañoso. «Cuando la construcción estaba en sus niveles máximos, la licitación era aproximadamente un 4,2% del PIB, hoy apenas es del 0,9%», apuntan fuentes del sector.

Algunos de los proyectos del Ministerio de Fomento son los que explican este repunte. De hecho, el Gobierno central fue el que más obras licitó en la región hasta julio (con un total de 806,5 millones de euros). Este desembolso se centró, en parte, en dos proyectos relevantes: el tramo del tren de Alta Velocidad entre Granada y Antequera (con distintos contratos para su construcción y mantenimiento que rozan los 300 millones de euros);y la autovía de circunvalación de Sevilla SE-40, de la que han salido dos tramos por 95 millones. A esto se le suman otros proyectos, como algunas mejoras promovidas por las Autoridades Portuarias de Huelva y Algeciras. «La cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas está acelerando algunas iniciativas, pero hay que ser muy prudentes antes de hablar de recuperación porque las cifras todavía son muy moderadas», indican en el sector.

A lo largo de este año los Ayuntamientos —con 350,4 millones de euros— están superando en inversión a la Junta de Andalucía, que apenas sacó a licitación obras por valor de 274,6 millones. «Se nota que la administración local ha hecho los ajustes en su presupuesto y ya está reactivando sus inversiones, mientras que el Gobierno autonómico continúa en niveles bajísimos», afirma Ana Chocano, gerente de Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública). Esta patronal hace un cálculo distinto al de Seopan, ya que no contabiliza aquellos proyectos que se ejecutan en régimen de colaboración público-privada, por lo que estiman que el volumen de licitación realmente ascendió 1.100 millones de euros.

Ana Chocano es especialmente crítica con la gestión de Elena Cortés al frente la Consejería de Fomento y Vivienda. «Se está comenzando a invertir de nuevo en mejorar las carreteras, tanto en la señalización como en el refuerzo del firme, pero con unos volúmenes claramente insuficientes como para mantener en buen estado la red viaria».

Este aumento en la inversión no evita que sigan existiendo problemas como las ofertas temerarias en los concursos o la morosidad de las Administraciones Públicas. «Para que podamos ser optimistas hay que esperar a ver qué obras se adjudican realmente de las que todas las que han salido a licitación en estos meses», concluye Chocano.

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• La presidenta no responde a una carta que le mandaron Ceacop y Fadeco donde critican sus incumplimientos y le piden que la Junta salde sus deudas

Ha sido uno de los titulares que ha dejado este miércoles la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, en el esperado Debate sobre el Estado de la Comunidad: la puesta en marcha de un segundo Plan para la Construcción Sostenible, que dará continuidad a la primera fase del mismo y «ha sido acogido muy favorablemente por el sector», destacó en el Parlamento.

Sin embargo, los constructores no comparten este análisis y se preguntan qué ha pasado con las actuaciones de rehabilitación recogidas en el marco de la denominada construcción sostenible, que siguen sin ejecutarse. «Los constructores están preocupados porque no terminan de arrancar», asegura los presidentes de dos de las grandes organizaciones que representan al sector de obra pública en Andalucía, Francisco Carmona, de Fadeco Contratistas, y Francisco Felipe Fernández Olmo, máximo responsable de Ceacop.

En un gesto insólito, por primera vez ambas organizaciones se han unido para hacer un frente común para denunciar la desaparición de una gran parte del tejido productivo que viene sufriendo desde 2008 a 2013 una contracción de la inversión pública del 81,89 por ciento. El 23 de julio pasado remitieron una carta a la presidenta de la Junta en la que le recordaban que «es hora de pasar de las palabras a los hechos, y ello pasa por concretar los recursos y mecanismos de financiación». Asimismo, le llamaron la atención sobre el impago de las deudas pendientes a las empresas por obras ya ejecutadas y puestas a disposición de la Administración. «Esta situación corre el riesgo de enquistarse de manera irreversible y no puede ser que la solución pase por los tribunales de Justicia», le advirtieron.

La presidenta, que hoy ha vendido nuevos planes de obras, ha dado la callada por respuesta a su misiva. Y ésta es la razón de que el sector, cansado de escuchar cantos de sirena, se haya decidido a hacer pública una carta que enmienda la plana a las promesas de la mandataria. Frente al Plan Andaluz de la Bicicleta, recuerdan el desencanto del sector y aseguran que «la recesión ya ha remitido en Andalucía» pero las grandes infraestructuras de carreteras previstas como culminar la red de gran capacidad definida en el Plan Pista, siguen sin arrancar.

El plan de construcción sostenible recogía una serie de incentivos están dirigidos a facilitar la realización de inversiones que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios de Andalucía, mediante la realización de obras de rehabilitación, reforma, adecuación al uso e instalaciones eficientes.

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