ABC de Sevilla

• Un estudio califica de «deficiente» el estado de la red andaluza por la falta de inversión, lo que compromete la seguridad vial

Andalucía no inaugura carreteras, pero tampoco invierte lo necesario en su mantenimiento. El Informe de Necesidades de Inversión en Conservación 2013-2014, publicado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) suspende a la red de infraestructuras viarias de la comunidad. El estado del firme obtiene 180 puntos en una escala de 0 a 400, lo que le otorga una calificación de «deficiente». Las vías andaluzas están por detrás de las carreteras autonómicas mejor conservadas, que son, por este orden, las de Extremadura, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid, aunque la nota supera a la media nacional (161 puntos). El presidente de la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) ha pedido el cese de la consejera de Fomento, Elena Cortés, por la falta de inversión en proyectos, dirección de obras y conservación de carreteras, lo que, apuntó, «compromete la seguridad vial» mientras su equipo «se dedica a la bicicleta».

Según el citado estudio, la inversión necesaria para evitar su deterioro está fijada en 52.286 euros por kilómetro. Los recortes llevan años lastrando el mantenimiento de las vías, hasta el punto de que el estado que presentan en el conjunto de España no se registraba desde 1985, según la AEC. Baches, grietas en el asfalto, señales destrozadas, marcas viales borradas, quitamiedos rotos… es el escenario por el que cada día circulan millones de vehículos en Andalucía.

La gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, ha criticado la «marginación» de las carreteras en las cuentas autonómicas. Asegura que el valor de la red andaluza alcanza los 30.000 millones de euros, por lo que, según el Banco Mundial, sería necesario invertir anualmente 600 millones, lejos de los 20 millones que dedicará este año, según señala esta organización.

Desde la Consejería manejan otras cifras. El pasado marzo anunciaron que la partida para conservación de la red viaria crecerá un 13 por ciento en 2014: pasa de 45,71 millones de euros a 51. Fomento abogó por invertir en mantenimiento alegando que 100.000 euros al mes en arreglos se traduce en 21 contrataciones en los centros de conservación de carreteras de la Consejería. Mientras que 1,2 millones anuales en inversión de nuevas infraestructuras sólo generan 10 empleos.

ABC de Sevilla

• Las empresas de obra pública afirman que la planificación en la región de las infraestructuras es un «desastre»
• La terminación de la Autovía del Olivar ha quedado anulada

La anulación parcial o total de dos de las tres autovías de la Junta que se iban a concluir a través del sistema de financiación público-privada, la del Olivar y la Iznalloz-Darro, ha tenido como consecuencia en el plano laboral la imposibilidad de crear algo más de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El tramo Estepa-Lucena de la primer de las infraestructuras, descartado actualmente por la Consejería de Fomento y Vivienda, preveía crear algo más de 4.500 empleos, mientras que en la segunda se calcula que podría generar otros 2.600. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), criticó ayer el «desastre total y absoluto» de la planificación del Gobierno andaluz en materia de infraestructuras públicas.

Ana Chocano, secretaria general de Ceacop, se mostró ayer sumamente crítica con la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda, al frente de la cual se encuentra Elena Cortés (IU) de anular el contrato de adjudicación de la Autovía del Olivar en el tramo entre Estepa (Sevilla) y Lucena (Córdoba), que contaba con una inversión de 307 millones de euros, bajo la formula de la colaboración público-privada.

«Todo lo que sea anulación de una construcción no nos gusta, porque nos quita trabajo a nosotros del poco que había previsto. También es verdad, y lo hemos ya manifestado, que no es el momento para este sistema, por cuanto para proyectos de esa envergadura las entidades financieras no quieren ni oír hablar de ellos».

Según Ana Chocano, las infraestructuras que quedan por concluir se podrían acometer en tramos más pequeños y con el procedimiento tradicional de licitar una obra, ejecutarla y pagarla conforme diga la ley, «y después conservarla con cargo a los presupuestos» del organismo que impulse la actuación.

La colaboración público-privada consiste en que la empresa o empresas que licitan un proyecto, en este caso de carreteras, disponen de una financiera (banco o fondo de inversión), que corre con los gastos de la actuación. Concluida la obra, y una vez puesta la infraestructura en servicio, la Administración, que previamente se ha comprometido a pagar un canon por una serie de años, lo abona siempre que se cumplan una serie de condiciones de calidad y seguridad de la vía. Se trata de un sistema sumamente caro, que se asemeja al pago de una hipoteca con elevados intereses.

«Cualquiera que observe la situación de la obra pública desde algo más lejos de Andalucía lo que ve es que la planificación de las infraestructuras en la Comunidad autónoma es un desastre total y absoluto», afirma Chocano con rotundidad, y añade: «No se entiende que se planifique una obra y a los tres años se desista de hacerla».

ABC de Sevilla

A falta de unos días para que se cierre el plazo de reconocimiento de facturas para el último plan de pago a proveedores, los constructores confían en que este mecanismo permita rebajar la actual morosidad, aunque a la vez temen que la Administración no aproveche totalmente esta oportunidad de “dejar a cero” la deuda pública.
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), apunta que en el arranque de esta última fase, la morosidad de las administraciones públicas con las constructoras e ingenierías andaluzas se situaba en los 500 millones de euros. A pesar de que anteriormente se habían sucedido dos planes de pago, los proveedores de la obra pública todavía soportaban una voluminosa deuda por obras realizadas, pero que no habían podido cobrar de la Administración.
Los constructores esperan que después de este último tramo del plan de pago esta deuda quede prácticamente saldada. Aunque también añaden que lamentablemente el contador no quedará a cero para la entrada en vigor de la Ley de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público. La patronal de obra pública alerta que el Ejecutivo andaluz no ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la totalidad de las deudas pendientes de pago a los proveedores. Por tanto, todo ese montante se quedará sin cobrar, ya que aunque las empresas reclamen el reconocimiento de esta deuda, está en manos del Gobierno autonómico la decisión de incluirlas o no en el mecanismo de financiación.
De este modo, la empresa está condenada a poder cobrar su trabajo por la vía judicial, con plazos de cobro que se alargan eternamente.
Según los datos que maneja CEACOP, hasta el momento actual los mecanismos de financiación han permitido pagar casi la totalidad de la deuda de ayuntamientos, diputaciones, universidades… Hace unos días, el ministro Cristóbal Montoro avanzaba que a finales de esta semana Andalucía recibirá una inyección económica de 631 millones de euros para pagar las deudas del primer tramo de esta última fase del plan de pago a proveedores, donde se incluían los entes locales.
En cuanto a las comunidades autónomas, es ahora cuando han tenido cabida en el plan de pago a proveedores las facturas de 2012 y lo poco que se ha facturado en 2013.
Al comienzo de este último tramo del plan de pago, 8 de cada 10 euros que se debían a las constructoras andaluzas, correspondían a la Junta de Andalucía. El resto se repartía prácticamente a partes iguales entre Gobierno central y ayuntamientos.
En cuanto al Gobierno autonómico, las consejerías que más cantidades adeudaban al sector eran la de Fomento y Vivienda y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
CEACOP apunta un significativo cambio de tendencia frente a la situación que vivíamos a principios de año. En estos meses se han acumulado más atrasos de pago en las actuaciones responsabilidad de la Consejería de Educación. El Plan OLA ha hecho que aumente el volumen de obras de colegios e infraestructuras educativas, lo que ha movilizado la actividad en el sector. Sin embargo el pago de estas obras se había congelado, incrementando así el ratio de morosidad de esta Consejería, aunque desde el sector señalan que el plan de pago también ha permitido saldar parte de la deuda de Educación.
Por último, los constructores piden al sector que esta experiencia sirva para que en el futuro no se repita esta coyuntura. De este modo piden a los gestores públicos un ejercicio de responsabilidad para que abonen los compromisos de pago en los calendarios acordados, y así no prolongar la asfixia económica de las empresas. De la misma manera, hacen un llamamiento al tejido empresarial para que sea más riguroso en la ejecución de los contratos.

Ver noticia publicada en ABC