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• La granadina, expresidenta de Navantia, llega en plena tormenta por las ayudas a Plus Ultra y en mitad de la negociación con Alcoa

El Consejo de Ministros ha nombrado a Belén Gualda González, actual presidenta de Navantia, nueva presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cargo que llevaba vacante desde octubre de 2019. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha destacado la amplia experiencia de Gualda en el sector público empresarial, gran parte de la misma vinculada a la Junta de Andalucía.

Gualda llega a la presidencia de la SEPI en plena tormenta por las ayudas a Plus Ultra y cuando está abierta una negociación con Alcoa para hacerse con la planta de aluminio de San Cibrao, en Cervo (Lugo).Las conversaciones no materializaron en una anterior ocasión, cuando la multinacional estadounidense rechazó los términos que planteaba la SEPI, y ahora se ven lastradas por la crisis de la financiera de Liberty, que sería el operador privado que se haría con la factoría si saliese adelante la operación. Asimismo, Gualda tendrá que decidir si finalmente la SEPI sale al rescate de Abengoa, una de cuyas filiales ha pedido 249 millones de euros al Fondo de Apoyo a la Solvencia para empresas estratégicas.

Belén Gualda González, que hasta ahora presidía los astilleros públicos de Navantia -compañía integrada en SEPI-, sustituye a Vicente Fernández Guerrero en el cargo, del que fue cesado en el otoño de 2019 tras su imputación en el «Caso Aznalcóllar». En el periodo que este puesto ha estado vacante, el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, ha ejercido esta labor de forma interina, tal y como establece el apartado cuarto de la Orden de 13 de julio de 1995 del Ministerio de Industria de organización y funciones de la SEPI.

Belén Gualda (Granada, 1974) es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, con nota final de sobresaliente en sus estudios de grado, y acumula una amplia experiencia en puestos directivos dentro del sector público empresarial, en el que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. En ella destaca la reciente tarea realizada al frente de la Agencia de Obra Pública de Andalucía en importantes proyectos de infraestructura.

Además de ser la profesional más joven al frente de Navantia a lo largo de su historia, suma a esta experiencia directiva la participación entre los años 2008 y 2019 en diversos consejos de administración y consejos rectores de diferentes sociedades mercantiles y agencias públicas empresariales con participación también de capital privado.

Durante el desempeño de estas responsabilidades ha promovido proyectos de cooperación internacional en el ámbito de los Planes de Desarrollo Sostenible y ha volcado su experiencia en la gestión, coordinación y ejecución de los programas financiados con fondos europeos, sobre todo en el área del medio ambiente, el agua y el transporte multimodal.

Comprometida con las iniciativas para combatir el cambio climático, ha sido una de las principales impulsoras de la concertación social en esta materia, en colaboración con el sector empresarial. Fue miembro también de la delegación regional que participó en la Conferencia de París sobre el Clima como especialista en la regulación relativa a la ley de Cambio Climático.

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• La licitación se divide en cinco lotes y tendrá vigencia para actuar en 2022 y 2023 en 1.800 kilómetros

La Diputación de Córdoba ha licitado por un importe de 10 millones de euros (IVA incluido) el contrato para el mantenimiento de la red provincial de carreteras. Los contratos se harán en cinco lotes coincidiendo con cada una de las demarcaciones en las que se ha dividio la red de carreteras en la provincia. En total, el presupuesto base de licitación es de 8.264.462,84 euros (sin IVA), por un periodo de dos años, según consta en el anuncio publicado en el portal de contratación. En el mismo se indica que existe la posibilidad de prorrogar durante tres años este contrato, año a año, con un presupuesto de 12,3 millones de euros en el caso de que se tuviese que acudir a esta vía.

Los lotes que se adjudicarán con cargo a este servicio son los de la demarcación Peñarroya-Pueblonuevo, con un total de 415 kilómetros para su mantenimiento: En 2022 se destinará para tal fin 842.179 eurios, y en 2023, 277.919 euros. En la demarcación La Rambla-Fuente Palmera, con 365 kilómentros entre todas las vías, se destinarán un millón de euros y 346.150 para las anualidades de 2022 y 2023, respectivamente. En la demarcación Córdoba-Montoro, que comprende una extensión de 411 kilómetros, se reserva para el año que viene un millón de euros y 352.730 euros para 2023. La demarcación Lucena-Carcabuey, con 297 kilómentros, contará con 2,1 millones de euros, repartidos en 1.061.604 para 2022, y 350.329 para 2023. Y por último, en la demarcación Baena-Priego, con un total de 317 kilómetros para su mantenimiento, se destinarán 978.392 euros el año que viene, y 322.869 para 2023.

Precios sin definir
Debido a los limitados recursos presupuestarios en relación con la antigüedad y extensión de la red provincial, en general «no se está en condiciones de abordar labores de conservación integral de carácter preventivo, toda vez que ello exigiría una selección de necesidades y una prioridad de actuaciones que agotarían rápidamente los presupuestos disponibles sin poder atender a las incidencias que de manera esporádica se producen en la red a lo largo del ejercicio», indica la memoria que acompaña al expediente para la licitación del servicio. De ahí que «sea prioritario reservar tales recursos a actuaciones concretas no programables con carácter previo, para atender a las incidencias desencadenadas generalmente por agentes exteriores, a los cuales el estado en que se encuentra la vía se muestra especialmente sensible, tales como los climáticos o los derivados del tráfico», señalan desde el departamento que dirige Francisco Palomares.

Desde Diputación recuerdan que se trata de un contrato cuyas obras no se pueden fijar de antemano puesto que en el momento de la licitación y adjudicación no se puede definir con exactitud y precisión el número de intervenciones necesarias para el mantenimiento de la red provincial, ni se puede predecir los daños que las inclemenecias meteorológicas u otros imprevistos pueden causar en las cacarreteras provinciales.

Es por ello por lo que en la licitación de estos trabajos se especifica que el precio del contrato se fija según el proyecto redactado a posteriori, con base en precios unitarios de obra, por lo que el presupuesto destinado a cada demarcación del Servicio de Carreteras lo es a los solos efectos de fijar un techo máximo de gasto.

Por otro lado, se aclara que no se definen con precisión en el proyecto las mediciones reales puesto que, aunque es cierto que se conocen con exactitud los kilómetros que tiene cada una de las carreteras en las que se pretende actuar, los cuales se extraen del inventario de bienes correspondiente, no se puede hacer una medición real de cada unidad de obra que se determinan a posteriori, cuando se produce un menoscabo en la vía.

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• El Gobierno redujo en un 63 por ciento sus adjudicaciones y sólo contrató una tercera parte con empresas andaluzas

La inversión en obra pública en Andalucía del Gobierno en obra pública en Andalucía cayó en 2020 un 14 por ciento sobre todo debido a una drástica reducción de la inversión del Estado que invirtió en infraestructuras un 63 por ciento menos.

Ceacop, asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la construcción y la consultoría calcula en 1.723 millones la inversión en obra pública en Andalucía le pasado año, un desplome del 14 por ciento que se relaciona con el año Covid y que rompe la tendencia positiva que el sector registraba desde 2016 en el que el sector tocó fondo.

La cifra está lejos de los 2.800 millones que la entidad empresarial estima como cifra mínima necesaria para que el sector tenga el peso que representa en la creación de empleo y aportación al PIB. Según este dato, la caída de inversión en infraestructuras públicas impidió el pasado año la creación de 48.000 empleos directos e indirectos y el retorno de casi 700 millones de euros a la administración vía impuestos seguros sociales y tasas.

Ana Cochano, presidenta del Ceacop, recuerda que la construcción es prácticamente el único ámbito productivo donde no ha aumentado el paro. «afortunadamente, en estos momentos, en los que otras actividades están bajo mínimos, estamos demostrando que somos un pilar fuerte de la economía andaluza, necesario para que otros muchos sectores continúen su marcha arrastrando a una fuerte empresa auxiliar«.

Aunque el 54 por ciento de los contratos se firmaron con empresas andaluzas, el mismo porcentaje del ejercicio anterior, la patronal reclama una mayor contratación local. Sevilla es la provincia que más contratación registra con un 24,7 por ciento, seguida de Málaga con un 21,5 por ciento.

Reparto por administraciones
Por administraciones, el Gobierno redujo en más de 500 millones sus contratos con respecto a 2019. La inversión se limitó a 289 millones. Ceacop habla de un «doble castigo» del Gobierno de Pedro Sánchez con Andalucía ya que solo un 31 por ciento de los contratos del Estado se adjudican a empresas andaluzas.

La Junta de Andalucía aumentó sin embargo en un 35 por ciento sus adjudicaciones en obra pública durante el año Covid con una inversión total de 630,5 millones.

Los ayuntamientos siguen siendo la administración más inversora con 635 millones, un 15 por ciento más que en 2019. La contratación de diputaciones cayó un 27 por ciento.

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• El sendero, con un presupuesto de un millón de euros, tendrá siete tramos y una longitud de 6,5 kilómetros entre los puentes de Ibn Firnás y El Arenal

El Ayuntamiento de Córdoba tiene una idea atractiva para el tramo urbano del Guadalquivir, y ha partido de la empresa municipal de saneamientos (Sadeco), que está en manos de Ciudadanos. La intención del presidente de la citada entidad, el teniente de alcalde David Dorado, es construir un sendero para peatones y bicicletas en paralelo al cauce fluvial entre los puentes de El Arenal y el de Ibn Firnás que logre un doble objetivo: de un lado, ayudaría a las tareas de conservación del entorno vegetal del río y, de otro, dotaría a la ciudad de un nuevo enclave de esparcimiento al aire libre.

La iniciativa está plasmada en un documento de Sadeco titulado «Proyecto de creación y mantenimiento de la vía verde en el río Guadalquivir a su paso por el casco urbano de Córdoba», al que ha tenido acceso ABC, y que necesita una inversión de un millón de euros. David Dorado declaró a este periódico que «los presupuestos municipales, que están por aprobarse, cuentan ya con una partida de 300.000 euros para el proyecto, y la previsión es que esa misma cantidad se fije para las dos próximas anualidades con el fin de llegar al presupuesto total».

La longitud de la vía verde entre las dos pasarelas fluviales citadas es de 6,5 kilómetros, si bien esta cifra ha de multiplicarse por dos, pues los senderos estarían en las dos orillas. La descripción de la idea en el documento elaborado por Sadeco indica que su objetivo es mejorar «el estado de las márgenes del río, eliminar el impacto visual y medioambiental que generan los residuos arrastrados por la corriente que se almacenan entren la maleza en ambas orillas y habilitar, como en otras capitales españolas, una zona de ocio para uso y disfrute de los turistas y ciudadanos cordobeses». El planteamiento municipal es que las tareas comiencen por el tramo del río que cruza la ciudad, de forma que sea ahí donde primero estén listas las pasarelas peatonales.

La vía verde en cuestión a ambos lados del río se plantea para aprovechar el entorno arquitectónico e histórico existente, y tendrán «unas dimensiones tales que, sin afectar al hábitat natural, permitan el uso en condiciones de seguridad de los ciudadanos y un mantenimiento y limpieza periódico por parte de los servicios de Sadeco». Con esta finalidad de habilitar a ambos márgenes del río una vía verde adecuada al tránsito de ciudadanos, con unas condiciones mínimas que permita además el tránsito de los vehículos de limpieza para el mantenimiento y de la misma, Sadeco propone una batería de actuaciones a corto plazo.

Senderos de cuatro metros
Entre estos trabajos se encuentra la creación de tramos de vía de 4 metros de anchura en zonas invadidas por la vegetación y maleza en al menos un 15 por ciento de la longitud de la vía verde en ambos márgenes. El proyecto de Sadeco se basa en un estudio previo que ha certificado que el estado actual de las vías perimetrales a lo largo de los 6.500 metros de longitud aproximada de río dentro del casco urbano no son transitables para los vehículos de servicios de limpieza en toda su longitud en ninguno de los márgenes, lo que dificulta el mantenimiento del entorno fluvial. En la actualidad, el Consistorio realiza un servicio de limpieza y retirada de residuos por tramos en ambos márgenes mediante una cuadrilla de Sadeco, de manera que semanalmente y mediante siete rutas de limpieza se recorre la zona accesible de ambos márgenes retirando los residuos que en ella se encuentran.

Estos siete itinerarios de mantenimiento del tramo urbano del Guadalquivir coincidirán con las etapas para el paseo y el disfrute de los ciudadanos (vehículos a motor excluidos), y son las siguientes: desde la Autovía hasta el Puente del Arenal, de allí al Molino de Martos para tener las próximas escalas en el Puente de San Rafael, en el de Andalucía y en el de Ibn Firnás.

El grueso del dinero
El grueso del dinero que Sadeco ha previsto que necesita para esta obra se centra en lo que la memoria del proyecto denomina «limpieza de choque», y que llevará a cabo de un modo directo la entidad que preside David Dorado. El desbroce de la maleza y la limpieza general son la piedra angular de esta actuación, a la que seguirá la habilitación de las plataformas de cuatro metros de anchura donde las características del terreno lo permitan.

La empresa municipal tiene en la cabeza extender una capa de árido reciclado para mejorar el drenaje del terreno en los senderos, «lo que permitirá una mejor accesibilidad y transitabilidad por esta vía». El texto agrega que «en las zonas en las que sea preciso se podrán colocar barandillas de madera para evitar el riesgo de caída a distinto nivel por los senderistas que lo transitan, realizadas de forma que no perjudiquen el tránsito del agua en el caso de una crecida del Guadalquivir».

El concejal David Dorado quiere negociar con la Junta y la Confederación Hidrográfica la actuación
El concejal David Dorado es consciente de que una intervención de este calado precisa del concurso, y del visto bueno, de otras administraciones, en este caso la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). «Tenemos que sentarnos con la Junta para hablar, sobre todo para que no nos solapemos en los trabajos que cada uno de nosotros vayamos a desarrollar. Pero el primer paso es que el Ayuntamiento apruebe el presupuesto de 2021 y que todo pueda empezar a activarse», insistió el presidente de Sadeco.

El documento al que ha tenido acceso este periódico deja claro que todas las intervenciones «se llevarán a cabo teniendo en cuenta la complejidad de las obras bajo el condicionante de minimizar el impacto medioambiental optimizando el coste del proyecto y creando una vía segura para el uso de la ciudadanía». Además, en la exposición del plan hay una mención expresa al cuidado de la fauna y la flora del enclave: «Será necesario minimizar las perturbaciones sobre los sistemas naturales del entorno del curso fluvial, de forma que se evite también la ocupación del cauce del río y la contaminación de las aguas».

Movimiento de tierras, los justos
La vía verde tratará, además, de minimizar los movimientos de tierras y la modificación sustancial de la morfología natural de los terrenos, y adoptará «medidas para evitar la erosión del suelo y garantizar el correcto tratamiento y restauración de los taludes generados en los tramos de nueva creación que sean precisos para dar continuidad a la vía verde fluvial».

Una vez finalizada la ejecución y puesta en servicio de la vía verde, Sadeco iniciará el plan de mantenimiento del río, de acuerdo al cual un equipo formado por dos operarios y un vehículo de limpieza se retirará por medios manuales los residuos sólidos que se encuentren en la vía verde situada a ambos márgenes del río; esta operación está prevista en el documento consultado por ABC con una periodicidad semanal. Como apoyo se empleará un vehículo adecuado para la retirada de materiales voluminosos, que los transportará al vertedero.

El proyecto que defiende el concejal David Dorado cuantifica también el coste del mantenimiento de la vía verde, y que asciende a 88.191 euros al año. De esta cantidad, 84.561 euros se dedicarán a la conservación y a la limpieza del tramo urbano del sendero. La suma restante de 3.630 euros estará reservada para la retirada de vertidos incontrolados de materiales voluminosos para los que se precise maquinaria pesada tanto para su recogida como para el transporte al vertedero.

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• El desequilibrio público ya es el mayor de Europa y marca récord desde 2009

España cerró el año pasado con un desequilibrio de las administraciones menor a lo previsto, pero con el mayor desfase de la Unión Europea, al menos según lo estimado y publicado hasta el momento. El déficit público acabó 2020 en el 10,09% del PIB, el 10,97% si se incorporan las pérdidas de la Sareb que Eurostat ha incluido desde el año pasado en el perímetro del sector público. La integración de Sareb ha elevado el déficit en 9.878 millones provocando, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una estimación «de máximos» de las pérdidas del llamado ‘banco malo’ que redundará en que no provoque un mayor roto en las cuentas en los siguientes ejercicios.

Hacienda también ha aprovechado que el año pasado no había reglas fiscales y ha incluido 1.400 millones de euros de déficit por el impacto en las cuentas públicas del pago de la deuda del proyecto Castor a las entidades financieras que adelantaron la compensación a ACS y a Dundee.

Como fuere, este 10,97% del PIB supone el mayor déficit entre los países europeos y el más alto para España desde 2009, cuando alcanzó el 11,2%. Las reglas fiscales volverán en algún momento y, cuando lo hagan, España puede volver a estar en la diana de los mercados, lo que hace aconsejable que el Ejecutivo publique un plan de reequilibrio que recoja cómo piensa volver a sanear las cuentas públicas. Un plan al que la Ley de Estabilidad obliga a que Hacienda lo hubiera presentado a finales del año pasado, pero que Montero postergó ayer. «Es precipitado, tenemos meses por delante», aseveró Montero, quien señaló que esperará a que Europa vuelva a activar las reglas fiscales, así como al avance del debate para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

«No tenemos que esperar a que nos venga de Europa, por mucho que se quieran cambiar las reglas fiscales. Abril va a ser el mes en el que veamos si despega la vacuna o no. Será entonces cuando habrá que calibrar ese plan, hay que intentar no alargarlo mucho. Es crucial: Alemania, Países Bajos y Finlandia ya tendrán un déficit del entorno del 3% el año que viene, lo que hace pensar que impulsarán una vuelta de las reglas fiscales ya para 2023. Nosotros también tenemos que participar en este debate y ayudaría un plan de consolidación creíble», reposa el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. La Autoridad Fiscal y el Banco de España han reclamado en repetidas ocasiones que Hacienda publique este plan de reequilibrio, sin éxito.

Hasta entonces, el déficit aumentó en 87.435 millones durante el año de la pandemia hasta los 123.072 millones de euros. El gasto público se incrementó el año pasado en 53.070 millones y los ingresos cayeron en 24.487 millones. Una de las grandes sorpresas fue la recaudación tributaria, que se redujo un 8,8%, porcentaje menor al 9,9% de bajada del PIB nominal, con figuras como el IRPF subiendo un 1,2% pero con el Impuesto de Sociedades desplomándose un 33,2% hasta los 15.858 millones. El IVA se contrajo un 11,5%, a rebufo del desplome del consumo, y los Impuestos Especiales se redujeron un 12,1%. En definitiva, los ingresos tributarios se contrajeron en 18.757 millones: de 212.808 millones de 2019 hasta los 194.051 millones en 2020.

Esto ha supuesto una de las novedades de esta crisis frente a la anterior, cuando la recaudación se desplomó muy por encima de lo que lo hizo el PIB, ante el aumento de la economía sumergida y el estallido de la burbuja inmobiliaria, con su correspondiente ajuste en los ingresos. Ello se debe, como indican las cifras, a la protección de los ERTE.

Curiosamente, las compras del BCE lograron que la única partida que redujo su desembolso, pese al espectacular aumento de la deuda pública, fuera la de los intereses: alcanzaron los 25.192 millones de euros, es decir, un 11,1% menos.

«La clave va a ser cómo van a pasar de los ERTE los trabajadores cuando estos acaben, porque si pasan al desempleo, eso al Estado le va a suponer un fuerte incremento del gasto», reflexiona el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, quien pone el dedo en la llaga del turismo: «Si no se recupera, tendremos un problema de paro de larga duración».

Abc

• Urbanismo se hará cargo de la elección del proyecto final y de la licitación de las obras

El Ayuntamiento de Córdoba ha ampliado hasta 2022 o2023, según las posibilidades finales, la activación del proyecto Biotech, el desarrollo de una incubadora para proyectos empresariales de investigación en biotecnología que se pretende implantar en las instalaciones de Rabanales 21. La información que aparece en las partidas municipales del anteproyecto de presupuestos extiende el desarrollo de la inversión hasta dentro de dos años en la planificación de los fondos europeos que soportan el grueso de la financación. La actual regulación de la entidad que concedió el proyecto, ligada a las Cámaras, lo deja en 2022 aunque eso pueda cambiar, vistas las decisiones adoptadas en la Unión Europea.

Originalmente, el proyecto Biotech tenía un plazo para su apertura ligado a la finalización de la obra civil, que es la parte que le corresponde al Ayuntamiento de Córdoba realizar por medio el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, que dirige la concejala Blanca Torrent. El alcalde, José María Bellido, estableció la presente anualidad para ver el proyecto funcionando cuando el vivero de ideas de biotecnología se presentó oficialmente apenas unos días antes de que la crisis del Covid hiciese acto de presencia. El proyecto dispone de socios estratégicos como la Universidad de Córdoba, el Imibic o el Hospital Universitario Reina Sofía que serán claves para la elección de los proyectos a apoyar.

El logotipo
En estos momentos, no existe ningún contrato público activo del proyecto más relevante que tiene entre manos el Ayuntamiento de Córdoba para el desarrollo de investigación científica. El último paso conocido es el de la creación del logotipo de las instalaciones mediante un acuerdo con la Fundación para el Desarrollo de Córdoba (Fundecor) que aún no ha sido anunciado oficialmente pero que ya se encuentra decidido.

Biotech tiene dinero detrás, terreno e incluso un primer diseño. Cuando se presentaron las obras, el Consistorio hizo públicas las imágenes de un proyecto de la consultora Bim Global en el que se establecían las trazas básicas del diseño del edificio. Esos bocetos no serán los definitivos. La Gerencia de Urbanismo será el organismo municipal que coordine tanto el desarrollo del diseño final como la licitación de las obras al disponer de personal especializado para el control de las obras. El edificio ocupará dos parcelas de Rabanales 21, actualmente en concurso de acreedores aunque con un acuerdo encima de la mesa que permitirá aplazar el pago de deudas diez años. El Consistorio no ha tenido que pagar por el suelo ya que le corresponde un tanto por ciento del aprovechamiento del tecnoparque.

Fondos europeos
El fondo operativo Feder para Andalucía es el principal financiador del equipamiento. En total, las primeras cuentas aseguraban que se llegaría a los 2,45 millones de euros de los que 1,9 millones se aportan desde Europa. El Consistorio tiene que colocar en torno a medio millón de euros para la obra civil (que debe costar en torno a 1,3 millones, según los cálculos iniciales) y el equipamiento tecnológico preciso.

La determinación municipal de incrementar el plazo de ejecución del proyecto concuerda con las decisiones adoptadas por la Comisión Europea sobre el ritmo de ejecución del proyecto. El ‘gobierno’ de la Unión Europea decidió extender el plazo de inversiones subvencionales del plan de ayudas Feder 2014-2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Explica la decisión de la Comisión que se entiende razonado un incremento del plazo de trabajo de proyectos en marcha teniendo en cuenta el impacto del Covid. La fundación que gestiona estos fondos aún no ha comunicado esa decisión a las entidades que consiguieron financiación. De trasladarse, se haría uso de esa posibilidad para poder desarrollar la inversión sin tantas apreturas de tiempo, explicó la presidente del Imdeec.

Actualmente, el Consistorio ha previsto ya parte de los fondos a los que se comprometió. En el presupuesto del Imdeec de 2020, consta una partida de 200.000 euros (que no llegó a tocarse) para la financiación de la infraestructura que se sumarían a los 1,9 millones de euros. En el anteproyecto de 2021, existe una partida de 52.000 euros. Esas cuentas pasaron por el consejo rector pero no han podido aprobarse puesto que el PP y Ciudadanos no cuentan aún con los votos precisos. Por lógica, es preciso un nuevo incremento de fondos para asumir todas las responsabilidades asumidas con la Fundación Yncide, de las Cámaras de Comercio, que fue el vehículo con el que el actual gobierno municipal obtuvo la ayuda.

El proyecto tiene el objetivo de alcanzar las 600 empresas (200 de ellas por ayuda directa y el resto por subvenciones) y superar la creación de 1.300 empleos. El sector biotecnológico es, en estos momentos, uno de los más firmes candidatos para el desarrollo de proyectos apoyados por fondos públicos por su creación de valor. En Córdoba, existen ya empresas como Canvax Biotech que se dedican a esta actividad.

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• Urbanismo espera que las obras arranquen este mismo año con un plazo de ejecución de cinco meses

La transformación del antiguo mercado del Alcázar en un centro vecinal será una realidad a principios del año que viene si se cumplen las previsiones detalladas hoy por el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes.

El proyecto de intervención ya está redactado. El coste estimado de la intervención es de 600.000 euros con un plazo de ejecución de cinco meses de obra. Una vez terminado, el centro vecinal dispondrá de una nave de usos múltiples con unos 100 metros cuadrados y otras dos más pequeñas destinadas a actividades vecinales y a talleres relacionados con las nuevas tecnologías, además de otros espacios para aseos o almacén, todos ellos en una sola planta baja.

La propuesta de actuación recupera parte de la imagen original de un edificio que data de los años 50 pero que ha sufrido varias remodelaciones. La fachada exterior estará en gran medida acristalada de forma que se pueda apreciar su estructura, y en interior habrá espacios diáfanos.

Ahora comienza el proceso administrativo. Urbanismo tendrá que sacar la obra primero a licitación para más tarde adjudicarla a una empresa. En esos trámites se irá la mayor parte de lo que queda de 2021, pero Fuentes confía en que antes de acabe el año ya puedan entrar las máquinas. Después quedarán los cinco meses de intervención directa.

Características técnicas
La partida más abultada del proyecto de construcción se destinará a los paneles de cristal que cerrarán la mayor parte del recinto, que suponen más de 100.000 euros de gasto. El presidente de la Gerencia de Urbanismo ha asegurado que probablemente se opte por añadir posteriormente algún sistema de cerramiento para convertir una de las salas en un espacio audiovisual.

Las demoliciones previas y los trabajos de albañilería supondrán otros 90.000 euros, mientras que las cubiertas nuevas ascenderán a 37.000 y la climatización del edificio otros 35.000 euros. El responsable del proyecto técnico ha sido el arquitecto de la Gerencia Javier Valverde.

El mercado del Alcázar se construyó en los años 50 y perdió su función en los años 90, cuando las nuevas normas sanitarias impidieron vender alimentos al aire libre. Por entonces este espacio tenía un carácter semiabierto que ahora se prentende recuperar en parte mediante el acristalamiento.

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• El proyecto contará con una inversión de 22 millones de euros y se ejecutará en un plazo de 15 meses

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha licitado el contrato de ejecución de las obras correspondientes al proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla (fase 1) con un presupuesto de 21.873.330 millones euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Las obras engloban los trabajos necesarios para la sustitución de 63 desvíos, de un total de 319 aparatos de vía existentes en esta línea, situados en diferentes puntos kilométricos a su paso por las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla, detalla el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en una nota de prensa.

Los aparatos de vía son elementos fundamentales en la operativa ferroviaria dado que permiten el cruce o el desdoblamiento de vías o combinaciones de ambos. Entre los distintos tipos de aparatos de vía están los desvíos, que posibilitan el desdoblamiento de una vía en dos, en tanto que las travesías permiten el cruzamiento de dos vías en oblicuo o perpendicularmente con continuidad de sus direcciones respectivas.

La combinación de desvíos y travesías da lugar al escape, la diagonal, el haz y el ‘bretelle’, cada uno con distintas funcionalidades. Las localizaciones en las que se realizarán los trabajos son las siguientes: Yeles, Mora y Urda (Toledo); – Malagón, Calatrava y Ciudad Real; Conquista y Villanueva (Córdoba) y Guadajoz (Sevilla).

La licitación de estas actuaciones se enmarca en los trabajos de mejora integral previstos para la LAV Madrid-Sevilla, que contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Esta actuación va a ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.

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• El proyecto se ha licitado por un importe de 151.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, ha aprobado la licitación del contrato para la realización de los trabajos necesarios para la reordenación del tráfico en Carretera Carmona y en la segunda ronda dentro de la estrategia de mejora de la movilidad en los distritos Norte y Macarena y del propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

En un comunicado, el Consistorio detalla que el proyecto se ha licitado por un importe de 151.519 euros e incluye tanto la adecuación de las calzadas como la nueva señalización viaria necesaria para la implantación de los nuevos sentidos de circulación. Esta iniciativa se enmarca dentro de las propuestas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el impulso del transporte público, la mejora de la movilidad peatonal y ciclista y la reducción de las emisiones.

Así pues, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible prevé un conjunto de actuaciones orientadas a reducir de forma paulatina la presión de tráfico sobre las coronas centrales de la ciudad, permitiendo junto con el Plan Respira, cuya licitación se espera en breve, y la implantación de estrategias de calmado de tráfico mediante declaración como calle 30 de la Ronda Histórica, establecer círculos concéntricos con distinto grado de protección sobre el Casco Antiguo.

Las actuaciones incluidas en el contrato permitirán de este modo que la segunda ronda pase a tener doble sentido de circulación. Esta medida afectará al eje conformado por las calles José Díaz, Doctor Marañón, Doctor Leal Castaño, Sor Francisca Dorotea, Ronda de Pío XII y Avenida de Llanes. En segundo lugar, la Carretera de Carmona pasará a tener sentido único en dirección Casco Antiguo. Los trabajos tienen un periodo de ejecución de tres meses desde que se firme el contrato.

«Este proyecto nos permite avanzar para tener una ciudad más habitable y saludable. Se enmarca dentro de una de las mayores transformaciones de la movilidad que se han llevado a cabo en los últimos años en la ciudad que incluye la peatonalización de la Avenida de la Cruz Roja, el calmado del tráfico y la reordenación de los carriles bici y espacios peatonales en la Ronda histórica y la mejora de las líneas de Tussam», explica el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

De hecho, señala que esta reordenación de la movilidad en Carretera de Carmona y en la segunda ronda es fundamental para lograr la transformación de la Ronda histórica y permitirán aliviar la presión de los cerca de 7.500 vehículos que a día de hoy atraviesan la Ronda Histórica en busca de la Carretera de Carmona en dirección Kansas City, desplazando dicho tráfico de paso hacia la segunda ronda, liberando espacio que posteriormente se destinará al peatón, y el refuerzo de los carriles bici.

Asimismo, se subraya que es una actuación necesaria para la transformación de la Avenida de la Cruz Roja en un eje peatonal dentro de la estrategia de regeneración de entornos, zonas de estancia y esparcimiento, y creación de ejes peatonales de barrio y ejes conectores entre barrios establecida por el PMUS, y proyectada a través del programa europeo Life que coordina Emasesa, que se encuentra ya en última fase de la tramitación del expediente antes del inicio de las obras.

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• El Puerto y el Ayuntamiento firman un acuerdo para destinar 80.000 metros cuadrados a usos residenciales, lo que supondrá un cambio del PGOU

El futuro distrito portuario que permitirá integrar en la ciudad el muelle de Tablada contará con una oferta residencial de unas 700 viviendas (el 30% serán VPO). A ese acuerdo han llegado la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Sevilla para crear un nuevo barrio a lo largo de la avenida de Las Razas, lo que precisará de una modificación puntual del PGOU que se empieza a tramitar desde este mismo momento.

La propuesta que han presentado este martes los responsables de las dos administraciones supone un cambio importante con lo que se anunció en un principio cuando la intención era crear un polo tecnológico y de servicios terciarios en la acera oriental de esta vía -la que está más próxima a Reina Mercedes- y ubicar actividades comerciales, culturales, de restauración y de ocio en las naves regionalistas y los tinglados portuarios. Ahoraserán las empresas las que ocupen los viejos almacenes del 29, destinando buena parte del suelo a promociones residenciales y otros equipamientos.

El alcalde, Juan Espadas, ha aclarado que este cambio se debe a cuestiones de necesidad, pues «el proyecto de integración puerto-ciudad no puede completarse tal como se concibió» y de esta manera se da respuesta a una demanda del sector privado al que le resulta más atractivo el entorno si hay una mezcla de usos. La decisión se ha tomado tras una labor de sondeo que ha realizado la oficina técnica contratada por la Autoridad Portuaria para diseñar todo este distrito. En esas consultas se ha detectado un interés por parte de las empresas de base tecnológica por buscar ubicaciones singulares de carácter industrial como las naves regionalistas en detrimento de edificios de nueva planta.

Otro de los motivos es que este tipo de firmas se ha venido concentrando en otros enclaves como la isla de la Cartuja y será más complicado crear un nuevo polo de 140.000 metros cuadrados como se planteó en un principio. Por eso se reduce el nivel de edificabilidad a 98.000 metros cuadrados para que pueda ser un proyecto realizable dejando la mayor parte al uso residencial. Con la creación de este nuevo barrio, ha señalado el regidor, «se resuelve una asignatura pendiente de la ciudad que es coser toda la zona de Los Bermejales, Heliópolis y Reina Mercedes con las instalaciones del Puerto una vez que se abran al ciudadano«.

Este plan especial entronca con el que ya está aprobado en la otra orilla del Guadalquivir, en los suelos del Batán, donde se proyectó el gran auditorio Sevilla Park y el centro comercial, una iniciativa que actualmente se están replanteado sus promotores que se han visto seriamente afectados por la pandemia. Para que todo esto sea una realidad es necesario trasladar las actividades portuarias a una nueva zona que ya se prepara para ello: la dársena del Cuarto. Allí se construirá una nueva terminal multiservicios que gestionarán las empresas Ership y Portillo y se irán ofreciendo concesiones para la instalación de almacenes, depósitos y grúas.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, ha aclarado que «estos cambios no afectan a todo lo propuesto», que es abrir el muelle de Tablada a la ciudad ni a la fórmula para financiar todo ese desarrollo que será mediante la venta del suelo que no es de dominio público portuario. Precisamente todo ese conjunto de parcelas que se encuentra en la acera contraria a la de las naves y que ahora se usa como aparcamiento y negocios comerciales está libre de la catalogación, lo que permitirá subastarlo. La tasación que ha recibido el Puerto es de unos cincuenta millones de euros, un presupuesto suficiente para poder llevar a cabo todo el desarrollo previsto.

Y ese desarrollo incluye la consolidación y rehabilitación de los almacenes regionalistas y los tinglados que en este caso sí se ocuparán mediante el régimen de concesión administrativa por un tiempo máximo de cincuenta años. Actualmente varias de estas edificaciones están alquiladas a privados que actualizan año a año sus contratos y que, en la mayoría de los casos, tendrán que abandonarlas al ser incompatible la actividad que realizan con el uso que se le quiere dar.