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- Las obras comenzaron en 2006 y quedaron paralizadas en el verano de 2008
El tramo de la Ronda Norte que se inaugura mañana en Córdoba tiene detrás una larga historia de retrasos y problemas. Han sido tres lustros de trabajos, disputas en los despachos y líos judiciales que han terminado con el Ayuntamiento acudiendo al rescate de la obra. Pero esta vez lo ha hecho con dinero privado y no de las arcas públicas.
Esta nueva carretera de 2,4 kilómetros de longitud se presentó como un ejemplo de la cacareada «colaboración público-privada», un modelo en el que trabajan al alimón las administraciones y las empresas y en el que, supuestamente, todos salen beneficiados. El sistema no siempre funciona. Éste es el relato de lo acontecido en los últimos 15 años en torno al tramo que ahora se abre en la Ronda Norte.
Primavera de 2005. Comienzan los trabajos de urbanización en la zona de Mirabueno a cargo de la constructora cordobesa Marín-Hillinger. Era el primer barrio cordobés construido en el siglo XXI, al amparo del nuevo PGOU, con 550 viviendas unifamiliares y numerosos servicios; uno de ellos era precisamente la conexión con la Ronda Norte.
¿Qué tiene que ver la construcción de una urbanización privada con una carretera pública? Aquí está el quid de la cuestión: para compensar a los propietarios de los suelos de Mirabueno donde se construyeron las casas, Marín-Hillinger (y otros propietarios, pero la constructora tenía casi todo el pastel) debía pagar de su bolsillo una obra que en principio correspondía a las administraciones públicas. En eso consiste básicamente la colaboración público-privada.
Noviembre 2006. Comienzan las obras en este tramo de la Ronda Norte. En un principio todo iba según lo previsto y por si algo fallaba, las empresas habían depositado un aval de 12 millones de euros, tal como establece la ley. En aquel año, cuando los perros se ataban con longanizas, casi nadie pensaba en la posibilidad de que una constructora pudiera quebrar. Era el boom del ladrillo.
Verano de 2008. Marín-Hilinger ordena la paralización de las obras de su parte de la Ronda Norte escudándose en los sobrecostes. Es un clásico en la relación entre constructoras e instituciones que en Córdoba ya ha dejado un reguero de edificios sin acabar para que se hagan cargo de ellos las administraciones (la última rehabilitación del Templo Romano o el Centro de Ferias y Convenciones son dos ejemplos). Marín-Hilinger sí construyó los edificios que dejaban dinero, las viviendas, que estuvieron terminadas en el verano de 2007.
Cuando las obras de la Ronda Norte se pararon, se estima que este tramo de la Ronda Norte estaba ejecutado al 69 por ciento.
Primavera de 2009. En estas fechas, ya en plena crisis, el Ayuntamiento aún tenía esperanzas de acordar con la constructora una solución al problema, haciéndose cargo de parte de los sobrecostes anunciados.
Lideraba las conversaciones el entonces concejal de Urbanismo y después alcalde, el ya fallecido Andrés Ocaña (IU). Había divergencias incluso entre el porcentaje de lo ya ejecutado: Marín-Hilinger consideraba que aún faltaba por hacer entre un 30 y un 35% de la obra, que Ocaña rebajaba al 15-20 por ciento.
Febrero de 2010. El Ayuntamiento ya tiene claro que Marín-Hilinger no puede terminar las obras y comienza el proceso para quedarse con el dinero del aval. Aquí empieza el lío judicial.
Cajasur era el banco que había puesto el dinero y se negaba a entregarlo alegando que el aval sólo cubría los incumplimientos en la urganización interior -que, recordemos, sí se había terminado-. La entidad financiera recurrió a la justicia.
Primavera de 2012. El Ayuntamiento, ahora en manos del PP con José Antonio Nieto como alcalde y Luis Martín como gerente de Urbanismo, anuncia la licitación para terminar las obras del tramo municipal con cargo al aval, aunque el caso aún estaba en los tribunales.
Para esta fecha ya parecía claro que la Junta de Andalucía no iba a poder sacar adelante su tramo de la Ronda Norte, mucho más costoso y complicado, y que sólo ahora (casi diez años después) se ha reactivado. Pero esa es otra historia.
Febrero de 2013. Marín-Hilinger entra en concurso de acreedores.
Abril de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictamina sobre el caso: el Ayuntamiento de Córdoba puede hacer uso de los avales que sumaban más de 12 de millones de euros para terminar las obras, tras desestimar el recurso de Cajasur. Habían pasado ya ocho años de trámites en despachos y juzgados.
Julio de 2018. Tras casi otros dos años de papeleo, el Ayuntamiento de Córdoba por fin activa el concurso público para terminar las obras, cuando aún gobernaba la coalición de PSOE e IU. Urbanismo, encargado de las obras, estaba bajo el mando de Pedro García (IU), e Isabel Ambrosio (PSOE) era la alcaldesa.
Junio de 2019. Se adjudican las obras definitivas a la empresa Vialex, con un coste de 6,8 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 14 meses, que finalmente se alargaron algún tiempo aunque entre medias se presentaron los problemas relacionados con la pandemia.
17 de junio de 2021. Por fin se abre al tráfico esta obra de infraestructuras en la que han intervenido nada menos que cinco alcaldes y sus respectivos gerentes de Urbanismo.
Aún tendrán que pasar años para ver terminada la obra al completo, ya que la Junta de Andalucía debe ejecutar un tramo mucho más largo y costoso para cerrar el anillo de circunvalación, que también va con lustros de retraso. Pero esa es harina de otro costal.