Abc

• La infraestructura de la nueva zona de la ciudad tiene un presupuesto de unos diez millones de euros

El presidente de Emacsa, Ramón Díaz-Castellanos, y el vicepresidente y el secretario de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación PAU-04 Huerta de Santa Isabel Oeste, Rafael Fernández e Higinio Garrido, respectivamente, firmaron en la mañana de este martes un convenio de colaboración para la ampliación de actuaciones, tal y como se establece en el Plan Especial de Ampliación de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento, complementario del PGOU de Córdoba.

Según recoge el convenio, la ejecución de estas obras será responsabilidad de la Unidad de Actuación, que deberá aportar, mediante su construcción, un porcentaje del coste de cada una de las infraestructuras, las cuales están valoradas en un total de 10.690.077,24 euros.

En concreto, las infraestructuras objeto de este convenio son la Arteria de Poniente Norte, la Conexión de Arterias de Poniente, el Colector de Residuales de la Ronda Oeste y el Colector de Pluviales de la Ronda Oeste 2. El importe de las obras a ejecutar por la Junta de Compensación se estima en 2.844.314,54 euros, habiendo sido construido el resto por los otros sectores urbanísticos que se urbanizaron con anterioridad.

Asimismo, la Junta de Compensación se compromete a desarrollar los trabajos asegurando el cumplimiento de las especificaciones y obligaciones recogidas en el Plan Especial, fundamentalmente las ordenanzas municipales y las normas técnicas de abastecimiento de agua y de alcantarillado establecidas por Emacsa.

Por su parte, Emacsa realizará la asistencia técnica a la dirección de obra y la emisión de los oportunos informes a la Gerencia Municipal de Urbanismo, obligatorios antes de la recepción por parte del Ayuntamiento de Córdoba y previos a la emisión de las preceptivas licencias. Una vez concluidas las obras, Emacsa se compromete al mantenimiento de las instalaciones y a la prestación del servicio.

Abc

• La Consejería de Fomento ha informado este martes de la adjudicación para la redacción del proyecto de prolongación Sur del metro granadino, a la que le deberá suceder poco tiempo la prolongación Norte

El proyecto de prolongación Sur del metro de Granada da a partir de este martes sus primeros pasos para convertirse en realidad. La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha aprobado la adjudicación para la redacción del proyecto, que contará con una financiación de 1,82 millones por parte del gobierno andaluz y que deberá estar realizado en un plazo de 13 meses, tras lo que debería en principio llegar la licitación de la obra.

La ampliación del metro granadino para que éste llegue a otras zonas del área metropolitana es una demanda ciudadana que existe prácticamente desde su inauguración en 2017. Tras esta adjudicación , el proyecto elegido tendrá como objetivo elaborar los documentos técnicos necesario para la construcción de corredores alternativos que incluirían a municipios como Churriana de la Vega, así como otras conexiones aún valorar en el área metropolitana.

La Junta de Andalucía, según daba a conocer meses antes de la pandemia, pretendía que la ampliación del Metro de Granada llevara en primer lugar a la citada Churriana de la Vega, así como a Las Gabias, que dispusiera de un ramal hacia Alhendín y que contara asimismo con lanzaderas que conectasen la capital con una decena de pueblos cercanos a ella, como Ogíjares.

Por el momento, según ha asegurado la Junta, a esta adjudicación se le sumará en breve la correspondiente a la redacción del proyecto de la prolongación Norte, por lo que la ampliación del metro, se espera, será mayor.

La propuesta presentada finalmente para el proyecto de la prolongación Sur ha sido la de Unión Temporal de Empresas (UTE). Integrada por Ayesa y Pontem Engineering Services, tendrá ahora que entregar la documentación requerida para formalizar tanto la adjudicación como la posterior firma del contrato, que dará finalmente inicio a estos trabajos de consultoría.

Entre esos trabajos se encuentra tanto la definición de la infraestructura (plataforma), como de la superestructura (vía), la urbanización, las instalaciones y sistemas de electrificación, comunicaciones y seguridad, además de la arquitectura de las marquesinas de paradas. En definitiva, todo lo que conlleva una obra de estas características, a excepción de los propios trenes.

En lo que respecta a ellos, según ha asegurado la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, “en aras a mejorar el servicio ya operativo, así como para dotar de trenes las futuras ampliaciones, se ha incorporado la adquisición de material móvil del metro de Granada dentro del paquete de actuaciones a cofinanciar, a través del Plan React EU, del vigente Programa Operativo Feder».

La consejera ha afirmado asimismo que la ampliación del metro granadino, que estaba ya incluido en el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA, 2021-2030), estará financiado a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, los llamados fondos Next Generation. El “compromiso” por parte del Gobierno andaluz, afirma Carazo, ya se demostrado con esta adjudicación, por lo que le toca “al Gobierno de España, que debe incluir la ampliación del Metro de Granada en el listado de proyectos con estos fondos»

Una inclusión en el listado de proyectos que entra como un guante con lo estipulado por el Gobierno tanto en el tipo de actuaciones preferentes para esos fondos como en la Agenda 2050 presentada la semana pasada por Moncloa. El caso del área metropolitana granadina, es quizás de los más acuciantes, puesto que su contaminación atmosférica ha convertido a la capital en la segunda ciudad con más polución de España. «La ampliación del Metro de Granada encaja en los objetivos de Europa de favorecer la movilidad sostenible y sacar el tráfico privado de las circunvalaciones», ha manifestado al respecto la consejera.

Abc

• Ayuntamiento y Junta impulsan vías de Colecor a Rabanales; en las márgenes del río, por la Alameda del Obispo y hasta Obejo por la antigua línea de Almorchón. En total, 4,6 millones de euros en inversiones

Córdoba capital tiene en desarrollo o ejecutará a corto plazo cuatro proyectos de vías verdes, iniciativas de especial importancia para los cordobeses en un contexto en el que la pandemia de Covid ha fomentado las salidas a la naturaleza, y para fortalecer su oferta de turismo activo, pendiente de potenciar. Entre todos, sumarán unos 57 kilómetros y una inversión que superará cómodamente los 4,6 millones -la cantidad no se puede afinar más, porque la Junta no facilitó el presupuesto para su Cinturón Verde-. ABC repasa el estado de cada uno de ellos.

Cinturón Verde
La Junta de Andalucía está ya acondicionando lo que se conoce como Cinturón Verde, de 20 kilómetros de recorrido, y 20 metros de ancho. Parte de las naves de Colecor, sube por el Sagrado Corazón, atraviesa la Sierra y acaba en el campus de Rabanales de la UCO.

La Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible ha realizado ya la primera intervención en él, en un tramo que va de la Vereda de Trassierra al Sendero del Reventón (tres kilómetros). La Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Administración regional adjudicó en julio de 2020 estos trabajos a la firma Sercli Paisajismo y Construcción por 178.841 euros. La intervención en este tramo ha consistido en la adecuación del camino -se ha incluido la ejecución de una pasarela de madera para salvar un bache de dos metros de profundidad-, la colocación de árboles o la señalización.

En noviembre del año pasado, la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo (PP), visitó estos trabajos, cuando aún se estaban desarrollando. A pie de obra, anunció que a lo largo de 2021 se acometerá su segunda fase, que aún no ha arrancado.

ABC dirigió un extenso cuestionario a la Junta para conocer detalles del siguiente tramo en que se intervendrá, pero también del proyecto en su conjunto, como presupuesto global o horizonte temporal para tenerlo acondicionado por completo. Pero no obtuvo respuesta. Parece que se aguarda la visita de Crespo para dar algún dato. Aunque se esté materializando ahora, el Cinturón Verde tiene un extenso recorrido tras de sí.

Fue en diciembre de 2019 cuando la Junta anunció que había culminado un largo proceso de expropiaciones, que se inició en 2011, para hacerse con los suelos que permitieran generar este corredor verde. Por estos terrenos, pagó un millón.

Albolafia-Alameda del Obispo
La Gerencia Municipal de Urbanismo destinará 1,1 millones, de los que 864.000 euros saldrán de los fondos Feder Edusi de la UE, a intervenir en el camino de la Alameda del Obispo -el ámbito de actuación es de unos cuatro kilómetros-. Aparte de ofrecer a los cordobeses un espacio más de esparcimiento, la memoria del proyecto indica que rehabilitar este itinerario servirá para «la puesta en valor de usos de turismo natural, deportivo y patrimonial».

La recuperación del camino de la Alameda del Obispo arrancará a la altura del Molino de la Albolafia. Seguirá paralelo al río hasta llegar al puente de San Rafael. Allí, se bifurcará. El itinerario junto al Guadalquivir habilitará un paso bajo uno de los arcos de dicho puente y el sendero se dirigirá al Molino de la Alegría, el embarcadero y llegará al Jardín Botánico, al que se podrá acceder. No en vano, se busca potenciar el atractivo de este equipamiento entre los viajeros.

En cuanto al otro tramo que se habilitará, permitirá dar continuidad al camino que viene de la Puerta de Almodóvar y enganchará con la avenida Linneo. Cuando ésta acaba, a la altura del punto limpio de Sadeco, se intervendrá en el camino hasta Casillas. Este programa de actuaciones incluye, además, tareas de señalización, de cara al uso peatonal o ciclista.

El proyecto no se queda sólo en resucitar este camino, sino que incluye la restauración de los Jardines Bajo del Alcázar (6.540 metros cuadrados) enclavado sobre el camino de la Alameda del Obispo y Alto, situado en el recinto fortificado y que suma 4.438 metros cuadrados.

El edil de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), en declaraciones a ABC, fijó el fin de los trabajos en el primer trimestre de 2023. Y apuntó que está previsto que las obras duren diez meses. «Enlazamos Patrimonio histórico con el Jardín Botánico con una ruta turística, cuando ahora están separados por un puente. Ese paseo bajo del río no está puesto en valor. Y recuperamos espacio de disfrute para la ciudad, prolongando esta ruta hasta Casillas», destacó Fuentes.

Vía Verde márgenes del río Guadalquivir
Sadeco (la empresa municipal de limpieza) tiene ya calentando en el horno un interesante proyecto: habilitar 12 kilómetros de vía verde en el río Guadalquivir (seis en cada margen) para peatones y bicicletas en paralelo al cauce fluvial entre los puentes de El Arenal y de Ibn Firnás. La inversión será de un millón.

El primer paso en firme que se dará será una reunión el 9 de junio del Ayuntamiento con CECO (representantes de sus comisiones de Turismo y Medio Ambiente); la Junta, el Consejo del Movimiento Ciudadano o colectivos ligados al río, para decidir por dónde se comenzarían los trabajos de este singular itinerario.

El presidente de Sadeco y edil de Infraestructuras, David Dorado (Cs), indicó a ABC que su intención es que en las partes del recorrido en las que pueda actuar directamente esta empresa municipal las intervenciones arranquen «inmediatamente». Eso sí, aún hay que concretar qué trabajos, como los de movimientos de tierras, tendrá que contratar. Dorado situó el fin de los trabajos en 2023. La inversión se distribuirá en tres anualidades. La primera es la de 2021. Con ella, Sadeco ya tiene 300.000 euros para arrancar el proyecto.

Este concejal aseguró que la iniciativa pretende la «puesta en valor para los turistas y los habitantes de Córdoba» del río, que es un «tesoro, que no hay muchos cordobeses que hayamos tenido el privilegio de haberlo descubierto». «Es un espacio con un valor ecológico increíble. No sabemos lo que tenemos», sentenció, para luego añadir que esta actuación servirá también para la «protección» del Guadalquivir.

Y es que no se puede olvidar que esta intervención incluye, en primer lugar, una limpieza de choque, que implica la retirada de basura o lodos y desbroce de la maleza, para luego habilitar la vía verde propiamente dicha.

Estos caminos que se habiliten servirán, además, para que, por ellos, puedan transitar vehículos de cara a que Sadeco pueda utilizar medios mecánicos en la limpieza de los márgenes, lo que mejorará el mantenimiento de las orillas del Guadalquivir, dadas las limitaciones existentes hoy para realizar esta labor por parte de esta empresa municipal.

Vía Córdoba a Obejo por la línea Almorchón
Transformar poco más de 20 kilómetros de la vieja línea ferroviaria Córdoba-Almorchón en una vía verde es un viejo proyecto. Unirá Mirabueno con la estación de Obejo: 14 kilómetros van por la capital y su barriada periférica de Cerro Muriano y los casi 7 restantes por Obejo. Antonio Álvarez (Cs), edil de Gestión del Consistorio cordobés y quien defendió una moción para su impulso en el Pleno de este mes, explica a ABC que está cerca un paso decisivo, la cesión del trazado por Adif.

El borrador del convenio entre los Ayuntamientos de Córdoba y Obejoy el gestor de infraestructuras ferroviarias ADIF está «casi ultimado. Puede quedar firmado antes de vacaciones». Fuentes de Adif confirmaron que «vemos factible el acuerdo. Estamos trabajando para que pueda firmarse en breve plazo».

El convenio consiste, sigue Álvarez, en una cesión de uso por 20 años de la vieja línea de tren. Se fija un canon anual para ADIF de 11.800 euros, a pagar entre ambos Consistorios. Habrá dos años de carencia en el abono, porque ése es el «plazo tope» acordado con el gestor de infraestructuras ferroviarias para que retire todas las vías.

Teniendo en cuenta ese factor, en el Ayuntamiento manejan la «previsión» de que a finales de 2023 esta vía verde pueda estar totalmente lista. «A la par que se vaya desmontando la línea férrea, se puede ir acondicionando», explica Álvarez. De hecho, avanza, hay un tramo de 2,2 kilómetros en la capital, del Puente de Hierro a la zona cercana a Torreblanca y Paraíso Arenal, que se mejorará ya con fondos Feder Edusi (UE). Se está redactando su proyecto para su ejecución. El coste será de 239.999 euros, con los que, además, se rehabilitará el Puente de Hierro.

El presupuesto total para habilitar el resto de esta vía verde, avanza el edil de Gestión, se estima que esté entre800.000 euros y 1,3 millones, a repartir entre los dos consistorios.

Álvarez destaca que esta vía abre en la capital «expectativas de turismo de naturaleza». «Este recorrido se unirá al Cinturón de la Junta y a la vía verde de la Campiña y seremos la capital de España con el recorrido más largo de este tipo», dice. Añade que los cordobeses gozarán de «una de las principales arterias de ocio hacia la Sierra» en una época en la que con el Covid «ha habido una expansión de la ciudadanía hacia la naturaleza».

Abc

• El rector anuncia que en las próximas semanas se firmará un convenio para definir la hoja de ruta del proyecto de los nuevos edificios

Las obras de la facultad de Medicina en Sevilla se iniciarán «muy pronto» según ha anunciado el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, al ser preguntado por el proyecto para construir un macrocampus de 27.000 metros cuadrados en los mismos terrenos donde se ubica la actual facultad.

Castro, que ha participado en el homenaje a cuatro profesores universitarios fallecidos por coronavirus, ha recalcado que la primera piedra para ese proyecto se pondrá «el primer día que se posible» y, aunque no ha querido poner fecha al inicio de las obras, ha insistido en que espera que sea muy pronto y que, por supuesto, durante su mandato de cuatro años verá no sólo la primera piedra «sino mucho más».

En este sentido Castro ha explicado que hay un grupo de trabajo ya constituido entre la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud en el que está también el decano de la facultad de Medicina, Luis Capitán y que espera firmar un convenio en las próximas semanas para dar «la hoja de ruta» de lo que se va a hacer.

En esta línea considera que lo primero es tejer una alianza para que la Universidad ceda una serie de espacios a hospital para su desarrollo asistencial porque lo necesita. Segun ha recordado, el diseño de esos edificios ya se conoce por lo que ha insistido en que espera que sea lo antes posible. La facultad de Medicina está instalada en un edificio que data del año 1947 y cuyas dependencias están obsoletas ya que incluso sigue habiendo caracolas para algunos departamentos Por ello la construcción de nuevas instalaciones es una reivindicación de hace años.

Tal y como publicó ABC el estudio de detalle del futuro macrocampus que ya ha sido aprobado por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla implica una reorganización de la facultad que se ubicaría en la misma zona actual junto al hospital Macarena pero que supondría un cambio total con la construcción de dos edificios de nueva planta que se sumarán a los antiguos y numerosas zonas verdes.

La idea inicial es dotar a ese macrocampus de una superficie de 27.500 metros cuadrados que supondría un aumento sobre los 19.000 que tienen actualmente y que sería ampliable hasta 36.000 metros cuadrados. Los dos nuevos edificios que se construirían serían uno para el pabellón de gobierno, donde irían la secretaría y el decanato y otro dedicado a la investigación.

Abc

• Alega que levanta una sola -planificó dos- «reunificando los servicios policiales, lo que redundará en una mayor eficacia»

La nueva comisaría de la Policía Nacional en Justo Urrutia (Fuensanta), que jubilará a la deteriorada de Campo Madre de Dios, debe estar construida en 2024, según la respuesta del Ejecutivo central recibida por el diputado del PP por Córdoba, Andrés Lorite. Cuando abra sus puertas, culminará un enorme bluf protagonizado por el cogobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy planificó fue la ejecución de dos nuevos complejos para este Cuerpo de Seguridad. Además del ya citado, se proyectó levantar otra comisaría en la avenida Manolete -junto a la Ronda de Poniente-, que hubiera suplido a la de Parque Figueroa. Se planteó inicialmente un presupuesto de 12 millones (seis para cada una de ellas). En 2017, Ministerio de Interior, entonces aún dirigido por el PP, y Ayuntamiento firmaron un protocolo para que el segundo le cediera dos solares y a cambio recibiría los inmuebles policiales que iban a dejar de usarse. Pero, cuando el PSOE asumió esta cartera del Gobierno, la iniciativa se ralentizó, hasta que en marzo de este año, el secretario de estado de Seguridad, el cordobés Rafael Pérez, confirmó que sólo se haría una, la de la zona Este.

En la respuesta del Ejecutivo al PP, que tiene fecha de 4 de mayo, éste aporta el anexo de «inversiones reales y programación plurianual» de la Sociedad de Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la encargada de acometer el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado 2019-2025, donde se encuadra este nuevo complejo policial de Justo Urrutia. En ese documento, se recogen tres millones de inversión para la nueva comisaría, a ejecutar entre 2022 y 2024, que es el ejercicio en el que se fija la conclusión de este proyecto. En concreto, para 2022, el citado ente estatal prevé destinar 100.000 euros; en 2023, serán 750.000 y el grueso del gasto se dará en 2024: 2,2 millones. El presupuesto total que aparece en el presupuesto de Siepse se queda en la mitad del que anunció en marzo el Ejecutivo central para hacer este equipamiento: seis millones.

Oficina de denuncias

El congresista Lorite se interesó en su pregunta por conocer los motivos que han llevado al Ejecutivo central a hacer sólo una de las dos comisarías previstas y por qué una de ellas se ha caído del Plan de Infraestructuras de Seguridad 2019/2015. El Gobierno defiende que, «a petición» de la Dirección General de la Policía, finalmente lo previsto en Córdoba es construir «una sola comisaría de distrito, que reunificará todos los servicios policiales». Ello, sostienen desde Madrid, «redundará en una mayor eficacia» en la labor policial «al concentrar los servicios operativos en una sola sede, suponiendo una gestión más eficiente del personal, impidiendo duplicidades y generando ahorro de costes en la seguridad perimetral, oficinas de gestión y suministro».

El Ejecutivo central insiste en que la Dirección General de la Policía ha tomado «la decisión operativa de reunificar los servicios policiales» en las instalaciones que se construirán -no se explica cómo se hará-. Los motivos de dicha decisión son dar «una mejor prestación de la seguridad ciudadana» en Córdoba. Se dará así, afirma, una «mejor coordinación operativa y en las nuevas dependencias se dispondrán de las instalaciones más avanzadas posibles, lo que sería más difícil si se dispersaran los recursos».

El Gobierno replica, además, que el Plan de Infraestructuras es un documento «no cerrado, sino dinámico, que debe facilitar poder hacer propuestas de mejora sobre las memorias de necesidades iniciales». Y añade que se está tramitando con la Dirección General de Patrimonio del Estado la aceptación de la parcela municipal de Justo Urrutia.

Por último, el Ejecutivo de Pedro Sánchez apunta que, como se anunció en marzo, se habilitará en Córdoba «una oficina de denuncias y unidad de documentación» en la avenida de los Mozárabes (frente a la estación del AVE). Adaptará para ello unas antiguas instalaciones de la Delegación de Hacienda en esa zona. La inversión prevista para esta actuación es de medio millón. Lo planificado es que allí estén las dependencias del DNI, de obtención del pasaporte (actualmente en Doctor Fleming), de Extranjería, el archivo policial y alguna unidad operativa que, por razones de espacio, pudiera tener cabida allí. 

Abc

• La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, defiende en la Conferencia Sectorial que presentó proyectos por 4.000 millones y que el reparto es «injusto e insuficiente»

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha pedido al Gobierno de España un reparto «equitativo y justo» de los fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea para transporte y movilidad, los Next Generation, ya que lo acordado para las comunidades no alcanza ni el diez por ciento del total.

«A Andalucía le correspondería por criterio de población unos 180 millones de euros, una ridiculez», ha denunciado la consejera en la Conferencia Sectorial de Transporte.

Además, Marifrán Carazo reiteró en esta reunión, convocada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, su solicitud para que se amplíe la cuantía y duración del Fondo Covid-19 de transportes a 2021, dada la situación precaria de muchas empresas del sector por los efectos de la pandemia.

La titular de Fomento ha informado de que el Ministerio ha trasladado a las comunidades que hay 11.200 millones para transporte e infraestructuras de movilidad, de las que las 17 comunidades autónomas gestionarán sólo 1.010 millones de euros, menos del diez por ciento del total de estos fondos europeos, «una cantidad miserable, no es de recibo», según la consejera.

Marifrán Carazo exigió en la Conferencia Sectorial del Transporte una distribución «transparente, justa y equitativa». «No queremos más que nadie, pero tampoco menos», ha defendido. Además, ha mostrado su preocupación por la falta de concreción de a qué proyectos irán los 2.988 millones de euros que el Estado destinará a los corredores ferroviarios y ha recordado que los tramos que se sitúan en la comunidad andaluza están «en una fase muy inicial». «Andalucía participa de los dos corredores, Mediterráneo y Atlántico, y es vértice de ambos. Sin embargo, el Ministerio no nos ha consultado qué es lo más importante para priorizar», ha señalado, no sin antes recomendar al Gobierno central que «debería agilizar ya los proyectos constructivos para no desaprovechar los fondos europeos para el ferrocarril». «Los proyectos en territorio andaluz son los más retrasados», ha lamentado.

La titular de Fomento ha recordado que a finales del año pasado el Gobierno andaluz remitió al Gobierno de España 151 proyectos valorados en más de 35.000 millones para su inclusión en los Next Generation, de los que más de 4.000 millones eran para proyectos de transporte metropolitano y movilidad de competencia autonómica, cuatro veces más de lo que el Estado va a repartir entre las 17 comunidades autónomas.

En su opinión, el Gobierno de la Junta y el empresariado andaluz están preparados para gestionar más fondos que hagan posible proyectos largamente demandados en la comunidad, como la ampliación de los metros andaluces. De hecho, la consejera ha recordado que ya se trabaja en la actualización de los proyectos constructivos de la ampliación del metropolitano Sevilla, en concreto, con su línea 3, así como también en la prolongación del metro de Granada y del de Málaga.

«La consejería ha hecho sus deberes para que tengamos proyectos importantes como estos y, tras una importante inversión en la redacción de estos proyectos, podamos ejecutar los fondos europeos en la mayor brevedad posible», ha defendido tras subrayar que estas ampliaciones se enmarcan en las políticas que defiende Europa de fomentar un transporte público sostenible como el ferroviario.

Ayudas al sector del transporte
La consejera ha manifestado que es crucial que se amplíe el plazo y las cuantías de las ayudas al transporte creadas por el Real Decreto ley 22/2020, de 22 de diciembre, para incluir las compensaciones necesarias en el presente ejercicio 2021, algo que ya solicitó por carta al ministro José Luis Ábalos a finales del pasado mes de enero. «Desde el Gobierno andaluz consideramos necesario que se mantenga, más allá de 2020, el fondo Covid-19 a fin de compensar a las empresas de transporte público por la caída de actividad e ingresos, dado que es evidente que la emergencia sanitaria se prolongará durante 2021 y que será preciso facilitar liquidez al sector tan esencial para garantizar la prestación de los servicios públicos y mantener el empleo».

Marifrán Carazo ha defendido que, dada la fragilidad económica a la que se enfrentan las empresas contratistas de servicios públicos de transporte regular de viajeros, es necesario preservar la actividad de los operadores de este tipo de movilidad para que, una vez superada la crisis y levantadas las restricciones a la movilidad, las empresas tengan la capacidad de garantizar la prestación de servicios y preservar el sistema de transporte público, ofreciendo los niveles necesarios para atender la demanda de movilidad de las personas.

En cuanto a los 510 millones de euros que el Estado destina a actuaciones de renovación de flotas de empresas privadas de transporte de viajeros y mercancías (400 millones de euros) y la digitalización de esas empresas (110 millones de euros), a través de convocatorias de ayudas por concurrencia simple que gestionarán las comunidades, Marifrán Carazo los ha valorado positivamente, pero ha advertido que si antes no hay ayudas para el salvar a las empresas del sector este dinero habrá llegado tarde.

En opinión de la consejera, la situación extraordinaria generada en España por la pandemia hace necesario un especial esfuerzo de diálogo, colaboración y coordinación por parte de todas las administraciones públicas para garantizar la mayor protección de la salud de los ciudadanos, la prestación de servicios públicos esenciales como es el transporte regular de viajeros y una eficaz reactivación progresiva que minore el daño económico y laboral derivado de esta crisis sanitaria.

Abc

• Advierten de que los trámites de estos proyectos se demoran muchos meses

El riego se ha convertido en los últimos años en uno de los principales caballos de la batalla del campo cordobés. Las organizaciones agrarias y las cooperativas de la provincia llevan demandando desde 2017 un incremento en 228 hectómetros cúbicos de agua para poder habilitar unas 150.000 hectáreas de olivar más con esta forma de trabajar la tierra. El sector recuerda que Córdoba almacena el 49,5 por ciento de los recursos hídricos de la cuenca, mientras que solo cuenta con el 16,8 por ciento del regadío. Al mismo tiempo, estos productores plantean distintas alternativas para disponer de agua en sus explotaciones.

Uno de ellos es el uso de aguas regeneradas, una posibilidad que recoge el Plan Hidrológico del Guadalquivir aprobado en 2016. Un año después la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sacó a concurso 20 hectómetros cúbicos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y se llevó a cabo una primera asignación provisional en la que se aceptaron las solicitudes de ocho comunidades de regantes ubicadas en distintas localidades cordobesas.

La documentación a este respecto publicada por el órgano regulador de la cuenca recoge que esas colectividades, que están situadas en Lucena, Aguilar de la Frontera, Cabra, Carcabuey, Puente Genil, Priego de Córdoba, Baena y Cañete de las Torres, representan a 649 productores propietarios de 3.850 hectáreas. Las solicitudes de estos agricultores rondan entre los 0,16 y los 1,15 hectómetros cúbicos.

Estos regantes están empezando a perder la paciencia porque han pasado cuatro años y los trámites burocráticos para conseguir que estas peticiones se hagan realidad se eternizan. Por este motivo, representantes de estas comunidades mantuvieron la semana pasada una reunión con el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, (PSOE). Desde Cooperativas Agroalimentarias se indicó que el objetivo de este encuentro era solicitar al máximo responsable de la institución provincial su intermediación con los ayuntamientos implicados en estos proyectos al ser estos los responsables de ejecutar las obras necesarias en cada EDAR para que estas iniciativas pudieran salir adelante.

Apoyos
El secretario general de la Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), Pedro Parias, recordó que estos expedientes también están pendientes de los pertinentes informes de las consejerías de Salud y Desarrollo Sostenible y de que la CHG convierta la adjudicación provisional a estas colectividades en definitiva. Este dirigente resaltó la labor desarrollada por los regantes para modernizar sus plantaciones y, de este modo, conseguir un mayor uso eficiente del agua. «Apoyamos estas peticiones, pero siempre que se respeten los caudales ecológicos de los ríos y de que no vayan en perjuicio de otros regantes», aseveró.

Todo esto se produce después de que la Comisión de Desembalse de la Confederación aprobara en abril unas dotaciones máximas de 2.800 metros cúbicos por hectárea para la próxima campaña de riego que, en gran parte, se desarrolla en verano. Estas asignaciones suponen casi un 39 por ciento menos que las correspondientes a 2020 y un 53 por ciento por debajo de la media de los últimos años.

Parias reconoció que «estas dotaciones son cortas, pero son acordes a la situación hidrológica actual por la falta de lluvias, ya que en los últimos tres años el nivel de precipitaciones han sido inferiores a la media». Los datos oficiales indican que los embalses de ubicados en la provincia se mantenían en un 33,6 por ciento de su capacidad la semana pasada, cerca de ocho puntos menos que hace un año y la mitad de lo que los pantanos llevan guardando en su interior en la última década.

Reparto razonable
«Estamos muy preocupados, pero a la luz de estos datos creemos que el reparto que se ha hecho es razonable”, subrayó el representante de Feragua. Eso sí, en un último intento por mejorar estas prestaciones de agua, esta organización solicitó a la CHG incrementar las dotaciones hasta los 3.000 metros cúbicos por hectárea si la pluviometría mejoraba en mayo. «Sin embargo, las escasas lluvias que han caído en lo que va de mes no nos hacen ser optimistas a este respecto», sentenció Parias.

Debido a estas restricciones hídricas, Asaja Córdoba ha solicitado a la Confederación que exima del pago del canon de riego a todos los agricultores, y no solo a los que se dedican al cultivo de arroz como se ha aprobado. Según la patronal agraria, la disminución de las asignaciones de agua para la campaña estival «causará un gravísimo daño a las explotaciones del Guadalquivir, obligando a la sustitución de los cultivos de mayor valor añadido por los de menor demanda de agua y a dejar muchas tierras de abandono en toda la cuenca».

Abc

• Con 190 millones de euros más, el programa de obras permitirá avanzar este año en 676 actuaciones pendientes desde 2017
• Entre las medidas destacan los 400 proyectos de bioclimatización de centros docentes incluye iniciativas para la retirada de aulas prefabricadas, un centro de investigación para la FP y la reforma del conservatorio superior de Música de Sevilla

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha anunciado el destino de otros 190 millones de euros a infraestructuras docentes, en lo que será la mayor inversión en la materia desde el año 2010. Este incremento del presupuesto permitirá adelantar 676 actuaciones pendientes desde el 2017 por un valor de 66 millones de euros que se unen a las 874 ya finalizadas en el periodo 2019-20.

Javier Imbroda, ha informado en el Parlamento del Plan de Infraestructuras Educativas 2021, en la que se incluyen 593 obras de creación, ampliación o mejora de centros educativos públicos de Andalucía, 300 más que en el plan de 2020, con un presupuesto programado de 285,2 millones de euros.

Esta programación, que ejecutará la Agencia Pública Andaluza de Educación, pretende dar respuesta de forma ordenada y planificada a las demandas y nuevos retos del sistema público educativo andaluz en este horizonte temporal.

Bioclimatización y energías renovables
Durante su intervención, el consejero ha destacado que este plan incluye «la mayor apuesta de la historia por la bioclimatización y las energías renovables», con 400 actuaciones de instalación de sistemas de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas en centros públicos andaluces por valor de 140 millones de euros, de los cuales 28 se ejecutaran este año.

Se trata, ha explicado Javier imbroda, de un programa que da continuidad a los proyectos piloto de adiabática y fotovoltaica iniciados en 2020, con la novedad de que en 2021 ambas actuaciones se ejecutarán de forma simultánea en los centros, de manera que se cubrirán tanto las necesidades de mejora de la climatización de los centros como las de ahorro y la eficiencia energética de los mismos.

Los centros receptores, ha explicado el consejero, se concentrarán en las zonas de mayor severidad climática como puede ser el área del Valle del Guadalquivir o la costa almeriense.

La refrigeración adiabática es un sistema de climatización alternativo al aire acondicionado convencional que funciona bajando la temperatura del aire interior mediante la evaporación del agua. Sus principales ventajas son el bajo consumo eléctrico (hasta un 80% inferior al del aire acondicionado), las menores emisiones de CO2 y el menor coste de inversión inicial y de funcionamiento. Además, funciona con las ventanas abiertas, en línea con lo recomendado en la actual situación de Covid-19, y utiliza siempre aire fresco, sin recirculación, mejorando así la calidad del aire interior.

En cuanto a la instalación de placas solares fotovoltaicas, ésta permite una reducción drástica del consumo de energía eléctrica en los centros educativos, estando previsto además que el excedente pueda volcarse a la red, generando así un retorno de la inversión.

Obras nuevas
Igualmente, el titular de Educación y Deporte ha detallado otros programas recogidos en el plan como el de escolarización, que cuenta con 34 actuaciones con un presupuesto de 97,5 millones de euros. Este programa tienen como objetivo resolver necesidades de escolarización, lo que incluye la construcción de nuevos centros y ampliaciones que doten al sistema educativo de nuevos puestos escolares o que permitan el incremento de enseñanzas, como Bachillerato.

Dentro de este programa se ha dado prioridad a aquellas actuaciones que hagan posible la retirada de aulas prefabricadas o eviten poner nuevas en el futuro. Algunas de las obras incluidas en este programa son la construcción de un Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional en Campanillas (Málaga) por 10 millones o la reforma del Conservatorio Superior de Música Manuel del Castillo en Sevilla por 6 millones.

Además, en la programación de 2021 se incluyen 40 actuaciones dirigidas a resolver necesidades de origen técnico que afectan las condiciones de habitabilidad, seguridad o funcionalidad de los centros y que se consideran prioritarias con un valor de 6,3 millones. También, como continuación de años anteriores, se programan 44 actuaciones específicas de retirada de amianto en los centros educativos que supondrá una inversión de 2,2 millones.

Otras 66 obras destinadas a mejorar las condiciones de las infraestructuras de los centros educativos que hayan quedado obsoletas o dotarlas de requisitos o espacios de los que carezcan, de manera que puedan prestar un servicio educativo de calidad que responda a las demandas actuales. Estas actuaciones tienen un valor de 16,3 millones de euros.

Educación Especial
Por segundo año se incluye el programa específico de atención preferente a las infraestructuras de los centros de Educación Especial, compensatoria y difícil desempeño con el que la Consejería quiere reforzar el apoyo a los centros que atienden a alumnado con características especiales. Dentro de este programa se incluyen 9 intervenciones para 2021 (7,2 millones) que se suman a las 7 del pasado año.

Asimismo, a este plan de infraestructuras se podrán incorporar a lo largo del año actuaciones no programadas que surjan por necesidades o incidencias sobrevenidas, como es el caso de las urgencias técnicas o las obras de escolarización de verano, que se determinan una vez cerrado el periodo de escolarización del alumnado. Para estas actuaciones se estima, respectivamente, un presupuesto de 9 y 2,5 millones de euros.

Por último, ante las continuas demandas de diferente casuística, que tanto los centros educativos como los Ayuntamientos realizan a las Delegaciones Territoriales, se ha establecido un importe por provincia que asciende a un total de 4 millones de euros.

Durante su intervención, Javier Imbroda ha informado también de que desde junio de 2020 se han licitado en Andalucía 614 actuaciones a través de acuerdo marco, el nuevo sistema de adjudicación de obras de importe inferior a 500.000 euros puesto en marcha por la Consejería que permite reducir los plazos entre el inicio del expediente y la adjudicación de hasta cuatro meses a dos semanas.

Esta iniciativa ha subrayado, tiene como finalidad agilizar los procedimientos de contratación de obras y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de las infraestructuras educativas andaluzas. En concreto, ha indicado el titular de Educación, de esas 614, 339, un 55% han finalizado en menos de nueve meses.

Abc

• El Observatorio Económico de Andalucía prevé un crecimiento regional del 7% este año si se aceleran los fondos europeos
• El presidente de este foro de expertos considera que «no es el momento de bajar impuestos»

El panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) regional crecerá este año un 6%, aunque podría elevarse un punto más, hasta el 7%, «si se activan a tiempo las inversiones del programa de recuperación Next Generation de la Unión Europea».

Esta es la estimación que ha realizado el presidente del Observatorio, Francisco Ferraro, en la presentación telemática de las previsiones económicas correspondientes al primer trimestre del año, en la que ha estado acompañado por Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla (institución que colabora, a través de su Fundación, en la realización de este informe) y de Ernesto Mesa, economista del OEA y analista de coyuntura.

En todo caso, Ferraro ha apuntado que el nivel de producción previo a la pandemia «difícilmente se recuperará a finales del próximo año» y que llegará «más probablemente hacia el año 2023».

Sobre estas estimaciones pesan todavía «incertidumbres» como «la eficacia en el ritmo de vacunación e inmunización de la población, el daño que haya podido acumular el tejido productivo regional y el mantenimiento de las medidas de apoyo a los trabajadores, autónomos y empresas», ha señalado el presidente del OEA.

La exposición de todos los datos de coyuntura desgranados por estos expertos apuntan a que ya «ya se ven brotes verdes» y que se ha producido «un rebote técnico en el mes de marzo», que marca un punto de inflexión y alienta las perspectivas de que en abril se está produciendo «una clara recuperación», que se intensificará en el segundo semestre del año y en 2022.

No obstante, en el medio plazo, se apunta a que se puede producir una desaceleración del crecimiento por las exigencias de disciplina fiscal que pueda plantear la Unión Europea ante los desequilibrios financieros que se han acentuado con la pandemia en España.

En el análisis de los últimos datos se confirma, según ha apuntado Ernesto Mesa, que «la destrucción de empleo y el aumento del paro siguen siendo más favorables en Andalucía que la media nacional». No obstante, el economista ha subrayado que si se consideraran desempleados a los trabajadores incluidos en ERTE, la tasa de paro regional superaría el 27%.

En el coloquio de este foro, el presidente del Observatorio Económico ha manifestado que en la coyuntura actual «no es el momento de bajar impuestos», aunque no ha aludido expresamente al plan de rebajas fiscales aprobado por el Gobierno andaluz. Ferraro ha hecho una valoración nacional apuntando que «tenemos déficits en el conjunto del país muy elevados» y que «si reducimos las recaudación aumentarán más».

Abc

• Cultura pretende incorporar en el pliego la situación de las cornisas

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha decidido echar momentáneamente el freno de la licitación del Salón Rico como consecuencia de la aparición de nueva información sobre uno de los elementos más relevantes del complejo de Medina Azahara, que lleva muchos años con los trabajos de restauración caminando al ralentí. La nueva información tiene que ver con la situación de las cornisas del monumento.

La secretaria general de Patrimonio de la Junta, Macarena O’Neill, aseguró ayer durante su visita a Medina Azahara que la Consejería tenía el proyecto listo para pasar a contratación. La aparición de estos nuevos datos ha obligado a retrasar los planes iniciales para que el pliego regulador del nuevo contrato se centre también en la documentación de esta parte del inmueble, que era la zona de recepción de autoridades. El centro del poder de Medina Azahara, que era una ciudad de poder en sí misma.

Un primer contrato
Actualmente, la Junta desarrolla un primer contrato en el Salón Rico que debe concluir a finales de año. Consiste en la actuación en la fachada gracias a un inmenso puzzle compuesto por una miriada de trozos de ataurique que se conservan en el espacio. La pretensión es la de disponer de una imagen similar a la que pudo tener el edificio. Ya en la presentación del proyecto se informó a los medios de que se habían identificado las cornisas originales y otros elementos del Salón Rico que estaban bajo estudio.

La reconstrucción de la obra de Abderramán III lleva nueve años en una situación incierta por una multitud de problemas que tienen carácter administrativo en su mayor parte. En principio, la Junta anunció hace meses que todas esas dificultades se habían superado con la resolución del contrato original que data de hace una década. Antes de empezar la nueva campaña de obras en el interior del monumento era preciso romper todos los lazos contractuales que se habían ido cerrando a lo largo de los años sin que se pudiera afrontar el grueso de la inversión.