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• La construcción en altura prevista permitirá destinar para zonas verdes, ocio y disfrute ciudadano más de la mitad de los 30.000 metros cuadrados disponibles

El pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría ha aprobado el procedimiento administrativo elaborado por los servicios jurídicos para poner de nuevo a la venta los parcelas para el macroproyecto urbanístico planteado en la avenida Ciudad de Huelva después de que tuviera que desistir del mismo al ser anulado judicialmente.

El contenido de dicho procedimiento aprobado este lunes recoge todos los pasos legales que ha marcado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Huelva para que la operación pueda realizarse cumpliendo la legalidad urbanística y el equipo de Gobierno estima que las parcelas puedan estar adjudicadas a finales de este próximo mes de marzo.

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, ha destacado “el enorme valor estratégico que tiene este procedimiento, ya que la venta de las parcelas nos permite garantizar que la empresa que gane el procedimiento pague al Ayuntamiento de Punta Umbría 7 millones de euros, realice a continuación una inversión en un gran proyecto urbanístico y de arquitectura clave para nuestro pueblo y cree más de 500 puestos de trabajo”.

El equipo de gobierno ha destacado en el pleno el aval que supone para este procedimiento haber seguido todas las directrices marcados por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Huelva que definió en una sentencia cómo debía realizar la venta el Ayuntamiento cumpliendo la legalidad urbanística.

Esta sentencia vino motivada por la denuncia que presentó el portavoz del grupo municipal UPU, José Carlos Hernández Cansino.

El pliego de condiciones aprobado permite poner de nuevo a la venta las parcelas de la avenida Ciudad de Huelva, donde se desarrollará un proyecto urbanístico de interés estratégico para este municipio.

Así, la construcción en altura prevista en estos terrenos permitirá destinar para zonas verdes, ocio y disfrute ciudadano más de la mitad de los 30.000 metros cuadrados de suelo disponibles; solo una sexta parte del espacio (unos 5.200 metros cuadrados serán ocupados por la superficie destinada a viviendas y aparcamientos, el resto serán dotaciones, instalaciones administrativas y zonas verdes.

Las empresas interesadas en la compra de estos terrenos tendrán que abonar al Ayuntamiento de Punta Umbría casi 7 millones de euros; aquí se incluyen la venta y enajenación de estos terrenos que supone un mínimo de 3,9 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar todos los costes de los trabajos de urbanización y otros gastos.

A todo ello se unirá posteriormente la inversión que realice la empresa que gane este procedimiento, los más de 500 puestos de trabajo que generará la construcción y ejecución del proyecto, así como la actividad que se desarrollará en la zona.

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• Las grandes constructoras del país optan a hacerse con el proyecto que modernizará la potabilizadora del Consorcio de Aguas del Huesna

En unas semanas, el Consorcio del Huesna adjudicará una obra millonaria que dará un respiro a una comarca muy castigada laboralmente como lo es la de la Sierra Morena sevillana o Sierra Norte. Las grandes constructoras del país optan a hacerse con el contrato para hacer las nuevas infraestructuras con las que mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) -potabilizadora- del Consorcio de Aguas del Huesna, ubicada en Villanueva del Río y Minas.

El presupuesto base de la licitación es de 31,8 millones y el valor estimado del contrato, algo más de 38 millones de euros. Son cinco las empresas que optan a la licitación: Aldesa; Sando y Nortunel; Ferrovial y Luperlan; Acciona, DSU y Ferroviaria; y Sacyr con Cavosa. El proyecto está en la recta final de su adjudicación, que dará paso al comienzo de las obras.

¿Cuáles son las infraestructuras que se construirán en pleno corazón de la Sierra Morena sevillana? El proyecto del Consorcio del Huesna consiste en reformar las instalaciones de la potabilizadora del agua que consumen un cuarto de millón de habitantes de 17 municipios sevillanos para reducir el consumo de electricidad que es necesaria ahora para hacer llegar el agua del embalse del Huesna hasta la potabilizadora. Una factura que supone un millón de euros al año, además.

Para hacerlo posible, se va a construir un túnel de 6,3 kilómetros para transportar por gravedad el agua procedente del embalse, lo que permitirá abandonar las bombas que ahora existen y cuya función consiste en llevar el agua hasta la ETAP. Con este sistema, quedará en desuso el actual, que consiste en dejar caer el agua desde el embalse hasta un azud sobre el río (presa derivadora o construcción realizada para elevar el nivel de agua de un arroyo o río con el fin de derivar parte de dicho caudal a las acequias de riego u otras conducciones de abastecimiento) a unos 12 kilómetros de la presa, desde donde se elevan mediante bombas unos 900 litros por segundo de agua hasta la potabilizadora.

Con esta nueva conducción, no sólo se reducirá la factura de la luz que paga el Consorcio sino que, además, se podrá mejorar la calidad del agua (evitándose la turbidez del agua en momentos de desembalses por lluvias) y reducir en un 89% las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que equivale a 6.000 toneladas al año. Tras este tramo de túnel, se proyectará una conducción que, a modo de sifón, conectará con el túnel en uno de sus extremos y con la ETAP en el otro, provocando que el agua llegue por gravedad.

La obra tiene un plazo de ejecución de 30 meses. Está financiada gracias a una subvención de 31 millones de euros concedidos por el Ministerio de Transición Ecológica. El resto de los fondos los pone la Diputación de Sevilla, que adelanta, no obstante, el montante global del proyecto de forma que, una vez llegue al Consorcio la subvención, éste vaya devolviendo el dinero al organismo provincial. Además, el millón de euros de ahorro por la eliminación de la factura eléctrica servirá para abonar el coste de la obra.

Los 6,3 kilómetros de túnel que atravesarán la Sierra Norte servirán para mejorar la calidad del suministro, para reducir costes energéticos y, también, para invertir en una de esas comarcas en las que mejor se ejemplifica lo de la España vaciada.

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La construcción ha encajado razonablemente bien el primer golpe de la crisis económica. Pero la presidenta de la patronal, Ana Chocano, advierte de que el futuro preocupa si no se dota de liquidez a las empresas y se apuesta por la inversión pública. La paralización de las licitaciones durante dos meses juega en contra para un sector clave para la recuperación.

• El 20% de las empresas que se disolvieron en España durante el mes de abril pertenecía al sector de la construcción. ¿Ha encontrado dificultades el sector a la hora de acceder a ayudas y financiación?

Las empresas siempre hemos defendido que la mejora ayuda que podemos recibir es que nos permitan trabajar, para lo que es necesario invertir en infraestructuras. Pero es cierto que, en estos momentos de incertidumbre causados por la crisis sanitaria, disponer de financiación es clave para que las empresas podamos hacer frente a nuestros gastos, que se han mantenido o incluso aumentado, aunque la producción haya disminuido. Pero nos hemos encontrado que las medidas de apoyo financiero propuestas por los gobiernos autonómico y central son insuficientes y tardan en llegar.
En el caso de las líneas de avales del ICO lanzadas por el Gobierno central, son insuficientes y bastante inaccesibles para las pymes. Los trámites burocráticos y la falta de celeridad hacen que estas ayudas no nos lleguen; muchas aún están pendientes de aprobación. Además. nos hemos tenido que enfrentar a duras exigencias por parte de las entidades financieras, que están invitando a la contratación paralela de otros productos y servicios, junto con la concesión de las líneas de avales.
En cuanto las medidas de apoyo financiero puestas en marcha por el Gobierno autonómico a través de Garántia, en la primera partida de ayudas lanzadas a mediados de marzo el sector de la construcción quedo explícitamente excluido. Recientemente han aprobado nuevos fondos ampliando la cantidad y mejorando las condiciones de acceso de la línea de liquidez para pymes y autónomos a los que parece que si podremos optar.

• ¿Qué medidas debe adoptar en este sentido las administraciones públicas?

Las empresas de la construcción somos parte de la solución. Somos un pilar fundamental para la recuperación económica del país y la creación de empleo. La administración puede apoyarse en nosotros para este cometido, pero necesitamos contar con mecanismos que nos permitan hacer frente a la disminución del ritmo de actividad en el sector. Medidas que permitan la financiación a las empresas ante la falta de liquidez producida por dos meses en los que la producción se ha visto mermada y han caído por tanto los ingresos. Pero la medida fundamental es aumentar la inversión en infraestructuras, que se pongan en marcha un Plan de Inversiones con actuaciones de carácter inmediato, y otras a corto y medio plazo, que permita a las empresas continuar su actividad y mantener el empleo.
No podemos esperar en estos momentos de emergencia a planes a largo plazo, como la colaboración público-privada. La puesta en marcha de este mecanismo supone modificaciones legislativas que van a necesitar más de un año para producirse, si es que esto llega a ocurrir. Necesitamos soluciones ahora para atajar de forma urgente los problemas económicos y el aumento del desempleo.

• ¿en cuánto estima el sector las pérdidas acumuladas en lo que va de año?

Una de las medidas que hemos venido demandando ha sido la reactivación de las licitaciones. Tras la declaración del estado de alarma todos los procesos administrativos quedaron suspendidos, y han estado paralizados hasta hace apenas una semana, algo que consideramos excesivo ya que se podría haber continuado los procesos a través de la contratación electrónica. Esta congelación en los procesos de licitación y de adjudicación han supuesto eliminar dos meses de trabajo que inevitablemente repercutirá negativamente a medio plazo en la cartera de encargos de las empresas y en la facturación.

Sin embargo, el desempleo ha bajado en el sector en abril. ¿Por qué?
Salvo las dos semanas de paralización obligatoria de la actividad durante los 14 días que duró el cese de las actividades no esenciales decretado por el Gobierno, la construcción ha continuado trabajando en las actuaciones que ya tenía en marcha, manteniendo su actividad y por tanto el empleo.
El problema del desempleo surgirá cuando finalicen las obras actualmente en ejecución, y no haya contratos nuevos que ejecutar porque durante dos meses no se ha licitado ni se ha adjudicado nada.

• ¿Por qué advierte de que el sector tiene la posibilidad de incorporar trabajadores ahora, pero que en unos meses podría ser un drama?

Creemos firmemente que el sector de la construcción es un sector esencial que puede liderar la recuperación de nuestra comunidad autónoma, porque tiene la capacidad de generar actividad y empleo de forma rápida, incorporando trabajadores de otros sectores, como es el caso del sector de la hostelería, u otros sectores, a los que se dirigieron los trabajadores de la construcción allá por la crisis de 2008. Pero para poder hacer posible esto necesitamos que nos facilite el desarrollo de nuestra actividad. La inversión en infraestructuras será vital en este cometido. Pero las actuaciones se deben poner en marcha ya. Porque como le decía, una vez que se finalicen los contratos actualmente en ejecución, si no existen nuevas expectativas de trabajo en lugar de integrar trabajadores de otros sectores aumentarán las cifras de desempleo.

• Las administraciones sufren ya caída en la recaudación. ¿Teme que la inversión pública sufra en primer término el recorte en ingresos?

Si porque desgraciadamente ya ha ocurrido otras veces. Para evitarlo es por lo que desde CEACOP no hemos parado de comunicarnos con las distintas administraciones para transmitirles nuestra disposición a la colaboración y recordarles que somos un valioso aliado.
Las administraciones van a sufrir una disminución de ingresos ante la paralización de la actividad, al mismo tiempo que un aumento de gastos en materia social y sanitaria. Pero destinar recursos a infraestructuras no es un gasto; es INVERSIÓN: el 62% de lo invertido, vuelve a la administración vía tributos, seguros sociales y tasas, además de generar empleo y de que el resultado del trabajo, la infraestructura diseñada y construida, queda al servicio de la sociedad.

• ¿Ha aumentado la morosidad de las administraciones públicas desde el inicio de la crisis por la pandemia?

La liquidez es clave para poder sustentar las empresas. Por este motivo hemos demandado a todos los organismos el pago de certificaciones en tiempo, ahora más que nunca. Trabajar y cobrar lo ejecutado es lo mínimo.
La administración está haciendo un esfuerzo por cumplir con los pagos en tiempo y forma, y salvo contadas excepciones, en algún ayuntamiento, no hemos tenido mayores problemas para que se ejecutasen los correspondientes pagos.

• ¿Cuántas obras son prioritarias para Andalucía actualmente y cuánto esfuerzo inversor precisarían?

Todas las actuaciones planificadas y previstas en los presupuestos son importantes. Además, su tramitación administrativa ya tiene un largo camino avanzado.
Para centrarnos en algunos casos concretos podemos resaltar las actuaciones recogidas dentro del Acuerdo Marco de la Agencia Pública Andaluza de Educación para obras de menos de 500.000 euros en los centros educativos andaluces. Actuaciones ya adjudicadas, que deberían estar ya en ejecución, aprovechando que las aulas se encuentran vacías, y cuya puesta en marcha generaría la incorporación de mano de obra inmediata y local, contribuyendo mantener nuestras plantillas e incluso a disminuir las cifras de desempleo.
También las obras incluidas dentro del Plan de Depuración y Saneamiento, que cuenta con la financiación finalista, recaudan a través del canon del agua en la factura de todos los andaluces desde hace diez años.

• ¿Qué esfuerzo inversor precisa el sector para salvar el año?

Desde el sector estimamos que como mínimo es necesaria una inversión anual entorno a los 4.000 millones de euros anuales por parte de todas las administraciones, para la construcción de nuevas infraestructuras, la conservación del patrimonio ya construido, garantizar mantener las cifras de empleo en el sector y posibilitar la integración de mano de obra de otros sectores.

• ¿Hay optimismo en cuanto a la recuperación? ¿Comenzará en 2021 o el sector prevé una crisis larga?

Nos mostramos optimistas porque somos un sector con posibilidades si se toman medidas de forma urgente y hacemos las cosas bien. Como le comentaba al principio de la entrevista La Construcción es Parte De La Solución, pero necesitamos que las administraciones nos reconozcan como aliados y se apoyen en nosotros, destinando recursos a infraestructuras y poniéndolas en marcha de manera inmediata. Solo así podremos garantizar la continuidad de las empresas, preservar la economía y salvar el empleo.

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• La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, pide al Gobierno que no improvise otra vez, reclama retomar ya la actividad y agilizar pago de deudas pendientes

Las expectativas más optimistas de la construcción para este año han saltado por los aires. El sector, que sumaba cinco años de recuperación en Cádiz, confiaba a mediados de febrero que 2020 consolidara la tendencia, pero ha acusado un duro golpe por la pandemia en solo tres semanas. “La paralización total de la actividad”, declarada en vísperas de Semana Santa, “supone la ruina de la pequeña y la mediana empresa”, advierte la presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano. “Esperamos que los trabajos se puedan retormar ya”, confía, pero avisa: “Para que las obras recuperen su ritmo de ejecución necesitaremos días; tanto más cuanto más tarde el Gobierno en darnos la información sobre qué hacer, cómo, cuándo y dónde”.

Chocano, que remitió el lunes pasado una carta al presidente Pedro Sánchez en la que reclama “planificación” y “que no se improvise nuevamente”, remarca que “la principal preocupación de la patronal es mantener los puestos de trabajos” porque son fundamentales, razón por la que “hemos tomado cuantas medidas de seguridad han sido necesarias” para evitar los contagios, pero “los ingresos se han convertido en cero en la segunda quincena de marzo y necesitamos financiación extra”.

Sin embargo, los mecanismos extraordinarios de ayuda, de momento, “nos llega poco”, asegura. En este sentido, explica que “la primera línea, de 20.000 millones de euros, se ha agotado” rápidamente y “al acceder a estos préstamos, nos hemos encontrado con que en algunas ocasiones, entidades financieras están pidiendo la contratación de otros productos o servicios a cambio de conceder liquidez, algo que está totalmente prohibido”.

Asimismo, reclama transparecnia, dado que “el 50% de los fondos debería estar reservado para pymes y autónomos y tenemos la sensación de que los fondos no llegan”. “Sería interesante que fuesen públicos los registros de beneficiarios en aras de garantizar que lleguen a las empresas que realmente los necesitan”, propone.

Por otro lado, considera urgente que “se pague el trabajo que se ha realizado” con anterioridad a la crisis. “Acumulamos ciertos retrasos en la liquidación de certificaciones, de varios meses en algunos casos, por parte de las administraciones y, en las circunstancias en que nos encontamos, es prioritario que se agilicen los pagos”, remacha.

Con respecto al futuro inmediato, Chocano tiene claro que “se va producir una caída de la inversión pública muy a nuestro pesar”. En todo el mes de marzo, la licitación de obra pública ha sido mínima; tras el decreto del estado de alarma, prácticamente no ha habido. “Volveremos a ser el principal sector que sufra recortes -lamenta-, como ya ocurrió en 2009 y 2010”. Por ello reclama a las administraciones públicas “planes de inversión en infraestructuras, mejor que subvenciones a empresas, para la recuperación”.

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• La obra pública volvió a repuntar en Jaén en 2019, pero la actual crisis sanitaria devuelve la inquietud sobre el futuro más inmediato.

La inversión pública volvió a repuntar en 2019 en la provincia tras ocho años de caída. Eso sí, pese al notable incremento de las adjudicaciones, Jaén perpetúa su última posición en el reparto inversor de las diferentes Administraciones públicas, con apenas el 6,7%del total en Andalucía, que ascendió a 2.103 millones. Según el Informe Anual de Adjudicaciones de Obra Pública, elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), la inversión en la provincia de Jaén por parte de todas las administraciones fue de 134 millones de euros.

Sin embargo, la irrupción de la actual crisis sanitaria del Covid 19 ha devuelto la inquietud a los agentes sociales de la provincia, por cuanto empieza a cundir el temor a un hundimiento de la inversión pública en este año 2020 al tener que detraerse recursos asignados para infraestructuras públicas para hacer frente a la emergencia sanitaria del país. De la duración de esta crisis dependerá en buena medida que haya más o menos licitaciones de las instituciones públicas.

En todo caso, en 2019 se cambió la inercia inversora en Jaén. Fue en 2009, en el epicentro de la crisis económica, cuando la inversión de las Administraciones públicas en la provincia se derrumbó al pasar de los 477 millones en 2009 a los 189 millones un año después. Y ya en 2012, el dinero público invertido en el territorio jiennense bajó de los 100 millones, y desde entonces ha estado por debajo de ese nivel. El resultado ha sido desalentador, por cuanto la inversión pública de las Administraciones era en 2008 de 1.400 euros por cada habitante jiennense, y una década después se situó en 170 euros. Para Ana Chocano Román, presidenta de CEACOP, los resultados de 2019 “ponen de manifiesto que la disparidad en el reparto de inversiones dificulta el desarrollo convergente y por tanto el óptimo desarrollo de la región “un año más la inversión en Jaén no solo perjudica a la provincia de Jaén, sino al crecimiento en conjunto de la comunidad autónoma”. Y apunta que es necesaria una inversión mínima para asegurar el mantenimiento y conservación de las infraestructuras.

Por Administraciones, en 2019 ha sido la Diputación de Jaén la que ha experimentado un mayor esfuerzo inversor, adjudicando 43 millones de euros. Junto a la Junta de Andalucía, son las responsables del aumento de la actividad de la obra pública en la provincia de Jaén, en buena medida gracias a la obra de construcción del pabellón de deportes ‘Olivo ‘Arena’, que cofinancian al 50% Diputación y Junta, con una inversión conjunta de 22 millones de euros. El Gobierno central adjudicó en Jaén 12,6 millones de euros, es decir un 2% del total de lo invertido en Andalucía. Esta cantidad dista de un reparto homogéneo, ya que en otras provincias, como es el caso de Almería, la inversión ha sido del 50%. El Gobierno autonómico ha aumentado su inversión respecto a 2018, y en 2019 ha adjudicado 53, 4 millones de euros. Además, en el caso de las obras adjudicadas por la Junta de Andalucía el 72,6% lo ejecutan empresas andaluzas. En el caso de los ayuntamientos, estos han adjudicado 21 millones de euros, de los cuales el 85% son ejecutados por empresas andaluzas. “No hemos conseguido aún paliar los déficits de inversión de los gobiernos anteriores en esta provincia, pero estamos en camino”, señaló la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en alusión a la inversión de la Junta en Jaén. Entre los proyectos en tramitación de la Junta en Jaén están los estudios de aumento de capacidad de la A-311 y la A-306 para la conexión de Jaén con Córdoba; el tramo de la Autovía del Olivar entre Martos y Alcaudete; o la mejora de la seguridad vial en la A-6000 entre Mengíbar y Villargordo, entre otras obras. Y hasta ahora se ha trabajado en el mantenimiento de toda la red autonómica de carreteras de Jaén, con la adjudicación de contratos por valor de más de 21,5 millones o los más de 6,7 millones de euros dedicados a obras de emergencia, tanto por los efectos del temporal como por el mal estado de algunas infraestructuras. En total, en materia de infraestructuras viarias se han llevado a cabo obras por valor de cerca de 13,5 millones de euros. Una inversión que, para el PSOE, resulta insuficiente: “¿Dónde está el compromiso del señor Moreno Bonilla con el plan específico de reindustrialización para los municipios de la provincia de Jaén con tres proyectos concretos?”, se preguntó el parlamentario y exconsejero de Fomento, el jiennense Felipe López.

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• La patronal del sector admite que “está costando mucho” adquirir los equipos recomendados porque las existencias son “muy escasas”

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obra Pública (Ceacop) admite que “está costando mucho” adquirir los equipos de protección recomendados para afrontar la crisis sanitaria del Covid-19 porque las existencias en el mercado son “muy escasas” y reconoce que existe preocupación en los trabajadores.

La presidenta de esta entidad, Ana Chocano, en declaraciones a Europa Press, manifiesta que muchos trabajadores “se sienten inseguros a pesar de contar con elementos de protección” al tiempo que destaca que si bien continúa la actividad de las empresas del sector, “su ritmo es bastante menor”, por lo que insta al Gobierno para que otorgue medidas que “puedan paliar los incrementos de los costes de producción”.

“En los recintos a cielo abierto y con mucha maquinaria, es fácil mantener las distancias de seguridad entre los trabajadores, el problema surge cuando son edificios cerrados; en esos casos, la aplicación de las medidas resulta más complicado”, añade.

Desde esta entidad advierten de problemas por el desabastecimiento de materia prima en las empresas del sector si la actual situación de estado de alarma, motivada por el Covid-19, se prolonga “más allá de 15 días”.

La ralentización de la actividad podría afectar a los plazos de finalización de importantes obras en la provincia de Sevilla, como el desdoble de la N-IV entre Los Palacios y Dos Hermanas, que está previsto que concluya a mediados de 2020. Unas obras que se iniciaron hace cuatro años y que han sufrido retrasos de diversa índole.

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• El sector suma cinco años de recuperación en Cádiz pero crecer depende en parte de que las administraciones concreten las inversiones comprometidas

Cádiz marcha con el paso cambiado por el momento con respecto al resto de España. Las tensiones que se anotan el sector de la construcción a nivel nacional no amenazan, aún, a la provincia. En 2019, es, con un aumento del 17,3%, la segunda actividad con mayor crecimiento porcentual de ocupados, solo por detrás de la agricultura, y registra, como reseña el estudio sobre el Mercado de Trabajo de la Provincia, elaborado por CCOO, “una importante recuperación en los últimos cinco años”. Insuficiente, ciertamente, porque en la actualidad cuenta con 32.600 personas trabajando, 14.400 menos que hace una década, pero cualquier dato positivo, aunque tímido, que alargue la buena racha es recibido con moderada satisfacción.

Sobre todo, si se tienen en cuenta los estragos que causó la crisis, especialmente en nuestra tierra: el número de parados se multiplicó entre los años 2007 y 2011, pasando de 17.093 alistados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a casi 39.000, y en el periodo 2008-2014 se declararon en quiebra 222 sociedades; hasta hoy, se contabilizan 261. Una auténtica sangría.

“Quienes soportaron el tsunami se han mantenido pero no han aparecido nuevas firmas”, admite Jorge Fernández, secretario general de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC). “Hemos permanecido en estado de supervivencia a costa de un enorme esfuerzo”, remarca, pero niega que exista ni preocupación ni incertidumbre de cara al futuro inmediato. El enfriamiento del mercado, no obstante, está presente en las previsiones de todos los agentes implicados.

El director gerente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), Manuel Parejo, advierte de que la previsión de consumo para este año es similar al pasado, unos 2,8 millones de toneladas, casi la mitad de lo que sería deseable para recuperar el vigor. Actualmente “estamos a niveles de consumo de los años 60”, subraya. Pero Jorge Fernández insiste en que todo depende de que se cumplan o no las mejores expectativas. El sector inmobiliario residencial, asegura, tiene por delante todavía un año o año y medio de crecimiento en Cádiz. La construcción, por su parte, queda a expensas de que se concreten las inversiones prometidas por las diferentes administraciones públicas en los últimos tiempos.

Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), confirma que 2019 ofrecerá en su balance un crecimiento en el volumen de adjudicación ligeramente superior a los 1.800 millones del año anterior, muy por debajo de los 2.500 que reclama para Andalucía, pero también se apunta a un pronóstico favorable si se concretan las inversiones planteadas, por ejemplo, en los planes de Vivienda e Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía 2021-2027 de la Junta de Andalucía. De lo contrario, si acaban siendo un bluf, puede haber serias complicaciones.

No obstante, advierte de que también hay que tomar medidas que vayan más allá de lo coyuntural. Entre ellas, sugiere acortar los plazos de la contratación, que acumula en algunas ocasiones hasta años. Y las obras, añade, no se pueden adjudicar como si fueran unas subastas, al precio más bajo porque, como indica el representante de FAEC todo ello lleva a trabajar a pérdidas en ocasiones. “Las exigencias a las que están sometidas las constructoras a día de hoy son mayores”, subraya, obligadas a contar con experiencia, maquinaria y personal cualificado con la nueva Ley de Contratación Pública. Y cuando no se trabaja a pérdidas, puede pasar que sea imposible cumplir con lo estipulado, como ha sucedido recientemente con las obras del Museo Camarón en San Fernando: la adjudicataria renunció al proyecto por las dificultades económicas que atravesaba y sus problemas de liquidez y planteó la cesión del contrato.

Si hay poca inversión y los márgenes son estrechos, el sector no es atractivo. El secretario General de CCOO de Construcción y Servicios de Cádiz, Juan Benítez, habla abiertamente de empleo precario. No se pagan ni fines de semana, ni horas extras, dice. Y la nómina mensual no compensa el esfuerzo para la gente joven. Lo que está generando un auténtico problema dado que no está asegurado el relevo generacional.

El Observatorio Industrial de la Construcción concluyó en un estudio fechado en 2018 que dos tercios de los ocupados en el sector superaban los 40 años de edad. Jorge Fernández explica el fenómeno: en plena crisis, las empresas se quedaron en plantilla únicamente los trabajadores más experimentados, dada la obligación de ahorrar costes. Y esta profesión se aprende en el tajo. De hecho, asegura, hoy la provincia tiene escasez de ferrallistas, encofradores y soldadores, labores más o menos cualificadas y siguen siendo muy cotizadas.

Benítez cuestiona que falte mano de obra. De hecho, en 2018, los trabajadores gaditanos del sector de la construcción firmaron hasta 20.000 contratos en otras provincias. Pero sí admite la dificultad de aprender el oficio y de especializarse. En este sentido, aclara que solo para ponerse el mono de trabajo por primera vez, hay que acreditar antes un curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas que CCOO imparte a coste cero, pero puede obligar a un desembolso de hasta 250 euros. A partir de ahí, falta formación específica. La que ofrece la Fundación Laboral de la Construcción no siempre es gratuita y resulta insuficiente. La FAEC habla abiertamente de la necesidad de Formación Profesional o algún otro tipo de formación reglada. Porque, además, de esta manera, se combatirá el estigma de profesión dura y con salarios bajos. En este extremo coinciden tanto el representante del sindicato como el de la patronal. “Es preciso dignificar la profesión”.

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• Tras meses de atonía en la construcción, las Administraciones públicas dejan su sello inversor en la capital, aunque de manera contenida

Cualquiera que pase por Jaén notará la falta de obras y de actuaciones urbanísticas de cierto calado que sí proliferan en otras ciudades. Las pocas grúas que se divisan pertenecen en su mayor parte a promociones privadas. Pero en las últimas semanas comienza a verse (de forma tímida) el rostro de la inversión de las diferentes Administraciones en Jaén, muy castigada en los últimos años como revelaron los últimos datos de Ceacop sobre licitaciones de obra pública. La principal obra pública que se acomete actualmente en la capital es, sin duda, el pabellón deportivo ‘Olivo Arena’. Junta de Andalucía y Diputación Provincial cofinancian los más de 20 millones de euros de coste de una infraestructura que puede estar lista el próximo verano. El Jaén Paraíso Interior FS (que será el principal beneficiado de este proyecto abierto a toda la provincia) divulgó ayer unas fotografías donde se aprecia que las obras (a un tercio de su nivel de ejecución) ya han dado forma al esqueleto del pabellón deportivo con más de 6.000 butacas.

El Ayuntamiento, por su parte, se agarra al plan de asfaltado en los barrios para maquillar la situación agónica de las arcas municipales y también la ausencia de presupuestos. Ayer, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Pardomo, anunciaba el reciente acondicionamiento de blandones y baches en las avenidas de Madrid y Granada y el acceso al polígono Llanos del Valle, además de la actuación en una decena de calles del centro, Peñamefécit y Santa Isabel y en la Ronda de Los Olivares. Y para la semana que viene se anuncian trabajos de arreglo del firme en el Paseo de la Estación y calles anejas al entorno del Museo Íbero, en concreto en los tramos del Paseo cercanos al museo así como en las calles Santa Teresa de Jesús y Obispo Estúñiga, donde se encuentra la Policía Nacional.

La Junta de Andalucía anunció ayer el inicio de las obras de emergencia en la A-311 entre Jaén y Fuerte del Rey, que van a provocar un desvío alternativo. Por su parte, el Estado tiene en las techumbres de la Catedral su principal actuación en la capital (en la provincia sobresale la A-32). En total se restaurarán casi 700 metros cuadrados de la techumbre, que está muy deteriorada por la humedad y el paso del tiempo. Las obras están impulsadas por el Ministerio de Cultura. Y la última semana han empezado también las obras de acondicionamiento del nuevo centro de interpretación y dinamización turística y nuevas dependencias del área de Turismo en el emblemático edificio de la antigua sede de Banesto, en la céntrica calle Roldán y Marín de Jaén. Las obras tienen un plazo de ejecución de 144 días y está previsto que finalicen antes del próximo verano. La Diputación , que hace dos años adquirió este edificio por algo más de 2,4 millones de euros, va a invertir ahora 446..211 euros en el acondicionamiento del inmueble, de tres plantas y más de 1.100 metros cuadrados. De forma paralela, se va a licitar el equipamiento del centro, por un precio de 212.556 euros.

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• La patronal de la construcción cifra en el 19,1% el cumplimiento de inversión para depuración. La Junta eleva la cifra. Pero la provincia no cumple la normativa

La denuncia de desfase de 71,5 millones de euros entre lo recaudado por parte del anterior Gobierno andaluz y las obras ejecutadas en 2017 por parte de la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, certifica que, por un lado, la opacidad en torno al canon del agua es total y, por otro, que la gestión ha sido un auténtico despropósito. Con este impuesto, que grava con un euro al mes el recibo de los andaluces desde el año 2010 para costear infraestructuras de depuración, la Junta prevía actuaciones en el conjunto de la comunidad por valor de más de 1.765 millones de euros.

Sin embargo, pese a que la Hacienda autonómica ha sumado desde finales de 2011 y hasta octubre de 2019 unos 812 millones de euros por este concepto solo ha llevado cabo trabajos por valor de 250 millones, el 26,48% de lo comprometido por el Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, según datos del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

En el caso de la provincia, el grado de cumplimiento, muy inferior con respecto al regional, está por debajo del 20%, con un déficit de inversión de 122 millones de euros, según licitación, acumulando un presupuesto destinado de 28,8 millones. La Junta, no obstante, eleva estas cifras.

De acuerdo a la información facilitada por el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Francisco José Gutiérrez, a preguntas realizadas por medio del Portal de Transparencia, apuntan a 52,6 millones destinados a nueve actuaciones ejecutadas o en ejecución con cargo al canon del agua: colector y A. R. urbanas de la aglomeración urbana Bolonia-El Lentiscal, en Tarifa; la redacción de proyecto y ejecución de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Bolonia; EDAR y colector de Tarifa; proyectos y obras de mejora de las EDAR de Arcos y Villamartín; eliminación del vertido de efluente de la EDAR a la sima de Villaluenga; sistemas generales de saneamiento y pluviales al Pago de la Rana Verde, en Chiclana; adecuación y adaptación a la legislación vigente de la EDAR de Jerez; y, por último, ampliación de la EDAR de Rota.

Además, el documento señala que se han redactado o están en redacción diez proyectos, por un importe de 1,4 millones de euros, de interés para Villamartín y Arcos, Jédula, Grazalema, Setenil, Conil, Jerez, Sanlúcar, San José del Valle, Puerto Real y Trebujena.

Asimismo, la respuesta facilitada por el Gobierno autonómico adelanta que prevé tramitar “en los próximos meses” la nueva EDAR de Puerto Real, con un presupuesto de 18,3 millones de euros, y la EDAR de Setenil y la obra de agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema por un importe aún por definir. En cuanto a proyectos, el Ejecutivo regional tiene en cartera licitar el modificado número 1 de la obra de finalización de los trabajos de adecuación de la EDAR de Jerez, por 304.547,45 euros, y el lote de redacciones de proyectos de la provincia, por 700.000 euros, y aún a expensas de identificar los núcleos que formarán parte de dichos proyectos.

El balance es negativo, desde luego, tal y como indican los guarismos. Pero la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, lo confirma al otro lado del teléfono: “La gestión ha sido excesivamente lenta”, las empresas vieron una oportunidad y se dotaron de personal cualificado en depuración y saneamiento, pero la Junta ha dejado en el cajón más de 550 millones de euros de los 800 recaudados. “Todo estaba preparado pero no se ha materializado”, remacha. Y las consecuencias de esta falta de diligencia no afecta solo económicamente al sector, que buscó apoyo financiero y, listo, “sigue a la expectativa”.

La falta de inversión, necesaria para el obligado cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, conlleva penalizaciones millonarias que se suman a la condena que impuso ya a España el Tribunal de Justicia de la UE (con Barbate y Tarifa en el punto de mira, entre otras 15 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes): doce millones de euros, más once millones más por cada semestre que sigue sin cumplirse con la normativa.

La situación en este sentido, tanto a nivel regional como provincial, preocupa a Ecologistas en Acción también por las consecuencias en salud pública. El portavoz de la asociación, Daniel López, esgrime el informe publicado en 2019 para asegurar que un tercio de las depuradoras andaluzas no depuran bien las aguas residuales. En Cádiz, de las 53 depuradoras cuyos datos se publican en la Red de Descargas de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), son 20 las que requieren mejoras para adecuarse a la legislación.

El Gobierno andaluz activó a mediados del año pasado un plan de choque y promovió una modificación de la ley para que el canon autonómico pueda utilizarse también en el desarrollo de otras infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua, aplicando también fondos europeos para la construcción de las infraestructuras pendientes. “La Junta está moviendo ficha”, reconoce López Marijuán. Pero “hace falta más agilidad y transparencia. Que se invierta ya y bien”, remarca Chocano.

Andalucía Información

• La patronal, aglutinada en la asociación Ceacop, considera que el proceso del Ministerio de Fomento ha sido poco transparente e incluso apunta a “irregularidad”

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha considerado que “el Gobierno ha actuado con falta de transparencia, e incluso incurriendo en alguna irregularidad, al adjudicar por la vía de emergencia” las obras de conexión del puerto de Sevilla con la SE-40, una actuación, que, a su juicio, en “ninguno de los casos” puede ser considerada como tal, y ha enviado escritos a la Administración del Estado para manifestar su disconformidad con el proceso de adjudicación y exigir las explicaciones oportunas sobre el modo de contratación.

Ceacop ha argumentado que este modo de contratación, ha señalado en un comunicado, “solo es una excusa para justificar una adjudicación que debería haber sido licitada mediante un procedimiento ordinario permitiendo la libre concurrencia de todas las empresas”, y ha profundizado en este sentido para considerar que a las empresas andaluzas “no se les ha dado la opción de participar en esta designación arbitraria en una obra que supone una importante inversión en infraestructuras”. Ceacop aglutina a más de 250 empresas.

La presidenta de Ceacop, Ana Chocano Román, ha explicado que esta actuación “vital” para aliviar las posibles cogestiones de tráfico y mejorar la movilidad en Sevilla, “ya se sabía que era necesaria desde hace tiempo, y como tal ya se venía reclamando a la administración”.

Con la inminente apertura del nuevo centro comercial en Palmas Altas y con el traslado más que probable de la Ciudad de la Justicia a esta misma zona, era más que conocido por todos la premura de descongestionar el tráfico y facilitar los accesos.

“Nos satisface que se dé respuesta a esta necesidad pero exigimos transparencia en el proceso e igualdad de oportunidades para todas las empresas”, ha considerado la presidenta de Ceacop.

Ceacop ha esgrimido que la Ley de Contratos del Sector Público declara una actuación de emergencia si exige “actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional” y ha concluido que en ninguno de estos casos tiene cabida la actuación del enlace del Puerto de Sevilla con la S-40.

En la ley se establece que las obras catalogadas de emergencia deben empezar en el plazo máximo de un mes. Ceacop se ha declarado “expectante” para comprobar que efectivamente en un mes se inice la actuación y ha deducido que “en caso de no ser así el proceso de adjudicación sería nulo y se debería cambiar a modo de contratación ordinario”.