La obra pública andaluza crece hasta los 3.434 millones, pero se disparan las licitaciones desiertas
- La Junta de Andalucía y los ayuntamientos acapararon el 64% de la inversión en infraestructura, según los datos de Ceacop
- Ceacop augura despidos y cierre de empresas en la construcción por el alza de los precios
La inversión en obra pública en Andalucía ha vuelto a crecer de manera sostenida por segundo año consecutivo, a pesar de la difícil coyuntura económica. Así lo refleja el informe elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que recoge que el importe de las adjudicaciones repuntó en 2022 un 23% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 3.434,6 millones de euros.
Poniendo la lupa sobre las distintas administraciones, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía acapararon casi el 64% del importe de las obras. En concreto, los consistorios han mantenido su esfuerzo inversor y han vuelto a ser, por tercer año consecutivo, el organismo con mayor aportación, con 1.198,9 millones de euros, es decir, el 34,9% total, y a continuación se situó el Ejecutivo autonómico, al sumar 991 millones, lo que representa el 28,9%, según una nota de prensa enviada por la organización.
Por su parte, el Gobierno central ha sido responsable del 28,7% de los contratos de obras y consultoría que se han adjudicado en el conjunto de la región, con 986,6 millones de euros, siendo la segunda mayor cifra desde 2009, aunque, en opinión del presidente de Ceacop, Carlos López, “este montante sigue estando muy por debajo de las necesidades de la comunidad en materia de infraestructuras”.
De este modo, el crecimiento experimentado en 2022 se apoya principalmente en los ayuntamientos y la Junta, que aumentan sus inversiones en términos interanuales en un 17,4% y 0,27%, respectivamente; si bien, es el Ejecutivo central el que presenta una subida mayor, con un 81% más de gasto en comparación con 2021, aunque solo ha adjudicado el 23% del total a empresas andaluzas.
El resto de la inversión se reparte entre diputaciones, con adjudicaciones por importe de 174,6 millones y un aumento del 6,6% respecto al año anterior; universidades, con 50,7 millones y una bajada interanual del 21%; y otros organismos, que invirtieron un 125% más, hasta los 32,6 millones de euros.
En cuanto a la distribución total por provincias, Málaga lidera el ranking con un 19,1% de los 3.434 millones de euros, seguida de Sevilla (17,4%), Almería (14,1%) y Cádiz (12,6%). Ya por debajo de los dos dígitos, aparecen Córdoba (9,4%), Granada (9,3%) y Huelva y Jaén, ambas con un 6,6%.
Para el presidente de Ceacop, “los resultados obtenidos en 2022 son positivos en un año marcado por una coyuntura difícil por el alza desorbitado de los materiales, un hecho que se ha visto agravado por el aumento de los costes energéticos y la invasión de Ucrania”. En este sentido, ha resaltado que “una vez más, se demuestra la capacidad del sector para reponerse y mantener el ritmo de creación de riqueza y empleo, con algo más de 200.000 personas ocupadas el pasado año”.
No obstante, López ha lamentado que, pese a la subida de las inversiones, el porcentaje de adjudicaciones a empresas andaluzas en 2022 se situó en el 55%, un punto porcentual menos que en el ejercicio anterior, “rompiendo así la tendencia positiva de los últimos años y muy lejos de nuestro objetivo de alcanzar el 60%”. “Este índice es especialmente bajo en el caso del Gobierno central, que tan sólo contrató un 23% de las obras con compañías de la región”, ha denunciado.
Obras desiertas
Al margen de los niveles de inversión, el presidente de la patronal ha advertido que “la situación de las empresas sigue siendo complicada debido a que están teniendo que hacer frente a la enorme subida del precio de los materiales y son las que están aguantando el sobrecoste en las obras, una situación que se ha traducido en que muchas licitaciones se hayan declarado desiertas durante el pasado ejercicio”.
En concreto, la asociación detalla que un cinco por ciento de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021), siendo Cádiz la provincia más afectada, seguida de Sevilla y Málaga.
“Los ayuntamientos son los que han tenido mayor dificultad para sacar adelante los proyectos, porque cuentan con menor margen para modificar los presupuestos”, ha apuntado la gerente de la entidad, Ana Estella.
Según Estella, “es inasumible que en una comunidad como Andalucía, con el déficit de infraestructuras que arrastra y con el peso poblacional que tiene en el conjunto de España, se queden sin ejecutar esas inversiones por el desequilibrio de precios, aun habiendo fondos disponibles; además de que se corre el riesgo de que esta situación provoque un cambio de tendencia en materia de licitaciones”.
Desde Ceacop se han lamentado, igualmente, que empresas públicas como Tragsa o Ineco están siendo adjudicatarias de obras que han quedado desiertas, pero por importes superiores al de la licitación inicial. “Desde hace años están haciendo competencia desleal a las empresas no sólo dentro de España, sino en otros países, yendo en contra del espíritu de la ley de contratos del sector público”, ha afirmado.
Fondos sin ejecutar
En paralelo, López ha advertido de un riesgo añadido, y es que “esta situación que se está produciendo amenaza el plan de recuperación diseñado al amparo de los fondos Next Generation, que, como es conocido, tiene como meta temporal 2026 y obliga a que los proyectos deben estar iniciados necesariamente en 2023”.
De momento, “la asignación y puesta en valor de estos recursos están muy por debajo de los objetivos marcados y la exigencia del calendario obliga a intensificar la gestión por parte de los responsables públicos para no perder los fondos y la oportunidad histórica de transformación”, ha continuado el presidente de la asociación.
Es por ello que la gerente de Ceacop ha añadido que “hay que mantener en el tiempo y reforzar los mecanismos de revisión de precios de las obras tanto de la administración central como autonómica y hay que desligarlos de la lucha política, porque las empresas necesitan seguridad y certeza”.
En definitiva, “el sector necesita seguir recibiendo oxígeno como motor de la economía, generador de empleo y vertebrador del resto de actividades como son la ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras, clave todo ello para la sociedad”, ha concluido Estella.
