Diario de Cádiz

• La institución provincial distribuirá 16 millones de la provincia entre todas las poblaciones y ELAS de la provincia

Los ayuntamientos de la provincia tendrán de plazo hasta este viernes 9 de abril para presentar sus proyectos al nuevo plan extraordinario de inversiones de la Diputación, que ha llamado plan Dipu-Inver 2021, y que ya ha puesto su maquinaria administrativa en marcha como parte su paquete de medidas por el covid.

El plan, tal como presentó la presidenta Irene García hace unas semanas y ha recordado este lunes, repartirá entre todos los ayuntamientos y entidades autónomas de la provincia 16 millones de euros, que se distribuirán con criterios como población, con cantidades que van desde los 75.000 para las ELAS y los 500.000 para las ciudades más grandes. La Diputación quiere aprobar las solicitudes recibidas en el pleno de mayo, con la intención de que los proyectos se pongan en marcha lo antes posible y se empiecen a desarrollar a finales de este 2021 y el próximo 2022.

García ha señalado que se ha sido “flexible” con el tipo de iniciativas que se pueden a presentar a la subvención, siempre dentro de la “competencia municipal” y con la idea de “creación de empleo y la dinamización de nuestros pueblos y ciudades, con especial incidencia en un sector tan castigado por la pandemia como es el de la construcción”. Hasta que no se pongan en marcha no se podrá hacer una estimación de cuántos empleos se podrá generar, ya que no será lo mismo comprar un vehículo para la basura o el adecentamiento de una plaza pública pero se permitirá que al menos una de las acciones desarrolladas por cada ayuntamiento pueda ser cofinanciada. Además, se incluirá en la subvención también la contratación de equipo técnico para la redacción de proyectos en los pueblos más pequeños.

“Damos un paso más en nuestro compromiso con los ayuntamientos de la provincia y lo hacemos sin sectarismos, incluyendo a todos y cada uno de ellos en este programa con el que movilizamos una importantísima cantidad de dinero que va a evitar que las entidades locales tengan que asumir esfuerzos extraordinarios para abordar su día a día en una situación tan delicada como la actual”, ha recalcado la presidenta de la Diputación gaditana, que ha incidido en que ya se había informado a los ayuntamientos de todo el proceso. Las bases fueron publicadas en el tablón electrónico de edictos y el portal de transparencia de la institución Provincial el pasado 31 de marzo y que también fue remitido a los respectivos ayuntamientos.

Este plan extraordinario de inversiones es uno de los instrumentos que el Gobierno provincial pone en marcha en 2021 con el fin de hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. Todos ellos están consignados en el presupuesto de Diputación y suman un importe cercano a los 50 millones de euros.

Reparto y bases
El plan que desarrolla el Área de Desarrollo Local, dirigida por el diputado Manuel Ángel Chacón, servirá para acometer proyectos “de competencia municipal”. Los mismos pueden abarcar “desde la realización de obras de diversa índole a la adquisición de equipamientos o la contratación de personal técnico para la redacción y supervisión de dichas actuaciones”.

Los 16 millones se repartirán entre las localidades en función de su población. De esta manera, obtendrán una subvención máxima de 500.000 euros los municipios cuyo número de habitantes representa más del 2% del total de la provincia: Jerez de la Frontera, Algeciras, Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, La Línea de la Concepción, Puerto Real, San Roque, Arcos de la Frontera y Rota.

A continuación, el grupo de localidades que recibirán un máximo de 350.000 euros, por representar su población entre el 1 y el 2 por ciento del total provincial, está compuesto por: Los Barrios, Conil de la Frontera, Barbate, Chipiona, Tarifa, Ubrique y Vejer de la Frontera.

Siguiendo el orden decreciente según su número de habitantes, Villamartín, Medina Sidonia, Olvera, Bornos, Trebujena, Jimena de la Frontera, Puerto Serrano y Benalup-Casas Viejas podrán desarrollar proyectos por valor de 300.000 euros; 250.000 euros se reservan para Prado del Rey, Algodonales, Paterna de Rivera, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, San José del Valle, Espera, Castellar de la Frontera, Setenil de las Bodegas, San Martín del Tesorillo, El Bosque, Grazalema, El Gastor, Algar, Zahara de la Sierra y Torre Alháquime; y por último, a los municipios con menor población, Benaocaz y Villaluenga del Rosario, les corresponden 200.000 euros.

También las Entidades Locales Autónomas (ELA) se beneficiarán directamente del Plan Dipu-INVER 2021, correspondiendo la cuantía de 75.000 euros a Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, Facinas, El Torno, Torrecera, Zahara de los Atunes, San Isidro del Guadalete y Tahivilla.

Según se especifica en el decreto de aprobación del Plan, los ayuntamientos disponen a partir de su publicación de cinco días hábiles para la presentación de sus proyectos, por lo que tienen de plazo para hacerlo hasta el día 9 de abril. Hay que incidir en este sentido en que las entidades ya conocían previamente la naturaleza del Plan a través de las reuniones mantenidas con la presidenta de la Diputación. A continuación, será el Pleno de la Diputación, en su sesión ordinaria del mes de mayo, el que aprobará que relación de inversiones que conformarán el Plan a partir de las solicitudes formuladas por aquellos municipios o entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz que cumplan los requisitos para resultar beneficiarios de las subvenciones que lo integran.

Las actuaciones objeto del Plan podrán ser ejecutadas hasta el 1 de diciembre de 2022. Toda la información relativa al Dipu-INVER 2021 se puede consultar en el tablón de anuncios de la Diputación de Cádiz.

Diario de Cádiz

• Todas están en manos de la Junta desde la etapa del PSOE
• El Ayuntamiento cedió el suelo de Matadero en 2001 y aún está pendiente la segunda fase
• Sin noticias de Loreto

Cádiz comienza a tener un cierto gafe con las viviendas de promoción pública. La ciudad acumula más de una década sin apenas entrega de nuevos pisos por parte de las administraciones, especialmente por lo que respecto a la Junta, no así con el Ayuntamiento.

La situación podría ser especialmente notoria en el casco antiguo, donde el Plan de Rehabilitación iniciado en 1999 quedó en barbecho tras la crisis económica de 2008, si no fuera porque en Puerta Tierra actuaciones de gran relevancia acumulan parones que se cuentan ya por décadas. Y sin perspectivas de activarse a corto o medio plazo.

Matadero, Cerro del Moro, Loreto. No hay un caso más grave que otro porque todos tienen un calado social relevante. En Matadero porque en el plan original se iba a dedicar a viviendas de realojo, tan necesarias entonces para agilizar la reforma de intramuros; en Cerro del Moro, porque hablamos del que fue uno de los barrios más degradados de Cádiz y que se vio inmerso en un proyecto aún inconcluso para su recuperación; y en Loreto, porque era y sigue siendo una amplia parcela en una ciudad sin suelo para levantar pisos.

La situación actual de estas promociones en la siguiente:

• Matadero: Este suelo fue cedido por el Ayuntamiento de Teófila Martínez a la Junta del PSOE en enero de 2001. Se proyectaron 196 pisos de realojo de los que sólo se construyó la primera fase que se entregó… en 2013.

Desde entonces está pendiente la segunda fase que, para hacerla económicamente viable, se dividió en dos.Hace dos años la Junta anunció que el proyecto ya estaba visado y que sólo quedaba el visto bueno al gasto a realizar. Se decía entonces, en la última etapa del PSOE, que todo era inminente.

Sin embargo, entrados ya en 2021, dos décadas después de cedido el suelo, la Junta afirma que “se está trabajando para obtener la financiación necesaria con el fin de poder la actuación cuanto antes”.

El gabinete andaluz en manos del PP justifica este nuevo parón afirmando que “esta promoción ha permanecido años paralizada como consecuencia de que el anterior gobierno no tuvo la capacidad suficiente para resolver tal cuestión y poder ejecutar el proyecto”.

Cabe recordar que el gobierno del PP-Cs en la Junta ha cumplido ya dos años de gestión.

• Cerro del Moro: El Ayuntamiento de Carlos Díaz, con el apoyo de la Junta, puso en marcha un plan para levantar un nuevo barrio, allí donde estaban cientos de viviendas en muy mal estado de habitabilidad. Todo se inició en 1994 y el objetivo era concluir el proceso en una década.

A diferentes ritmo, con largos parones especialmente cuando el proyecto fue asumido por la Junta del PSOE, la séptima fase no acaba de despegar totalmente desde hace años.

En pleno periodo de confinamiento por la pandemia se demolieron los edificios en cuyo solar se construirá el nuevo inmueble, tras años de abandono.

Desde la Junta se indica que ya se ha redactado el proyecto básico para la construcción de un edificio para 70 viviendas protegidas, y actualmente se encuentra en elaboración el proyecto de ejecución, aunque no se especifica cuándo se podrán iniciar las obras, suponiendo que no tenga los problemas de financiación que han paralizado Matadero.

• Loreto: Producto de la reorganización del suelo de Zona Franca y la apertura de la que en su día se denominó como “vía rápida” este amplio terreno estaba destinado para la construcción de más de un centenar de viviendas de titularidad pública.

En el año 2005 el Ayuntamiento propuso al Estado la compra del terreno, para asumir el municipio su urbanización, ya que no se avanzaba en la misma. Se llegó a un acuerdo en el precio y se planteó la construcción de 80 viviendas. Pero el acuerdo, que volvió a plantearse en 2009, nunca se cerró.

El parón definitivo llegó cuando este terreno pasó a ser propiedad de la Junta de Andalucía también en la etapa del PSOE, como parte del pago de la deuda histórica que el Estado mantenía en la región con la administración regional.

Desde entonces nada se ha avanzado. En los acuerdos negociados entre Ayuntamiento y la Junta esté solar ha quedado siempre en un segundo plano. Y teniendo en cuenta la falta de inversiones en materia de vivienda, así parece que va a seguir.

Diario de Cádiz

• La ciudad de los cien palacios afronta su futuro con retos como la rehabilitación del casco histórico y la integración del río Guadalete
• Con un gran potencial y una ubicación privilegiada, el objetivo es recuperar el esplendor perdido

Cuentan quienes la conocieron que hubo hace décadas una ciudad en el corazón de la Bahía de Cádiz que destacaba por su empuje y potencial. Esta ciudad vivía sobre todo de la pesca y las bodegas y poco a poco fue convirtiéndose en objeto de deseo de visitantes de otras latitudes, que crearon junto a sus playas algunas de las mejores zonas residenciales de todo el país.

La ciudad fue floreciendo al tiempo que crecía su población, convirtiéndose además en un referente cultural y de ocio por el que pasaba lo más granado de la sociedad y las artes.

Todo parecía ir viento en popa hasta que en algún momento esa proyección se torció, quedando la ciudad prácticamente a la deriva, con un casco histórico con cada vez menos población, unos monumentos sumidos en el abandono y multitud de locales cerrados, quedándose además sin algunos de sus símbolos más queridos -entre ellos el Vapor- como si una especie de plaga bíblica hubiera caído sobre ella. Esta ciudad es El Puerto de Santa María, un enclave estratégicamente situado que tras haber tocado fondo, pugna ahora por resurgir y recuperar el esplendor que un día tuvo.

El devenir de El Puerto en las últimas décadas ha estado marcado, en gran parte, por el progresivo abandono del centro histórico, un conjunto declarado Bien de Interés Cultural que a pesar de su belleza y señorío se está deteriorando a marchas forzadas.

Han pasado ya 25 años desde que los portuenses comenzaran a oír hablar del Plan Especial del Casco Histórico, una herramienta que permitiría a la ciudad gestionar la transformación ordenada del centro urbano hacia nuevos usos, pero sin abandonar la esencia que lo hace único.

El arquitecto José Manuel Morales es una de las personas que más tiempo ha trabajado en este proyecto encaminado a que el casco histórico tenga su Plan Especial, una prioridad que no se entiende cómo está tardando tanto en ver la luz.

“LA POSIBLE ANULACIÓN DEL PGOU PENDE COMO UNA ESPADA DE DAMOCLES SOBRE EL URBANISMO PORTUENSE”

Desde aquel primer Pepch redactado por el equipo municipal de Urbanismo en tiempos de Hernán Díaz -un documento que nunca llegó a ver la luz- hasta ahora han pasado más de dos décadas y en este tiempo la situación no ha hecho más que empeorar, con multitud de fincas abandonadas y locales vacíos mientras que la periferia se iba llenando de viviendas ilegales, dibujando un término municipal caótico y sobredimensionado.

Tras el paso de varios equipos de gobierno y un impulso que culminó con una primera aprobación inicial del Plan en el año 2010, y que después se quedó parada, en estos momentos el actual Plan Especial de Protección del Casco Histórico y su Entorno (Peprichye) pasará por pleno en breve para su aprobación definitiva, dotando a la ciudad de una herramienta jurídica indispensable para poder atender las necesidades de recuperación del centro urbano.

José Manuel Morales destaca de este documento, que se impulsó de nuevo durante el anterior mandato municipal, que será una herramienta muy importante para dotar de garantía jurídica la transformación del casco histórico, sobre todo en un momento en el que pende sobre la ciudad, como una espada de Damocles, la más que probable anulación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una anulación dictada por el TSJA y que se encuentra en estos momentos recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.

Como destaca Morales una de las ventajas del Peprichye es que es independiente del PGOU, de manera que seguirá sus propias pautas aún en el caso de una posible anulación del marco urbanístico municipal. No obstante, el arquitecto advierte de la necesidad de que el Ayuntamiento vaya impulsando ya la redacción de un nuevo PGOU, antes de que de nuevo los cambios en la Ley del Suelo y un posible varapalo judicial obliguen otra vez a improvisar.

También advierte este arquitecto portuense que una vez aprobado el Peprichye no será una varita mágica, ya que se hará necesario entonces gestionar dicho documento, con una capacidad efectiva para ejecutarlo que deberá venir de la mano de un refuerzo del área de Urbanismo y un impulso a la Comisión Municipal de Patrimonio que deberá configurase. En definitiva, la aprobación y entrada en vigor del Plan Especial permitirá transformar el espacio público en el casco antiguo, algo fundamental para devolver la vida a la ciudad.

De la misma opinión es el presidente de la Asociación de Empresarios de El Puerto, Pedro Fernández- Lópiz, quien califica la ausencia específica de normativa en el centro como “un problema acuciante. El abandono del casco antiguo y la mala imagen que ofrece están haciendo mucho daño. El Puerto es una ciudad preciosa, con una situación estratégica y un sinfín de posibilidades, pero debe transformarse e implicar en este proceso a toda la población. Todos tenemos parte de culpa en la deriva de El Puerto y todos tenemos que velar por su mejora, tenemos que implicarnos e ilusionarnos. No hay mal que cien años dure”, insiste.

ES VITAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASEO FLUVIAL A LO LARGO DE LA MARGEN DERECHA

Otra de las cuestiones fundamentales para que El Puerto pueda mirar al futuro es la integración efectiva del río Guadalete en la ciudad, unos planes de los que sobre el papel se viene hablando también desde hace décadas pero que a la hora de la verdad no terminan de arrancar.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tendrá mucho que decir al respecto, impulsando de una vez el desarrollo de la margen izquierda -para la que se presentó hace poco el proyecto de un nuevo paseo marítimo, con terrenos también para uso terciario- y la construcción del esperado paseo a lo largo de la margen derecha -en este caso una iniciativa liderada por el Ayuntamiento con fondos de la Edusi- con el objetivo de crear un itinerario peatonal que abarque desde la entrada a la ciudad, por el Parque Calderón, hasta la playa de La Puntilla.

Es inconcebible que en una ciudad con tanto potencial como El Puerto se siga hablando a estas alturas de proyectos tan elementales. No es algo que se pueda achacar, en concreto, a ningún equipo de gobierno, aunque todos tienen su parte de culpa. Todos los gestores políticos que han ido pasando por el Ayuntamiento en estos años han ido dando patadas adelante a proyectos e inciativas que no se acometieron cuando se pudo, en tiempos de vacas gordas. Ahora, inmersos en una gran crisis y con una administración municipal que necesita de una reorganización estructural imprescindible para seguir funcionando, será sin duda más difícil que toda la teoría ya sabida se ponga en práctica, pero aún así es necesario no cejar en el empeño y dar los pasos obligatorios para que El Puerto pueda recuperar su atractivo. Los mimbres ya los tiene.

Pedro Fernández-Lópiz (Asociación de Empresarios):“Hay que casar el patrimonio histórico con la capacidad inversora”
Para Pedro Fernández-Lópiz, presidente de la Asociación de Empresarios de El Puerto, la recuperación de la ciudad pasa por la implicación de todos, desde el ciudadano de a pie hasta los gestores políticos, pasando como no por los empresarios. “Esta ciudad tiene un gran potencial y muchas posibilidades de futuro pero necesitamos tener ilusión, una meta. Hay que empujar a la gente para que quiera colaborar en la recuperación. Debemos casar el patrimonio histórico con la capacidad inversora y fomentar la actividad económica, atrayendo a las empresas. Las ciudades deben transformarse para estar vivas”.

José Manuel Morales (Arquitecto): “Hemos perdido mucho tiempo”
José Manuel Morales lleva más de 25 años trabajando muy de cerca en el Plan Especial del Casco Histórico. Desde el primigenio Pepch, en tiempos de Hernán Díaz -un documento que se guardó sin más en un cajón- hasta el actual Peprichye -a punto ya de pasar por pleno para su aprobación definitiva- la ciudad ha perdido muchos trenes. “Hemos perdido mucho tiempo”, afirma, aunque es optimista y cree que el documento servirá para transformar el espacio público, “que es lo que da vida a una ciudad. El Puerto tiene unas posibilidades impresionantes y hay muchos inversores aguardando la aprobación del Plan para tener una garantía jurídica”. Aún así, también advierte: “El Plan solo no vale, ahora hay que saber gestionarlo”.

El parking de Pozos Dulces, ejemplo perfecto de una gestión nefasta
Si hay en El Puerto un proyecto que se ha enquistado, convirtiéndose en un problema para los sucesivos equipos de gobierno es el aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces, la tarjeta de visita de la ciudad para quienes acceden desde Cádiz o Jerez y que lleva ya siete años con las tripas de la Ribera al descubierto. Esta iniciativa -junto a la de otro subterráneo en la Plaza de Toros, que finalmente se descartó- nació durante el mandato de Partido Popular y Partido Andalucista, siendo alcalde Enrique Moresco, en medio de un gran rechazo ciudadano. Eran los tiempos del levantamiento del barrio de Gamonal, en Burgos, también por la construcción de un parking y en El Puerto cundió el ejemplo, coincidiendo además con el impulso de nuevas formaciones políticas que enarbolaban la bandera de la lucha ciudadana. Esa lucha, más que contra el parking en sí, era contra el modelo escogido para su construcción, un préstamo con fondos europeos que según sus detractores hipotecaba el futuro de esos terrenos públicos. El siguiente alcalde, Alfonso Candón, no aceleró las obras por miedo al rechazo ciudadano con unas elecciones en puertas, siendo la lucha contra los parkings bandera de la izquierda en esos comicios. Cuando el tripartito encabezado por el PSOE quiso retomar el proyecto todo se complicó y la falta de financiación ha herido de muerte al proyecto. El actual gobierno ahora anuncia que probablemente se tapará el agujero sin hacer el parking, un desastre que es el ejemplo perfecto de una nefasta gestión política continuada.

Diario de Cádiz

• Gran parte de los trabajos se centra en acondicionar instalaciones de la antigua Altadis para completar su integración en el recinto e impulsar su comercialización

La Zona Franca de Cádiz ha comenzado a materializar su apuesta por proyectar los 486.000 m2 del recinto fiscal de Cádiz como parte fundamental del cambio de modelo industrial en la ciudad. El Consorcio ha puesto las luces largas y ha metido la quinta velocidad en los últimos meses para optimizar este importante espacio para la ciudad que, junto con el recinto exterior, conforman el principal espacio productivo de la capital.

Con esta premisa, la actual dirección trabaja desde hace semanas en un plan integral de mejora de todo el recinto fiscal para adecuar infraestructuras y modernizar servicios desde los parámetros de funcionalidad, sostenibilidad y el respeto al medioambiente con los que ya trabaja el Consorcio; y con el objetivo principal de conformar un enclave atractivo y competitivo tanto para atraer la llegada de nuevas inversiones como para atender las necesidades de los actuales operadores.

El plan integral de mejora parte de una inversión inicial global que supera 1.500.000 euros, de la que más de la mitad se destina al acondicionamiento de la antigua Altadis, que cuenta con instalaciones obsoletas y que han ido requiriendo de mejoras desde que se incorporara al recinto fiscal en 2016 para garantizar que los edificios existentes puedan ponerse en uso cumpliendo su funcionalidad y operatividad.

Asimismo, el plan incluye mejoras en infraestructuras hidráulicas (redes de saneamiento) y en la red eléctrica del recinto, obras que son complementarias y se va a ejecutar en algunos casos en paralelo a alguna de las actuaciones derivadas del protocolo de colaboración con el Ayuntamiento, firmado a finales del pasado octubre y que recogía también actuaciones en estas materias con Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz, tanto para el recinto fiscal como para el recinto exterior.

Concretamente, en la zona de Altadis el Consorcio va a acometer la adecuación del edificio en cruz, un equipamiento singular de 2.250 m2 que suscita el interés del tejido económico por sus instalaciones pero que requiere de un acondicionamiento global para su comercialización. Así, se va a llevar a cabo una puesta a punto integral que abarca desde el suministro eléctrico y sistema de climatización hasta medidas de protección contra incendios y cerramientos y rehabilitación de fachada, etc. La inversión prevista para estos trabajos asciende a 417.240 euros.

Sin salir del espacio de la antigua Altadis, otra de las partidas importantes dentro de la batería de actuaciones en el recinto fiscal es la actualización en el sistema de videovigilancia y control, que la Zona Franca afronta en su apuesta por volver a los orígenes como espacio para la internacionalización y el comercio exterior. En este punto, se proyecta un moderno sistema de control de vigilancia y seguridad para la zona de Altadis, integrado y conectado con el sistema implantado en todo el recinto y aprovechando la experiencia adquirida por el nuevo recinto fiscal Bahía de Algeciras, cuyo sistema de vigilancia va a suponer un hito en esta materia. Así, se está trabajado en coordinación con la Guardia Civil y Aduanas para desarrollar un sistema de vigilancia y control de acceso con la vocación de integrar las nuevas tecnologías de la comunicación a la labor aduanera.

La puesta en marcha de este nuevo sistema con una inversión inicial de 195.000 euros e incluye la instalación de cámaras y lectura de matrículas, entre otros. Cabe destacar que el Consorcio ya ha instalado una barrera de salida en el control principal de la Guardia Civil con la que no se contaba y que facilita la labor de seguridad propia de un recinto fiscal.

Por último, una de las actuaciones más importantes dentro del plan de obras destinadas a la zona de la antigua Altadis es su integración total con el resto del recinto fiscal histórico. La Zona Franca prevé crear un nuevo acceso a este espacio a través de la zona de entrada y salida por El Cano, eliminando además el actual desnivel existente que imposibilita la permeabilidad entre ambas zonas.

Esta actuación, que cuenta con una inversión aproximada de 160.000 euros, va a mejorar las conexiones en el interior del recinto y va a hacer más competitiva la oferta de los espacios en Altadis al permitir la entrada y salida de vehículos y peatones de manera directa. En este punto, cabe destacar también que ya se está culminando el adecentamiento de un importante solar en esta zona de 40.000 m2 ahora libres y preparados para la instalación de nuevas empresas tras el desmontaje y retirada de las viejas naves autoportantes que servían para el movimiento de automatizado de mercancía entre almacenes de la antigua tabaquera.

De manera general, tanto en naves de la zona de Altadis como en edificaciones de todo el recinto se contemplan actuaciones que incluyen la revisión y reparación de las cubiertas, los cerramientos verticales, revisión de sistema de juntas y uniones que aseguren la estanqueidad de los edificios o mejoras en el asfaltado de las vías principales como la avenida Consejo de Europa.

En esta línea, también se prevé otros trabajos de adecentamiento y mantenimiento en los inmuebles, como pintura y limpieza de zonas de difícil acceso que con el paso del tiempo se han ido deteriorando y que requieren de una puesta a punto. Además, la optimización de los espacios va a permitir generar nuevas bolsas de aparcamiento que den cobertura a todas las zonas del recinto y ofrezcan un servicio añadido a empresas y clientes.

Asimismo, el Consorcio quiere abordar una modernización integral del recinto y por ello ha incluido también una renovación de la señalética -muy obsoleta y desactualizada en algunos casos-, planteando una normalización en su uso, recogiendo la imagen y colores corporativos y situándola en puntos estratégicos y con toda información de interés que demandan los usuarios del recinto. Estos trabajos los va a llevar a cabo la agencia de publicidad de la provincia Vexel.

Apuesta por una energía limpia y comprometida
Una de las actuaciones más novedosas que va a adoptar la Zona Franca dentro de este plan integral de mejora del recinto fiscal va a ser la instalación de una electrolinera para recargar las baterías de vehículos eléctricos, además de otros dos puntos de recarga para dar servicio a la flota del ente y de vigilancia de la Guardia Civil, además de para los empleados.

Concretamente, la electrolinera –exterior y de tipo pedestal- será de uso público y se ubicará en la zona de carga y descarga frente al edificio Melkart. Contará con dos tomas, pudiendo dar cobertura a las empresas instaladas, clientes y a sus plantillas, a los que se les da un servicio con alto valor añadido, más responsable y respetuoso con el medioambiente y que va a contribuir a reducir la contaminación ambiental. Con esta medida, además, se favorece el impulso a la competitividad de las empresas y autónomos a partir del ahorro en combustible.

Los otros dos puntos de carga –con dos tomas cada uno– están orientados a cubrir la demanda interna de la flota de automoción del Consorcio y de su personal, así como de los vehículos empleados por la Guardia Civil para la vigilancia. Así, uno se instalará en el aparcamiento trasero del edificio Sede Social y otro en los talleres. En este punto, hay que recordar que la Zona Franca ya está renovando su flota de vehículos dentro del Plan de Impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción presentado este verano por el Gobierno de España dentro de la Agenda 2030 y ya cuenta con el 75% completamente eléctrico.

El Consorcio, que prevé una inversión en esta actuación de en torno a 30.000 euros, ya ha adjudicado esta nueva infraestructura sostenible a la empresa Moneleg. Los trabajos incluyen todo el material necesario, la obra civil, el proyecto y dirección técnica, la inspección por el organismo de control y la certificación.

Con esta nueva instalación sostenible y todas las actuaciones citadas recogidas en el plan de mejora del recinto fiscal, la Zona Franca de Cádiz sigue dando pasos firmes hacia la implantación de una zona industrial autosuficiente y comprometida con el futuro de la ciudad. El objetivo con el que trabaja el Consorcio no es otro que el de aunar el espíritu y la experiencia que ofrecen sus recién cumplidos 92 años de historia con unas infraestructuras de calidad que aumenten la competitividad del tejido empresarial y que multipliquen el potencial del recinto como espacio logístico de primer orden para promover la internacionalización y el comercio exterior como puntas de lanza de la economía gaditana.

Diario de Cádiz

• Pacheco afirma que la prioridad es abrir la vieja sede tras un encuentro con el alcalde

La administración central sigue sin aclarar si mantiene su intención de construir en la avenida e Astilleros la nueva sede de la Comisaría Provincial, tal y como se preveía en un primer momento.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, indicó al alcalde, José María González, y al concejal de Urbanismo, Martín Vila, que “la prioridad actualmente es la ubicación en el edificio de la avenida, cuya reforma va a estar finalizada en próximas fechas, logrando así que abandonen el espacio del Pirulí, aquejado de múltiples carencias”, según informa el Ayuntamiento.

Hace unos días Vila indicó a este diario que si en un plazo breve el gobierno central no daba un pasa adelante para la construcción de la nueva Comisaría, se activaría la venta del suelo de la avenida de Astilleros a otros inversores.

Los representantes de las dos administraciones mantuvieron un encuentro a fin de analizar una serie de cuestiones que el Estado tiene pendientes en la ciudad y la participación de éste en operaciones de gran calado, como el Plan Plaza de Sevilla, que tiene algunos proyectos aún por concretar.

El alcalde de Cádiz, José María González, destacó la “necesaria colaboración entre las diferentes administraciones públicas para avanzar en proyectos de gran calado y transformación de la ciudad que llevan demasiado tiempo esperando”.

En este sentido ha avanzado que “hemos preguntado al subdelegado por el interés del Gobierno Central sobre la parcela de uso terciario para construir finalmente la nueva comisaría o el derribo del edificio de la Aduana tras su aprobación en Pleno, a lo que el subdelegado se ha comprometido a trasladar esta pregunta a las delegaciones competentes”.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, trasladó al alcalde el compromiso del Gobierno Central con la ciudad de Cádiz y su sensibilidad con los asuntos planteados durante el encuentro para trabajar en ellos desde la lealtad y colaboración institucional, según la referencia que del encuentro hace el Ayuntamiento.

En este sentido, mostró su apoyo al proyecto de Plaza Sevilla para que se convierta en el gran espacio de recepción a la ciudad, siendo el Gobierno un “aliado” en su desarrollo, aunque de lo conocido de la reunión tampoco se ha aclarado nada sobre el futuro de la Aduana.

El Ayuntamiento, tras el visto bueno de la Junta de Andalucía, ha reactivado el proceso para solicitar a la Consejería de Cultura la descatalogación de la Aduana como edificio protegido, lo que permitiría su derribo, tal y como estaba previsto en el Plan Plaza de Sevilla. Sin embargo, el Ayuntamiento necesita concretar con mayor claridad la participación del Estado. Al fin y al cabo, la Aduana necesitará una nueva sede, para la que habrá que buscar suelo y financiación para su construcción, algo que por el momento rebasa las posibilidades del municipio.

Por último, el subdelegado se ha comprometido a hacer llegar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la petición del Ayuntamiento de Cádiz sobre la iluminación de la CA-33 a fin de encontrar alternativas al respecto.

Diario de Cádiz

• El Gobierno local destaca los cambios del plan urbanístico aprobados en el pleno municipal de este mes.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Rota en su sesión ordinaria del mes de marzo “facilitará a los vecinos más posibilidades a la hora de reformar o adaptar sus viviendas”, según ha destacado el Gobierno municipal.

Dicho cambio propuesto por la concejala de Urbanismo, Nuria López “permitirá flexibilizar determinadas normas urbanísticas y dará respuesta a importantes demandas de los ciudadanos” en lo que se refiere a la ejecución de obras de rehabilitación y adaptación de viviendas.

El Gobierno local ha explicado que “la modificación de los artículos 226, 270, 274 y 292 de las Normas Urbanísticas del PGOU aprobada afecta a aspectos relacionados con los cerramientos de parcelas, la posibilidad de cubrir espacios para vehículos en parcelas privadas y de cubiertas inclinadas en los áticos en la zona tradicional 2 (fuera del conjunto histórico)”.

“Estos cambios, que ofrecen la posibilidad de realizar dichas obras con mayor facilidad, contribuirán a impulsar el sector de la construcción y a reactivar la actividad económica local en el mismo, algo que es, sin duda, una muy buena noticia, sobre todo en estos tiempos tan complicados debido a la pandemia”, ha subrayado.

La propuesta aprobada también permitirá “ampliar las posibilidades del uso de suelo como equipamiento social”. A este respecto, el Gobierno municipal ha precisado que “la modificación del artículo 274 aclara y es más exhaustiva con el contenido del uso del suelo hasta ahora considerado asistencial y que pasa a ser tenido en cuenta como asistencial o de bienestar social añadiendo e implementando sus tipos de uso”.

En palabras del Gobierno local, se tratan de “mejoras sobre el PGOU” que entrarán en vigor “en próximas fechas, una vez sean publicadas en el boletín oficial correspondiente, ofreciendo a los ciudadanos más posibilidades de mejorar o adaptar sus viviendas”.

Diario de Cádiz

• El Consejo de Administración de Apemsa ha dado cuenta de unas pérdidas de casi 74.000 euros en 2020

 El Consejo de Administración de la empresa local de aguas, Apemsa, celebrado este lunes 29 de marzo ha aprobado, entre otras cuestiones, la formulación de las cuentas del año 2020, en el que se registraron unas pérdidas que ascendieron a 73.980 euros. También se han dado ya los primeros pasos para la contratación del proyecto y ejecución de la obra de construcción del tanque anticontaminación y estación de bombeo de La Puntilla, un ambicioso proyecto que supondrá una inversión de 6.756.000 euros con un plazo de ejecución de unos 14 meses.

Los consejeros han sido informados de que la evolución de la sociedad en el año 2020 fue desfavorable, principalmente por la repercusión del Covid-19 y las medidas que ha sido necesario implementar. También ha influido el hecho de no haberse producido aún la aprobación por parte del Ayuntamiento de las nuevas ordenanzas para la Prestación Patrimonial de carácter Público no Tributario de Abastecimiento y Saneamiento para 2020. Respecto al volumen facturado a clientes, ha descendido aproximadamente en un 3%.

El alcalde y presidente de Apemsa, Germán Beardo, explica que el tanque anticontaminación y la estación de bombeo de La Puntilla se ejecutará con cargo al canon de mejora local. Una vez aprobado por el Consejo se iniciarán los trámites administrativos pertinentes. En primer lugar se realizará la convocatoria de dos concursos, uno para la redacción del proyecto y dirección de la obra y otro para la asistencia técnica de la Mesa de Contratación. Una vez adjudicados se publicará la licitación de las obras. Se estima que los trabajos comiencen en torno al 15 de octubre y se prolonguen durante más de un año.

Beardo subraya que es “una obra técnicamente compleja, por su ubicación colindante con el rio Guadalete, donde también es fundamental mantener en funcionamiento la infraestructura existente durante la ejecución de los trabajos”. La finalidad de esta estación de bombeo de pluviales y residuales será impulsar las aguas pluviales al río, una vez separada la carga contaminante de las primeras aguas de lluvia en el tanque anticontaminación, que junto con las aguas residuales procedentes de la zona baja del casco urbano y Valdelagrana se impulsarán hasta la depuradora de Las Galeras para su correcta depuración.

Este tanque tanque de tormentas reducido disminuirá de forma importante la posibilidad de las inundaciones que se producen ocasionalmente en los alrededores de la Jefatura de la Policía Local, además de lograr que las primeras aguas de lluvia, que son las que tienen más carga contaminante al arrastrar la suciedad y los residuos de la calle, no se viertan directamente al río tras un episodio de lluvias. En situaciones de lluvia intensa, cuando el volumen de precipitaciones supere la capacidad del depósito y únicamente entonces, se desaguará en el río, evitando así la inundación de calles y los problemas de desagües en viviendas. Las aguas que se vierten al río se denominan grises y tienen un grado de dilución suficiente para que no sean contaminantes en el medio receptor, cumpliendo con la autorización de vertidos de la Junta de Andalucía.

Los trabajos consisten en la construcción de un depósito enterrado de gran capacidad, ampliando el existente en la actualidad, desde donde se impulsarán las aguas residuales y las primeras aguas de lluvia con carga contaminante a la depuradora de Las Galeras. En el proyecto se contemplará también la reubicación de la estación de bombeo de aguas residuales y pluviales situada en la calle Aurora, que desparece como tal, así como la modificación de los colectores que transportan estas aguas. De esa forma se unificarán en la Puntilla ambos bombeos, mejorando la capacidad hidráulica de la zona y eliminando una infraestructura que está situada junto a las viviendas. Así mismo, a esta ampliada estación de bombeo llegarán también los caudales de los colectores que se ven afectados por el futuro aparcamiento subterráneo que la Autoridad Portuaria tiene proyectado construir a la altura de las calles Los Moros y Valdés.

La red de saneamiento del casco antiguo es de tipo unitario, es decir, en el mismo colector se recogen aguas residuales de las viviendas y aguas pluviales cuando llueve. Existen aliviaderos a lo largo de las dos márgenes del río y en distintos puntos del litoral. “Sin estas instalaciones, la red de saneamiento se colapsaría y se producirían inundaciones en la ciudad, como ocurría en el pasado”, recuerda Beardo. Estos aliviaderos constan en la autorización de vertidos de aguas al Dominio Público Marítimo Terrestre otorgado por la Junta de Andalucía.

Diario de Cádiz

• La empresa pública ha acumulado cerca de dos décadas sin ejecutar los proyectos de la plaza de Sevilla
• Adujo falta de dinero para incumplir lo previsto en el convenio de 2008
• Guía para no perderse por el Plan Plaza de Sevilla

La memoria falla. A veces de manera intencionada, otras por despiste. Y también por una cuestión de desconocimiento de la historia. Tal vez fue esto último lo que le pasó a la presidenta de Adif, Isabel Pardo, cuando analizó el estado del proyecto de Plaza de Sevilla durante un coloquio celebrado este jueves en Cádiz.

Pardo afirmó que por parte de Adif toda la tarea que le afectaba estaba cumplida y que lo que quedaba por ejecutar de la urbanización de la avenida de Astilleros estaba a la espera del Ayuntamiento de Cádiz.

Por lo pronto, la empresa pública, encargada de las infraestructuras ferroviarias, aún no ha instalado la nueva valla de separación entre el suelo de la estación y la avenida de Astilleros. El viejo muro ya se derribó pero sin tener sustituto por el momento. Fuentes del Ayuntamiento indicaron a este diario que se está pendiente de esta obra. La misma Adif trasladó esta semana al municipio que se intentarían solventar los problemas técnicos que había surgido en breve plazo.

Obviando este asunto, la presidenta de Adif resaltó que estaba en manos del Ayuntamiento la ejecución de la nueva avenida, lo que permitirá en su momento conectar el ramal ferroviario con la nueva terminal de contenedores.

En esta reflexión y petición de agilidad dirigida al municipio, Isabel Pardo olvidó los años que Adif ha acumulado sin ejecutar todo lo que le correspondía de este Plan que, atendiendo al convenio de 2008, era casi todo.

Este convenio, además, era producto de uno anterior, firmado en 2002 junto al entonces Ministerio de Fomento, en el que se incluía la construcción de viviendas en el suelo propiedad de Adif en la avenida, que después fueron prohibidas por la Junta de Andalucía.

La venta de estas viviendas iba a ayudar a financiar el resto de las obras a ejecutar por Adif, que en el convenio de 2008 fueron sustituidas por suelo para oficinas y comercios.

Si embargo, en doce años de vigencia de este documento Adif no encontró comprador para estos terrenos, cuyo precio rebajó en varias ocasiones.

Finalmente optó por tirar la toalla y decir, simplemente, que no iba a cumplir lo que le correspondía del Plan Plaza de Sevilla, entre lo que se encontraba la urbanización que ahora reclama al Ayuntamiento de Cádiz.

Hace apenas un año, las dos administraciones lograron un acuerdo para modificar el convenio. Adif lograba lo que pretendía: no financiar la urbanización de todo el entorno de la plaza de Sevilla, mientras que el Ayuntamiento ingresaba en su patrimonio los terrenos en la avenida de Astilleros, cuya venta financiará la reforma de esta vía.

Junto a ello, Aguas de Cádiz ya tiene en marcha la adjudicación de las nuevas redes de abastecimiento y saneamiento, que permitirán la puesta en marcha hotel y del mercado gastronómico en la vieja estación. El primero fue adjudicado por Adif en 2016 y el segundo un año antes, sin tener entonces garantizado estos servicios, lo que ha impedido a la ciudad contar ya con estos equipamientos.

Esta petición de “agilidad” al Ayuntamiento por parte del Isabel Pardo ha sorprendido al gobierno municipal. Un portavoz declaró a este diario que “después de que la ciudad les esperase 12 años sin que ejecutasen nada, ahora pretenden ir corriendo tras un convenio firmado hace apenas un año”.

Pendiente de la Comisaría
representantes del gobierno municipal se reunirán en unos días con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, para entre otras cuestiones analizar la participación del Estado en el desarrollo del Plan Plaza de Sevilla. En este sentido, el Ayuntamiento espera salir de la reunión con una respuesta clara sobre el futuro de la nueva Comisaría de la Policía Local: si se va a construir en el terreno municipal de la avenida de Astilleros o si, por el contrario, el Ministerio del Interior ha desistido finalmente de esta idea.

Si la respuesta es negativa, el Ayuntamiento tiene una serie de ofertas privadas para la compra de este suelo, entre ellas la de un promotor hotelero, con lo cual se activaría esta operación a fin de obtener fondos para la reforma de la avenida de Astilleros.

Diario de Cádiz

• La institución provincial mantiene las cantidades a cuenta de la recaudación tributaria, pese al descenso de ingresos a causa de la pandemia

La Diputación de Cádiz respetó en 2020 el calendario de anticipos sobre la recaudación prevista en El Puerto de Santa María, conforme a las cuantías acordadas al comienzo del citado ejercicio. En el último año desde el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria se transfirió a la hacienda portuense la cantidad de 41,6 millones de euros. Esos fondos, sumados a deducciones como los compromisos ante acreedores, superaron a los ingresos procedentes de la liquidación de tributos municipales. La diferencia, cifrada en 151.000 euros, será compensada por el Ayuntamiento de El Puerto para equilibrar el balance del año 2020.

El comportamiento del último año fiscal y las previsiones del nuevo ejercicio se han abordado en el seno de un encuentro telemático celebrado entre el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, y la responsable del área de Economía del Ayuntamiento de El Puerto, Blanca Merino. En el año 2021, y sobre la base de las estimaciones de recaudación, se transferirán al citado consistorio 41,2 millones de euros en concepto de anticipos.

“Cuando sobrevino la pandemia desde la Diputación decidimos mantener el calendario de anticipos en sus cuantías originales pese a la posible reducción de ingresos. La prioridad era aportar liquidez para sostener unos servicios públicos que, en estas circunstancias, tienen que fortalecerse para atender las demandas sociales”, ha explicado Juan Carlos Ruiz Boix.

Los contribuyentes de El Puerto sumaron una recaudación municipal de 38,6 millones de euros al término de los periodos voluntarios de pago; por vía ejecutiva se ingresaron algo más de 5,5 millones. En este último tramo se ha producido una mayor reducción en relación a anteriores ejercicios, como consecuencia de las medidas adoptadas tras la declaración de la pandemia. También se ha producido una merma en grandes contribuyentes que tributan en el Impuesto de Actividades Económicas, lastrado claramente por la crisis. En cambio, en la principal figura tributaria, el IBI urbano, se ha logrado el segundo mejor resultado de los últimos cinco años (31,4 millones de euros) con un grado de cumplimiento cercano al 85% del padrón, “lo que confirma la responsabilidad social de los vecinos y vecinas de El Puerto”, según valora Ruiz Boix.

Sigue al alza la cuantía de recibos domiciliados –que comportan 25,8 millones de euros- así como los planes personalizados de pago que, en 2020, concertaron más de 2.500 contribuyentes de El Puerto. En este municipio Ayuntamiento y Diputación también se han coordinado eficazmente para dar de baja valores antiguos y así, tras su regularización contable, cumplir con el principio de imagen fiel.

En el año 2020 el Servicio de Recaudación amplió los calendarios fiscales en tres ocasiones sin recargos ni intereses; se flexibilizaron los criterios para fraccionar el pago de deudas; y no se cobraron cuotas de operaciones fraccionadas durante el estado de alarma.

En estas circunstancias los medios telemáticos como la sede electrónica o la aplicación DipuPay demostraron ser instrumentos solventes para la liquidación de obligaciones tributarias. La atención telefónica también experimentó una sensible mejora con la incorporación de un nuevo programa y la renovación de los números de las oficinas distribuidas en la provincia de Cádiz.

Diario de Cádiz

• Fomento sigue teniendo pendiente el arreglo de varias patologías graves detectadas en 2018
• Los dos puentes necesitan una inversión de 25 millones de euros

Los dos puentes de acceso a la ciudad no solo supusieron en su día un importante desembolso económico para su construcción, sino que son infraestructuras que requieren de un importante esfuerzo casi permanente por la administración responsable (el Ministerio de Fomento, en este caso, por medio de la Dirección General de Carreteras). De hecho, en el momento actual el Carranza y el de la Constitución de 1812 necesitan una inversión de al menos 25 millones de euros para su puesta a punto y su correcto mantenimiento.

Hace escasos días se conocía que el Ministerio ha adjudicado el mantenimiento y conservación de los dos puentes para los próximos tres años, lo que supondrá una inversión de diez millones de euros (con la rebaja en la oferta de la empresa Api, del grupo ACS, del importe de licitación de 14 millones). Y a esta partida económica hay que unir la que está pendiente desde el año 2018 para hacer frente a las graves patologías detectadas en el puente José León de Carranza; una inversión que se estimó en 15 millones de euros y que aún no se ha tramitado por parte del Ministerio.

Según han trasladado fuentes ministeriales a este periódico, esa obra necesaria en el Carranza “está pendiente de licitar un contrato de servicios para redactar el proyecto de obras”. Es decir, que aún queda una larga tramitación para hacer efectivos esos trabajos que eviten el deterioro del puente inaugurado en diciembre de 1969.

En concreto, conviene recordar que el informe emitido por Fomento a finales de 2018 se señalaban dos puntos como especialmente vulnerables en el puente (el punto kilométrico 2, que coincide con la mitad de la infraestructura, y en el punto kilométrico 5), a la espera de una inspección general que detallara el estado real de conservación.

Más de dos años después, y la espera de que se tramiten esas obras necesarias y presupuestadas en su momento en 15 millones de euros, desde Fomento se indica que la seguridad del puente Carranza “está garantizada”. “No existe problema estructural”, se asegura también, afirmando que la Dirección General de Carreteras mantiene “un control periódico del estado del puente”, en cuyo mantenimiento se trabaja también de manera constante, como certifica ese contrato de diez millones de euros que acaba de adjudicar el Ministerio para la conservación de los dos puentes durante los próximos tres años.

De igual forma, desde el Ministerio recuerdan que se vienen realizando de manera periódica diversas obras de intervención en el puente Carranza, siendo la última del mismo año 2018, “cuando se hicieron obras de mejora como el repintado del tramo móvil y la sustitución de todos los mecanismos de accionamiento en dicho tramo”, indican las fuentes consultadas.